0284/2020-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0284/2020-S2 Sucre, 4 de agosto de 2020

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 31118-2019-63-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 177/2019 de 4 de septiembre, cursante de fs. 445 a 448, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amilcar Renan Barriga Velarde contra Lilly Gabriela Montaño Viaña, Ministra de Salud y Luis Fernando Via Cavero, Director General de Planificación del mismo Ministerio.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 2, 13 y 26 de agosto de 2019, cursantes de fs. 31 a 41 vta., 45 a 48, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue contratado por invitación directa como Responsable del Área de Supervisión y Evaluación del programa "Centinela de la Salud" dependiente del Ministerio de Salud en junio del 2000, posteriormente se le otorgó ítem 367 como institucionalizado a través de la Resolución Ministerial (RM) 155 de 27 de marzo de 2002 que posibilitó la automática institucionalización de profesionales médicos, incorporándose por ende a la carrera administrativa, siendo luego reasignado al ítem 424, desempeñando los últimos años el cargo de Responsable del Área de Coordinación en Salud en dicho programa.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2019, tras diecinueve años de trabajo ininterrumpido, fue sorprendido por el funcionario codemandado con la entrega del Memorándum MS/DGAA/URRHH/AGRAD/ 66/2019 de 28 de febrero, de agradecimiento de servicios, prescindiendo de sus funciones pese a estar institucionalizado y formar parte de la carrera administrativa, estando protegido por el Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- y Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO).

Por lo referido fue objeto de un retiro discrecional, constituyendo dicho actuar en una medida de hecho arbitraria puesto que en su calidad de personal institucionalizado no podía ser despedido, más aún si de por medio no existió ningún proceso administrativo que justifique esa medida.

Ante lo citado, presentó a la autoridad demandada cartas de "despido injustificado" de 6 de marzo de 2019, de señalamiento de domicilio para notificaciones de 14 del mismo mes y año y de "recordatorio" de 8 de abril del citado año, así como notas de queja al colegio médico y solicitud de respuesta al codemandado, obteniendo como única contestación la nota del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) estableciendo que no se tiene respaldo de su institucionalización.

Por lo mencionado el despido injustificado del que fue objeto, lesionó no solamente sus derechos como funcionario de carrera sino también los de su familia.