0288/2023-S1

En cumplimiento de la Sentencia Nacional Agroambiental S2° 050/2014, se emitió el Informe en Conclusiones de 17 de abril de 2017, que recomienda -entre otros aspectos- anularse el proceso de saneamiento hasta "fs. 104 inclusive"; al efecto se dicta la Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018 que entre otros aspectos dispone:

1. 1)Anular el Título Ejecutorial Individual 414453 correspondiente al expediente agrario de Consolidación 7956 emitido a favor de Juan Isita Macabi con la superficie de 1091.4062 ha, al haberse establecido vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la FES del predio "Florida", disponiendo el archivo de obrados;
2. 2)Adjudicar el citado predio a favor de Juan Carlos Montaño Rea la superficie de 500.000 ha, clasificado como pequeña propiedad con actividad ganadera, por haber acreditado la legalidad de su posesión;
3. 3)Declara tierra fiscal, la superficie de 522.7196 ha, ubicada en el Municipio San Borja, provincia Gral. José Ballivian del departamento del Beni, conforme a especificaciones geográficas, colindancias y demás antecedentes técnicos.

1. a)El INRA no realizó una valoración de la información recopilada durante las pericias de campo, para determinar si el predio Florida cumple la FES; asimismo el "Informe en Conclusiones" incurrió en contradicción al señalar que el predio "Florida" incumplió la FES, y luego señaló que dicho predio cumplió parcialmente la FES en la superficie de 150,0252 ha, y que la superficie a ser reconocida del predio sería de 500.0000 ha, clasificándola como pequeña propiedad ganadera, valoraciones contradictorias que también acogió la Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018; de igual forma la citada sentencia señala dando a entender que el citado predio conforme a los arts. 331.I inc. c) y 334 del DS no cumpliría con la FES en su totalidad.

1. b)No existe constancia de la verificación del ganado, lo que infringe el art. 173 inc. c) del DS 25763 vigente aquella vez, y no se aclaró que la propiedad se encuentra alquilada a Edmundo Callau, quien pastea su ganado, con registro del predio 'La Cañada'; en obrados cursan tres Fichas Catastrales del predio "Florida", a nombre de Jorge Callau Allorto con fecha 1 de agosto de 2002, en una de ellas se consignó la superficie de 1091,4062 ha y clasificó al predio como mediana propiedad, otra consignó la superficie de 900.0000 ha y clasificó al predio como mediana propiedad, la última Ficha catastral lo clasificó como pequeña propiedad;

1. c)El "Informe en Conclusiones" no fue sujeto a adecuación procedimental expresa alguna. La Resolución Suprema 23234 ahora impugnada, en su parte considerativa refiere "Que, mediante Informe Legal INF-JRLL Nº 1640/2008 de fecha 19 de septiembre de 2008, fueron adecuadas las actividades de saneamiento a los alcances normativos del D.S. Nº 29215 de 2 de agosto de 2007"; no advirtiendo que dicho informe legal ya se encontraba anulado por la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª 050/2014. Previo a emitir la elaboración del informe en conclusiones, debió adecuar procedimiento, sustituyendo el "Informe de la Evaluación Técnica Jurídica" previsto en el DS 25763, por el "Informe en Conclusiones" establecido en el DS 29215.

La parte accionante a través de sus abogadas, ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliando la misma manifestó que:

