0286/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 00286/2023-S1 Sucre, 17 de abril de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 41969-2021-84-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 26 de julio de 2021, cursante de fs. 182 a 187, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Aguilar Rojas contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de julio de 2021, cursante de fs. 130 a 140 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y retardo de justicia, planteó ante la Sala Penal Segunda Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba excepción de extinción de la acción penal por prescripción, en mérito a que transcurrieron más de once años desde el inicio de la causa sin que exista sentencia ejecutoriada; es así, que en consecuencia se emitió el Auto de Vista de 13 de mayo de 2021, que incurrió los siguientes agravios:

Señaló que "...el presente proceso se encuentra con una sentencia que está ejecutoriada a la fecha, por ende podría ser modificada la misma o anulada..." (sic) siendo falso la existencia de una sentencia ejecutoriada y que esta podría ser modificada aunque se encontrará en ese estado; además, realizó la cita de Sentencias Constitucionales que nada tienen que ver con el caso, como la inimpugnabilidad de la resolución de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso cuando su excepción corresponde a la prescripción y agregó que se encuentra impedido de ingresar al fondo de la problemática y contradictoriamente ingresó al fondo de la misma declarándolo infundado.

Además, la resolución ingresó en incongruencia porque la causal de declarar infundada su excepción infundada se refiere "...a la forma aislada en relación al otro hecho también investigado y generador del presente proceso, es decir, por el delito de negativa o retardación de justicia" (sic) sin considerar que en la Sentencia 14/2013 de 19 de junio se le declaró sin responsabilidad respecto al tipo penal de retardo de justicia absolviéndolo de pena y culpa, aspecto que no fue apelado por el denunciante, por lo que no puede plantear dicha excepción de prescripción por un tipo penal del que fue absuelto totalmente. Por ende, se lesionó su derecho a la fundamentación y motivación, puesto que el Auto de Vista declaró infundado su recurso bajo el argumento de haber sido planteado de forma aislada en relación al delito de retardación de justicia, del cual fue sobreseído definitivamente mediante sentencia empeorando al contrario su situación jurídica en consideración a la absolución de tal delito.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Alega la vulneración a su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, señalando al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga la nulidad del Auto de Vista de 13 de mayo de 2021, debiendo emitirse uno nuevo conforme a lo observado; y, se imponga a los demandados costas y daños y perjuicios. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de julio de 2021, según se tiene del acta cursante de fs. 180 a 181 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.4. Intervención del tercero interesado

José Rolando Villarroel Méndez, no presentó escrito ni se apersonó a audiencia a pesar de su legal notificación cursante a fs. 169.

I.2.5. Resolución

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente:

II.1. Consta Sentencia 14/2013 de 19 de junio, a través de la cual se condenó a José Aguilar Rojas -ahora accionante- por la comisión del delito de prevaricato y se lo absolvió respecto al delito de negativa o retardo de justicia (fs. 34 a 48 vta.).

II.2. Cursa Auto de Vista 001 de 8 de marzo de 2018, por el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación restringida planteado por el ahora peticionante de tutela (fs. 63 a 69).

II.3. Se tiene 0Auto Supremo 812/2020-RRC de 8 de septiembre, por el cual la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaro fundado el recurso de casación interpuesto por el ahora impetrante de tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 001 de 8 de marzo de 2018 y ordenándose se pronuncie nuevo Auto de Vista (fs. 78 a 83 vta.).

II.4. Mediante memorial presentado el 27 de abril de 2021, por el ahora accionante con la suma: "REPLANTEA POR DISTINTA CAUSAL EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN" (sic) a través del cual solicitó se declare fundado tal excepción en atención al art. 27.8 del CPP disponiéndose el archivo de obrados (fs. 99 a 106).

II.5. Se tiene Auto de Vista de 13 de mayo de 2021, emitido Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda y María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera (convocada), ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandados-, a través del cual se declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por José Aguilar Rocha, "por haber sido planteada de forma aislada en relación al otro hecho también investigado y generador del presente proceso, es decir, por el delito de Negativa o Retardación de Justicia". Determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos:

