Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0283/2026-RCA Sucre, 29 de junio de 2026
Expediente: 85229-2026-171-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 238/2026 de 10 de junio, cursante de fs. 162 a 163, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jimmy Edwin Vásquez Fernández en representación de IMPORT EXPORT MARCEKY TRADING Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Norma Velasco Mosquera y Rosmery Ruiz Martínez, Magistradas de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 8 de junio de 2026, cursante de fs. 142 a 152 -a través del buzón judicial-, el impetrante de tutela manifiesta que, la empresa IMPORT EXPORT MARCEKY TRADING S.R.L., dedicada a la importación de vehículos, adquirió un vehículo en la zona franca de Iquique -Chile- y solicitó su regularización y nacionalización ante la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); sin embargo, dicha solicitud fue rechazada de manera abrupta sin una fundamentación técnica o jurídica suficiente, lo que le ocasionó perjuicios económicos.
Frente aquella negativa, interpuso los recursos administrativos correspondientes; motivo por el cual, la Autoridad Regional de Impugnación Tributara (ARIT) anuló el acto administrativo y ordenó la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada; no obstante, la ANB mantuvo su negativa a concluir el trámite de nacionalización; posteriormente, tanto la ARIT, como la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) confirmaron dicha decisión, agotando la vía administrativa.
Más adelante, promovió una demanda contencioso administrativa contra la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0272/2024 de 6 febrero, que ratificó la negativa de nacionalización; sin embargo, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improbada su demanda mediante la Sentencia 32/2025 de 21 de mayo; razón por la cual, dicha sentencia constituyó el último acto lesivo, debido a que el TSJ se negó a ejercer el control de legalidad y legitimidad sobre aspectos que, debían ser analizados, apartándose además de precedentes jurisprudenciales sin la debida motivación y fundamentación.
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