1. 1)La resolución final de saneamiento anuló el título ejecutorial con relación al expediente agrario 7956, que refiere al titular inicial Juan Isita Macabí y no hace mención al actual poseedor Juan Carlos Montaño Rea, es decir que se refiere específicamente al antecedente agrario. En la parte resolutiva segunda, la resolución final de saneamiento dispuso adjudicar el predio a favor de Juan Carlos Montaño Rea en la superficie de 500 hectáreas, y en la disposición séptima, se declaró tierra fiscal la superficie de 522 hectáreas con 7.196 m2, por no haberse dado cumplimiento a la función económica social;
2. 2)El proceso de saneamiento y la etapa de pericias de campo fueron efectuadas en virtud al DS 25763, anterior reglamento agrario, y posteriormente a partir de la nulidad, el INRA readecuó sus actuados en función al actual reglamento vigente, el DS 29215, de donde resulta que sí se levantó el informe en etapa de campo de acuerdo a normativa vigente, de ello, se tiene que sobre el predio "Florida" se encuentra sobrepuesto en el expediente Agrario 7956 cuyo titular inicial es el señor Juan Isita Macabí, titular del expediente agrario, quien no se apersonó al proceso de saneamiento, ni objetó o reclamó su derecho; al respecto el actual poseedor Juan Carlos Montaño, no acreditó la sucesión de las transferencias, para que él adquiera la calidad de adquiriente, por ello se le dio la calidad de poseedor legal, al haber demostrado mejoras en el predio y posesión anterior a la Ley 1715;
3. 3)Juan Carlos Montaño registró 250 cabezas de ganado con lo que pretendió demostrar el cumplimiento de la función económica social en el predio; sin embargo, no acreditó su derecho propietario, toda vez que en la etapa de pericias de campo, presentó el registro de marca de ganado correspondiente al predio "La Cañada", distinto al predio "Florida", habiendo incumplido la Ley 80, que dispone la obligatoriedad de acreditar la propiedad del ganado, debiendo presentar el registro de marca correspondiente, en tal sentido no se consideró la cantidad de cabezas de ganado registradas, pero si las mejoras que se han identificado en la pericia de campo, por ello tenemos la certeza de afirmar que el predio "Florida", cuenta con una superficie mesurada de 1022 hectáreas con 7196 m2, sin embargo, en tal superficie no se ha acreditado el cumplimiento total sobre el cumplimiento de la función económica social, sólo se ha demostrado cumplimiento en la superficie de 150 hectáreas, en este caso, en virtud a la "Guía de Verificación de la Función Económica Social", se reconoció la superficie máxima de la pequeña propiedad ganadera de 500 hectáreas;
4. 4)El tipo de resolución que el INRA recomendó, se encuadra en normativa agraria vigente, así, el art. 334 del Reglamento agrario vigente, con respecto a las resoluciones anulatorias, en su parágrafo I señala: que la Resolución Suprema anulatoria, se emitirá cuando el título ejecutorial, está afectado de vicios de anulabilidad o cuando el título ejecutorial este afectado de vicios de nulidad relativa y no exista cumplimiento de la función social o función económica social;
5. 5)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, señaló que no existiría constancia de la verificación del ganado, lo que infringiría lo establecido por el art. 173 inciso c) del DS 25763, cursando en la carpeta de saneamiento tres fichas catastrales con diferencias en las mismas; al respecto, en su momento, el INRA, en virtud al anterior DS 29763, identificó la superposición del expediente agrario, con relación a ello, se levantó las fichas catastrales, especialmente la que cursa a fojas 66, en la que se registra como mejoras 100 hectáreas de forraje, pasto sembrado, 500 hectáreas de pasto natural y 250 cabezas de ganado, 10 equinos y 10 porcinos, señalándose que en el predio se tiene presente el poseedor Jorge Callau Allorto, quién firma en puño y letra dicho formulario, lo cual desvirtúa lo afirmado por parte de las autoridades del Tribunal Agroambiental. Este aspecto no fue objeto de cuestionamiento por parte de la citada Sentencia Nacional Agroambiental, porque se validó hasta esa etapa en pericias de campo todo el trabajo ejecutado por parte del INRA; de donde la Sentencia cuestionada, resulta arbitraria;
6. 6)Respecto de la carpeta de saneamiento, sobre las tres fichas catastrales que tendrían diferente información, cursa un folio de observaciones en el que se señaló de manera textual, que la ficha tiene relación de una con las otras, y que las diferencia de las superficies existentes en cada una de las fichas catastrales refieren únicamente a la declaración vertida por el beneficiario, donde en una señaló una superficie de 1091 hectáreas, qué es la superficie del antecedente agrario del anterior titular inicial y posteriormente señaló otra superficie distinta en una ficha que tiene relación con la primera, cuya superficie refiere a la minuta de transferencia cuyo beneficiario ha pretendido demostrar la tradición legal sobre su predio con relación al titular inicial, queriendo demostrar la calidad de sub adquiriente que no ha ocurrido en el presente caso;
7. 7)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, cuestionó el tipo de resolución emitida por el INRA, señalando que correspondía, no emitir una resolución anulatoria y otra adjudicatoria, sino que se debía emitir una resolución anulatoria, y vía conversión otorgar el derecho a favor del señor Juan Carlos Montaño Rea, situación que no corresponde; toda vez que, como se dijo, el tipo de Resolución anulatoria y vía conversión corresponde otorgar a una persona que haya acreditado con derecho a la tradición legal sobre el antecedente agrario, situación que no ocurrió en el presente caso, por ello, se le dio la calidad de poseedor y se le reconoció y adjudicó la superficie de 500 hectáreas; y,
8. 8)En cumplimiento a la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª 050/2014, el INRA adecuó el informe en conclusiones, emitiendo el Informe en Conclusiones, que realizó el análisis y la valoración de todos los actuados en etapa de pericias de campo, dando cumplimiento a la citada Sentencia Nacional Agroambiental, asimismo a fojas 291 de la carpeta de saneamiento, el Informe Legal 1369 de 15 de noviembre de 2017, emitido tres años posteriores al aludido fallo, refiere al control de calidad al que se ha sometido el proceso de saneamiento del predio, siendo que el Tribunal Agroambiental omitió pronunciarse sobre este informe.

Angela Sánchez Panozo, Elva Terceros Cuéllar y María Tereza Garrón Yucra, Presidente y Magistradas de Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, en atención a la reconformación de las Salas Especializadas del Tribunal Agroambiental para la gestión 2020-, a través de informe escrito presentado el 16 de septiembre de 2020, cursante de fs. 509 a 515 vta., manifestaron que:

