0289/2023-S3

En ese sentido, refiere que se vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración "efectiva" de la prueba, debido a que las autoridades accionadas, al pronunciar el Auto de Vista 166/21, emitieron una decisión carente de congruencia -externa e- interna; toda vez que:

1. a)Respecto a los hechos, se alejaron completamente de lo establecido en la Resolución impugnada, omitiendo resolver el caso, conforme a los hechos y las pruebas identificadas y fundamentadas ante el Juez a quo; no existiendo en su estructura, una adecuada determinación sobre los argumentos vertidos por su persona, ya que, si bien señalaron que el 11 de julio de 2012, marca el inicio del cómputo del término de la prescripción, haciendo referencia a la "Sentencia Constitucional 1404", en la que se establece que el delito continuado no está reconocido en nuestra legislación, correspondiendo dar viabilidad a su solicitud, involucraron en su contenido al Auto de Vista 58/2020, que quedó sin efecto mediante la Resolución 65/2021, haciendo énfasis en un aspecto dilatorio que no fue considerado en la Resolución impugnada ni objeto de debate por las partes procesales, dado que su apelación converge en que la autoridad a quo:
2. 1)Consideró bajo su propio criterio interpretativo que el delito de incumplimiento de contratos es de carácter instantáneo con efectos permanentes, figura que no está contemplada en nuestra legislación; y,
3. 2)Hizo caso omiso a su solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, a pesar de haber adjuntado toda la prueba necesaria que permite dar curso a su pretensión;
4. b)No realizaron la cita de normas que sustentan la parte dispositiva del fallo ahora cuestionado, siendo arbitrario en su contenido; toda vez que, en cuanto a la identificación de los agravios, incurrieron en contradicciones; puesto que, con relación al primer agravio, pese a que tanto en la descripción de los hechos como en la fundamentación jurídica señalaron que el delito de incumplimiento de contratos es de carácter instantáneo, mencionando jurisprudencia y normativa nacional al respecto, identificando la existencia de dicho agravio; sin embargo, en su parte dispositiva declararon la improcedencia de la apelación existiendo contrariedad en su decisión, sin establecer el nexo de causalidad entre las pretensiones deducidas de su parte no habiéndose superado los elementos configurativos del deber de motivación; y, con relación al segundo agravio, respecto a la suspensión del término de la prescripción, no realizaron una adecuada fundamentación, pues sólo manifestaron que no se demostró documentalmente ese aspecto; y,
5. c)Con referencia a la valoración de las pruebas, si bien hicieron mención de las pruebas presentadas por las partes, omitieron asignar un valor probatorio de manera motivada a varios elementos vitales que podrían cambiar el cauce del Auto de Vista cuestionado, tales como la Resolución 65/2021 que dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 58/20, así como de la última resolución emitida -Auto de Vista 143/2021-, que en su parte dispositiva no menciona que la excepción planteada sea dilatoria; no pudiendo considerarse el Auto de Vista 58/20, que declaró improcedente su recurso al considerarlo dilatorio, por haber sido dejado sin efecto.

Solicita la concesión de la tutela impetrada; y, en consecuencia:

1. i)Se deje sin efecto el Auto de Vista de 17 de diciembre de 2021 -se entiende 166/21-, ordenándose la emisión de una nueva resolución que disponga la extinción de la acción penal por prescripción en su favor; y,
2. ii)Se sancione a las autoridades accionadas por no tener transcrito hasta la presentación de esta acción de defensa, el Auto de Vista indicado.

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que:

