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TCP

0286/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0286/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2019-S2 Sucre, 24 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26325-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 9/2018 de 30 de octubre, cursante de fs. 227 vta. a 232, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cintia Ángelo Flores contra Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM); Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Rajiv Anhuar Echalar Montellano y Wilfredo Tarqui Copajira, ex y actual Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2018, cursante de fs. 36 a 48 vta., la accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La UAGRM procedió a contratar sus servicios como Administrativo III, Nivel 19, para desempeñar las funciones específicas de Secretaria, bajo dependencia de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.), contrato de trabajo que comprendió desde el 9 de noviembre de 2016 hasta el 8 de noviembre de 2017; sin embargo, siguió desempeñando labores de forma continua hasta el 13 del citado mes y año; fecha en la cual, sin justificación alguna, le indicaron que se retire de su fuente laboral, sin tomar en cuenta que por la documentación arrimada, acreditó y demostró la continuidad de sus tareas; es decir, días posteriores al vencimiento de su contrato, recibiendo toda la documentación presentada por el personal administrativo y otros.

Señaló que, su inmediato superior -Jefe de RR.HH. de la UAGRM-, mediante oficio DPTO. RR.HH. OF. 682/2017 de 19 de octubre, solicitó al Rector de dicha casa superior de estudios, la recontratación de su persona, alegando que: "Debido a que el Departamento de Recursos Humanos está ejecutando todas las actividades destinadas a contribuir con los objetivos institucionales de esta Universidad, razón por la cual es necesario contar con el personal idóneo para darle continuidad a este proceso. En tal sentido, me permito solicitar a su Autoridad la recontratación de la señora Cintia Ángelo Flores, quien realiza el trabajo como Administrativo III, con un desempeño responsable, eficiente y discreto, así como también demuestra un excelente trato en la atención al público" (sic), hecho que implica y demuestra que las tareas para las cuales fue contratada son propias y permanentes de la UAGRM; empero, a pesar de estar a la espera de una respuesta favorable a dicha solicitud, la aludida Universidad decidió despedirla el 13 de noviembre de 2017, sin tomar en cuenta que su persona seguía fungiendo sus labores luego de finalizado el plazo de su contrato, con consentimiento pleno por parte de la Unidad de RR.HH. de la referida Universidad.

Ante ello, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, a efectos de denunciar y solicitar su reincorporación, donde luego de los trámites correspondientes, el titular de dicha institución laboral, emitió el Auto Administrativo de 19 de enero de 2018, resolviendo declinar competencia; ante lo cual, interpuso los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico, siendo confirmada dicha decisión, por la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/R.R. 018/18 de 8 de marzo de 2018 y por la Resolución Ministerial (RM) 716/18 de 9 de julio de 2018; motivo por el que, se encuentra en una grave situación económica ocasionada por la desvinculación de la que fue víctima, merced a la negativa por parte de la instancia administrativa para ordenar su reincorporación laboral, realizando una deficiente argumentación y una indebida compulsa de los antecedentes mencionados en su denuncia.

La instancia administrativa no consideró que su contrato de trabajo a plazo fijo fue para desempeñar funciones como Secretaria, que es una tarea propia y permanente, debiendo aplicarse el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, existiendo una contradicción de la "RM 128/18" con otra Resolución jerárquica emitida por la institución laboral ante un recurso interpuesto por la UAGRM, donde emitió la RM 462/17 de 9 de junio de 2017, haciendo mención a la ; asimismo, no consideró que el referido contrato no se encuentra visado por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, de acuerdo a lo que establece el art. 22 de la Ley General del Trabajo (LGT); y, que en su caso se operó la tácita reconducción de la relación laboral; de plazo fijo a término indefinido, porque posteriormente al cumplimiento del periodo estipulado -8 de noviembre de 2017- su persona continuó desempeñando funciones hasta el 13 del mismo mes y año, ante lo que, debió aplicarse el art. 21 de LGT.

La autoridad jerárquica de la UAGRM, al momento de despedirla, no tomó en cuenta que su persona gozaba del beneficio de inamovilidad laboral; además, al no cumplir con el visado del contrato de trabajo a plazo fijo en la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz y tomando en cuenta que su persona habría realizado tareas propias y permanentes, dicho documento no surte ninguna eficacia o efecto jurídico, convirtiendo tácitamente la relación laboral a tiempo indefinido debido a que continuó trabajando de forma normal hasta el 13 de noviembre de 2017 -fecha posterior al vencimiento de su contrato-, tal como lo establece la RM 283/62 de 13 de junio de 1962.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de congruencia y motivación; a la justicia pronta sin dilaciones; a la errónea aplicación de la ley respecto al principio de inversión de la prueba en materia laboral; al trabajo; a la remuneración; a la estabilidad y a la continuidad laboral; a la salud; y, a la seguridad social; citando al efecto, los arts. 18.I y II; 35.I; 37; 45 parágrafos I, II, III y V; 46.I; 48 parágrafos I, II y IV; 49.III; 50; 115.II; y, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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