0284/2019-S2

Fundamenta la acción tutelar, señalando:

1. a)El 14 de diciembre de 2017 interpuso incidente de nulidad contra el Auto de Admisión 49/2017, porque no identificó en qué consistía el daño a la institución; el cual fue rechazado por la Autoridad Sumariante en la audiencia sumaria de 10 de abril de 2018. Interpuesto el recurso jerárquico, el ex Fiscal General del Estado, mediante Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 107/2018, confirmó el Auto de Admisión referido, sin fundamentar ni explicar si el daño es patrimonial o moral; hecho que restringió su derecho a la defensa;
2. b)Mediante memoriales de 13 de diciembre de 2017 y 23 de enero de 2018, ofreció como medios probatorios la inspección de los cuadernos de investigación para verificar si existía casos con plazo vencido al 31 de octubre de 2017, y declaración testifical, que fue negada su producción en audiencia sumaria de 10 de abril de 2018, sin motivación ni fundamentación. En la Resolución jerárquica, que confirmó la negativa de producir prueba, se realizó una indebida fundamentación al indicar que los arts. 23 y 32 del Reglamento de Régimen Disciplinario resultan inaplicables para el caso; por ende, se vulneró el derecho a la defensa como elemento del debido proceso;
3. c)No se cumplió con la congruencia entre lo acusado y lo sancionado, porque la Autoridad Sumariante señaló que el incumplir las Circulares Internas FD/GMO 253/2017 y FD/GMO 283/2017 de 5 y 23 de octubre, respectivamente, del Fiscal Departamental de Tarija, representa automáticamente daño a la institución que afecta a su propia imagen; toda vez que, se inobservó el principio de unidad y jerarquía; el ex Fiscal General del Estado en la Resolución jerárquica no se refirió si el daño a la imagen de la institución fue o no motivo de denuncia;
4. d)Al haber interpuesto acción de inconstitucionalidad concreta, el proceso disciplinario debió continuar hasta el momento de dictarse resolución final; sin embargo, la Autoridad Sumariante instaló la audiencia sumaria y dictó Resolución sancionatoria; en Resolución jerárquica, se señaló que esta actuación es acorde a norma porque se rechazó la acción; incurriendo en una errónea interpretación del art. 82 del Código Procesal Constitucional (CPCo), hecho que vulnera el derecho a una debida motivación;
5. e)En la Resolución jerárquica, la Máxima Autoridad del Ministerio Público, realizó una errónea apreciación de las normas que regulan los instructivos generales y particulares para determinar responsabilidad disciplinaria como lo exige el art. 121.1 de la LOMP;
6. f)El agravio sufrido en la Resolución Sumariante, fue que la fecha en la que se le atribuye la omisión de cumplir el descongestionamiento de casos e informar, no se encontraba en ejercicio de funciones (30 de octubre al 3 de noviembre de 2017); por lo que, correspondía a la suplente legal elevar informe, pero el ex Fiscal General del Estado refirió que el hecho se produjo el 25 de octubre de 2017, mencionando los arts. 24 de la LOMP y 67 del Reglamento de Régimen Disciplinario, que al utilizar preceptos equivocados, incurre en indebida fundamentación y motivación que restringe el derecho al debido proceso;
7. g)También se invocó la falta de motivación y fundamentación por la omisión de señalar la norma legal que reconoce personería como sujeto procesal al Fiscal Departamental y que el Fiscal General del Estado no reparó al momento de resolver el recurso jerárquico;
8. h)En el recurso jerárquico, la Autoridad Sumariante no precisó sobre el dolo eventual que exige la falta y indicó que no cumplió las circulares "seguramente en la creencia de que su conducta no se iba adecuar a la infracción disciplinaria..." (sic), teoría propia de la causa de inculpabilidad por error de prohibición, que exime de responsabilidad cuando es invencible y no del dolo eventual; el ex Fiscal General del Estado, sobre el punto, omitió resolver fundadamente, incurriendo en incongruencia omisiva;
9. i)La Resolución sancionatoria no valoró la prueba descrita como producida en el Cuarto Considerando, cuando debió consignar que no solo el accionante incumplió la circular, sino además, otros diez fiscales; el no considerar y determinar cuál el valor probatorio de esa prueba literal con relación al daño institucional, por el ex Fiscal General del Estado, lesiona el debido proceso por falta de valoración integral de medios probatorios;
10. j)Sobre el Informe de 14 de diciembre de 2017 dirigido al Fiscal Departamental, el Sumariante señaló contradictoriamente que el espíritu de las circulares fue cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo Programático del Cuarto Encuentro Nacional del Ministerio Público, que valorando con un razonamiento estructurado se concluiría en la inexistencia del hecho denunciado; la Autoridad superior jerárquica indicó que el recurrente omitió precisar cuál es la prueba a la que no se le otorgó el valor probatorio, cuando la defensa cumplió en precisarla en el punto sexto del recurso jerárquico; por lo que, al no valorarla el Sumariante y omitirla el ex Fiscal General del Estado, conculcando el debido proceso por falta de motivación; y,
11. k)Como último agravio se denunció que la Resolución Sumariante se basó en suposiciones, en hechos no ciertos y menos en elementos probatorios; aspectos sobre el cual, el ex Fiscal General del Estado, señaló que no se precisó la prueba no valorada y qué demostraba la misma, lo que impidió realizar un análisis; transgrediendo el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación.

