0292/2022-S3

Los accionantes en audiencia, a través de sus abogados, ratificaron la acción planteada, y a tiempo de referirse a los antecedentes fácticos de la denuncia penal de la cual se origina esta acción, sostuvieron que:

1. a)La única institución del Estado que podría iniciar un proceso penal por los hechos relacionados al crédito de liquidez sería la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), misma que no es parte del presente caso; y,
2. b)El apersonamiento de la Procuraduría General del Estado en el presente caso, hace que se "active" el art. 79 del CPP, el cual establece que no se puede retrotraer etapas procesales.

En respuesta a las preguntas de la Sala Constitucional, indicaron que:

1. 1)La Procuraduría General del Estado se incorporó al proceso penal el 2019 y no presentó un solo memorial;
2. 2)Constan dos informes realizados por el Consejo de la Magistratura, sobre una auditoría que incluso determinó la destitución de la Jueza de la causa por no resolver incidentes y excepciones planteadas oportunamente por Roberto Carlos Landívar (coprocesado);
3. 3)Son seis años que la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción no estuvieron en el proceso;
4. 4)La objeción fue planteada extemporáneamente por el citado Viceministerio, por lo que la parte (se entiende la defensa, hoy accionantes) solo tenía que esperar que la Resolución salga confirmada;
5. 5)No se hizo ningún reclamo por la dilación presentada; y,
6. 6)Es correcto que el Caso de Corte solo se sustanció contra Luis Fernando Roberto Landívar Roca y no así contra Fátima Alejandra Rivas de Landívar.

Marco Antonio Cossío Viorel, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 439 a 447, señaló que:

1. i)Se detalló en la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020 que la probable identificación de medios documentales que permitieron inferir inicialmente al Fiscal de Materia sobre la concurrencia de un doble juzgamiento no puede ser considerado como un argumento válido de una resolución de rechazo;
2. ii)También se expuso que el Fiscal de Materia explicó de manera limitada y sin la suficiente motivación y fundamentación, la concurrencia de un posible doble juzgamiento que permita comprender el motivo por el cual se consideró el Auto de Procesamiento 01/2011 de 8 de junio, un obstáculo legal para la prosecución de la investigación penal de Fátima Alejandra Rivas de Landívar -coaccionante-;
3. iii)Por la naturaleza de la necesaria identificación de identidad de sujeto, objeto y causa que requiere la verificación de aplicabilidad de la prohibición de doble juzgamiento, ésta debe ser demostrada mediante la exposición de motivos de hecho y el ofrecimiento de cuantos medios documentales permitan comprobar aquella hipótesis ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, donde también debe permitirse la contradicción y el debate sobre aquellas cuestiones a las entidades coadyuvantes de la investigación;
4. iv)Ante la advertencia de un posible doble juzgamiento, los accionantes debían acudir directamente ante la autoridad jurisdiccional, más aun considerando que el Auto de Procesamiento 01/2011, emitido por los miembros de la entonces Corte Superior del Distrito de Potosí, no dispuso el procesamiento de la coaccionante Fátima Alejandra Rivas de Landívar;
5. v)De acuerdo al Informe UIF/DAFL/UAF2/276/2019 de 13 de septiembre, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras, el sustrato temporal del hecho objeto de investigación en razón a la emisión de la Resolución Jerárquica hoy cuestionada, no solamente se encuentra fundado en la necesaria investigación de hechos acontecidos de manera posterior a la quiebra del Banco BIDESA S.A. en 1997, al detallar como alcance de la auditoría financiera que '"...el presente informe se realizó en consideración a los antecedentes expuestos desde el 01 de enero de 2000 al 30 de abril de 2019'" (sic), y no así como menciona la parte accionante, que se pretendería la investigación de hechos anteriores a 2010;
6. vi)A través de dicho medio documental se podrá advertir que los accionantes pretenden inducir en error a esta Sala Constitucional; toda vez que, los hechos objeto de investigación se encuentran vinculados también a la obtención de excesivos bienes inmuebles, acciones, movimientos bancarios sospechosos y poco justificables acontecidos de manera posterior a la promulgación de la Ley 004, por consiguiente, los hechos identificados como objeto del desarrollo de una investigación contra los accionantes sí pueden ser juzgados bajo la calificación típica provisional de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento, no siendo en consecuencia evidente que los argumentos de fundamentación y motivación de la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020 sean contrarios a la prohibición de irretroactividad de la ley sustantiva penal;
7. vii)Solicita se considere el carácter permanente de los efectos y resultados de los tipos penales señalados, en conformidad al entendimiento jurisprudencial establecido por la SCP 0024/2018 de 27 de junio, mediante el cual a través de un test de constitucionalidad del art. 123 de la CPE, se concluyó que puede aplicarse la ley sustantiva penal actual, a hechos acontecidos antes de su publicación, cuando el delito de corrupción o vinculado a ella, es permanente;
8. viii)En el Sexto Considerando del apartado II.3 de la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020, se detalló que la misma fue dictaminada sin la consideración del memorial de objeción a la Resolución de Rechazo 010/2014 presentado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción por haber sido presentado fuera del término legal previsto en el art. 305 del CPP;
9. ix)Con relación al memorial de objeción presentado por la Procuraduría General del Estado, se detalló en el Primer Considerando del apartado II.3 que el art. 231.1 y 2 de la CPE faculta a dicha entidad, interponer recursos ordinarios y acciones de defensa en casos donde se encuentren comprometidos intereses del Estado, misión constitucional que no puede ser omitida por cuestionamientos de carácter formal como la acreditación de personería;
10. x)Si bien se hizo mención que en los antecedentes de la investigación cursa el Auto de Procesamiento 01/2011 contra el accionante Luis Fernando Roberto Landívar Roca, no es menos cierto que también se detalló que al configurar el juicio de concurrencia de doble juzgamiento una cuestión jurídica sobre el fondo de una pretensión que solo puede ser analizada por la autoridad judicial que efectúa el control de la investigación, no puede asumirse aquel entendido como un argumento jurídico determinante para la confirmación de la Resolución de Rechazo 010/2014 que fue revisada, más aun considerando que ésta únicamente describía en su texto la aseveración de la concurrencia de un probable doble juzgamiento y no así la exposición de los motivos jurídicos y fácticos en razón a los cuales previo análisis de concurrencia de identidad de sujeto, objeto y causa se asumió aquella determinación;
11. xi)De conformidad al art. 279 del CPP, el Ministerio Público no puede ejercer actos jurisdiccionales, por lo que no había más opción que revocar la citada Resolución de Rechazo;
12. xii)A partir de la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020 logró identificarse el parámetro fáctico en razón al cual debe desarrollarse la investigación para de ese modo identificar de manera objetiva si en realidad el comportamiento desplegado por los accionantes se adecúa a los componente de los delitos investigados; y,
13. xiii)Lo expuesto por los accionantes carece de los presupuestos argumentativos necesarios para que la Sala Constitucional pueda excepcionalmente efectuar la interpretación de la legalidad ordinaria. Solicita se deniegue la tutela constitucional.

