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TCP

0292/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0292/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2019-S2 Sucre, 24 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 26385-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 007/2018 de 9 de noviembre, cursante de fs. 646 a 656, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Savina Cuéllar Leaños contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de octubre de 2018, cursante de fs. 467 a 499; el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se le sigue a querella de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y encubrimiento, en la audiencia del juicio oral de 2 de junio de 2016, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción en relación a los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento, que fue declarada infundada por Auto interlocutorio 109/2016 de 2 de junio.

Posteriormente mediante Sentencia 27/2016 de 11 de agosto, se la declaró culpable por el delito de incumplimiento de deberes, condenándola a sufrir la pena de 1 año de privación de libertad, que fue beneficiada con perdón judicial; y se le absolvió por los delitos de uso indebido de influencias y encubrimiento. Dicha sentencia fue confirmada por Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo que declaró improcedente los motivos de las apelaciones restringidas interpuestas por todas las partes, ratificándose también el Auto Interlocutorio 109/2016 de 2 de junio.

Habiendo interpuesto recurso de casación contra el mencionado Auto de Vista, y estando radicada la causa en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ante la falta de resolución del recurso, interpuso excepciones de extinción de la acción de penal por prescripción y extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, las mismas que fueron declaradas infundadas, mediante , en cuya emisión, las autoridades demandadas, incurrieron en los siguientes defectos:

  1. a)Error de aplicación del art. 315.IV al sostener que al haberse rechazado una anterior excepción de prescripción por Auto Interlocutorio 109/2016 de 2 de junio, ya no era posible el planteamiento de una nueva excepción fundada en los mismos motivos, sin percatarse que son diferentes, puesto que la excepción que se planteó ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, fue realizada con base a los hechos consignados en las acusaciones fiscal y particular y el Auto de apertura del juicio por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento y uso de indebido de influencias, cuyo rechazo se fundó en la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos; en cambio, el que se interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia, tiene una base fáctica diferente, puesto que en razón a que la Sentencia 27/2016 de 11 de agosto declaró su culpabilidad por el delito de incumplimiento de deberes, condenándole a sufrir pena de privación de libertad de libertad de 1 año y se le absolvió por los delitos de uso indebido de influencias y encubrimiento, ya no existe posibilidad de concurrencia real de delitos; y asimismo existe una diferencia en el plazo transcurrido entre ambas excepciones, determinando en consecuencia que se trate de circunstancias diferentes;
  2. b)En la interpretación de la mencionada norma no se cumplió con los criterios literal y sistemático, este último con relación al derecho a la defensa prevista en el art. 9 del CPP, ni conforme a los principios constitucionales de justicia, favorabilidad, pro homine y legalidad;
  3. c)Omitieron ingresar a examinar el fondo del asunto, ya que se limitaron a señalar que la excepción fue planteada bajo los mismos antecedentes fácticos, lo cual no es evidente;
  4. d)Motivación arbitraria, debido a que fundamentaron su rechazo en que las cuestiones fácticas de la excepción planteada son idénticas y que ello impedía su análisis, según lo dispuesto en el art. 315 del CPP, lo cual no es evidente en razón a la diferencia existente en la base fáctica de ambos planteamientos, apartándose de la prueba presentada, además, de no dar respuesta a cada uno de los argumentos planteados e ignoran la verdad material al negar la existencia de la Sentencia 27/2016 que evidencia que ya no existe posibilidad de concurso real;
  5. e)Se declaró la improcedencia de la excepción planteada por cuestiones formales indebidas sin considerar la justicia material sobre la formal;
  6. f)Interpretación arbitraria con error evidente de los arts. 133 y 27.10 del CPP, desconociendo el criterio literal en la interpretación de dichas normas que de manera expresa determinan que la acción penal tendrá una duración máxima de tres años desde que la acción se inicie con una denuncia y/o acción directa; asimismo no efectuaron una interpretación sistemática de las mismas;
  7. g)Aplicación errónea de los arts. 133 y 27.10 del CPP, puesto que las autoridades demandadas, a pesar de reconocer que transcurrieron los tres años, se amparan en la supuesta complejidad del asunto, las solicitudes de reprogramación de audiencia y la existencia de varios imputados, sin tomar en cuenta los argumentos que esgrimió en la excepción que planteó y sin considerar que transcurrieron 8 años y 11 meses desde que el proceso se inició el 25 de agosto de 2008, que no fue declarada rebelde ni se dispuso la suspensión, presentando al efecto su certificado del REJAP;
  8. h)En lo referente a los motivos por los que el proceso duró más de tres años, acreditó que el proceso no es complejo, puesto que los delitos por los cuales se le juzga no son de lesa humanidad sino que se trata de la suscripción del contrato administrativo 118/2008 y su falta de registro en el SICOES; y si bien es cierto que el proceso se inició con una pluralidad de investigados, sin embargo los demás coimputados fueron exonerados o separados del proceso ya en el mes de septiembre de 2014, y que la duración del proceso que lleva 8 años, de los cuales existe una dilación atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, aspecto ignorado por las autoridades demandadas, quienes se limitan a observación de su acción atribuyéndole la responsabilidad de la dilación por la inasistencia de su abogado defensor a dos audiencias conclusivas, sin considerar que se encuentran justificadas; y,
  9. i)Si bien es cierta la excesiva carga procesal existente en el Órgano Judicial, empero este aspecto no justifica la dilación en la que incurren los juzgadores, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alban Cornejo y Otros vs. Ecuador (sentencia de 22 de noviembre de 2007) y asimismo en el Caso Andrade Salmon vs. Bolivia, la Corte Interamericana determinó que el Estado Boliviano vulnera constantemente el debido proceso en su elemento a ser juzgado en un plazo razonable y que debe evitarse situaciones similares respecto a la duración desproporcionada de procesos penales y medidas cautelares.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, en su faceta sustantiva y en sus elementos de ser juzgado conforme a las reglas prestablecidas, fundamentación, motivación y congruencia, principios de legalidad y favorabilidad, a ser juzgada en un plazo razonable, a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa; citando al efecto los arts. 115. I y II, 116.I de la (CPE), 8.1 y 25 de la Convección Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.inc. 1) y 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda tutela y se dejen sin efecto el , se anulen obrados posteriores al mencionado Auto Supremo y se restituyan los derechos y garantías vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional se desarrolló el 9 de noviembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 622 a 645, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de sus abogados, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, mediante informe escrito de 10 de octubre de 2018, cursante de fs. 507 a 512 vta., señalaron lo siguiente:

  1. 1)La accionante no cumple con la carga argumentativa, puesto que no fundamenta sobre el nexo de causalidad entre los derechos y garantías vulneradas y la interpretación impugnada, por lo que debe denegarse la tutela sin ingresar a examinar el fondo;
  2. 2)Se planteó la excepción con los mismos motivos que fueron expuestos y rechazados anteriormente, por lo que la insistencia de plantear la excepción de prescripción por el delito de incumplimiento de deberes, con prescindencia del análisis respecto al concurso real de delitos, el cual será examinado cuando existe sentencia ejecutoriada, hace que sea aplicable el art. 315 del CPP, que establece que el rechazo de las excepciones e incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos, lo que evidencia la manifiesta intención dilatoria por fundarse en argumentos rechazados anteriormente;
  3. 3)Se advirtió que la dilación de la resolución del caso fue atribuible a la complejidad del proceso y a las reiteradas solicitudes de suspensión y reprogramación de audiencias, no imputables al órgano judicial, ya que la duración de la causa no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos;
  4. 4)No es evidente que el , hubiera sido dictado sin ninguna motivación y fundamentación y con argumentos sustentados en la subjetividad, ya que la decisión se encuentra sustentada en el art. 315 del CPP modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, 29 del CPPP y 133 del CPP, donde se identifica claramente las razones por las cuales no podía acogerse la pretensión de la accionante, por lo que no puede alegarse la incorrecta aplicación de dicha norma procesal penal, pues habiéndose rechazado la excepción de prescripción de uno de los delitos atribuidos de forma independiente, sin tomar en cuenta que una de las acusaciones atribuyó el concurso de delitos, la accionante pretende que se revise resoluciones ejecutoriadas;
  5. 5)Si bien es cierto que la accionante fue absuelta por dos delitos no es menos evidente que los recursos de casación formulados por la parte acusadora e imputada se encuentran pendientes de resolución, sin que exista a la fecha una sentencia ejecutoriada, por lo que no es evidente que se hubieran negado a pronunciarse sobre el planteamiento efectuado por la defensa; y,
  6. 6)En cuanto a la excepción de duración máxima del proceso si bien el art. 133 del CPP establece que los procesos deben tener una duración máxima de 3 años, empero existe una abundante jurisprudencia citada en el Auto Supremo impugnado que impone a las autoridades judiciales a considerar determinados criterios a fin de establecer la causa de la dilación que fueron ponderados para luego determinar que no era posible acoger la pretensión del accionante a pesar del tiempo transcurrido, aclarando que la dilación no se atribuyó exclusivamente a la conducta del accionante sino a los factores identificados en el análisis,

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