0287/2019-S2

Solicitan se les conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:

1. a)Se dejen sin efecto los decretos de 27 de septiembre y 4 octubre, ambos de 2018, restituyendo y protegiendo los derechos de su hijo AA, "...dando estricto cumplimiento a la ratio decidendi de la SCP 0373/2015-S3 de 8 de abril" (sic);
2. b)"Se ordene a la autoridad demandada la inmediata aceptación del apersonamiento y notificación con todos los actos del proceso de infracción por violencia cibernética en el sistema educativo (NUREJ 6035626), a fin de que las partes hagan valer sus derechos según le convenga o no, bajo su entera responsabilidad y disposición" (sic); y,
3. c)Se notifique al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Tarija, para que en tanto no se resuelva la presente acción tutelar, se inhiba de ejercitar mayores actos del proceso, en aplicación de la facultad permitida en el art. 9 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

La parte accionante, por intermedio de sus abogados, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y además manifestó que:

1. 1)Se la notificó con el inicio de investigación por el presunto delito de pornografía, a efecto de prestar su declaración informativa el 21 de septiembre de 2018, en razón a la incompetencia determinada por la Jueza demandada para conocer un proceso penal contra tres menores, entre ellos AA; autoridad jurisdiccional que además realizó una calificación de tipo penal como corrupción y corrupción agravada de menores, actuados que no fueron de su conocimiento; por lo cual, solicitó ser notificada con los Autos interlocutorios 564 y 581, en los que se consideró como partes únicamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a la presunta víctima y al menor de catorce años sobre el que tendría competencia;
2. 2)La determinación sobre el procesamiento de AA en uno u otro sistema jurisdiccional, pudo ser impugnada; razón por la que, la Jueza demandada debió realizar la notificación a los destinatarios;
3. 3)En los antecedentes del proceso de infracción por violencia cibernética en el Sistema Educativo, consta que el menor AA, tiene la condición de demandado, además de otros adolescentes; y,
4. 4)No tienen otra pretensión que dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente, más aún cuando se lesionaron derechos de un grupo vulnerable como es la niñez y adolescencia.

Lizzie Mónica Riera Sórich, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija, a través de informe escrito, cursante de fs. 43 a 46 del Anexo 1, y en audiencia, señaló que:

1. i)A tiempo de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisión de la demanda de infracción por violencia cibernética en el sistema educativo, interpuesta por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como otras formas preliminares de control sobre cuestiones de fondo, advirtió hechos ilícitos cometidos por tres adolescentes con responsabilidad penal, que "probablemente" se enmarcan en los delitos de los arts. 318 y 319 del Código Penal (CP). Razón por la que, en sujeción a lo prescrito en el art. 155 del CNNA, a través de Auto interlocutorio 564 declaró su incompetencia para conocer el mencionado proceso de infracción con respecto a estos adolescentes, entre ellos el accionante; remitiendo el caso a las instancias competentes de la persecución penal;
2. ii)Se efectivizó un control de la demanda, no por capricho sino por las previsiones del legislador;
3. iii)No autorizó el apersonamiento de los representantes de AA en el proceso por violencia cibernética en el sistema educativo, puesto que conforme a las previsiones contenidas en los arts. 154 y 193 del CNNA, tiene la obligación ineludible de restringir el acceso a actuados, a terceros ajenos a los procesos judiciales que involucren niñas, niños y adolescentes, permitiéndose ello únicamente a las partes, así como otras personas debidamente autorizadas, no teniendo los representantes del accionante la calidad de actores ni demandados en el mismo;
4. iv)El propósito de la acción de amparo constitucional es que el impetrante de tutela AA, sea juzgado en un proceso por infracción y no responder penalmente por sus conductas; y,
5. v)La Defensoría de la Niñez y Adolescencia cometió un error, ya que no debió involucrar a un menor exento de responsabilidad penal, con otros que sí la tienen.

Maribel Leaño Batallanos, Asesora Legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia pública informó que:

1. a)Se inició un proceso contra los adolescentes bajo responsabilidad de sus representantes legales que fue de conocimiento de la Jueza demandada, quien en uso de sus atribuciones definió su competencia y remitió antecedentes al Ministerio Público; y,
2. b)No se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa porque la víctima menor de trece años merece la tutela y garantía de sus derechos constitucionales; además que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no realizó ninguna apelación contra los Autos interlocutorios cuestionados por la parte accionante.