Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26325-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz Partes: Cintia Ángelo Flores contra Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM); Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Rajiv Anhuar Echalar Montellano y Wilfredo Tarqui Copajira, ex y actual Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la Resolución 9/2018 de 30 de octubre, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz y denegó la tutela solicitada
En todo caso, considera que debió REVOCAR dicha Resolución Constitucional; y, CONCEDER la tutela solicitada ordenando la reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral que ocupaba antes de su despido, más el pago de sus salarios devengados, subsidios y demás derechos laborales que le conciernen; y, dejar sin efecto la Resolución Ministerial (RM) 716/18 de 9 de julio de 2018, la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/R.R. 018/18 de 8 de marzo de 2018, y el Auto de 19 de enero de 2018, debiendo la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, emitir nueva resolución resolviendo en el fondo de la cuestión planteada, sobre la base de los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante alega que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al trabajo, a la remuneración, a la salud, a la seguridad social, al debido proceso en su componente de congruencia, a la justicia pronta sin dilaciones y la errónea aplicación de la ley con respecto al principio de inversión de la prueba en materia laboral, puesto que habiendo prestado servicios laborales a la entidad demandada mediante contrato a plazo fijo, desarrollando actividades propias y permanentes, a su vencimiento continuó prestando servicios; empero unos días después, fue despedida injustificadamente, pese a gozar del beneficio de inamovilidad laboral; ante ello, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, instancia que declinó competencia alegando la existencia de hechos controvertidos, decisión que fue confirmada por la Resolución Jerárquica en sede administrativa, previa impugnación presentada de su parte; en cuyo mérito solicita se ordene su reincorporación al mismo puesto de trabajo, con el mismo sueldo, más pago de sueldos devengados desde la fecha de su despido, pago de subsidios que le correspondían por el tiempo que gozaba del beneficio de inamovilidad laboral y demás derechos laborales.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:
- a)El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas;
- b)La constitucionalización de los principios laborales expanden el ámbito de protección de los trabajadores;
- c)Los contratos laborales de plazo indefinido como regla y el carácter excepcional de los contratos a plazo fijo, provisionales, transitorios, temporales y la conversión de estos últimos a relaciones laborales de carácter indefinido;
- d)La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y,
- e)Análisis del caso concreto.
II.1. El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas.
La consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tuvo como una de sus características esenciales, la consagración del derecho al trabajo digno, que en nuestro caso se encuentra reconocido expresamente en el art. 46.I.1 de la CPE, como el derecho al trabajo digno, para cuyo alcance, resulta pertinente citar el entendimiento formulado en la jurisprudencia constitucional respecto a este derecho, como "la potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo su dependencia"1. En sintonía con la norma fundamental, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el "Protocolo de San Salvador"2 establece en su art. 6:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Este derecho se encuentra armónicamente complementado con el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, reconocido en el numeral 2 de la citada norma fundamental; a decir de la jurisprudencia constitucional expresada en la , sobre la citada base normativa, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado:
... en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente 3.
La citada jurisprudencia constitucional enfatizó respecto al derecho fundamental a la estabilidad laboral, estableciendo su alcance y contenido en los siguientes términos:
... en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral.
En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), realizando una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, ha expresado al respecto que:
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