Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 58892-2023-118-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 155/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 257 a 260, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por René Eduardo Foronda Escobar contra Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 27 de septiembre y 11 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 147 a 153; y, 156 a 159 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra a denuncia del Encargado de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, por la presunta comisión de faltas disciplinarias graves previstas en los numerales 9 y 14 del art. 187 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se inició la investigación mediante Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación de 14 de abril de 2022; concluido el trámite, se dictó la Resolución 040/2022 de 30 de mayo, que declaró probada la denuncia por la falta prevista en el art. 187.14 de la citada Ley, imponiéndole la sanción de suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes, e improbada la falta prevista en el numeral 9. Notificado con dicha decisión, solicitó aclaración, complementación y enmienda, que fue rechazada por Auto de 27 de junio de 2022, tras lo cual interpuso recurso de apelación contra la referida Resolución; sin embargo, este fue rechazado por extemporáneo mediante Auto de 8 de julio de igual año, frente a esa determinación, promovió recurso de compulsa, que fue resuelto por el Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, conformado por Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, Consejeros -hoy demandados-, mediante Resolución TSI-AP 20/2022 de 1 de agosto, confirmando el rechazo del recurso de apelación; y, una vez devuelto el expediente al Juzgado de origen, fue notificado el 6 de septiembre del citado año, presentando al día siguiente solicitud de complementación y enmienda. La Resolución TSI-AP 20/2022, confirmó el rechazo de su recurso de apelación bajo el argumento de que el plazo para impugnar debía computarse "de momento a momento", y no por días hábiles completos; criterio que, resulta contrario a lo previsto por el art. 204 de la LOJ, por las reglas de cómputo de plazos establecidas en el Código Civil y por las disposiciones contenidas en el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental -aprobado por Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero-, que fijan un plazo fatal y perentorio de cinco días hábiles computables desde la notificación con la resolución definitiva o, en su caso, con la resolución de aclaración, complementación o enmienda; en ese marco, su recurso de apelación fue presentado dentro del plazo legal previsto, por lo que el rechazo dispuesto por la autoridad disciplinaria y posteriormente confirmado por los Consejeros demandados constituyó un formalismo excesivo, carente de una motivación suficiente y razonable, que le impidió acceder a una revisión integral de la sanción impuesta; además, tal decisión le privó del ejercicio efectivo de su derecho a la defensa y del derecho a la doble instancia en un proceso de naturaleza sancionatoria, asimilable por su carácter punitivo a los estándares reforzados de protección propios del ámbito penal; asimismo, las autoridades demandadas omitieron aplicar el principio pro actione y el principio pro homine, así como los estándares convencionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de derecho a recurrir el fallo y derecho de defensa, que exigen que los recursos sean interpretados y tramitados de manera que permitan un control real y efectivo de las decisiones sancionatorias, antes de que estas adquieran firmeza; en consecuencia, la confirmación del rechazo de su recurso de apelación consolidó una sanción disciplinaria sin que se hubiera permitido el control de legalidad y razonabilidad de la decisión de primera instancia, colocándolo en un estado de indefensión material y restringiendo de manera ilegítima su acceso a la justicia.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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