1. i)El proceso de saneamiento ejecutado por el INRA en el predio Florida, valoró actuados que ya estaban anulados y sin vigencia por la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª 050/2014 de 20 de noviembre, que fueron tomados en cuenta por la Resolución Final de Saneamiento que fue impugnada ante la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; asimismo, se incurrió en contradicciones en la valoración de la FES, al señalar por un lado que el predio Florida no cumple en su totalidad con la FES y referir por otra parte que dicho predio si cumple parcialmente con la FES;
2. ii)Sobre el reclamo de que se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento congruencia externa, porque no se habría procedido a la valoración de toda la documentación relativa al proceso de saneamiento ejecutado sobre el predio "Florida". Al respecto, se observa que esgrimieron las razones de su decisión, las que se encuentran relacionadas con la petición expuesta en la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juan Carlos Montaño Rea, de forma ordenada y relacionada con cada una de las peticiones o problemas jurídicos planteados por el demandante; de donde resulta que la Sentencia refleja una congruencia externa entre lo peticionado y lo finalmente resuelto; cumpliendo además con la congruencia interna, al haber realizado una exposición táctica de los hechos denunciados por el demandante y demandada, para seguidamente efectuar una exposición de motivos fundados en derecho;
3. iii)Con relación a la fundamentación y motivación, el INRA se encontraba obligado a realizar una nueva valoración de toda la información recopilada en las pericias de campo ejecutadas durante el proceso de saneamiento desarrollado sobre el predio "Florida" y para tal efecto, la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, evidenció como emergencia del análisis de toda la documentación constituida en prueba que el INRA incurrió en contradicciones a tiempo de valorar el cumplimiento de la FES sobre el predio "Florida", así como identificó incoherencias y contradicciones en las Fichas Catastrales; también constató que no existió una adecuación del DS 25763, al actual Decreto Supremo 29215, asimismo, falta de motivación e incongruencia identificadas en la Resolución Final de Saneamiento del predio "Florida", aspectos de trascendencia que sustentaron el fallo que declaró probada la demanda interpuesta;
4. iv)En relación al reclamo del principio de seguridad jurídica, el accionante no identificó el nexo entre el principio de seguridad jurídica y la manera en que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, presuntamente habría vulnerado el precitado principio, tampoco lo vinculó con algún derecho o garantía constitucional para que pueda ser considerado;
5. v)El accionante no demostró que las aludidas conculcaciones de derechos, incidirían en un resultado diferente al pronunciado a través de Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, siendo su argumento central irrelevante; no se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en Sentencia Agroambiental Nacional S2ª 50/2014, correspondiendo que se realice una nueva valoración de la información recopilada durante las pericias de campo y sustancie el procedimiento conforme a derecho respecto del saneamiento ejecutado sobre el predio "Florida"; y,
6. vi)La justicia constitucional se encuentra impedida de revisar la labor interpretativa o la labor de valoración de la prueba de jueces y tribunales ordinarios y/o del Tribunal Agroambiental.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante memorial de 18 de septiembre de 2020, cursante a fs. 551 a 554, expuso lo siguiente:

1. a)El INRA valoró conforme a derecho, en base a datos técnicos y suministrados por la encuesta catastral, el cumplimiento parcial de la FES en el Predio "Florida", reconociendo derecho propietario en la superficie de 500 ha, a favor del beneficiario, clasificando dicho predio como pequeña propiedad con actividad ganadera, encontrándose la Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018, debidamente fundamentada y motivada, además de enmarcarse en el mandato dispuesto en la Sentencia Nacional Agroambiental 050/2014;
2. b)Las argumentaciones efectuadas en su oportunidad por esta Cartera de Estado, fueron omitidas en su valoración mediante la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, transgrediendo el derecho a una resolución fundamentada y motivada en cuanto al elemento de respeto al principio dispositivo, infringiendo el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva;
3. c)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, pasa por alto que la demanda interpuesta por el beneficiario del predio "Florida", Juan Carlos Montaño Rea, abunda en argumentos, cuestionando supuestas irregularidades en el trámite de saneamiento, que no existieron como tales, toda vez que no demostró de manera objetiva la veracidad de las presuntas irregularidades denunciadas, menos aún la vulneración de algún derecho en perjuicio propio, resultando en consecuencia que el citado fallo, incurre en violación al debido proceso y el derecho a la fundamentación y motivación de la resoluciones; y,
4. d)Solicitaron se dicte Resolución concediendo la tutela solicitada, en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Suprema 23234 de fecha 21 de marzo de 2018, emitida por el INRA.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 161/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 563 a 569 vta., concedió la tutela solicitada, declarando la nulidad de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019 de 17 de abril, disponiendo que la autoridad ahora demandada emita un nuevo fallo, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De la relación efectuada en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, se advirtió que cuando se le cuestionó a la entidad administrativa, respecto de las irregularidades y contradicciones que existirían en el "Informe en Conclusiones" y en la Resolución final de saneamiento llevados en virtud al DS 29215, tomó como parámetro de su determinación, actuaciones que a mérito de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª 050/2014 de 20 de noviembre, no fueron cuestionadas en modo alguno por la propia autoridad ahora demandada, en el entendido de que las ahora demandadas, cuestionan que exista 3 fichas catastrales con diferentes apreciaciones por parte de la entidad administrativa, que en el proceso de saneamiento traspasado al Informe en Conclusiones y en la Resolución final del saneamiento, se contradiga que inicialmente existe incumplimiento total de la función económica social, pero que de manera posterior se diga que cumple parcialmente la función económica social, argumento que ahora la autoridad accionada le cuestiona a la entidad administrativa, sustentada en la documentación anterior al informe de evaluación técnica jurídico o lo que ahora es el Informe en Conclusiones en el marco del DS 29215;
2. 2)En consecuencia, si inicialmente no fueron cuestionadas todas esas actuaciones como las recabadas en la etapa de las pericias de campo, en la etapa del relevamiento de la información y considerando que incluso el anterior beneficiario no se apersonó al proceso de saneamiento y convalidó toda actuación, dejando precluir su derecho a reclamar en sede administrativa de saneamiento; al respecto, el Tribunal de Garantías entiende que este cuestionamiento que efectúa, la autoridad ahora accionada, a la entidad accionante, ciertamente genera una inobservancia del derecho al debido proceso en su componente de congruencia externa, tiene que ver con la directa relación entre los peticionado y lo resuelto, empero no podemos dejar de lado que el elemento de la congruencia externa también está vinculado con el elemento de la congruencia dinámica;
3. 3)Otro elemento central puesto a conocimiento de la Jurisdicción Constitucional, fue la inobservancia de la labor de readecuación normativa, entendiendo que todo lo anteriormente desarrollado fue realizado con el DS 25763 y que debió haberse readecuado al DS 29215. En este sentido, la Sala Constitucional, de la revisión de los antecedentes que han sido relacionados por la autoridad accionada en contraste a los antecedentes que han sido presentados por la entidad ahora accionante, por lealtad procesal se nos ha hecho conocer que el hecho de haberse consignado el Informe Legal 1640/2008, en la Resolución Suprema fue un error involuntario, empero, señalan que no se puede alegar que se hubiese inobservado la readecuación normativa. En tal sentido, se tiene que el argumento relevante de la autoridad accionada para concluir que no existió la readecuación normativa, está dado en el hecho de que se hubiese anulado el Informe Legal de readecuación procedimental 1640/2018, empero, el proceso de saneamiento del predio "Florida", no hubiese llegado a esta instancia, si no se hubiese elaborado el Informe en Conclusiones, mismo que está regulado en base a la actual DS 29215, y por lo cual, la Sala Constitucional, señaló que no es evidente que la autoridad administrativa no hubiese dado cumplimiento a la readecuación normativa, en mérito a dicho Informe en Conclusiones y el Informe de evaluación de control de calidad; en consecuencia, la Sala Constitucional advirtió incongruencia interna en el fallo emitido por la autoridad demandada, cuando por un lado pone en realce la existencia del Informe en Conclusiones, pero de manera posterior genera y cuestiona que no se hubiese readecuado el trámite normativo y que por ello la valoración efectuada por la autoridad demandada sería atentatorio al debido proceso y ello generaría una resolución incongruente;
4. 4)Respecto a la valoración probatoria, la Sala Constitucional no efectuó un análisis de la prueba, ya que consideró, que ésta fue verificada en la etapa de las pericias de campo, cuando el hoy tercero interesado a efectos de acreditar el cumplimiento de la función económica social, presentó cabezas de ganado en una cantidad de 50, y la autoridad administrativa en la etapa de las pericias de campo y en la etapa de verificación de la FES, pudo evidenciar que estas cabezas de ganado, pertenecían al predio "La Cañada" y en tal sentido, quien pretendía que se verifique la función económica social, no dio cumplimiento a la normativa municipal que rige en el departamento del Beni. Al respecto, la Sala Constitucional, advirtió que la autoridad accionada no consideró el curso del proceso de saneamiento. Respecto de este análisis realizado por la entidad administrativa, no se advirtió que la misma genere contradicción, al contrario, la emisión de la Resolución Suprema 23234 del 21 de marzo del 2018, ha estado sustentada en la documentación que fue consolidada por la propia autoridad accionada mediante Sentencia Agroambiental 50/2014, no advirtiendo contradicción, conforme refiere la autoridad demandada; y,
5. 5)Las consideraciones precedentes, llevaron a concluir que la autoridad ahora demandada, con la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019, se ha apartado de la protección del derecho al debido proceso en sus componentes de congruencia externa y en el componente de motivación.

