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TCP

0285/2025-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0285/2025-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0285/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 72995-2025-146-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Potosí

En consulta la Resolución de 16 de abril, cursante de fs. 14 a 17 vta., pronunciada por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Roger Luis Arias Chambi, demandando la inconstitucionalidad del art. 369.II del Código Procesal Civil (CPC), por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial de 2 de abril de 2025 cursante de fs. 1 a 13, presentado dentro del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 09/20254 de 26 de abril, dentro del proceso civil de desalojo de vivienda, refiere que se dispuso la entrega del bien inmueble dentro de los setenta días a partir de la ejecutoría de la Resolución, bajo conminatoria de emitirse mandamiento de desalojo y desapoderamiento, siendo evidente la existencia de un proceso judicial en curso, en el cual, se simula la aplicación de normas adjetivas pero no del sustantivo civil ni de la ley especial; puesto que, al hacer referencia a los antecedentes de la problemática y existir una vulneración en la aplicación incorrecta de la norma adjetiva relativo al proceder y admisibilidad del citado proceso, que sin duda debe expresar dentro del procedimiento las causales de desalojo.

Señala que la norma impugnada mal aplicada, parece otorgar una permisión de regla de analogía; por la cual, el Juez, al emitir la referida Sentencia omite la aplicación de los criterios establecidos en el adjetivo civil; que si bien, indica que el desalojo de vivienda deberá ser tramitado mediante el proceso extraordinario; sin embargo, no establece los requisitos de procedencia o de admisibilidad del referido proceso, tal cual establecen los arts. 713, 720 y 721 del Código Civil (CC); y, 2 de la Ley del Inquilinato -Ley de 11 de diciembre de 1959-, aplicando de manera discrecional el art. 392 del CPC, vulnerando así los derechos al debido proceso y a la defensa y el principio de legalidad, instituidos por los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE; configurándose un escenario de inestabilidad, desinstitucionalización e inconstitucionalidad fáctica en el Órgano Judicial.

Refiere que existen normas con vigencia previa a la Constitución Política del Estado, promulgada el 2009, lo que provoca peculiares problemas de constitucionalidad y lo que la doctrina denomina inconstitucionalidad sobreviniente, que resulta ser aquella sanción de inconstitucionalidad a normas preconstituyentes, es decir, que se encontraban en vigencia a tiempo de la promulgación de la Constitución Política del Estado, tal como se encuentra establecido por la ; por lo que, cuestiona el fondo del art. 369.II del CPC, demandando la inconstitucionalidad sobreviniente del mismo.

Con relación al principio de legalidad en el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, señala que el mismo, debe ser entendido como el sometimiento a la ley y a la normativa vigente, situación que conlleva a que la decisión sea adoptada dentro de los límites previamente establecidos por la ley material anterior, y tanto los gobernantes como los gobernados, deben someterse a su imperio, a fin de sus actos no sean caprichos personales o actuaciones discrecionales, ni desconozcan lo establecido por la norma positiva, pues ello infringe también el principio de seguridad jurídica.

En cuanto al debido proceso, el impetrante indica que no se restringe su aplicación únicamente al ámbito jurisdiccional, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad, siendo de aplicación inmediata, que vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas, constituyéndose en una garantía de legalidad procesal, siendo un estatuto jurídico y un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, con una triple dimensión, como derecho fundamental, principio de la administración de justicia y garantía jurisdiccional.

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Tribunal Constitucional Plurinacional27 de noviembre de 20250285/2025-CAFuente oficial