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia:

1. 1)Se deje sin efecto la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 107/2018 y la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 008/2018;
2. 2)Se disponga la reincorporación inmediata al cargo de Fiscal de Materia; y,
3. 3)Se ordene el pago de salarios devengados y la condenación de costas, daños y perjuicios.

Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, mediante informe de 13 de noviembre de 2018, cursante de fs. 956 a 973 vta., solicitó denegar la tutela, manifestando lo siguiente:

1. i)Sobre el daño a la institución, se dio respuesta en el punto 4.1 de la Resolución que resuelve el recurso jerárquico, siendo innecesaria la diferencia del daño patrimonial y moral, que no está en cuestionamiento legal;
2. ii)Respecto a la negativa de producir prueba de descargo, fue motivo de pronunciamiento expreso en la referida Resolución, al mencionar que en el caso no se admite inspección o prueba pericial, aspecto concordante con lo dispuesto en los arts. 23 y 32 del Reglamento de Régimen Disciplinario;
3. iii)En relación a la incongruencia, los elementos configurativos de la falta muy grave exige los presupuestos del incumplimiento doloso a las instrucciones recibidas, que puedan ocasionar daño, los que se cumplieron a cabalidad; por ello, la subsunción de la conducta del impetrante de tutela al tipo disciplinario;
4. iv)Resulta incoherente, impertinente e improcedente considerar la acción de inconstitucionalidad concreta, dentro la presente acción de defensa, por tratarse de otro trámite ajeno a la Resolución jerárquica;
5. v)El agravio de interpretación legal de los instructivos, fue respondido en la Resolución que resuelve el recurso jerárquico, al señalar que el art. 49.II de la LOMP establece sus alcances; resultando impropio realizar interpretación de los alcances de la normativa;
6. vi)Sobre la incorrecta motivación del instituto de la suplencia legal para no contar con legitimación pasiva, se indicó que el demandante de tutela, no se encontraba en ninguna de las causales de cesación y destitución al momento de iniciarse el sumario disciplinario; la Circular Interna FD/GMO 253/2017, fue de su conocimiento y debió cumplir con la remisión de información en un plazo de veinte días calendario y la solicitud de vacación fue a partir del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017, siendo errónea la pretensión que quien debió informar es la suplente legal;
7. vii)En cuanto a la omisión de señalar la norma legal que reconoce personería como sujeto procesal al Fiscal Departamental, infirió del art. 126 de la LOMP que ante la remisión de antecedentes de oficio, la autoridad jerárquica fiscal no se constituye en parte denunciante;
8. viii)En relación al dolo eventual, se señaló que a fs. 211 y vta., se describió y fundamentó el carácter doloso y la prueba que demostró tal situación; que el accionante en la impugnación no desentrañó la naturaleza conceptual del dolo, sino, en la presente acción tutelar; por lo que, no merece pronunciamiento constitucional;
9. ix)Sobre la falta de análisis y valoración de la prueba referente al incumplimiento de diez fiscales de la Circular Interna FD/GMO 253/2017, en la Resolución de primera instancia no debió merecer consideración el posible encubrimiento a diez fiscales que no cumplieron con el instructivo, aspecto incorporado como un nuevo elemento en la acción, negando que dicha circunstancia le hubiere dejado en indefensión porque no fue motivo de procesamiento disciplinario;
10. x)Respecto a la defectuosa valoración de los medios probatorios aportados en la causa, como falta de motivación del Sumariante y omisión de referirse a este agravio por el Fiscal General, es inviable retrotraer actuaciones procesales cuyo derecho a reclamo a través del recurso jerárquico fueron absueltos debidamente; y,
11. xi)El impetrante de tutela cuestionó que la Autoridad Sumariante realizó suposiciones sin respaldo probatorio alguno o posible defectuosa valoración de la prueba, omitiendo precisar cuáles las pruebas que no fueron valoradas y qué es lo que pretendía demostrar; por lo que, su petitorio resulta contradictorio, ambiguo, fuera de todo contexto normativo.

