Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0287/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 26283-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 07 de 19 de octubre de 2018, cursante de fs. 1818 vta. a 1826, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Luis Cruz Villarroel contra Félix César Navarro Miranda, Ministro de Minería y Metalurgia; Heriberto Erik Ariñez Bazzan, Director Ejecutivo Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); Alberto Colque Huarita, Jefe de Unidad de Control y Fiscalización; Richard Cáceres García y Oscar Edwin Huanacio Poppe, Responsables de Control y Fiscalización; y, Corsino Morales Reynolds, Profesional Geólogo Minero, estos últimos cuatro del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 4 y 11 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 796 a 807 y 819 a 823 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos: I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, el 13 de mayo de 2017, publicó en el periódico "Cambio" el "Vigésimo Quinto Cronograma de Inspección de Reversión de Derechos Mineros", convocando a los titulares de derechos mineros a hacerse presentes en la Plaza 24 de septiembre del departamento de Santa Cruz el 12 de junio de 2017 a horas 8:00 a fin de realizar inspecciones a las exconcesiones mineras hoy convertidas en Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE's), en el caso particular sobre sus quince ATE's con denominaciones y códigos siguientes: Dayna 12050, Dayna I 12292, Dayna II 13453, Nohelia 12270, Nohelia I 12293, Nohelia II 22410, Nohelia III 25356, Romina I 22729, Futuro III 22753, La Guardia 25165, Leyla I 23870, Jorge I 12553, San Diego 5107, San Juan 5341 y Limoncito II 12043, todas correspondientes a la Provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz; se hizo presente el día señalado desde horas 7:00 hasta las 9:00, y ninguno de los servidores públicos de la referida entidad estatal concurrieron al acto como consta en el acta notariada labrada el mismo día, aspecto que fue puesto en conocimiento de la AJAM y del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización por memoriales de 12 y 14 de junio de 2017. No obstante, los servidores públicos Richard Cáceres García, Oscar Edwin Huanacio Poppe, Corsino Morales Reynolds y Alberto Colque Huarita, de forma unilateral instalaron la reunión de coordinación, a las 10:00 del 12 de junio de 2017, aduciendo que tal extremo (postergación de reunión) fue puesto en conocimiento del titular de las ATE's vía telefónica, aclarando que esa afirmación es falsa, y en todo caso, dicho medio de comunicación no se autorizó y es inidóneo para suspender y/o postergar un acto administrativo, puesto que las notificaciones deben cumplir los requisitos previstos en el art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; y si no pudieron constituirse en el día, lugar y hora indicados, debieron elaborar un nuevo cronograma de inspección como dispone el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 1801 de 20 de noviembre de 2013; sin embargo, sobre la base de la reunión de coordinación, se procedió a la irregular e ilegal inspección y verificación de las ATE's, el 13, 14 y 15 de junio de 2017, sin su concurrencia, provocándole indefensión; es así que de los informes y actas emitidos por los referidos servidores públicos, el Director Ejecutivo Nacional de la AJAM, emitió Resoluciones de Reversión de Derecho Minero, conforme al siguiente detalle: AJAM/DJU/RRDM/101/2017 de 20 de julio (ATE San Juan), AJAM/DJU/RRDM/102/2017 de 20 de julio (ATE San Diego), AJAM/DJU/RRDM/103/2017 de 24 de julio (ATE La Guardia), AJAM/DJU/RRDM/104/2017 de 21 de julio (ATE Leyla I), AJAM/DJU/RRDM/105/2017 de 21 de julio (ATE Dayna), AJAM/DJU/RRDM/106/2017 de 21 de julio (ATE Limoncito II), AJAM/DJU/RRDM/107/2017 de 24 de julio (ATE Dayna II), AJAM/DJU/RRDM/108/2017 de 24 de julio (ATE Nohelia II), AJAM/DJU/RRDM/109/2017 de 24 de julio (ATE Romina), AJAM/DJU/RRDM/110/2017 de 24 de julio (ATE Nohelia III), AJAM/DJU/RRDM/111/2017 de 24 de julio (ATE Nohelia), AJAM/DJU/RRDM/112/2017 de 24 de julio (ATE Dayna I), AJAM/DJU/RRDM/113/2017 de 24 de julio (ATE Jorge I), AJAM/DJU/RRDM/114/2017 de 24 de julio (ATE Futuro III) y AJAM/DJU/RRDM/115/2017 de 24 de julio (ATE Nohelia I). Contra estas resoluciones planteó recursos de revocatoria, que fueron resueltos y rechazados mediante Resoluciones de Recurso de Revocatoria: AJAM/DJU/RRR/71/2017 de 15 de septiembre (ATE Nohelia), AJAM/DJU/RRR/73/2017 de 15 de septiembre (ATE Dayna I), AJAM/DJU/RRR/74/2017 de 15 de septiembre (ATE La Guardia), AJAM/DJU/RRR/76/2017 de 15 de septiembre (ATE Nohelia II), AJAM/DJU/RRR/77/2017 de 24 de septiembre (ATE Jorge I), AJAM/DJU/RRR/78/2017 de 15 de septiembre (ATE Romina), AJAM/DJU/RRR/79/2017 de 24 de septiembre (ATE Nohelia I), AJAM/DJU/RRR/80/2017 de 15 de septiembre (ATE Nayna II), AJAM/DJU/RRR/81/2017 de 15 de septiembre (ATE Limoncito II), AJAM/DJU/RRR/82/2017 de 24 de septiembre (ATE San Diego), AJAM/DJU/RRR/83/2017 de 15 de septiembre (ATE Dayna), AJAM/DJU/RRR/84/2017 de 15 de septiembre (ATE Leyla I), AJAM/DJU/RRR/85/2017 de 15 de septiembre (ATE Futuro III), AJAM/DJU/RRR/87/2017 de 15 de septiembre (ATE Nohelia III) y AJAM/DJU/RRR/88/2017 de 15 de septiembre (ATE San Juan), Asimismo, planteó recursos jerárquicos contra las anteriores determinaciones, mismos que previa remisión fueron resueltos por el Ministro de Minería y Metalurgia, confirmando las resoluciones impugnadas, señalando que los predios sujetos a ATE's se encuentran