Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 26296-2018-53-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 013/18 de 30 de octubre de 2018, cursante de fs. 908 a 913 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Germán Ustarez Gallinate contra Fausto Calle Mamani, Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de La Paz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 4 y 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 825 a 842; y, 844 a 847 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos: I.1.1. Hechos que motivan la acción
Es poseedor y propietario de un departamento ubicado en el Cuarto Piso del inmueble sito en calle Díaz Romero, 1407, casi esquina Av. Busch, zona Miraflores, en mérito a un documento de transferencia de 6 de febrero de 1984 reconocido en la misma fecha, suscrito por "Victoria M. de Shamur, Blanca M. de Soa, Bertha Maria Malky F., Felipe D. Malky y Alfonso Malky F." (sic) en favor suyo y de sus hermanos.
Ante el entonces Juzgado de Partido en lo Civil Tercero del departamento de La Paz (ahora Juzgado Público Civil y Comercial Tercero) se tramitó un proceso civil ordinario de acción reivindicatoria, negación de derechos, pago de frutos civiles, más daños y perjuicios y costas seguido por Ángela Giovanna Campos Parrilla de Orgero contra Blanca Rosa Malky Farah, Domingo Felipe Malky Silam y Victoria Malky Farah de "Shamon", en el que se dictó la Sentencia 71/2013 de 27 de marzo, que declaró probada la acción de reivindicación e improbada respecto a la negación de derechos, pago de frutos civiles, daños y perjuicios, así como improbada la demanda reconvencional, que en grado de apelación fue confirmada mediante Auto de Vista S-72/2015 de 27 de febrero, y siendo declarada la caducidad del recurso de casación planteado por la demandada, la misma quedó ejecutoriada.
En fecha 6 de abril de 2016, fue sorprendido con una cédula de notificación fijada en su domicilio, a la que se adjuntaron las copias de la Sentencia 71/2013 y Auto de 15 de marzo de 2016, que otorgó un plazo de diez días para que la parte demandada cumpla con la referida Sentencia bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento extensible a los ocupantes y poseedores; ante esta circunstancia, junto a su hermana María Violeta Ustarez Gallinate, se apersonaron al proceso del que nunca fueron parte y presentaron dos medios de defensa:
- a)Oposición al desapoderamiento; y,
- b)Recurso de apelación contra la Sentencia 71/2013.
El incidente de oposición al desapoderamiento se declaró probado por Resolución 675/2016 de 11 de noviembre, que además declaró improbados los similares incidentes deducidos por Jorge Aurelio Veizaga Casso y de Victoria Malky Farah de "Shamon"; sin embargo, en grado de apelación se emitió el Auto de Vista 02/2018 de 4 de enero, que revocó la resolución impugnada y declaró improbado su incidente, bajo el argumento que el instituto de oposición está reservado únicamente a procesos ejecutivos y coactivos, no así a los procesos ordinarios; por lo que, devuelto el cuaderno de apelación, en ejecución de sentencia el Juez ahora demandado emitió los decretos de 30 de mayo de 2018 y 28 de junio de igual año, disponiendo se expida mandamiento de desapoderamiento sobre el inmueble que ocupa, y por ello planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, alegando que la Sentencia no ordenó librarse ningún mandamiento y que al no haber sido parte del proceso jamás tuvo oportunidad alguna de asumir defensa, mismo que fue rechazado por Auto de 13 de agosto de mismo año y con relación a su recurso de apelación se ordenó se "este" a lo dispuesto en el art. 258 del Código Procesal Civil (CPC).
Su recurso de apelación contra la Sentencia 71/2013, fue planteado bajo la permisión establecida en los arts. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 250 del CPC, y sus disposiciones transitorias concordantes con los arts. 220 y 222 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog), una vez corrido en traslado y contestado, su concesión fue denegada por decreto de 6 de septiembre de 2018; por lo que, conforme a los arts. 279 y 280 del CPC formulo recurso de compulsa que se encuentra pendiente de resolución en la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Con base en estos antecedentes la autoridad demandada, emitió la providencia de 24 de septiembre de 2018, ordenando librar mandamiento de desapoderamiento con facultades de allanamiento y rotura de chapas y candados, para la entrega del bien inmueble sito en calle Díaz Romero, 1407 casi esquina Av. Busch, zona Miraflores de propiedad de Ángela Giovanna Campos Parrilla de Orgero con registro en Derechos Reales (DD.RR.) bajo Matrícula Computarizada 01512043, debiendo notificarse en su domicilio real a los posibles ocupantes, todo de conformidad al art. 427.II del CPC; en este orden de actuados, será desapoderado del inmueble por la fuerza sin considerar que se encuentra pendiente de resolución el recurso de compulsa que planteó por negativa indebida de la concesión de su recurso de apelación contra la Sentencia, lo que materializa la viabilidad de aplicar la excepción al principio de subsidiariedad puesto que entre el tiempo que demore la resolución del recurso de compulsa se consumará la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, citando la , a este respecto argumenta que la existencia del daño irreparable o perjuicio irremediable radica en que será desapoderado de un inmueble que ocupó por treinta y dos años sin haber sido parte del proceso que originó el referido mandamiento, señalando además que evidentemente existe un medio de defensa al que acudió (recurso de compulsa) pero que el mismo no resulta eficaz por la demora y espera de turno en su trámite y resolución siendo inminente la ejecución del desapoderamiento, aspectos que son suficientes para otorgar una tutela provisional preservando su derecho a la vivienda, mientras se agoten los recursos ya planteados.
Concluyó señalando que se vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, en razón a que si la demandante del proceso ordinario pretendía la reivindicación del inmueble que ocupa, conforme al art. 1453 del Código Civil (CC), debió incoar la demanda en su contra, y pretender extender los efectos de una sentencia a quien no fue oído ni vencido en proceso legal, restringiendo con ello su derecho a la propiedad privada, que como se anotó emerge del documento privado reconocido de venta de 6 de febrero de 1984.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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