La Procuraduría General del Estado a través de su representante, en audiencia manifestó:

1. a)No se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues de acuerdo a la SCP 0654/2020-S4 de 4 de noviembre, se tiene establecido que el "tribunal de amparo" no puede ingresar a analizar defectos de procedimiento en la tramitación de una objeción al rechazo, la cual debe ser atendida por el "Juez cautelar" que conoce la causa, tomando en cuenta que la primera parte de los alegatos de la presente acción de defensa, se hizo referencia a la admisibilidad de la objeción al rechazo efectuada por el Ministerio Público, referidas a que el Fiscal Departamental accionado no debió atender las objeciones al rechazo porque una, hubiera sido planteada extemporáneamente y la otra sin la suficiente personería;
2. b)La referida SCP 0654/2020-S4 que tiene identidad fáctica con el presente caso, sostuvo que el Juez de Instrucción en lo penal es la autoridad encargada de ejercer el control de la investigación, en el caso, el cómputo de los plazos para la interposición de la objeción a la resolución de rechazo sea efectuada conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Penal;
3. c)Este Tribunal está facultado y obligado a observar la coherencia interna de la presente acción como un requisito de admisibilidad, y debe notarse que existe una evidente falta de congruencia en la pretensión del accionante, quien por un lado observa el supuesto incumplimiento de requisitos de admisibilidad, pero a la vez, el fondo de la resolución jerárquica;
4. d)En relación a los cuestionamientos de fondo a la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020 efectuados por la parte accionante, dicha Resolución guarda plena coherencia "...con la parte de doctrina académica y jurisdiccional que ha establecido el T.C.P..." (sic); y,
5. e)Solicita se deniegue la tutela, porque hay un Juez cautelar que debe atender los posibles o supuestos defectos en la fase de admisibilidad de objeción alegada por el accionante.