abandonados, que su persona tuvo conocimiento de la fecha de realización de los actos de verificación de actividades mineras y que de acuerdo a los informes técnicos de los servidores públicos del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización conocía del retraso de la reunión de coordinación, conforme a la siguiente relación: Resoluciones de Recurso Jerárquico, 041/18 (ATE Dayna II), 042/18 (ATE Futuro III), 043/18 (ATE Leyla I), 044/18 (ATE Dayna), 045/18 (ATE Limoncito II), 046/18 (ATE Nohelia III), 047/18 (ATE San Diego), todos de 26 de febrero de 2018; y, 048/18 (ATE Nohelia II), 049/18 (ATE Nohelia), 050/18 (ATE Jorge I), 051/18 (ATE San Juan), 052/18 (ATE Dayna I), 053/18 (ATE La Guardia), 054/18 (ATE Nohelia I) y 055/18 (ATE Romina I) todos de 27 del aludido mes y año, que confirmaron las Resoluciones de Recurso de Revocatoria impugnadas. Sostiene que los procesos administrativos de reversión concluyeron con un resultado constitucionalmente inadmisible que derivó en la restricción de su derecho a dedicarse al comercio, a la industria y al trabajo en actividades lícitas, puesto que si se hubiera garantizado su derecho a la defensa conforme al art. 5 del DS 1801, habría tenido la oportunidad de demostrar la existencia de actividad minera, debiendo considerar que de acuerdo al art. 6 del referido Decreto Supremo, la inasistencia del titular se tomará como inexistencia de actividad minera, aspectos que demuestran la relevancia constitucional de los defectos que denuncia, y fueron ilegalmente omitidos por el Ministro de Minería y Metalurgia que tenía la obligación de evaluar, revisar, compulsar y corregir y/o rectificar los actos desarrollados por los servidores públicos del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización y del Director Ejecutivo Nacional de la AJAM, careciendo por ello de una debida fundamentación. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante considera como lesionados sus derechos al debido proceso que conforme el sustento argumentativo expuesto, se entiende en su elemento de fundamentación, a la defensa, y dedicarse al comercio, a la industria y al trabajo en actividades lícitas, citando al efecto los arts. 47.I, 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela disponiendo la nulidad de las Actas de Verificación de las Inspecciones de 13, 14 y 15 de junio de 2017 -realizadas por Richard Cáceres García, Oscar Edwin Huanacio Poppe, Corsino Morales Reynolds y Alberto Colque Huarita, servidores públicos del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización; así como de las Resoluciones de Reversión de Derecho Mineros, las Resoluciones de Recurso de Revocatoria y las Resoluciones de Recurso Jerárquico, de todas la ATE's citadas en su contenido.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 19 de octubre de 2018, según se tiene del acta cursante de fs. 1799 a 1818 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó la acción tutelar planteada y ampliando su argumentación señaló:
- a)Los demandados afirman que el 9 de junio de 2018, tres días antes, se habrían comunicado vía telefónica con su persona para cambiar la hora de la realización de la reunión de coordinación, resultando ilógico que no hayan tomado las previsiones necesarias con anticipación y peor aún que tuvieron conocimiento que el vuelo se iba a retrasar; sin embargo, reiteró que no existió tal llamada;
- b)Si bien en el desarrollo del proceso administrativo rige el principio de informalismo, el mismo no puede operar para provocar indefensión en el administrado;
- c)No se practicó notificación alguna con la modificación de la hora de la reunión de coordinación señalada para las 8:00 que fue unilateralmente reprogramada para horas 10:00 del 12 de junio de 2017; y,
- d)El Acta Notarial que fue adjuntada en calidad de prueba, no fue valorada en primera instancia ni en grado de recurso jerárquico, aspecto que vulneró el derecho al debido proceso.
Con la facultad prevista en el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la Jueza de garantías interrogó sobre la presentación de demandas contencioso administrativas, la causa de su inasistencia a las audiencias de inspección, y, por qué ninguno de sus trabajadores estaba en el lugar los días de inspección, siendo respondidas en sentido de que sí presentó dos o tres demandas, y que solo una de esas se refiere a una de las ATES's que son motivo de la presente acción tutelar; y, que es en la reunión de coordinación donde se fija el área a inspección, la hora y lugar donde se dará inicio el acto, como ocurrió en otros procesos de reversión, y con relación a la supuesta llamada telefónica, como refirieron sus trabajadores tiene chancadoras en Yapacaní, Buena Vista, Santa Cruz, El Torno y Abapó, en ese entendido, el día 9 de junio de 2017 se encontraba en Yapacaní, donde no hay buena señal, y no tenía conocimiento a quien pertenecía la llamada que recibió, empero "...no se lograba hacer contacto una conversión plena..." (sic) y ante ello, simplemente se apersonó en el día, lugar y hora señalados en la publicación del periódico Cambio; finalmente, como se programó la inspección de diecinueve ATE's, se aclaró que cada cuadrícula tiene una extensión de 25 has (500 x 500 metros) una sola de estas ATE's tiene 250 has, entonces desconocía si tenía que esperarlos en Buena Vista u otra ATE, a la entrada, salida, al medio o ¿dónde?; asimismo precisó que hay temporadas en que el trabajo se concentra en un área y que son áreas extensas.
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