II.1. Mediante Resolución Suprema 3547 de 20 de agosto de 2010, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras resolvió entre otros aspectos:

1. 1)Anular el Título Ejecutorial Individual 414453 correspondiente al expediente agrario de Consolidación 7956 emitido a favor de Juan Isita Macabi subsanando los vicios de nulidad relativa y vía conversión otorgar nuevo Título Ejecutorial en copropiedad a favor de Maria Elvira Callau Allorto y Jose Aysar Raposo Jalil sobre el predio "Florida" con la superficie de 864.0000 ha;
2. 2)Adjudicar la superficie de 158.7196 ha y disponer su Titulación en favor de los prenombrados líneas arriba, bajo la denominación Florida y procédase a la otorgación del Título Ejecutorial en Copropiedad; y,
3. 3)En virtud de la continuidad de superficies y por tratarse de una sola unidad productiva dispuso la emisión de un solo Título Ejecutorial en copropiedad en favor de Maria Elvira Callau Allorto y Jose Aysar Raposo Jalil sobre el predio denominado "Florida" que abarque las superficies comprendidas en la parte dispositiva primera y segunda de la Resolución correspondiente a 1022.7196 ha clasificado como Empresa con actividad ganadera signado con código catastral 0803020101229 ubicado en el Cantón San Borja sección segunda provincia Gral. José Ballivian del departamento de Beni, conforme a especificaciones y colindancias (fs. 132 a 136)

II.3. Consta Informe en Conclusiones Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) de 27 de abril de 2017, que en el punto 5. "Conclusiones y sugerencias" establece que:

