0289/2019-RCA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0289/2019-RCA Sucre, 12 de septiembre de 2019

Expediente: 26215-2018-53-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 607/2018 de 22 de octubre, cursante de fs. 115 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Catacora Landivar contra Edwin José Blanco Soria, ex Fiscal Departamental de La Paz; y, Javier Flores Mamani y Rudy Nelson Terrazas Torrico, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 12 y 18 de octubre de 2018, cursantes de fs. 88 a 97 vta.; y, 111 a 114 vta., el accionante refiere que como abogado de Leslie Beatriz Claros Martínez, Lourdes Carmen Sejas Baltazar, Mario Jaime Jiménez Prudencio, Edgar Vitalio Bohórquez Argote y Dory Jiménez Prudencio, patrocinó el proceso ejecutivo seguido por el Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (BCP S.A.) contra los nombrados, siendo deudores solidarios de $us4 950 453.- (cuatro millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares estadounidenses), resultando la contienda judicial a favor de sus clientes.

En el primer escrito acordaron que los honorarios profesionales se regularían conforme al arancel mínimo del Colegio de Abogados, arribando a un acuerdo del 10% de la suma demandada, labor que realizó conjuntamente con el abogado Armando Villafuerte Flores. El Juez de la causa dictó el Auto 127/04 de 15 de marzo de 2004, calificando dentro la tasación de costas, que la parte perdidosa debía cancelar a sus clientes la suma de Bs6 000.- (seis mil bolivianos), sin involucrar a los abogados solo a las partes, observando lo previsto por el art. 199 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabgr); por todo ello, el citado Auto no tiene ningún efecto jurídico sobre sus honorarios profesionales, porque él no es parte del proceso, tampoco tiene la capacidad jurídica para pedir la tasación de costas.

Sus clientes a través de varios memoriales solicitaron la regulación de sus honorarios en el 10% del capital ejecutado, pronunciándose el Auto Regulatorio "325/2006" que ratificó la suma fijada por el citado Auto 127/04, el cual fue apelado, dictándose el Auto de Vista de "...fojas 1757 que anuló obrados, incluyendo el Auto 325/2006..." (sic); por lo que, al quedar nula la regulación de honorarios, reiteraron su pedido, mereciendo el Auto Regulatorio de Honorario Profesional de 11 de enero de 2010, que fijó el 10% de la cuantía del juicio, mismo que fue apelado por sus clientes, siendo resuelto por Auto de Vista 473/2012 de 20 de diciembre, anulando el aludido Auto Regulatorio de Honorario Profesional, por supuesta duplicidad. Por todo ello, nuevamente solicitó se regule sus honorarios, emitiéndose el Auto 11/2014 de 8 de enero, que fijó sus honorarios en el 5% del capital demandado; empero, dicho fallo fue revocado por Auto de Vista 326/2016 de 30 de junio, por contener un doble pago de los mismos y se ratificó el Auto 127/04, afirmando que sus honorarios estuviesen pagados por el depósito de costas, sin considerar que tenía solo la condición de abogado y no era parte del proceso para exigir costas judiciales; por lo que, los Vocales denunciados habrían vulnerado su derecho al trabajo, al ignorar maliciosamente el art. 77 de la "Ley de la Abogacía antigua" (sic), pretendiendo obligarle a aceptar una remuneración por debajo de lo pactado con sus clientes.

Ante esa actuación ilegal y grosera de los Vocales de la Corte Superior de Justica -actual Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz, el 23 de febrero de 2017, se vio obligado a denunciarlos ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes; sin embargo, su denuncia fue desestimada por Resolución de Rechazo de la Denuncia 251/2017 de 19 de septiembre, emitida por los Fiscales de Materia ahora codemandados, en ausencia de motivación y fundamentación, faltando a la verdad, calificando su trabajo profesional, sin tener facultad para dilucidar los honorarios profesionales dentro un proceso civil; determinación que habiendo sido objetada, el ex Fiscal Departamental demandado, emitió la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/R 216/2018 de 28 de febrero, que confirmó la decisión recurrida; pues sostiene que no se está poniendo en duda el proceso ejecutivo que tiene la calidad de cosa juzgada, tampoco al "...Juez 5to. de Partido Civil Comercial de ese entonces..." (sic), por la resolución que dictó en su favor; en ese sentido, el rechazo a su denuncia por el presunto delito de prevaricato, carece de motivación y fundamentación, dado que no guarda relación con los hechos denunciados, ya que si los elementos de convicción acumulados durante la investigación fueron insuficientes, los Fiscales de Materia tenían la potestad y obligación de solicitar a quien corresponda la documentación necesaria, tal cual establecen los arts. 70, 71, 72, 277 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). En definitiva, al pronunciar la Resolución de Rechazo de la Denuncia 251/2017 y la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/R 216/2018, omitieron lo dispuesto por el art. 73 del CPP.

I.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Considera como lesionados sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de acceso a la justicia y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 46, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).