Guido Claure Murillo, Autoridad Sumariante de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, por Informe presentado el 13 de noviembre de 2018, cursante de fs. 892 a 897, solicitó se deniegue la tutela impetrada; informe ratificado en audiencia pública por Lesly Tania Alemán Leaño, Autoridad Sumariante del departamento de Tarija; argumentando que:

1. a)El accionante no informó al superior jerárquico sobre los casos vencidos; motivo por el cual, causó daño a la institución, elemento constitutivo del tipo disciplinario que se encuentra plenamente identificado y subsumido en la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 008/2018;
2. b)Respecto a la solicitud de inspección de cuadernos y entrevista del testigo propuesto, el demandante de tutela, siendo su responsabilidad, nunca coordinó con el investigador el diligenciamiento ni recogió la citación para el testigo, sin advertirse que la ex Autoridad Sumariante hubiese coartado el derecho de producir prueba;
3. c)No se evidencia incongruencia entre los hechos denunciados y sancionados, porque se denunció y sancionó por el incumplimiento doloso de instrucciones y circulares, por el daño a la imagen de la institución; lo que se sanciona son hechos y no tipos disciplinarios;
4. d)En relación a la acción de inconstitucionalidad concreta, la Autoridad Sumariante rechazó la misma en aplicación del art. 80.IV del CPCo; por lo que, continuó la causa hasta su conclusión, sin vulnerar ningún derecho constitucional;
5. e)El Fiscal General del Estado emitió el Instructivo FGE/RJGP/159, que es general; y, el Fiscal Departamental emitió dos circulares, que son particulares, con los cuales se notificó al accionante que no las objetó dentro de plazo; y,
6. f)Sobre la falta de valoración integral de medios probatorios, el demandante de tutela nunca informó a su superior jerárquico como los demás fiscales y si creía que sus colegas no cumplieron con lo dispuesto en las dos circulares, debió denunciarlos; la prueba observada por el accionante se encuentra en el anexo 2 del cuaderno disciplinario.

Yaneth Rodríguez, representante de la Fiscalía Departamental, en la audiencia pública, solicitó se deniegue la acción de amparo constitucional y manifestó:

1. 1)El ex Fiscal General del Estado fijó metas de descongestionamiento, por ello el Fiscal Departamental emitió la Circular Interna FD/GMO 253/2017, para descongestionar las causas rezagadas, dando como plazo hasta el 25 de octubre de 2017 y ampliado hasta el 30 de igual mes y año;
2. 2)Ante el incumplimiento de presentar el informe por el accionante, conforme al art. 34.4 de la LOMP, el Fiscal Departamental remitió antecedentes mediante oficio;
3. 3)En referencia a la vulneración del derecho a la defensa, respecto al ofrecimiento de prueba testifical e inspección ocular, no existe negación; toda vez que, es simplemente de cumplimiento de la circular y no ameritaba mayor trámite; y,
4. 4)El responsable de cumplir la circular es la persona que inicialmente conoció y no la suplente.