1. i)El Título Ejecutorial conjuntamente el trámite agrario correspondiente al predio denominado Florida, se encuentra afectado por vicios de nulidad relativa de acuerdo a los arts. 320 y 322 del Reglamento de la Ley 1715; asimismo, se verificó el incumplimiento de la FES; toda vez que, se transgredieron los arts. 393 y 397 de la CPE; 2 de la LSNRA; y, 166 de su Reglamento Agrario, por lo que en aplicación a lo previsto por los arts. 66 y 67.II.1 de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA); 331.I inc. c) y 334 de su Reglamento Agrario, se sugiere dictar Resolución Suprema Anulatoria del Título Ejecutorial emitido, correspondiendo su archivo definitivo, de acuerdo a la siguiente relación: Nombre del titular: Juan Isita Macabi; Título: 414453; Superficie: 1091.4062;
2. ii)En virtud del análisis efectuado y confrontados los datos de gabinete con los obtenidos en el relevamiento de información en campo, se establece la legalidad de la posesión; asimismo, se verificó el cumplimiento de la Función Social del predio "Florida" conforme a lo previsto por los arts. 393 y 397 de la CPE; y 2 de la LSNRA; y, 164 y 165 inc. a) de su Reglamento Agrario en actual vigencia, estableciéndose la Legalidad de la Posesión, por lo que se sugiere, dictar Resolución Administrativa de Adjudicación, conforme lo establecido en los arts. 66. I.1 de la LSNRA; 309, 341.II.1 inc. b) y 343 del Reglamento Agrario, de acuerdo al siguiente detalle: Nombre del predio: Florida; Poseedor: Juan Carlos Montaño Rea; Código Catastral: 080302012600; Superficie (ha) "FS": 500.0000; Clasificación actividad: Pequeña propiedad ganadera; Clase de título: Individual;
3. iii)El predio Florida sufre recorte producto del incumplimiento de la FES de conformidad con el art. 345 del DS 29215, por lo que se sugiere emitir Resolución Administrativa de tierra fiscal sujeto a desalojo, de conformidad al art. 345 del DS 29215, de acuerdo a la siguiente relación: Nombre del predio: Tierra fiscal; Beneficiario: INRA; Código Catastral: 080302012601; Superficie (ha): 522.7196.- (fs. 223 a 233).

II.4. A través de Informe Técnico JRLL-USB-INF-SAN 1369/2017 de 15 de noviembre, el Profesional I Técnico DGS, informa al Supervisor Técnico DGS del INRA, que de conformidad al art. 266 del DS 29215, habría procedido a realizar el Control de Calidad Técnico del proceso de saneamiento del predio 'Florida', en virtud y concordancia del art. 267 del DS 29215, evidencia que la información procesada adolece de ciertas observaciones de orden técnico que ameritan su adecuación, subsanación, aclaración y/o enmienda; al efecto señala que una vez revisada la carpeta predial, se pudo identificar el expediente agrario 7956 "Florida", el cual se sobrepone al área mensurada del citado predio; asimismo, evidencia que en el Informe en Conclusiones de 27 de abril de 2017, se presenta croquis demostrativo de identificación de expedientes, en el cual se aprecia errónea ubicación geográfica del antecedente agrario, lo que genera una sobreposición y errada valoración del expediente. Por lo que concluye y sugiere señalando que:

1. i)La elaboración del croquis o mosaico de expediente identificado en gabinete, es una aproximación del plano referencial del expediente, el cual es una deducción aproximada en base al análisis de todas las características mencionadas;
2. ii)El expediente agrario 7656 Florida se sobrepone y corresponde al predio actual Florida;
3. iii)Sugiere considerar los puntos citados (fs. 292 a 293).

II.5. Por Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras resuelve:

1. a)Anular el Título Ejecutorial Individual 414453 correspondiente al expediente agrario de Consolidación 7956 emitido a favor de Juan Isita Macabi con la superficie de 1091.4062 ha, al haberse establecido vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la FES del predio denominado Florida, disponiéndose el archivo definitivo de obrados;
2. b)Adjudicar el predio denominado Florida a favor de Juan Carlos Montaño Rea con la superficie de 500.000 ha, clasificado como pequeña propiedad con actividad ganadera, en mérito a haber acreditado la legalidad de su posesión, consiguientemente procédase a la otorgación del Título Ejecutorial Individual; 3) Se declara tierra fiscal, la superficie de 522.7196 ha, ubicada en el municipio San Borja, provincia Gral. José Ballivian del departamento del Beni, conforme a especificaciones geográficas, colindancias y demás antecedentes técnicos (fs. 307 a 311)

1. 1)La Sentencia Nacional Agroambiental S2a 50/2014 de 20 de noviembre refiere en su parte resolutiva: "en tal sentido, retrotrayendo el proceso hasta el vicio más antiguo se dispone anular el proceso hasta fs. 104 inclusive, debiendo disponerse, se efectúe una nueva valoración de la información recopilada durante las pericias de campo y sustancie el procedimiento conforme a derecho" (sic). Al respecto se debe precisar que el ente administrativo a efectos de realizar una nueva valoración de la información recopilada durante las Pericias de Campo, para así determinar si el predio "Florida" cumple la FES o no conforme a procedimiento agrario, se constata en el caso de autos que el ente administrativo no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en la citada Sentencia, porque del análisis del Informe en Conclusiones el cual fue elaborado en base al DS 29215, se advierte que el ente administrativo incurre en contradicciones al valorar en el punto 5, concluye que en el predio "Florida" se verificó el incumplimiento de la FES, toda vez que se transgredieron los arts. 393, 397 de la CPE; 2 de la LSNRA; y 166 de su Decreto Reglamentario; por lo que en sujeción a lo previsto por los arts. 66 y 67.I.1 de la LSNRA y aplicando las Formas de Resolución establecidas en el art. 331.I inc. c) de "Anulatoria" y el at. 334 del DS 29215, sugiere se dicte Resolución Suprema Anulatoria del Título Ejecutorial "Florida", dando a entender que dicho predio en virtud de los arts. 331.I inc. c) y 334 del DS 29215, no cumpliría con la FES en su totalidad; verificándose asimismo que el referido Informe en Conclusiones, contradiciéndose con lo valorado anteriormente de que el predio "Florida", no cumple totalmente con la FES, en el punto 4.2, refiere que el predio "Florida" cumple parcialmente la FES, en la superficie de 150.0252 has; por lo que en aplicación del art. 164.II inc. a) del DS 29215; así como en aplicación de la actual Guía de Verificación de la FES aprobada mediante Resolución Administrativa RA 046/2011 de 22 de diciembre, señala que la superficie a ser reconocida al predio "Florida", sería de 500.0000 has, clasificándola como pequeña propiedad ganadera; valoraciones contradictorias que también la Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018, los acoge al determinar: 1°, Anular el Título Ejecutorial Individual 414453 del predio "Florida", al haberse establecido vicios de nulidad relativa, por incumplimiento total de la FES, en función a los arts. 331.I inc. c) y 334 del DS 29215, y contradictoriamente en su parte resolutiva 2°, determina Adjudicar al predio "Florida" la superficie de 500.0000 has., clasificándola como pequeña propiedad ganadera; lo que significa que el predio "Florida" cumpliría parcialmente con la FES. De donde se tiene que el ente administrativo no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en la Sentencia Agroambiental S2a 50/2014, porque por una parte en función a los arts. 331.I inc. c) y 334 del DS 29215, señaló que dicho predio no cumple totalmente la FES y por otro lado señala que el mismo cumple parcialmente la FES, al adjudicarle 500.0000 has, clasificándola como pequeña propiedad con actividad ganadera; aspecto que vulnera el debido proceso previsto en el art. 115.II de la CPE, en su componente de mala fundamentación por incongruencia.