1. a)La Resolución 65/2021 dejó sin efecto el Auto de Vista 58/20 por ser conculcador de derechos fundamentales, disponiendo que se emita una nueva resolución en el plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación; no obstante, transcurrieron diez meses sin que las autoridades, que ahora también son accionadas, hayan dado cumplimiento cabal al fallo constitucional referido, procediendo a pronunciar tres fallos posteriores con fundamentos similares, declarando improcedente el recurso que interpuso (Autos de Vista 75/2021, 102/2021 y 143/2021), lo que constituye en el fondo una desobediencia a la indicada Resolución constitucional;
2. b)Ante la impotencia de que no se dé cumplimiento a dicho fallo, planteó nuevamente una excepción de prescripción, tomando en cuenta los fundamentos de las resoluciones emitidas, que indican básicamente a partir de qué fecha se tiene que realizar el cómputo de prescripción, así como el tipo de delito endilgado, que es instantáneo y no permanente; además de las causales de suspensión de la prescripción, adjuntando la prueba pertinente para que pueda ser atendida de manera favorable su solicitud; sin embargo, la autoridad a quo rechazó nuevamente la excepción de -extinción de la acción penal por- prescripción planteada, inventándose una nueva tipología en cuanto a la afectación al bien jurídico protegido del delito de incumplimiento de contrato, indicando que por sus efectos el mismo debería ser caracterizado como un delito instantáneo con efectos permanentes, contrariando todos los fundamentos emitidos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; es decir, que ya se contaba con una prescripción otorgada, considerando además que no fue declarado rebelde y ninguna excepción habría sido declarada dilatoria, únicamente la excepción de -extinción de la acción penal por- prescripción que precisamente la autoridad accionada dejó sin efecto;
3. c)Mediante Auto de Vista 166/21, se rechazó nuevamente la indicada excepción, argumentando que en cuanto a la ofensa al bien jurídico protegido, la carga de la prueba le corresponde a efectos de demostrar que no concurre el art. 32 del CPP, cuando ello no fue objeto de debate por el Ministerio Público ni el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; es decir, no se puede solicitar que se demuestre que los delitos no afectaron el orden constitucional, sino se debe demostrar que es procedente la excepción formulada; y,
4. d)La Resolución cuestionada se basó en el argumento de que el Auto de Vista 58/20 declaró su excepción como dilatoria, cuando ellos mismos la dejaron sin efecto, sin considerar que se encuentra vigente el Auto de Vista 143/2021.

Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia manifestó que:

1. 1)Mediante Auto de Vista 153/2021 -dictado anteriormente-, se realizó el análisis correspondiente de los presupuestos legales y procesales respecto a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción -planteada por el hoy accionante-, habiéndose considerado en el caso concreto, que el fundamento del Juez a quo para rechazar dicha excepción, en sentido que el delito de incumplimiento de contratos es un delito instantáneo pero con efectos permanentes, vulneraba los derechos del imputado, precisando que el delito instantáneo no tiene mayor incidencia en el tiempo en cuanto a ese tópico, sin haberse hecho especial énfasis en los demás presupuestos procesales;
2. 2)El ahora accionante en efecto presentó documentación pertinente para demostrar que no concurren las causales de interrupción del término de la prescripción previsto por el art. 31 del CPP; sin embargo, respecto a las causales de suspensión del término de la prescripción, no demostró con ningún elemento, indicando "en esta audiencia" que dicho requisito debería ser acreditado por quienes se oponen a su pretensión y que "extrañamente" se habrían tomado en cuenta aspectos que no fueron debatidos por las partes; y,
3. 3)En la Resolución impugnada ya se había establecido que "...se consideraba que el delito de incumplimiento de contratos es un delito permanente, es un delito instantáneo más bien y no con efectos permanentes..." (sic); determinándose rechazar dicha excepción, dado que no se habría cumplido con la carga probatoria prevista por el art. 32 del CPP; encontrándose establecidos por los arts. 29 al 34 del citado Código, los tópicos que deben ser acreditados de manera fehaciente al momento de plantear la extinción de la acción penal por prescripción, no siendo una carga impuesta a quien se opone a esa solicitud; ello, conforme a lo previsto por el art. 314 del adjetivo penal; por lo que, no se puede suplir con esta acción de defensa la responsabilidad o negligencia del accionante que en su momento procesal no cumplió con la carga impuesta por dicho precepto legal, no habiéndose demostrado bajo ninguna circunstancia que el Auto de Vista -166/21- de 17 de diciembre de 2021, sea vulneratorio del debido proceso en los elementos señalados por la parte accionante, correspondiendo denegar la tutela impetrada.

Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, mediante su representante legal en audiencia manifestó que:

1. i)Se inició una acción penal contra el accionante por el no cumplimiento de un contrato que asciende a más de Bs2 000 000.- (dos millones de bolivianos), suma con la que el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Estado se vieron perjudicados por la no ejecución de una obra;
2. ii)El accionante pretende minimizar los hechos indicando que simplemente se encuentra siendo partícipe de este proceso porque hubiera firmado una asociación con la persona que habría fallecido; sin embargo, de no haberse firmado ese documento de asociación, el referido Gobierno Departamental nunca hubiera adjudicado la obra de referencia, siendo la localidad de Quivincha la que también se ha visto perjudicado;
3. iii)El accionante interpuso una serie de acciones dilatorias desde el inicio de las investigaciones, habiéndose emitido la correspondiente imputación y acusación formal en su contra; sin embargo, extraña que el Juez de la causa no haya remitido en el momento oportuno la acusación particular al Tribunal correspondiente, debiendo ser las autoridades pertinentes las que definan si el accionante es culpable o no de la comisión del delito endilgado;
4. iv)El proceso penal data de 2020, y si se toma en cuenta el término de la prescripción, comenzaría a correr desde el "2018/2012", pues, el precitado Gobierno Autónomo Departamental efectuó la correspondiente denuncia antes de que se cumplan los ocho años; empero, debido a los actos dilatorios de la parte denunciada -ahora accionante- que con una serie de apelaciones y acciones de amparo constitucional, pretende obtener un fallo favorable a sus intereses; sin embargo, las autoridades "iban a obrar" conforme a lo dispuesto por los arts. 29 al 34 del CPP;
5. v)El petitorio de la parte impetrante de tutela, se circunscribe a solicitar se deje sin efecto la resolución pronunciada y se emita otra declarándose procedente la -excepción de extinción de la acción penal- prescripción referida; asimismo, se sancione a las autoridades porque "no tenían" el Auto de Vista 166/21, aspecto que es totalmente falso, dado que se obtuvo de manera formal dicho documento;
6. vi)En marzo del "año pasado" se planteó una acción de amparo constitucional, que se encuentra pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional; y,
7. vii)La denuncia en contra del accionante se interpuso en enero del 2020 y desde la comisión del delito en julio del 2012, no transcurrieron los ocho años, cual es el límite máximo para este tipo de delitos, considerando lo previsto por el art. 112 de la CPE, respecto a los delitos de corrupción; entendiéndose que en cada proyecto se erogó el 20% del monto del mismo; es decir, que en este caso, más de "cuatro millones" hubieran sido recibidos por el accionante y el "otro señor fallecido", no pudiendo quedar esos hechos en la impunidad; por cuanto, el peticionante de tutela puede asumir su defensa y no tratar de eludir la acción de la justicia, por lo que solicita "rechazar" -lo correcto es denegar- la presente acción de defensa.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 40/2022 de 2 de marzo, cursante de fs. 137 a 142 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 166/"2021" -siendo lo correcto 166/21- debiendo "la autoridad jurisdiccional" emitir una nueva resolución en el plazo de setenta y dos horas a partir de su legal notificación; todo ello, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La prescripción es una garantía constitucional en todos los órdenes del derecho, en los ámbitos civil, penal, tributario, administrativo, que ofrece a todas las partes, certeza de los actos procesales; así lo establecieron la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todas las Cortes Constitucionales; por lo que, una persona no puede estar sujeta por ningún motivo indefinidamente a un proceso "... y es deber de la Jurisdicción Constitucional observar si es que se cumplen los parámetros o no de la prescripción" (sic); máxime si la carga de la activación procesal está a cargo del Ministerio Público y de quien se considere el acusador particular;
2. b)El Código Penal determinó una graduación de supuestos para el cumplimiento de la prescripción y en el caso concreto la acción penal prescribe en ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo sea más de seis años; en ese sentido, el debate que se ha introducido ante la autoridad jurisdiccional de instancia tuvo como consecuencia la emisión del Auto de Vista 166/21;
3. c)La jurisdicción constitucional no ingresará a cuestionar la decisión de la autoridad jurisdiccional; sin embargo, por atracción de actos procesales, es obligatorio referirse a la Resolución de 30 de agosto de 2021, que tiene que ver con la resolución a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, existiendo un debate de derecho penal que enfrenta dos tipos de cuestiones; la prescripción de la acción penal, la diferencia entre delitos instantáneos y permanentes y la distinción de ambos por los denominados delitos instantáneos con efectos permanentes;
4. d)El Juez de instancia hizo conocer a las partes, que en la presente causa no puede establecerse la extinción de la acción por prescripción debido a que el delito de incumplimiento de contratos resultaría un delito instantáneo con efectos permanentes; dado que, a su criterio, se habría generado un daño económico al Estado por una suma mayor a Bs2 000 000.-, de lo que se deduce que si se tratase de un delito meramente instantáneo la quaestio facti generaría como consecuencia la extinción de la acción penal por prescripción; a dicho razonamiento "...se le llama razonamiento por descarte..." (sic); es decir, que si se trata de un delito instantáneo pero con efectos permanentes, no puede prescribir; lo que implica que si fuese sólo un delito instantáneo, prescribiría; o si fuese permanente, no prescribiría;
