0290/2023-S4

1. 2)Referente al accionado CARLOS RUDDY DORADO FLORES en su condición de Alcalde Municipal, se ORDENE que modifique e inscriba las declaratoria de herederos en el sistema catastral del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, para que se emita o entreguen los planos de ubicación, informe técnico y certificado catastral a favor de los señores ERWIN JUSTINIANO ROUSSEAU y OSCAR JUSTINIANO ROUSSEAU; a objeto de continuar con su trámite en derechos reales de la ciudad de Santa Cruz, referente al inmueble ubicado sobre la calle la paz y comercio con una superficie de 1202.00 metros cuadrados en base a la matrícula debidamente registrada en Derechos Reales 7.03.1.01.0000906, producto de una aceptación de herencia U.v.:00, Mza.: 11, Lote 9. Para cambiar el nombre de A: 1 en DD.RR" (sic).

Carlos Ruddy Dorado Flores, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 5 de abril de 2022, cursante de fs. 500 a 501 vta.; así como, en su intervención en audiencia a través de su representante legal, refirió lo siguiente:

1. a)La acción de amparo constitucional interpuesta, no especifica de manera clara y concreta de qué manera la autoridad edil hubiera incumplido la Ley 483, que específicamente señala cuales son las funciones de los Notarios y que tipo de documentos emiten; por tanto, no implica que exista una obligación de parte del ente municipal de dar curso a cualquier solicitud que se realice;
2. b)La SC "1631", determina que los accionantes tienen la obligación de explicar de manera precisa y clara cómo es que se lesiona un derecho fundamental a través de la interpretación de una norma; asimismo, dicha Sentencia, establece que para que la justicia constitucional pueda analizar la actividad interpretativa, los solicitantes de tutela deben hacer una sucinta y precisa vinculación de los derechos invocados y la actividad interpretativa; en este caso, los impetrantes de tutela alegaron que el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, no dio curso a su solicitud de inscripción de su inmueble, pero no explican de qué manera se lesionó la Ley 483, que dicho sea de paso, no establece la atribución de un gobierno municipal de inscribir algún inmueble, razón por la que, no existe la vulneración al derecho propietario alegado por los accionantes;
3. c)En el caso concreto, no se puede modificar la situación del inmueble al existir una medida cautelar dispuesta por orden judicial emanada de un Juez civil competente, que dispuso la prohibición de realizar innovaciones en el inmueble en discordia;
4. d)Dicho factor, recae en la improcedencia de esta acción tutelar, ya que los solicitantes de tutela debieron acudir ante el Juez a cargo del proceso civil, para que levante las medidas dispuestas;
5. e)Los impetrantes de tutela, tampoco acreditaron el agotamiento de la vía administrativa; puesto que, ante la negativa a su petición, por parte de la alcaldía, correspondía que interpongan el recurso de revocatoria, al no haberlo hecho, no se puede utilizar la vía constitucional como una instancia de impugnación; y,
6. f)Posteriormente, mediante solicitud de registro catastral presentada y de la revisión de los documentos, se tiene un certificado alodial, que establece como propietario a "Osvaldo" Justiniano, también se puede evidenciar la existencia de cinco herederos que tienen o pretenden un derecho, pero ninguno tiene el derecho propietario perfeccionado; en tal sentido, siguiendo la SCP 0998/2012, para la otorgación de tutela judicial, necesariamente debe existir un derecho perfeccionado, concreto y exclusivo, de lo contrario no se puede otorgar la tutela cuando existen derechos controvertidos.

Mario Oswaldo Justiniano Roca, a través de su abogada, en audiencia refirió lo siguiente:

1. 1)La parte accionante no identificó cuales fueron las omisiones indebidas o supuestos actos lesivos, en los que incurrieron tanto el Alcalde como las personas particulares ahora demandadas;
2. 2)Entre los supuestos actos ilegales u omisiones indebidas alegados, no se escuchó o identificó alguno que lesione el derecho a la propiedad; dado que, en relación al Alcalde, se manifiesta que habiendo presentado las Escrituras Públicas "61" y 69/2001, dicha autoridad hubiese negado su petición de registrar su declaratoria de herederos, la extensión del plano catastral y la apertura en el registro de un posible pago sucesorio; asimismo, respecto a sus representados, se tiene a Aida Roca de Justiniano que figura como titular del derecho de propiedad del inmueble en disputa, quien presuntamente estuviera haciendo uso y disfrute del bien, alquilando y vendiendo una fracción de terreno del bien inmueble, supuestos actos ilegales con los cuales, los impetrantes de tutela pretenden llevar a cabo esta acción de amparo constitucional;
3. 3)Se debe señalar que anteriormente el bien objeto de controversia, en su asiento 0, fue de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, siendo adjudicado posteriormente a "Osvaldo" Justiniano, quien era padre de los demandados, Marcelo y Mario Oswaldo, ambos Justiniano Roca y esposo de Aida Roca de Justiniano, quien por cierto también es una persona de la tercera edad, a la que también alcanza todo lo que la ley prevé en su favor,
4. 4)La Ley de Inscripción de Derechos Reales, establece en su art. 1, que ningún derecho real sobre inmuebles surte sus efectos si no se hace Público en la forma prescrita en la ley;
5. 5)Los impetrantes de tutela, pretenden adquirir un derecho propietario a través de dos procesos de usucapión que iniciaron de forma separada, en los cuales reconocieron que el inmueble estaba a nombre del difunto "Osvaldo" Justiniano, esposo y padre de los demandados;
6. 6)Los accionantes en complicidad con un Notario de Fe Pública, se hicieron declarar herederos de forma simultánea, cuando no tiene la vocación hereditaria correspondiente; y,
7. 7)En cuanto a la ocupación que hubiera realizado su patrocinado, se debe señalar que se puede activar esta acción cuando un particular emplea una medida de hecho o justicia directa; en este caso, su defendido está ocupando el inmueble; puesto que, la ley los ampara.

El Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías a través de la Resolución de 7 de abril de 2022, cursante de fs. 697 a 699, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)El art. 128 de la CPE, establece en su última parte, que siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección de derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, procederá la acción de amparo constitucional; es decir, que previamente se deben agotar los mecanismos intra procesales si los hubiera;
2. ii)La parte accionante solicitó en su petitorio, se proceda al desalojo de los demandados; sin embargo, debe aclararse que la autoridad competente para ordenar un desalojo es el Juez de Partido en lo Civil y no así un Juez de garantías;
3. iii)De igual forma, señalaron la presunta comisión del delito de robo y actos de violencia y amenaza por parte de los demandados; empero, los impetrantes de tutela deben acudir ante la autoridad competente que es el Ministerio Público que tiene las atribuciones y dirección funcional para realizar las correspondientes investigaciones; y,
4. iv)De la documentación presentada por la parte solicitante de tutela, se evidencia que existe un proceso de usucapión que se encuentra vigente; empero, de forma contradictoria también adjuntan una declaratoria de herederos realizada ante Notario de Fe Pública, también existe un proceso penal por allanamiento de domicilio y amenazas del cual no se tiene certeza de que exista una resolución o requerimiento conclusivo, aspectos que implican que no se agotaron todos los mecanismos necesarios y por tanto no se cumplieron los requisitos procedimentales previstos en el Código Procesal Constitucional; razón por la que, debe declarar improcedente la presente acción tutelar para activar la acción de amparo constitucional.