1. 2)Sobre la Resolución Instructoria RCS 002/2002 de 28 de junio, en la cual la parte actora señala que de la revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento, no existe constancia de las publicaciones dispuestas por ley, lo que transgrediría el art. 44.II del D.S. 25763 vigente esa oportunidad. Al respecto cabe señalar que al haber la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 50/2014, anulando actuados hasta fs. 104 inclusive; de la revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento, cursa el Informe de Evaluación Técnica Jurídica, lo que significa que los actuados anteriores realizados a la ETJ, vale decir todas las Resoluciones Operativas de Saneamiento, entre ellas, la Resolución Instructoria RCS 002/2002 de 28 de junio, al no haber sido anulados por la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 50/2914, no amerita realizar valoración jurídica alguna, porque dicha Sentencia, dio por válidas estas etapas anteriores al Informe de la Evaluación Técnica Jurídica, verificándose que la Resolución Instructoria prevista en el art. 170 del DS 25763 vigente en esa oportunidad, se encuentra contemplado en el inciso a) del art. 169.I del DS 25763, como Etapa de Relevamiento de Gabinete y en Campo y la Etapa de Evaluación Técnico Jurídica se encuentra contemplado en el inciso b) del art. 169.I del DS 25753 vigente en esa oportunidad; lo que significa que la Resolución Instructoria RCS 002/2002, al ser una actividad anterior a la etapa del Informe de la Evaluación Técnica Jurídica, no fue anulada por la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 50/2014; por lo que no existe vulneración alguna del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, como erradamente señala la parte actora, a más de que de la revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento, se verifica que el anterior titular del predio "Florida", participó activamente en dicho proceso de saneamiento, lo que implica que no solo convalidó el mismo sino que también hizo precluir dicho reclamo en sede administrativa de saneamiento.

1. 3)Con relación a las observaciones realizadas sobre el trabajo de relevamiento de información en campo, en el cual la parte actora cuestiona que en los antecedentes no cursarían croquis de las mejoras identificadas por el INRA, no existiría constancia de la verificación del ganado, y que no cursaría el Informe de Campo Legal "6-012-023-001/02"; asimismo, no se habría aclarado que la propiedad se encuentra alquilada a Edmundo Callau, quien pastea su ganado, con registro del predio "La Cañada" y que, en obrados cursaría tres Fichas Catastrales con diferencias en las mismas. Al respecto éste Tribunal remitiéndose a lo acusado de la existencia de tres Fichas Catastrales, advierte que efectivamente de "fs. 28 a 29" cursa Ficha Catastral de 1 de agosto de 2002 del predio "Florida" a nombre de Jorge Callau Allorto, consignando la superficie de 1091,4062 has y clasificando al predio como Mediana Propiedad. Asimismo de "fs. 48 a 79" consta Ficha Catastral de 1 de agosto de 2002 a nombre de Jorge Callau Allorto del predio "Florida", consignado la superficie de 900.0000 has y clasificando al predio como Mediana Propiedad; y de "fs. 66 a 67" cursa Ficha Catastral de 01 de agosto de 2002 del predio "Florida" a nombre de Jorge Callau Allorto y clasificando a dicho predio como Pequeña Propiedad; de donde se concluye que el ente administrativo no sólo incurrió en contradicciones en la etapa de las Pericias de Campo llevadas a cabo con el D.S. 25763 vigente en ese entonces, sino que también incurrió en las mismas irregularidades en la emisión del Informe en Conclusiones y en la Resolución Final de Saneamiento llevados a cabo en virtud al DS 29215, al valorar por una parte señalando que el predio "Florida" no cumple con la FES en su totalidad en virtud del art. 334 del DS 29215 y por otro lado contradictoriamente señalar que el mismo cumple parcialmente con la FES, en mérito a los arts. 164 y 165.I inc. a) del DS 29215; incongruencias que hace que en la vía administrativa de saneamiento, se vulnere el debido proceso previsto en el art. 115.II de la CPE en sus componentes de indebida fundamentación y congruencia, lo que amerita la nulidad de actuados.