5. e)Dicho criterio de ser un delito instantáneo con efectos permanentes, fue reiterado por la autoridad de instancia en la Resolución de 30 de agosto de 2021, determinando la existencia de daño económico al Estado; además que, no se hubieran cumplido con los requisitos de la norma procesal penal; por lo que en apelación, la autoridad jurisdiccional -accionada- en el Auto de Vista 166/21, señaló que: "'En esta audiencia de apelación incidental' (...) 'si bien el recurrente estableció que el razonamiento del juez de grado a tiempo de rechazar esta excepción fue la consideración de que el delito de incumplimiento de contratos es un delito instantáneo pero con efectos permanentes, esta circunstancia ha sido considerada por este tribunal de alzada concluyendo que efectivamente en esa circunstancia se causa agravio al recurrente'" (sic); asimismo, "...en el siguiente párrafo dice que en la especie únicamente se han limitado a demostrar que Walter Jaime Vásquez Palenque, no cuenta con declaratoria de rebeldía siendo consecuentemente acreditada la causal de interrupción del término de la prescripción conforme al Art. 31, lo que hace al Art. 32 a las causales de suspensión del término de la prescripción, se ha limitado -dice- a mencionar que no son aplicables en el caso de autos" (sic), declarando improcedentes las cuestiones planteadas manteniéndose firme la Resolución de 30 de agosto de 2021, aclarando que el delito sancionado por el art. 222 del Código Penal (CP) es un delito de carácter instantáneo;
6. f)Los actos procesales deben de ser congruentes entre sí, lo que la Teoría Procesal denominó "congruencia dinámica"; es decir, "...un acto procesal es congruente con otro especialmente si ratifica una decisión anterior, es natural, el Tribunal de Apelación dijo declarar improcedentes las cuestiones planteadas, es decir, no toca un ápice de la resolución, por eso la confirma o la confirma pero en el fondo dice aclarar en la presente causa si el delito es efectivamente un delito instantáneo (...) esta es una incongruencia muy fuerte con la decisión que resuelve confirmar la autoridad de apelación..." (sic), lo cual podría no ser relevante si se tratara de cualquier modificación o alteración; empero, resulta altamente relevante conforme fueron identificados los puntos nodales;
7. g)Una cosa son los delitos instantáneos y otra los permanentes; y según la jurisprudencia constitucional, otros son los delitos instantáneos con efectos permanentes, extremo que no se discutirá; pero si el Tribunal de alzada decidió confirmar la decisión del Juez a quo a través de la Resolución -Auto de Vista- 166/21, implica que la confirma de forma íntegra; sin embargo, la autoridad de apelación modificó en el fondo la decisión de la autoridad jurisdiccional, aclarando que el delito previsto por el art. 222 del CP, es de carácter instantáneo; lo cual es absolutamente incongruente y contradictorio a la decisión emitida por el Juez de instancia, que decidió rechazar la excepción porque consideró que dicho delito es instantáneo pero con efectos permanentes, implicando no poder dar curso a la excepción de prescripción; en consecuencia, la citada Resolución de alzada se aparta de los parámetros en cuanto al método resolutivo, que siempre será uno; es decir, que se debe confirmar la decisión de la autoridad de instancia de forma absoluta o total en similares términos; y de ser así, la determinación de la autoridad de apelación se alejó de los preceptos marcados por la Resolución de 30 de agosto de 2021, emitida por el Juez a quo; concluyendo por ello, en la existencia de una absoluta contradicción entre la decisión de apelación y la decisión de instancia; y,
8. h)Respecto a la valoración de los medios probatorios, existe un cierto "déficit", dado que en la postulación de los medios probatorios, el excepcionista en sede penal debe valerse de todos aquellos que considere pertinentes conducentes y necesarios para demostrar que en la causa opera la excepción de prescripción de la acción penal, como la resolución de contrato, e investigaciones, a partir de lo cual se realiza el cómputo para demostrar que ya transcurrieron más de ocho años; lo que conlleva a que se efectúe una valoración racional que no implica la afirmación de la existencia de un medio probatorio sino del valor que la autoridad jurisdiccional le asigna a cada medio probatorio, evidenciándose, que en efecto no se le asignó el contenido necesario a los medios de prueba presentados por el accionante; llamando la atención que se haya manifestado, que el mismo deba probar que no opera en la causa, ninguna de las causales de suspensión del término de la prescripción, lo que emerge en razón a la "dialexis" propia del proceso, siendo que ello no corresponde al que pretenda beneficiarse del término de la prescripción, sino a quien se va a resistir a la prescripción a través de los medios probatorios idóneos pertinentes y conducentes que den cuenta que en la causa opera el art. 32 del CPP; concluyendo en la existencia de un defecto de análisis de valoración de la prueba, exigencia de medios probatorios de parte de las autoridades accionadas de apelación y de instancia; sin embargo, la decisión de la Sala Constitucional solo recae en la determinación de la autoridad de apelación.

