Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0288/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 55302-2023-111-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 34/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 675 vta. a 682, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Ríos Céspedes contra Arminda Méndez Terrazas, Ever Álvarez Orellana, Wálter Pérez Lora, Vocales; Andruw Gandarilla Ríos, Secretario; Jesús Edgar Jacobo Ortega, Oficial de diligencias, todos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Lucio Condori Rodríguez, Moisés Colque Pérez y Jesús Eguez Ayala, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 24 de noviembre de 202; y, 13 de enero de 2023, cursantes de fs. 621 a 630; y, 635 a 639, el accionante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, por el que guardaba detención preventiva, se emitió sentencia condenatoria que fue apelada y resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -cuyos Vocales ahora son demandados-, a través del Auto de Vista 75/21 de 28 de octubre de 2021, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación restringida.
La Resolución de alzada fue notificada en el domicilio procesal de su abogado defensor de oficio designado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento -hoy codemandados-, sin su consentimiento; razón por la cual, presentó incidente de nulidad de notificación por actividad procesal defectuosa, que fue rechazado tanto por el Tribunal de alzada, como por el Tribunal de instancia, alegando que no se había interpuesto el incidente dentro de los diez días; además por falta de pruebas y carga argumentativa; sin considerar que dicho Auto de Vista 75/21, era de carácter definitivo y por ello debía notificársele personalmente; limitando así, sus derechos a la defensa e impugnación, impidiéndole presentar recurso de casación. El expediente fue devuelto del Tribunal de alzada, al Tribunal de instancia, por el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy codemandado-, quien de manera dolosa no realizó un informe previo de las notificaciones y el vencimiento de los plazos, para recién disponer la devolución de los antecedentes; incumpliendo así sus deberes formales, al no haber verificado la forma y lugar de la notificación con el Auto de Vista 75/21, y pudiera así ser subsanado el error ordenando al Oficial de Diligencias -codemandado- que efectúe la notificación personal en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, en estricta aplicación de lo establecido en el "art. 163.3).II" del Código de Procedimiento Penal (CPP). Provocando que el proceso se encuentre viciado de nulidad por defecto absoluto; toda vez que, la notificación efectuada en el domicilio del abogado defensor de oficio, no cumplió la finalidad del acto procesal, y dio lugar a la emisión del Decreto de 6 de enero de 2022, que declaró la ejecutoria de la sentencia y ordenó se expida el mandamiento de condena.
Asimismo, denunció que al haber presentado el recurso de apelación restringida solicitó audiencia de fundamentación, que fue señalada para el 8 de octubre de 2021; empero, dicho acto procesal nunca fue instalado y se procedió directamente al sorteo de Vocal relator el 11 del mismo mes y año, sin que el expediente esté habilitado para el efecto; actuación también viciada de nulidad que lo colocó en estado de indefensión, exigiendo por ello la nulidad del proceso hasta la celebración de la audiencia extrañada.
De igual manera presentó incidente de nulidad ante el Tribunal de alzada, identificando cada uno de los actos procesales viciados de nulidad; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal, mediante Auto de Vista 117 de 1 de abril, rechazaron in limine su incidente, validando la notificación efectuada en el domicilio de su abogado defensor de oficio, alegando que el incidente no había sido interpuesto dentro de los diez días que establecía la ley.
