0287/2022-S2

El 14 de mayo de 2018, en audiencia de juicio oral, promovió la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, argumentando que "...el delito de estafa, al ser un delito instantáneo (se consuma a la media noche del hecho punible)..." (sic) -se colige que se refirió a que el inicio del término de la prescripción empieza a correr desde la media noche del día en que fue cometido el ilícito-, prescribe a los cinco años de su comisión, siendo que en el caso concreto:

1. a)Transcurrieron más de cinco años del supuesto hecho punible que data de 2012; y,
2. b)Desde la formulación de la acusación fiscal pasaron más de cinco años; en tal sentido, sería técnicamente imposible la prosecución del proceso penal.

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, lo que motivó a Jaime Enrique Quiroga Angulo -acusador particular-, interponer recurso de apelación incidental de 18 de mayo de 2018, resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia del citado departamento, a través de Auto de Vista 060/2020 RAI de 22 de junio, que revocó el fallo apelado en función a los siguientes argumentos:

1. 1)La acusación fiscal, era ambigua y mal redactada, siendo imposible precisar cuando se consumó el delito de estafa;
2. 2)El fallo apelado incurrió en "incongruencia interna", por cuanto siendo improbable determinar cuándo se produjo el ilícito, no existiría correspondencia interna en el referido fallo;
3. 3)En la acusación fiscal, la disposición patrimonial y el menoscabo del patrimonio, no resultan coincidentes, tornándose en un caso complejo;
4. 4)Con dichos argumentos, los Vocales demandados revocaron el Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2018 y dispusieron la prosecución del juicio oral en el estado en que se encontraba. Fallo que a su criterio es arbitrario, ilegal y vulneratorio de la garantía del debido proceso y el derecho a una justicia penal efectiva, por las siguientes razones:
5. i)La excepción de extinción de la acción penal por prescripción debe merecer una necesaria respuesta judicial, como garantía del debido proceso y el derecho a la justicia penal efectiva;
6. ii)La adecuada comprensión de los hechos narrados y lo acaecido en el caso presente, denotan que en ejercicio del derecho a la defensa, activó un mecanismo procesal como son las excepciones, promoviendo la extinción de la acción penal por prescripción, en el entendido que los hechos descritos y la acusación fiscal, datan de hace más de cinco años atrás, siendo imposible juzgar un hecho después del transcurso del tiempo que la ley prevé, razón por la cual, formuló el recurso defensivo, el cual merece una resolución que absuelva la pretensión legal, sea en sentido positivo o negativo;
7. iii)El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, resolvió y absolvió la pretensión planteada, declarando probada la misma; empero, el Auto de Vista 060/2020 RAI, a tiempo de revocar el fallo impugnado:
8. a)No resolvió la pretensión jurídica en cuestión;
9. b)Con el argumento de que la acusación fiscal es defectuosa, ambigua y mal redactada;
10. c)Dispuso la prosecución del juicio oral, en el estado en el que se encontraba, sin resolver la excepción propuesta; y,
11. d)Al revocar el fallo, las autoridades del citado Tribunal de Sentencia Penal, no emitieron pronunciamiento alguno sobre el fondo de la pretensión jurídica, dejando pendiente dicha situación, lesionando de esa manera el derecho y la garantía del debido proceso, así como el derecho a la defensa y a la justicia penal efectiva, ya que dicha excepción debió ser resuelta de alguna forma, caso contrario se le estaría privando del derecho de conocer la decisión jurídica de su pretensión, así como plantear nuevamente la excepción;
12. iv)El haber dejado sin efecto el Auto Interlocutorio sin ingresar ni resolver el fondo de la problemática propuesta, transgredió los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto no se brindó una respuesta efectiva y tampoco con la eficacia y eficiencia expresada en la normativa vigente; y,
13. v)Al no resolver la pretensión jurídica planteada, se transgredió el derecho a la excepción con respuesta procesal oportuna, acorde a los principios jurídicos procesales, inobservando que una de las características del debido proceso es que se arribe a una solución justa, vulnerando también el derecho a una justicia penal efectiva.

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito de 22 de abril de 2021, cursante a fs. 66 y vta., expresó que:

1. a)Mediante Auto de Vista 060/2020 RAI, la citada Sala Penal Tercera resolvió declarar procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Jaime Enrique Quiroga Angulo, consecuentemente revocó el Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2018, y dispuso la prosecución del juicio oral en el estado en el que se encontraba;
2. b)Se absolvieron de manera motivada y fundamentada cada uno de los agravios presentados;
3. c)La instancia constitucional no asume un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces;
4. d)La disconformidad del demandante de tutela con lo resuelto no constituye causa suficiente para solicitar se conceda la tutela;
5. e)La fundamentación y motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino exige una estructura de forma y de fondo que en el presente caso fueron debidamente cumplidas; y,
6. f)El accionante no precisó el modo donde se habría vulnerado la debida fundamentación, máxime cuando se advirtió que no era labor de dicho Tribunal dilucidar la excepción planteada, toda vez que la misma fue resuelta por el inferior en grado; dicho de otra manera, realizaron la tarea que les fue encomendada por la normativa que regula su competencia.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 0072/2021 de 26 de abril, cursante de fs. 126 a 131 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 060/2020 RAI, y que los Vocales de la Sala Penal Tercera del mencionado Tribunal Departamental, sin previo sorteo, emitan nueva resolución, respondiendo a cada uno de los argumentos de impugnación motivo del recurso de apelación incidental de manera motivada y fundamentada, cumpliendo con el principio de congruencia conforme los lineamientos jurisprudenciales constitucionales determinados y desarrollados en la presente Sentencia, en función a lo previsto por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sea en el término de diez días hábiles desde su notificación, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)El Auto de Vista -confutado-, no respondió a los términos del recurso de apelación incidental motivo de su resolución, esencialmente en relación a la decisión final asumida; es decir, declarar procedente el recurso de apelación incidental y revocar el Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2018 -apelado- y la prosecución del juicio oral en el estado en el que se encontraba; es decir, no contiene la debida motivación y fundamentación;
2. 2)El recurso de apelación incidental fue interpuesto a través de memorial de 18 de similar mes y año, si bien no expuso de manera clara y precisa lo que fue considerado y resuelto en el citado Auto, dentro del instituto de la disposición respecto de la solicitud de excepción de la extinción de la acción penal por prescripción formulada por la defensa sino que se remite a cuestionar lo determinado en la acusación formal respecto al tipo penal, y que al declararse probada, de manera razonada se entiende le causaría en definitiva agravio, por cuanto conforme la norma se hubiese dado por finalizado el proceso penal; y,
3. 3)El Tribunal de alzada, argumentó con relación a los cuestionamientos no claros en la acusación fiscal y que tiene que ver con el presunto delito de estafa; "...correspondiéndole conforme a lo establecido en sus fundamentos jurídicos y doctrinales cursantes en el acápite III del Auto de Vista responder a los mismos, es decir normativa que se cita en cuanto al instituto de la prescripción y al lineamiento jurisprudencial constitucional respecto del instituto de la prescripción, es decir a los arts. 29 y stes. del CPP que se desarrolla, sin embargo de ello, proceden en conclusiones, acápite IV, en cuanto al análisis del caso en concreto, remitirse al art. 342 del CPP., respecto del contenido de la acusación del Ministerio Público y la necesidad de remitirse a la teoría del caso, a los fines de resolver una solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, sin el debido sustento normativo y su aplicabilidad, indicando el apartamiento del Tribunal A quo de ello, y sin remitirse en ese análisis de manera puntual dentro de tales cuestionamientos respecto a lo resuelto por el Tribunal A quo, sobre las consideraciones resueltas en el caso penal en particular respecto de la naturaleza del delito en cuestión, al término de la prescripción, a las causales de interrupción de la misma o de suspensión que hubiesen en definitiva resueltos respecto de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, motivo del Auto de 15 de mayo de 2018, normativa que se tiene sustentado en el Auto de Vista a objeto de remitirse a resolver el recurso de apelación, centrándose en un erróneo análisis del referido instituto de la prescripción sin el respectivo sustento legal y normativo, por cuanto conforme se determinó líneas arriba, se remite al análisis del tipo penal, siendo que debieron ser considerados también esos aspectos al momento de emitir el Auto de Vista dentro del contexto de análisis de la resolución motivo de apelación, la interposición de una excepción de extinción de la acción penal por prescripción, a los fines de arribar a una de las posibilidades legales que le permite la propia normativa procesal en apelación, por cuanto asimismo en el memorial de interposición del recurso el recurrente solicita al Tribunal de alzada, conforme se determinó precedentemente, la nulidad del Auto apelado o se revoque el mismo, por cuanto el Auto apelado estuviese viciado de nulidad, extremos sobre los cuales en función a la normativa procesal penal, no hubiese sido resuelto en esos términos por el Tribunal de alzada respondiendo a este agravio, de lo que se extrae consecuentemente haberse arribado a un análisis incongruente tanto de hecho como de derecho y que dio lugar, como emergencia de tal incongruencia a declarar procedente el recurso de apelación incidental y revocar el Auto de 15 de mayo de 2018, y directamente disponer la prosecución del juicio oral en el estado en que se encontraba, sin haber establecido de manera clara la correspondencia entre lo que se hubiese solicitado en definitiva en el recurso de apelación y lo que correspondía resolver en consecuencia en función a lo determinado por el Tribunal A quo en el Auto apelado y cual el sustento legal por el cual ameritaba determinar su revocatoria en los términos expuestos; extremos sobre los cuales deviene en una resolución incongruente, adoleciendo de falta de debida fundamentación y motivación con el sustento de hecho y derecho debido, acorde al ordenamiento jurídico vinculado al instituto de la prescripción en función a lo determinado en el art. 398 del CPP, lo que conlleva de manera razonada a este Tribunal de Garantías verifique vulneración al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación en infracción al principio de congruencia, por cuanto no se advierte en el indicado Auto de Vista haberse respondido al problema jurídico que se le hubiese puesto en consideración en el recurso de apelación, que resulta ser lo determinado en el Auto de 15 de mayo del 2020 por una parte, por otra el Auto de Vista ahora cuestionado asimismo no justifica las razones por las cuales procede a revocar el auto apelado y determinar la prosecución del juicio oral en función asimismo al problema jurídico planteado en recurso de apelación, deviniendo en una motivación insuficiente que vulnera el debido proceso y que tienen que ver fundamentalmente, conforme al lineamiento jurisprudencial determinado precedentemente, con el derecho a defensa, consiguientemente a un proceso justo y equitativo en el cual puedan las partes defenderse adecuadamente, conforme lo previsto en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, lo que obliga consecuentemente a esta Sala Constitucional a conceder la tutela solicitada" (sic).

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6-.