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia -externa e- interna y valoración "efectiva" de la prueba, al acceso a la justicia y a ser juzgado dentro un plazo razonable; toda vez que, las autoridades accionadas al pronunciar el Auto de Vista 166/21 y confirmar la Resolución de primera instancia que resolvió declarar infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción que interpuso, emitieron una decisión carente de congruencia -externa e- interna, debido a que:

1. 1)Respecto a los hechos, se alejaron completamente de lo establecido en la Resolución impugnada, omitiendo resolver conforme los hechos y las pruebas identificadas y fundamentadas ante el Juez a quo, no existiendo en su estructura una adecuada determinación sobre los argumentos vertidos por su persona, ya que si bien señalaron que el 11 de julio de 2012, marca el inicio del cómputo del término de la prescripción, haciendo referencia a la "Sentencia Constitucional 1404", en la que se establece que el delito continuado no está reconocido en nuestra legislación, correspondiendo dar viabilidad a su solicitud, involucraron en su contenido al Auto de Vista 58/20 que quedó sin efecto mediante la Resolución 65/2021, haciendo énfasis en un aspecto dilatorio que no fue considerado en la Resolución impugnada ni fue objeto de debate por las partes procesales, siendo que su apelación converge sobre que la autoridad a quo:
2. i)Consideró bajo su propio criterio interpretativo, que el delito de incumplimiento de contratos es de carácter instantáneo con efectos permanentes, figura que no está contemplada en la legislación -boliviana-; y,
3. ii)Hizo caso omiso a su solicitud, a pesar de haber adjuntado toda la prueba necesaria que permite dar curso a su pretensión;
4. 2)No realizaron la cita de normas que sustenten la parte dispositiva del fallo ahora cuestionado, siendo arbitrario en su contenido; toda vez que, en cuanto a la identificación de los agravios, incurren en contradicciones; puesto que, con relación al primer agravio, pese a que tanto en la descripción de los hechos como en la fundamentación jurídica señalan que el delito de incumplimiento de contratos es de carácter instantáneo, mencionando jurisprudencia y normativa nacional al respecto, identificando la existencia de dicho agravio; sin embargo, en su parte dispositiva declaran la improcedencia de la apelación, existiendo contrariedad en su decisión sin establecer el nexo de causalidad entre las pretensiones deducidas de su parte no habiéndose superado los elementos configurativos del deber de motivación; y, con relación al segundo agravio, respecto a la suspensión del término de la prescripción, no realizan una adecuada fundamentación, pues manifiestan que no se demostró documentalmente ese aspecto; y,
5. 3)Con referencia a la valoración de las pruebas, si bien hicieron mención de las pruebas presentadas por las partes, omitieron asignar un valor probatorio de manera motivada a varios elementos vitales que podrían cambiar el cauce del Auto de Vista cuestionado, tales como la Resolución 65/2021 que dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 58/20, así como, de la última resolución emitida -Auto de Vista 143/2021- que en su parte dispositiva no menciona que la excepción planteada sea dilatoria; no pudiendo tenerse en cuenta al Auto de Vista 58/20, que declaró improcedente su recurso al considerarlo dilatorio, por haber sido dejado sin efecto; asimismo, se vulneró su derecho al acceso a la justicia vinculado al derecho a ser juzgado dentro un plazo razonable; por cuanto, a pesar que acreditó adecuadamente que transcurrió el tiempo establecido por ley para que en su caso opere la excepción de la extinción penal por prescripción, pues a tiempo de la interposición de dicha excepción transcurrieron "3323 días" que equivalen a nueve años, un mes y cinco días; es decir, que cumplió las condiciones exigidas por los arts. 29, 30, 31 y 32 del CPP, el Juez de la causa la declaró infundada y en apelación dicha decisión fue confirmada, existiendo demora en la tramitación de su causa y el ejercicio del "ius puniendi" por la desidia de la presunta víctima, que inició la acción penal casi después de "una década", encontrándose juzgado por un plazo indefinido y prolongado sin justa causa.