En cuanto a los Jueces codemandados, también rechazaron in limine el incidente de nulidad, planteado en esa instancia, sin motivar ni fundamentar, no obstante haber demostrado de forma contundente los vicios de nulidad y ofrecido prueba idónea y pertinente; además el rechazo fue a través de una resolución emitida fuera del plazo de veinticuatro horas, incumpliendo lo establecido por el art. 315.II del CPP.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, tutela legal efectiva, impugnación, igualdad de partes y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 116, 117.I, 118, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 7, 8, 10, 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:
- a)Ordenar la nulidad hasta fs. 600 del expediente original (formulario de notificación de 17 de diciembre de 2021); y, que las autoridades ahora demandadas señalen nuevo día y hora de audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida; y,
- b)Se ordene la renovación del acto cuestionado y se proceda a notificarle personalmente con el Auto de Vista 75/21, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, donde guarda detención preventiva.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 31 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 671 a 675 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliando, manifestó que:
- 1)El art. 163.3) del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse de forma personal, entre ellas las de carácter definitivo; y en su párrafo segundo, prevé que el imputado privado de libertad será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía de la o el abogado; es decir, que no establece la notificación en el domicilio del abogado;
- 2)La sentencia condenatoria emitida en su contra, claramente establecía como domicilio del imputado el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, PS4, pabellón-30; por lo tanto el Oficial de Diligencias debió haberle notificado personalmente en ese lugar; más aún, cuando notificó a la parte denunciante en su domicilio real, tal cual se evidenció de las diligencias cursantes en el expediente;
- 3)De conformidad a la previsión del art. 411 del CPP, en el otrosí cuarto del memorial de apelación restringida, solicitó el señalamiento de audiencia de fundamentación; empero, no se llevó a cabo la misma, pese a que fue señalada para el 8 de octubre de 2021;
- 4)El Secretario demandado no emitió ningún informe que haga notar a los Vocales ahora demandados, que existía una audiencia de fundamentación pendiente de celebración; tampoco veló que el trabajo del Oficial de Diligencias sea realizado correctamente ni revisó si las notificaciones habían sido efectuadas de forma correcta;
- 5)La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 117, sin entrar a valorar ni efectuar una proporcionalidad de los derechos vulnerados, no obstante que se demostró que no había sido notificado personalmente con el Auto de Vista 75/21;
- 6)Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital, ante quienes también presentó el incidente de nulidad, lo rechazaron in límine, manifestando que éste no tenía fundamentación y menos aún pruebas, además que debía ser presentado dentro de los diez días previstos en el art. 314 del adjetivo penal; sin tomar en cuenta que el reclamo justamente recaía en que nunca tuvo conocimiento del Auto de Vista 75/21, que resolvió la apelación restringida;
- 7)La fundamentación de la vulneración de sus derechos, fue reforzada con la invocación de las ", , "; y,
- 8)La notificación que cursaba a fs. 600 del expediente, es nula de pleno derecho, porque no surtió su efecto legal, no llegó al destinatario, quien estaba legitimado activamente para presentar recurso de casación en contra del referido Auto de Vista que resolvió la apelación restringida; y al margen de ello, existió otro vicio de nulidad al no instalar la audiencia de fundamentación de la apelación.
I.2.2. Informe de la parte demandada
Moisés Colque Pérez, Jesús Eguez Ayala y Lucio Condori Rodríguez, todos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 14 de febrero de 2023, cursante a fs. 670 y vta. manifestaron que:
- i)El acto identificado como vulnerador de los derechos reclamados, fue la falta de notificación personal con el Auto de Vista 75/21, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; es decir, el incumplimiento de la previsión del art. 163.3) del CPP, pues al tratarse de una Resolución definitiva se debió notificar en su domicilio real, que en su caso era el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, tal como se tenía detallado en la Sentencia emitida por el Tribunal de juicio;
- ii)Como Jueces técnicos, se abocaron a emitir la Sentencia 32/2021; por la cual, se condenó al accionante a cumplir la pena de veinte años de presidio, por la comisión del delito de violación; y si bien fueron nombrados como demandados, en ninguna parte de la acción se identificó cuál era el acto u omisión ilegal o indebida en la que hubieren incurrido en el trámite del proceso penal que se siguió en contra del impetrante de tutela; por lo que, carecían de legitimación pasiva para ser demandados; además, en todo el contenido de la acción de amparo constitucional se cuestionó el actuar del Oficial de Diligencias y del Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y no así del Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del que formaban parte;
- iii)Luego de haberse devuelto el expediente, el presidente del referido Tribunal de Sentencia dictó un decreto de ejecutoria, en razón del cual se emitió el mandamiento de condena; ello, como consecuencia lógica de haberse tramitado la fase de recursos y ante la falta de interposición de otro recurso ulterior, permitiendo que la sentencia quedara firme; y,
- iv)En caso de disponer la nulidad de todos los actos posteriores a la notificación efectuada con el Auto de Vista 75/21, debería concederse la tutela impetrada únicamente con relación a los directos responsables, mas no podría alcanzar a los actuados posteriores emergentes de la presunción de legalidad aplicada por parte del Tribunal de Sentencia.
Arminda Méndez Terrazas, Wálter Pérez Lora y Ever Álvarez Orellana, Vocales de la Sala Penal Segunda y Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni tampoco asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional, pese a su notificación, cursante de fs. 665 a 667.
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