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TCP

0285/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de mayo de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0285/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 27034-2019-55-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 29/2018 de 24 de diciembre, cursante de fs. 184 a 187 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Hugo Melgar Souza y Selva Andrea Leaños Melgar en representación sin mandato de Javier Mizutani Ledezma contra Mariela Amparo Gutiérrez Vásquez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda del Plan 3000; Aidee Banegas Collazo, Carlos Candía Justiniano, Walter Roberto Paredes Villarroel, Gustavo Adolfo Ríos Guaygua, Fiscales de Materia; Oscar Quispe Canaviri y Erwin Gonzales Macías, Policías Investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del Plan 3000; todos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2018, cursante de fs. 4 a 7 vta., la parte accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado el 5 de abril de 2018 por Denald Andrés Chávez Egüez en su contra, el inicio de investigación fue comunicado a la Jueza de control jurisdiccional en igual fecha, además existió solicitud de ampliación de investigaciones por parte del Ministerio Público el 6 de junio de ese año; es decir, después de treinta días de vencido el plazo de la etapa preliminar.

Señala que en dicho proceso, de manera sorpresiva apareció en el cuaderno de investigaciones, un acta de incomparecencia y un informe de 10 del mismo mes y año, elaborados por el policía Oscar Quispe Canaviri, cuando aún el Director de la FELCC del Plan 3000 no le designó como investigador del caso, demostrando con ese informe una clara parcialización hacia la parte denunciante, todo con el fin de sorprender la buena fe de las autoridades para que se dicte un posible mandamiento de aprehensión, aspecto que hizo desconfiar de la idoneidad del trabajo de investigación que pudo realizar, cuyos actos arbitrarios pueden generar nulidad de actuaciones por faltar a la verdad y vulnerar el debido proceso. Manifestó que, en la audiencia de su declaración informativa no estaban los Fiscales de Materia, por ello, sus abogados pidieron se realice el acta respectiva; es más, la parte denunciante el 6 de julio de 2018 pidió se designe investigador para el caso, también que se señale nuevo día y hora de audiencia.

Es así que, la representante del Ministerio Público Aidee Banegas Collazo mediante decreto de la fecha supra referida, con la finalidad de continuar las investigaciones, requirió se designe un investigador en reemplazo del policía Gari Andrés Yucra, cursando a ese efecto oficio de 19 del mismo mes y año, firmado por Carlos Candía Justiniano, Fiscal de Materia dirigido al Director de la FELCC del Plan 3000, requiriendo la reasignación de un investigador, recayendo dicha designación al policía Oscar Quispe Canaviri recién el 19 del mes y año citados.

Refiere que, el 3 de agosto de 2018, los representantes del Ministerio Público, presentaron memorial solicitando dejar sin efecto la conminatoria emitida, pidiendo otra ampliación por veinte días más, haciendo un total de cien días, no obstante que en materia penal la complementación de investigación con el plazo vencido conforme precisó la , se constituye en defecto absoluto no susceptible de convalidación que conlleva la nulidad de obrados.

Señala que, el 8 de agosto de 2018, los Fiscales de Materia Aidee Banegas Collazo y Carlos Candía Justiniano, emitieron orden de aprehensión en su contra, fundamentando según su lógica, que el certificado médico forense adjuntado el 30 de julio de ese año, no establecía días de impedimento, aspecto suficiente para que esas autoridades emitan dicha orden, la cual desde el momento de su firma y sello constituye una persecución ilegal, arbitraria y lesiva a sus derechos constitucionales dejándole en indefensión sin valorar previamente que:

  1. a)Fue notificado el 27 de julio del indicado año con un requerimiento fiscal de 26 del mes y año citados, para la atención del correspondiente galeno de turno del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a objeto que certifique su estado de salud en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación;
  2. b)Asimismo, se evidencia que el 30 de ese mes y año fue atendido por la respectiva profesional clínica de turno que dio cumplimiento al requerimiento fiscal, que pidió certificación de su estado de salud, no pudiendo extralimitarse conforme a los puntos solicitados; y,
  3. c)Por ende, no se debía expedir una orden de aprehensión en su contra, porque supuestamente el certificado de evaluación emitido no establecía días de impedimento, siendo que acreditaba que su persona padecía de infección respiratoria aguda.

Aduce que el 28 de agosto de 2018, interpuso incidente de nulidad de actividad procesal defectuosa ante la Jueza de control jurisdiccional, por haberse vulnerado sus derechos y garantías en etapa preliminar como son los derechos al debido proceso, presunción de inocencia y a la defensa; que no son susceptibles de convalidación; empero, el mismo no fue resuelto.

Finalmente señala que "hoy viernes" 21 de diciembre de 2018, al promediar las 5:30 hrs., es decir en horas inhábiles, sin el debido control jurisdiccional, no obstante de tener conocimiento que su incidente de nulidad aun no fue resuelto, fue aprehendido por funcionarios policiales en la zona del Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, con el mandamiento de aprehensión emitido en respaldo del art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lesionando de esta forma los arts. 118 y 169 de dicha norma adjetiva penal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, presunción de inocencia y a la defensa, citando al efecto los arts. 5.II, 116.I, 119.II y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando su inmediata libertad, disponiendo cese el procesamiento indebido y anule obrados hasta el vicio más antiguo.

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