"Bajo el marco jurídico y jurisprudencial descrito en la presente resolución y de los antecedentes del expediente, se advierte que en el pliego acusatorio se le atribuye al ahora incidentista JOSE AGUILAR ROCHA, los ilícitos tipificados en los Arts. 173 y 177 del Código Penal, vale decir Prevaricato y Negativa o Retardación de Justicia, estos son los parámetros que deben ser considerados a efectos de resolver la procedencia del presente incidente, resultando necesario a efectos de emitir la resolución que corresponda, remitimos a los hechos faticos generadores del hecho que dieron lugar al presente procesamiento, al efecto nos remitimos al pliego acusatorio de fecha 2 de diciembre de 2010, que dentro sus antecedentes y relaciones circunstanciales del hecho atribuido a JOSE AGUILAR ROCHA señala lo siguiente: "...que al dictar el Auto de fecha 3 de abril de 2010, se habría vulnerado normas procesales que son de orden público y por ende de cumplimiento obligatorio; violando además el principio de preclusión, entendiéndose este principio procesal según Couture en la división del proceso en etapas, cada una de las cuales supone la cláusula de la anterior sin renovarla, es decir que los actos procesales deben desarrollarse en forma sucesiva mediante la cláusula definitiva de cada una de ellas impidiéndose el regreso a etapas ya extinguidas, vale decir que cuando una de las partes no activa un acto procesal este precluye. En el presente caso de Autos las diferentes etapas de juicio ejecutivo se cumplieron, llegando a la fase final del trace de remate y subasta, velando por la igualdad de las partes, quienes a su tumo tuvieron a su alcance los medios impugnatorios necesarios para hacer valer sus derechos, empero de ello el juzgador desconociendo este elemental principio procesal resuelve incidentes en ejecución de sentencia, tales como la anulación del acta de remate de fojas 145 y el auto de 3 de abril de 2010 que anula el proceso hasta fojas 5. Al margen de haber incurrido el mencionado juzgador en Negativa o Retardo de Justicia, desde la interposición del incidente de 27 de septiembre de 2006, de manera sistemática a partir de este momento de manera deliberada va retrasando la resoluciones de los incidentes opuestos, rematando con el incidente que fue interpuesto en fecha 9 de diciembre de 2008 y que es recién resuelto el 3 de abril de 2010, vale decir después de un año y cuatro meses, sin resolver el mismo, pese a la solicitud de resolución planteado por el ejecutante en tres oportunidades. Son estos los fundamentos de hecho y de derecho que constan en el requerimiento conclusivo de acusación formal presentado por el Ministerio Publico dentro el presente caso, de donde se puede extraer que no es posible aplicar el instituto de la prescripción de forma separada para cada delito investigado o cada hecho aislado, ya que podría conducirse a un resultado incoherente de enjuiciamiento aislado de una sola parte de la realidad delictiva; así ha sido desarrollada por la doctrina legal aplicable, en el 0Auto Supremo 284/2017-RRC de 27 de marzo, Igualmente resulta útil para la justificación de la presente resolución asumida, hacer mención lo establecido en la 0SC N°680/2000-R de 10 de Julio, que se ha pronunciado sobre el concurso de delitos, similar razonamiento fue aplicado en el 0Auto Supremo N°11/2014 de 26 de septiembre, que dispone que ante la eventualidad existencia de acusación de varios delitos emergentes de un solo hecho, y por tanto, la posibilidad de concurso de delitos, este sea ideal o real, no es posible aplicar el instituto de la prescripción de forma separada para cada delito investigado o cada hecho aislado, ya que podría conducirse a un resultado incoherente de enjuiciamiento aislado de solo una parte de la realidad delictiva; por los argumentos explicados en la presente resolución y de los argumentos expresados por el Incidentista, que en el caso presente refiere que solicita la prescripción del tipo penal establecido en el Art. 173 del CP, vale decir el delito de Prevaricato y que el mismo a efectos del cómputo debería realizarse a partir del 3 de abril de 2010, hecho que habría sido el generador del presente proceso, sin embargo conforme a la doctrina legal aplicable antes citada, esta parte omite señalar y fundamentar de igual forma que el incidentista también ha sido procesado por el delito de Negativa o Retardo de Justicia y como bien lo ha señalado la parte incidentista, el presente proceso se encuentra con una sentencia que está ejecutoriada a la fecha, por ende podría ser modificada la misma o anulada en todo caso también.

Por otra parte, de igual forma otro de los motivos por los cuales este Tribunal se encuentra impedido de poder ingresar al fondo de la problemática, resulta ser lo previsto en el Art.315 parágrafo IV del CPP, que señala de forma expresa lo siguiente: "El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos vale decir que resulta importante que el incidentista señale de forma clara y concisa cuales son los nuevos motivos o circunstancias que den a conocer a este Tribunal del planteamiento del presente incidente y que no son los mismos motivos que dieron lugar al rechazo de la resolución pronunciada por un incidente similar de fecha 9 de abril de 2019, mediante el cual se declara Infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción opuesto por JOSE AGUILAR ROCHA; siendo este otro de los motivos por los cuales este Tribunal se encuentra impedido de poder Ingresar al fondo de la problemática y poder hacer el cómputo correspondiente a efectos de declarar la procedencia o no de dicha prescripción o incidente planteado" (fs. 107 vta., a 110 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"...el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia el resaltado nos corresponde".

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad..."