Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0290/2019-S4 Sucre, 29 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 26739-2018-54-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 14/2018 de 3 de diciembre, cursante de fs. 2092 a 2097 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Jorge Mario Palacios Tassakis contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 19 de octubre de 2018, cursante de fs. 1879 a 1893 vta. y de subsanación el 31 del mismo mes y año y 7 de noviembre ambos del citado año (fs. 1899 a 1901 y 1904 y vta.), el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contratos, previsto y sancionado por el art. 222 del Código Penal (CP), mediante Sentencia 1/2016 de 14 de enero, fue declarado autor del delito perseguido, imponiéndole la pena de un año de privación de libertad; que fue confirmada en apelación por Auto de Vista 82/2016 de 22 de julio; y, en casación por , este último emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conformada por los magistrados ahora demandados, que declararon infundado su recurso.
En su recurso de casación denunció que el referido Auto de Vista no se había pronunciado sobre dos motivos consistentes en:
- a)La parcialidad con la que actuó el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija a tiempo de resolver las exclusiones probatorias; y,
- b)La introducción oficiosa de dicho Tribunal, respecto a hechos no acusados, como el de condenarle por el incumplimiento de un contrato modificatorio, que no era parte de la acusación, lo que generó una incorrecta aplicación de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; omisión que generaba un defecto absoluto insubsanable. Invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 176 de 26 de abril de 2010, 657 de 6 de diciembre de 2007, 99/2012 de 4 de mayo, 003/2014-RRC de 10 de febrero, cuya doctrina legal aplicable establece que el hecho de que el Tribunal no se pronuncie sobre alguno de los puntos apelados constituye un defecto absoluto insubsanable, que infringe los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y que por ello se debió dejar sin efecto el Auto de Vista 82/2016, para que se pronuncie sobre todos los puntos apelados de manera fundamentada.
Sin embargo, el , con total carencia de motivación y fundamentación, aun advirtiendo que el Auto de Vista impugnado mediante recurso de casación, no se pronunció respecto a los dos puntos denunciados en apelación restringida; declaró infundado su recurso y convalidó con ello los defectos reclamados, bajo el argumento de que los motivos planteados no eran trascendentes; incumpliendo las previsiones contendidas en los arts. 124, 398 y 420 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; cuando correspondía fundamentar sobre si el Auto de Vista se había pronunciado o no sobre las denuncias y en caso de no hacerlo, debió dejar sin efecto el Auto de Vista; empero, contra su propia doctrina legal, señaló que el hecho de que el Auto de Vista no se pronunciará sobre los dos motivos denunciados, no acarreaba nulidad porque los mismos carecían de trascendencia en aplicación del principio que rige las nulidades procesales y la trascendencia, haciendo alusión al -L de 28 de mayo; sin explicar por qué correspondía aplicar el referido principio en contraposición a los precedentes contradictorios invocados; tampoco explicó si existió modulación de esa línea jurisprudencial, para entender por qué se adoptó un criterio distinto al de la doctrina legal invocada, lo que patentiza la falta de fundamentación. Puesto que debió argumentarse sobre si existió o no contradicción con los precedentes invocados; es decir, si hubo o no incongruencia omisiva; más nunca sobre si las incongruencias eran trascendentales o no.
Asimismo, el Auto Supremo cuestionado, generó vulneración al debido proceso vinculado al principio de legalidad y el derecho a la defensa, al señalar que pese a que el Auto de Vista impugnado no se pronunció respecto a las denuncias identificadas en su recurso de apelación restringida, aplicó el principio de las nulidades procesales y la trascendencia por encima de la sólida doctrina legal aplicable sobre incongruencia omisiva, sin explicar el porqué de su incumplimiento.
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