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TCP

0287/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de junio de 2026
Resumen del caso

Auto 0287/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0287/2026-CA Sucre, 11 de junio de 2026

Expediente: 84810-2026-170-??? Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Brizeida Karen Veliz Muñoz, Diputada Nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional (A.L.P.), demandando la inconstitucionalidad del artículo único de la Ley 1732 de 26 de mayo de 2026, por ser presuntamente contraria a los arts. 13.III, 139.III, 256; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado el 28 de mayo de 2026, cursante de fs. 22 a 31 vta., ? remitido a la Comisión de Admisión de este Tribunal el 10 de junio del mismo año, cursante a fs. 32 vta., la accionante demandó la inconstitucionalidad del artículo único de la Ley 1732 de 26 de mayo de 2026, la cual abroga la Ley de Estados de Excepción -Ley 1341 de 23 de julio de 2020-, manifestó que:

  1. a)En su condición de Diputada Nacional, cuenta con legitimación activa para interponer la presente acción de inconstitucionalidad abstracta, al amparo de los arts. 202.1 de la CPE y 132 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al considerar que la disposición impugnada compromete el orden constitucional y los derechos fundamentales;
  2. b)La Ley 1732, mediante su artículo único, abrogó de manera total la Ley 1341, sin establecer una norma sustitutiva, régimen transitorio o mecanismo legal que garantice la continuidad de la regulación constitucionalmente exigida en esta materia;
  3. c)La Ley 1341 constituía el marco normativo específico destinado a regular los estados de excepción, estableciendo causales, límites temporales, controles institucionales, restricciones al uso de la fuerza pública y garantías mínimas para evitar arbitrariedades durante situaciones extraordinarias;
  4. d)La abrogación dispuesta por la Ley 1732 habría generado un vacío jurídico peligroso, pues dejó sin regulación legal una materia reservada expresamente a la ley por el art. 139.III de la CPE, permitiendo que eventuales declaratorias de Estados de excepción queden libradas a criterios discrecionales del Órgano Ejecutivo;
  5. e)La norma impugnada vulneraría el principio de reserva de ley, debido a que el legislador no podía eliminar íntegramente el régimen legal de los Estados de excepción sin aprobar simultáneamente una regulación alternativa que preserve los límites, controles y garantías exigidos por la Norma Suprema;
  6. f)Se habría lesionado el principio de supremacía constitucional y el bloque de constitucionalidad, en razón a que los Estados de excepción, por su incidencia directa en derechos fundamentales, deben estar sometidos a reglas claras, estrictas, temporales, proporcionales y sujetas a control democrático y jurisdiccional;
  7. g)La abrogación total de la Ley 1341 constituye una medida regresiva e incompatible con el control de convencionalidad, pues desconoce estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) respecto al uso de la fuerza, la militarización, la suspensión de derechos y los límites estatales durante situaciones de emergencia;
  8. h)La Ley 1732 no supera el test de proporcionalidad, porque la abrogación absoluta no sería idónea, necesaria ni proporcional en sentido estricto, ya que, frente a eventuales defectos de la Ley 1341, correspondía su reforma parcial o modificación específica, y no su eliminación total sin regulación sustitutiva; y,
  9. i)La ausencia de una ley vigente sobre estados de excepción afecta directamente a instituciones como la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Defensoría del Pueblo, la Central Obrera Boliviana (COB), las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NAPIOC) y otros sectores vulnerables, al exponerlos a una situación de incertidumbre normativa frente a posibles escenarios de conmoción interna, desastre natural o amenaza externa.

Medida cautelar

La accionante solicitó como medida cautelar:

  1. 1)La suspensión temporal de los efectos abrogatorios de la Ley 1732;
  2. 2)Que dicha suspensión sea dispuesta por la Comisión de Admisión, mediante auto constitucional y sin necesidad de noticia previa a las autoridades demandadas;
  3. 3)Se prohíba expresamente al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y al Consejo de Ministros promulgar o dictar cualquier decreto supremo, resolución o acto administrativo que declare un estado de excepción, ya sea por conmoción interna, desastre natural o amenaza externa, manifestado finalmente que esa prohibición regiría mientras no exista una ley sancionada y vigente que regule la declaratoria de estados de excepción, en cumplimiento del art. 139.III de la CPE.

I.2. Petición

Solicita se admita la presente acción normativa; y, en consecuencia, se disponga: Declarar, mediante Sentencia Constitucional Plurinacional, la inconstitucionalidad total y material del artículo único de la Ley 1732 de 26 de marzo de 2026, por ser presuntamente contraria a los arts. 13.III, 139.III, 256; y, 410 de la CPE, disponiendo su expulsión definitiva del ordenamiento jurídico.

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIÓN

II.1. Marco normativo constitucional y legal

De acuerdo a lo previsto por el art. 196.I de la Ley Fundamental, el Tribunal Constitucional Plurinacional, vela por la supremacía de la Constitución Política del Estado y ejerce el control de constitucionalidad.

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