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Padcaya del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 02/2018 de 14 de noviembre, cursante de fs. 982 vta. a 1002, concedió la tutela en parte, sólo con relación a la negativa de la Autoridad Sumariante de producir prueba de descargo y con relación a la incongruencia por falta de pronunciamiento en la Resolución jerárquica sobre el dolo eventual; denegando las transgresiones de valoración de la prueba y falta de fundamentación; disponiendo dejar sin efecto la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 107/2018 y la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 008/2018; todo ello en base a los siguientes fundamentos:

1. i)La norma no especifica si el daño es moral o material, esta situación no es responsabilidad del Sumariante; por lo que, no corresponde a la autoridad constitucional pronunciarse;
2. ii)Sobre que el Sumariante incorporó hechos ajenos no denunciados ni sometidos a controversia, como que el incumplimiento de circulares internas, hubiera afectado a la imagen de la entidad, es una conclusión a la que llegó después de sustanciar el proceso; lo manifestado por la Autoridad Jerárquica tampoco es ajeno y está en relación a los alcances que puede tener el término daño a la institución; no existiendo vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia;
3. iii)No es evidente que haya existido una errónea interpretación del art. 82 del CPCo, porque en el presente caso, la acción de inconstitucionalidad concreta no fue promovida sino rechazada; por lo que, prosiguió la causa hasta dictar resolución, criterio confirmado por la Resolución jerárquica con los mismos argumentos;
4. iv)La autoridad constitucional, no tiene competencia para valorar o interpretar el alcance legal de instructivos generales y particulares, que debe analizar la Autoridad Sumariante;
5. v)La falta de legitimidad pasiva por estar de vacaciones, no fue reclamada ante la Autoridad Sumariante ni en audiencia sumaria; por lo tanto, asumió como sujeto activo, no correspondiendo en esta instancia constitucional considerar este hecho; tampoco es correcto atribuir esa responsabilidad a su suplente;
6. vi)La decisión del Sumariante de modificar la tipificación de dolosa en vez de culposa, no vulnera ningún derecho, porque se hizo conocer al accionante, antes que se notifique con el Auto de Admisión inicial; no existe norma procedimental que impida o permita efectuar modificación de oficio o que el denunciante no pueda ampliar o modificar su denuncia;
7. vii)No corresponde la revisión de los criterios de las Autoridades Sumariante y Jerárquica, en relación a que no hubieran considerado la actuación de otros fiscales, que no están siendo juzgados en el proceso, porque no es una instancia de revisión de procesos administrativos;
8. viii)La autoridad constitucional no puede valorar o analizar prueba, porque se desnaturalizaría el proceso disciplinario creando una nueva instancia de revisión;
9. ix)En relación a la negativa de la Autoridad Sumariante de producir prueba testifical, propuesta en la fase probatoria, porque el impetrante de tutela no recogió la citación; y, respecto a la inspección, si se acusó el incumplimiento de resolver la carga pendiente de casos anteriores al 31 de diciembre de 2016, resultaba importante la inspección de casos, de ahí que la negativa del Sumariante es infundada y vulnera el derecho a la defensa; éste agravio apelado en el recurso jerárquico, fue ratificado por la Máxima Autoridad del Ministerio Público, cuando señala que no se admite inspección o prueba testifical, concordando con los arts. 23 y 32 del Reglamento de Régimen Disciplinario, que no facultan a la autoridad Sumariante ni al investigador a efectuar dichas actuaciones, que resulta impertinente, siendo el art. 63.I del citado Reglamento que autoriza al investigador disciplinario practicar las diligencias numeradas del uno al ocho, norma que no hace mención de vetar la prueba "pericial" (sic), resultando claro que el Fiscal General incurrió en una indebida fundamentación no susceptible de convalidación, que vulnera el derecho a la defensa; y,
10. x)En relación al dolo eventual aplicado por la Autoridad Sumariante, objeto de recurso jerárquico, si bien fue expuesto en el punto 4.7 última parte del tercer párrafo de la Resolución jerárquica, no cumple con la debida fundamentación por omisión de argumentos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales que sustenten la posición asumida por el inferior, conculcando el derecho al debido proceso por incongruencia omisiva. II. CONCLUSIONES