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TCP

0287/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0287/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 26316-2018-53-AAC Departamento: Tarija Partes: AA y BB en representación sin mandato de CC contra Lizzie Mónica Riera Sorich, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada, si bien comparte algunos razonamientos de la ; y está de acuerdo con conceder en parte la tutela a favor del accionante; sin embargo, considera que además de protegerse los derechos tutelados en la misma, debió hacerlo con relación al derecho a la igualdad; disponiendo no solo dejar sin efecto los decretos de 27 de septiembre y 4 de octubre, así como el Auto Interlocutorio 581 de 10 de septiembre, todos de 2018; sino también, el Auto Interlocutorio 564/2018 de 28 de agosto, conforme a los razonamientos desarrollados en el presente Voto Disidente, sustentados en enfoques generacionales.

En consecuencia, la debió CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2018 de 30 de octubre, emitida por el Tribunal de garantías; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad; así como los principios de interés superior del niño y legalidad; y, DENEGAR con relación a su derecho a la no discriminación; sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos y términos dispositivos de esta Disidencia.

Asimismo, cabe aclarar que el expediente 26316-2018-53-AAC, correspondiente a la , que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho, en consecuencia, elaboré el proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con el mismo y formuló uno alterno, que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori-; motivo por el cual, realizo el presente Voto Disidente:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

Los representantes del accionante denuncian la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad y no discriminación y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, principios de legalidad e interés superior del niño; toda vez que, la Jueza demandada a través de los decretos de 27 de septiembre y 4 de octubre, ambos de 2018, este último sin fundamentación ni congruencia a los agravios expuestos, rechazó su apersonamiento y solicitud de notificación con el Auto Interlocutorio por el que declina competencia y su ejecutoria, con relación a la denuncia por infracción de violencia cibernética en el Sistema Educativo interpuesta contra su hijo y otros adolescentes, para remitirlo a la jurisdicción ordinaria penal, con el argumento de reserva y confidencialidad; pese a hallarse su hijo dentro del referido proceso como denunciado.

En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para ello, la debió desarrollar los siguientes temas:

  1. a)Sobre el derecho a la defensa;
  2. b)Sobre el derecho a la confidencialidad y reserva de la información vinculada con la identidad de menores; y,
  3. c)El principio de especialidad de los juzgados en caso de adolescentes en conflicto con la ley; y,
  4. d)Análisis del caso concreto.

II.1. Sobre el derecho a la defensa

El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello, su inviolabilidad es la garantía fundamental con que cuenta el procesado; el cual se encuentra previsto en el art. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: "Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios".

El derecho a la defensa tiene dos dimensiones:

  1. 1)El derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y,
  2. 2)El derecho a la defensa material que se concreta en el derecho a ser oído o derecho a declarar en el proceso.

El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material, reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal; y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado, entendimiento que tiene su antecedente en la 1, siendo confirmado por la 2.

Por su parte, la 3 estableció que el derecho a la defensa comprende a la vez, los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia; dicho criterio fue reiterado en la .

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