1. 4)En lo referente a que se tiene un Informe Legal INF-JRLL 1640/2008 de 19 de septiembre, que sugiere dar por válidas y subsistentes las actuaciones procesales de saneamiento cumplidos, el cual fue anulado por la Sentencia Nacional Agroambiental S2a 050/2014, pero que en los antecedentes no existe adecuación alguna de los actuados, y que el Informe en Conclusiones simplemente tomó los ya obtenidos, sin haber realizado el Control de Calidad. Al respecto es importante precisar que si bien la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 050/2014, determinó anular el proceso de saneamiento hasta fs. 104 inclusive, disponiendo se efectúe una nueva valoración de la información recopilada durante las Pericias de campo y se sustancie el procedimiento conforme a derecho; sin embargo de la revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento, se tiene que lo determinado en el citado fallo no fue cumplido a cabalidad, por los siguientes aspectos:

1. 5)En lo que respecta a que los vicios de nulidad relativa, enunciados en el Informe en Conclusiones, en los puntos a) y b) corresponden a procesos de Dotación y no de Consolidación. Sobre este argumento, si bien el actor en el punto III del Informe en Conclusiones correspondiente al predio "FLORIDA" señala que los vicios relativos, enunciados en el Informe en Conclusiones, en virtud a los puntos a) y b) corresponderían a procesos de Dotación y no así a los procesos de Consolidación; sin embargo éste Tribunal observa que dicho reclamo es sólo enunciativo, debido a que el actor no precisa de manera fundamentada, qué normativa legal es la que rige para establecer cuáles son esos vicios de nulidad relativa que correspondan a los procesos de Dotación y cuáles son los vicios a los procesos de Consolidación; por lo que no amerita pronunciamiento alguno.

1. 6)En relación a que el evaluador no indagó, no consideró sobre el derecho propietario del ganado; que no se pronunció sobre la aclaración realizada por el dueño de ese entonces Jorge Callau Allorto, en lo referente al contrato consentido con el señor Eduardo Callau para el pastizaje y crianza del ganado éste último en el predio "La Florida", a efectos de cumplir con la Sentencia Agroambiental Nacional S2a N° 050/2014. Al respecto, de la misma forma nos remitimos a lo ya fundamentado en el punto 1 y 3 del presente considerando, sobre todo en lo que respecta a la ausencia de valoración y mala motivación del cumplimiento de la FES, pues no se puede concebir que se exprese y manifieste que un predio cumple con la FES en su totalidad y luego se le otorgue 500.0000 has, refiriendo que cumple parcialmente con la FES, clasificada como pequeña propiedad ganadera, así como resulta contradictorio que existan tres Fichas Catastrales, con superficies diferentes y con clasificaciones consignadas como pequeña y mediana propiedad; aspecto que conforme se dijo precedentemente transgrede el debido proceso establecido en el art. 115.II de la C.P.E.

1. 7)En cuanto a que en los antecedentes cursa el Informe de Análisis Multitemporal, el cual determina que en el predio "Florida" existe actividad antrópica, pero que el mismo no fue valorado por el evaluador. Al respecto, si bien el Informe de Análisis Multitemporal de Imagen Satelital del Predio "La Florida" señala que según el Análisis de Imagen Landsat del año 1995, se observa actividad antrópica en el predio "Florida"; sin embargo este Informe de Análisis Mulltitemporal fue elaborado de manera posterior a la elaboración del Informe en Conclusiones, pero sin que se haya realizado la adecuación respectiva del DS 25763 al actual DS 29215, no cumpliendo con este actuado el ente administrativo, pese que el mismo Informe en Conclusiones sugirió que realice el mismo; aspecto que se acredita en el punto 4.2 Variables Legales, en Otras Consideraciones, pues dicho Informe en Conclusiones refiere: "Cabe mencionar, que las actividades de Resolución Determinativa de Área de Saneamiento, Resolución Instructoria, Campaña Pública y Pericias de Campo del predio "Florida" fueron ejecutados con el DS 25763; el mismo que se encuentra abrogado, por lo que corresponde adecuar las actividades antes citadas al DS 29215, a objeto de continuar con la prosecución del predio "Florida" (Las negrillas y subrayado son nuestras); de donde se tiene que si bien el Informe en Conclusiones sugirió que se adecue el procedimiento, sin embargo éste debió ser antes de haberse elaborado dicho Informe en Conclusiones; es decir que el Informe de Evaluación Técnica Jurídica, previsto en el DS 25763, debió ser sustituido por el Informe en Conclusiones previsto en el DS 29215, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda de la norma precitada y de la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 50/2014, que anuló actuados de saneamiento "hasta fs. 104", para que así recién tenga valor jurídico el Informe de Análisis Multitemporal, porque se elaboró sin que antes exista una adecuación procedimental conforme a derecho.

