0284/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Dejar sin efecto, el Auto de Vista de 53 de 8 de abril de 2021 emitido por los Vocales de La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y
2. b)A las autoridades demandadas dicten nueva resolución, en la que se respeten sus derechos, procediendo a ordenar el procedimiento correcto ante la presentación de la acusación particular.

Arminda Méndez Terrazas y Ever Álvarez Orellana, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitieron informe de 15 de abril de 2021, cursante de fs. 41 a 42 vta., solicitando se deniegue la tutela con los siguientes argumentos:

1. 1)En el presente caso existe una falta de presupuestos para que la Sala Constitucional ingrese al control de legalidad ordinaria, la regla de la jerarquización de autoridades judiciales en materia penal, se rompe en este caso cuando el accionante no se encuentra conforme con la decisión de este Tribunal y utiliza al Tribunal Constitucional Plurinacional como una última instancia, pretendiendo que analice y revise nuestros actos, cual si fuese el Tribunal Supremo de Justicia cuando los autos de vista emitidos por apelación incidental, son resoluciones no revisables;
2. 2)El Auto de Vista 53, cumple con los requisitos exigidos por los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuenta con la debida fundamentación y motivación, al haberse señalado la razón de declarar la improcedencia del recurso, instaurado lo siguiente: "?...Que de los datos del proceso evidentemente cursa a fs. 95 una hoja de información general y croquis de ubicación del domicilio del Sr. Saúl Datzer Rodríguez, ese es un domicilio de uno de ellos, sin embargo es menester establecer que los querellantes son dos personas, por lo que con relación a la señora CAROLINA CUELLAR MELGAR no cursa, al menos no ha sido mencionado en esta audiencia que existiría ese croquis de ubicación del domicilio, en consecuencia considero que la Juez ad quo ha actuado correctamente. Nuestra normativa penal en su art. 290 núm. 2) es claro y expreso al indicar que se debe fijar un domicilio con croquis, considero que la Juez a quo ha dado cumplimiento a esta normativa por cuestiones de seguridad jurídica de las partes procesales, en ese sentido las partes tienen la posibilidad de subsanar ese defecto y presentar nuevamente esa querella"(sic); y,
3. 3)El impetrante de tutela aduce que se habría vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso en su elemento de derecho a una resolución congruente; empero, el Auto de Vista recurrido cumplió en explicar el motivo por el cual no se ingresó al análisis de fondo del recurso de apelación, pues incumplió con lo previsto por el art. 396 inc. 3) del CPP, al no señalar de forma específica los aspectos cuestionados del Auto Interlocutorio en grado de apelación; además, no cumplió con lo dispuesto por el art. 290.2 del mismo cuerpo legal, si bien se presentó una querella con la verificación y croquis de uno de los accionantes, en el caso de autos son dos los querellantes que pretenden la acción y no cursa en actuados del cuaderno procesal el croquis de ubicación de Carolina Cuellar Melgar, aspecto que fue observado; toda vez que, la querella fue expuesta de manera conjunta. Además de ello, se le señaló claramente, que corrigiendo las formalidades indicadas y haciendo expresa mención de esa primera desestimación podía presentar una nueva acusación particular por conducto regular cumpliendo las formalidades observadas.

Carolina Cuellar Melgar en audiencia solicitó se deniegue la tutela impetrada argumentando que:

1. i)De los antecedentes del proceso se tiene que revisado el amparo constitucional interpuesto en contra de la Resolución "Fiscal" que desestimo su querella, fue solicitada la conversión de su proceso de acción pública a privada, planteando acusación que lamentablemente no cumplió con el art. 290.2 del CPP, dando pie a la aplicación del art. 376 del citado Código, desestimando la misma; y,
2. ii)El Auto Supremo 355 del "año 2012" establece que la admisión de la acusación es una facultad atribuible al Juez de Sentencia, es decir no mencionó que se deba primero notificar a las partes y menos aún a los acusados, por tanto los Vocales demandados al aplicar la ley no vulneraron ningún derecho de los demandados.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 62 de 21 de abril de 2021, cursante de fs. 93 vta. 98 vta., concedió la tutela solicitada determinando la nulidad del Auto de Vista 53, disponiendo que en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas dicte nueva resolución conforme los fundamentos expuestos en el fallo; decisión asumida con los siguientes fundamentos:

1. a)Los delitos de acción pública convertidos a privados por efecto del art. 26.3 del CPP, aquellos que sufrieron esta variación como resultado de un rechazo que fue confirmado por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, decisión demandada en acción de amparo constitucional que fue denegada; teniendo un procedimiento diferente a los procesos de acción pública y a los que iniciaron en la esfera de la acción privada, pues la fase de querella y objeción de la misma, ya fue agotada en la etapa preparatoria, es decir que en el caso de los delitos convertidos de acción pública a privada, si se agotó la fase de la querella, necesaria y directamente se debe presentar la acusación particular, hecho que ocurrió en el caso de autos de acuerdo al art. 375 del CPP, debiendo notificar a los acusados para que estos presenten su pliego de defensa, dictándose posteriormente el Auto de apertura y el inicio del mismo;
2. b)El Tribunal de apelación fundamentó afirmando que la argumentación que desarrolló el accionante seria el correcto; empero concluyen declarando improcedente su apelación, constituyéndose en un Auto de Vista evidentemente incongruente, encontrándose una omisión en la estructura del fallo que debe ser corregida por el Tribunal demandado;
3. c)La querella no es similar a la acusación particular, no estamos frente a igual acto procesal, pero más allá de la simple estructura de la Resolución está el hecho de que el Juez desestimó una acusación formal tal y como fue presentada por no cumplir los requisitos del art. 290.2 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que no solo basta con presentar la dirección de las partes sino que es necesario adjuntar un croquis;
4. d)Quedo establecida la existencia de una incongruencia en la resolución, no se debe soslayar el hecho que el impetrante de tutela exige del Tribunal un pronunciamiento en el fondo sobre el actuar del Juez que no fue adecuado frente a una justicia material, aferrándose a una cuestión formal desestimando una acusación por una estipulación subsanable, tras el fundamento de que puede presentar nuevamente su querella, razonamiento contrario al sentimiento de justicia que recoge la Constitución Política del Estando y los principios de concentración, economía procesal y participación de la víctima, debiendo en su caso otorgar un plazo prudencial para subsanar la falta de dicho requisito formal, y recién ante el incumplimiento de lo señalado correspondía la desestimación; y,
5. e)El Juez no podía en primera fase desestimar la querella, estamos frente a un sistema de justicia material y no formal, un sistema donde se busca el equilibrio entre eficacia y garantía, entre los derechos que ejerce el imputado y los de la víctima, concluyendo que la determinación del Juez de instancia y luego la decisión del Tribunal demandado, no corresponde a las garantías de participación efectiva de la víctima en el proceso penal, consagrada en los arts. 180 y 120 de la CPE; y, 11 y 26 del CPP.