Asimismo, la SCP 0423/2022-S3 de 23 de mayo, citando a su vez a la SCP 0632/2012 de 23 de julio, refiriéndose a la incongruencia omisiva y aditiva, asumió el siguiente entendimiento: "...debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber:

1. a)Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y,
2. b)por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa".

Sobre este elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0159/2019-S1 de 26 de abril, remitiéndose a la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, asumió el siguiente entendimiento: ""...por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:

1. 1)Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Sobre la labor de la legalidad ordinaria y las autorestricciones impetrantes en la jurisdicción constitucional al respecto, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado un sostenido entendimiento; así la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, señaló: "...la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, realizando una deconstrucción de la línea jurisprudencial establecida en cuanto a la actividad interpretativa realizada por los tribunales y autoridades jurisdiccionales y administrativas, precisó que: "De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:

1. i)Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de "legalidad ordinaria", pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma;
2. ii)La noción de "reglas admitidas por el Derecho" rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico- argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;
3. iii)La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y,
4. iv)Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" " (las negrillas son nuestras).

1. a)De conformidad al art. 30 del CPP relativo al inicio del término de la prescripción, la parte excepcionista -hoy accionante- señala que debe computarse a partir de la media noche del 11 de julio de 2012, conforme el Decreto Departamental 218/2012 de igual fecha, que declara el incumplimiento del Contrato de Obra 241/2008 de 18 de diciembre, de Construcción Camino Cruce Quivincha-Tirispaya-Río Pilcomayo; por lo que, a la fecha de interposición de dicha excepción habrían transcurrido más de nueve años; consiguientemente, si bien el delito investigado es de carácter instantáneo, de acuerdo a los datos del proceso probablemente existiría un daño económico al Estado en la suma de "dos millones" de bolivianos, motivo por el cual conforme la SCP 1406/2014 de 7 de julio, así como la doctrina respecto a los delitos de corrupción, el mencionado delito es de carácter instantáneo, pero con efectos permanentes; asimismo, conforme fue alegado por la representación fiscal y la parte víctima, el tipo de delito no prescribiría tal cual establecen los arts. 324 y 339.II de la CPE; por lo que, tomando en cuenta la documental presentada por la parte excepcionista, en efecto existe el Decreto Departamental 218/2012 y la nota por la que fue puesta a conocimiento -de 12 de igual mes y año- "...por lo que es de ahí que se realiza en cómputo de plazo pero en definitiva se advierte de que al presente este hecho catalogado con el tipo penal de incumplimiento de contratos se tiene qué es un delito instantáneo con efectos permanentes" (sic).

1. b)Continuando con la normativa invocada por el excepcionista relativa a la interrupción del término de la prescripción prevista por el art. 31 del CPP, refiere que conforme al certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) acompañado, no habría sido declarado rebelde.

1. c)En cuanto al art. 32 del CPP, el excepcionista señaló que las causales de la suspensión del término de la prescripción no son aplicables a su persona, y analizando cada uno de los numerales -del 1 al 4-, no se advierte alguna documental idónea que advierta la no existencia de dichas causales, considerando que de acuerdo al momento procesal oportuno le corresponde al prenombrado la carga de la prueba como previene el art. 314.I del adjetivo penal.