1. 8)Con relación a que si bien se valoró su posesión conforme a normativa, sin embargo se vulneró su derecho de posesión, al haber el INRA otorgado sólo 500.0000 has., no contemplando que tiene posesión en toda la extensión del predio "Florida"; y, que conforme al art. 333 del DS 29215, debió haberse sugerido se emita una Resolución Suprema Anulatoria y de Conversión y no así simplemente de Anulatoria, como lo sugiere el Informe en Conclusiones. Al respecto, subsumiendo con lo valorado en el punto 1 y 3 del presente considerando, resulta ser evidente lo manifestado por la parte actora sobre estos extremos, porque efectivamente en el Informe en Conclusiones, existen contradicciones sobre estos dos puntos, porque dicho Informe en Conclusiones, en el punto 4.2 Variables Legales, en la parte consignada como Observaciones Técnicas, señala que el predio "Florida" cumple parcialmente la FES, en la superficie de 150.02252 has.; por lo que en virtud al art. 164.II inc. a) del DS 29215 y la Guía de Verificación de la FES, sugiere reconocer al predio "Florida" la superficie de 500.0000 has como pequeña propiedad ganadera, por cumplir parcialmente la FES, pero contrariamente en el punto 5 de las Conclusiones y sugerencias del referido Informe, aplicando los arts. 331.I inc. c); y, 334 del D.S. 29215, refiere que el predio "Florida" incumple con la FES, por lo que sugiere se dicte Resolución Suprema Anulatoria Del Título Ejecutorial, cuando el art. 334 del D.S. 29215 señala: "La Resolución Suprema anulatoria, se emitirá cuando el Título Ejecutorial esté afectado por vicios de nulidad absoluta o por vicios de nulidad relativa y no exista cumplimiento de la FES de la tierra; y dispondrá:
2. a)La nulidad del Título Ejecutorial y del proceso agrario que sirvió de antecedente y tierra fiscal las tierras a nombre del Estado, si corresponde ..."; lo que significa que el incumplimiento de la FES del predio "Florida", en virtud a los arts. 331.I inc. c) y 334 del D.S. 29215 sería total y no parcial; verificándose que la Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018, incurre en las mismas contradicciones, porque en el numeral 1° de la parte Resolutiva, determina anular el Título Ejecutorial Individual del predio "Florida", por vicios de nulidad relativa y por incumplimiento de la FES, citando el art. 331.I inc. c) y 334 del D.S. 29215, que corresponden al incumplimiento total de la FES y contradiciéndose en el numeral 2 de la parte Resolutiva, determina adjudicar al predio "Florida" con la superficie de 500.000 has como pequeña propiedad ganadera, por incumplimiento parcial de la FES en el predio "Florida"; no existiendo coherencia y concordancia en el Informe en Conclusiones y en la Resolución Suprema impugnada.

1. 9)En lo que respecta a que la Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018, emitida dentro del saneamiento del predio "La Florida ", no se encuentra debidamente fundamentada. Del análisis de los aspectos fundamentados en el presente considerando, sobre todo sobre la falta de adecuación procedimental del DS 25763 al DS 29215; de la valoración realizada por la Resolución Suprema impugnada, al citar en su parte considerativa al Informe Legal de Adecuación Procedimental INF-JRLL 1640/2008, no advirtiendo que dicho Informe Legal de Adecuación se encontraba anulado por la Sentencia Agroambiental S2a 50/2014; la no valoración conforme a derecho, si el predio "Florida" cumple o no con la FES de manera total o parcial y las contradicciones identificadas en las tres Fichas Catastrales; estos aspectos omitidos por el ente administrativo, hacen que se vulnere el art. 66 incs. a) y b) del DS 29215; no evidenciándose ninguno de estos presupuestos legales en la Resolución Final de Saneamiento, ahora impugnada. En ese contexto, de lo relacionado en el presente considerando, se constata que el ente administrativo, incurrió en omisiones y contradicciones administrativas, que vulneran el debido proceso establecido en el art. 115.II de la C.P.E., en sus componentes de indebida motivación y congruencia (fs. 329 a 339).

El impetrante de tutela denuncia la lesión a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia y los principios de seguridad jurídica, concentración y celeridad; toda vez que, las Magistradas del Tribunal Agroambiental -ahora demandadas- al emitir la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 25/2019 de 17 de abril, declararon nula la Resolución Suprema 23234 de 21 de marzo de 2018, incurriendo en:

1. i)Falta de motivación y análisis existiendo contradicciones, omitiendo pronunciarse sobre toda la prueba documental, tales como el expediente agrario 7956, la fotocopia simple de registro de marca de 16 de junio de 1997, y la Ficha Catastral de 1 de agosto de 2002;
2. ii)Motivación arbitraria, siendo que, no dieron ninguna razón o pronunciamiento del por qué omitieron el Informe Técnico JRLL-USB-INF 1369/2017 de 15 de noviembre, en lo referente a que el proceso de saneamiento no se habría adecuado a las disposiciones del DS 29215;
3. iii)Incoherencia o incongruencia externa porque no guarda correspondencia con lo desarrollado en el proceso de saneamiento y la determinación asumida.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizará:

1. a)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
2. b)sobre la fundamentación y motivación arbitraria;
3. c)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
4. d)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y,
5. e)Análisis del caso concreto.

1. a)Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o "Estado bajo el régimen de derecho" con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de "Estado Constitucional de Derecho", cuya base ideológica es "un gobierno de leyes y no de hombres", existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado "Estado bajo el régimen de la fuerza".

1. b)En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en:
2. b.1)Una "decisión sin motivación", o extiendo esta es
3. b.2)Una "motivación arbitraria"; o en su caso,
4. b.3)Una "motivación insuficiente".

1. b.1)Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una "decisión sin motivación", debido a que "decidir no es motivar". La "justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub índice [asunto pendiente de decisión]" .

1. b.2)Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una "motivación arbitraria". Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- "Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales".

1. b.3)De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una "motivación insuficiente".

1. c)La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.