En respuesta a las preguntas de la Sala Constitucional sostuvo:

1. 1)Cumplieron su labor coadyuvante con el Ministerio Público, siendo que el impulso procesal no está a su cargo y los abogados de la defensa podían haber presentado quejas por dilaciones de la autoridad judicial pero no lo hicieron dejando transcurrir seis años; y,
2. 2)Muchos de los aspectos demandados en esta acción, están directamente vinculados o guardan particularidades con la valoración de la prueba.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, a través de sus abogados y representantes, refirió que:

1. i)No se cumplió con el requisito de subsidiariedad;
2. ii)La Resolución FDLP/MACV/R-207/2020 está conforme a procedimiento, no salió fuera de las competencias, ni tiene un carácter de ilegalidad o vulneración de derechos;
3. iii)Se pretende dar un vuelco a los roles del Juez y del Ministerio Público, siendo preciso indicar que se respetó las funciones de cada autoridad en este proceso;
4. iv)Es el Juez quien debe resolver si existe o no doble persecución penal, ya que existen mecanismos de defensa como los incidentes y excepciones, siendo una decisión que tiene que tomar el Juez y no el Fiscal; y,
5. v)El Ministerio Público no tiene la facultad de determinar si una persona va a ser condenada o no.

En respuesta a lo indagado por la Sala Constitucional, manifestó:

1. a)El principio de presunción de inocencia "invoca" que la parte investigada, también promueva todos los actos tendientes a probar su inocencia; y,
2. b)Lamentablemente sí existió una dilación.

Lo anterior, con los siguientes fundamentos:

1. 1)Esta Sala Constitucional advierte que el Fiscal Departamental accionado no generó una afectación al derecho del non bis in idem, pues ha efectuado una individualización de hechos factuales vinculados a la quiebra del Banco BIDESA S.A., y de manera posterior, otra relación de hechos factuales vinculados a movimientos de adquisición de bienes, movimientos bancarios que hubiesen generado los accionantes;
2. 2)La naturaleza jurídica del principio non bis in idem demanda que exista una decisión firme que hubiese dado por concluida una acción penal proseguida con anterioridad; en el caso, no se ha advertido la emisión de un fallo de cierre, ya sea en el proceso llevado con el anterior Código de Procedimiento Penal, e independientemente del fallo de cierre de las investigaciones asumidas en la gestión 2014, se tiene que la Fiscalía Departamental cuenta con la facultad para disponer la ratificatoria o revocatoria de una resolución de sobreseimiento o resolución de rechazo de la denuncia;
3. 3)Ya sea en sede del procesamiento llevado como emergencia del Auto de Procesamiento 01/2011 y como emergencia de la decisión asumida en la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020, no se tiene una decisión firme que hubiese concluido uno o el otro (proceso);
4. 4)De acuerdo a los antecedentes de la Resolución de Rechazo 010/2014 emitida en primera instancia, ni la Fiscalía Departamental de La Paz, ni la Procuraduría General del Estado hicieron referencia a la aplicación retroactiva de la norma penal, por lo que esta Sala Constitucional no podría asumir una postura respecto a si el Fiscal Departamental accionado efectuó una aplicación retroactiva de la norma, concretamente, de la Ley 004, a hechos generados en la gestión 1997 y/o 2008;
5. 5)Los seis años que hubiesen transcurrido en la tramitación de este proceso no será objeto de análisis por esta Sala Constitucional, pues ese no es el mérito de esta jurisdicción constitucional;
6. 6)Esta Sala Constitucional no tiene ningún reparo en la labor que tiene la Procuraduría General del Estado; sin embargo, al ser este actuado el elemento detonante que dio lugar a la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020, se tiene que el mismo no ha estado precedido de la suficiente personería conforme ahora se advierte;
7. 7)De la explicación brindada por el Fiscal Departamental accionado -en la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020-, esta Sala Constitucional no advierte, del argumento que postula la Fiscalía Departamental de La Paz, cuál el mérito para concluir que Fabio Joffre Calasich, a momento de presentar la objeción de rechazo ocupaba dicho cargo, independientemente de la legitimidad que por supuesto tiene la Procuraduría General del Estado;
8. 8)En consecuencia, deberá la autoridad Fiscal accionada hacerle conocer a la parte accionante cuál es el mérito para haber concluido y considerado la objeción de rechazo presentada por el referido abogado, sin que el mismo acreditara su personería en representación de dicha entidad pública;
9. 9)Esta Sala Constitucional en modo alguno podría determinar la no legitimidad de la presentación de ese memorial, como en cierto modo ya fue explicado por la Fiscalía Departamental de La Paz, que se da en torno a las facultades que tiene la Procuraduría General del Estado, más no se tiene certeza de por qué razón la Fiscalía Departamental de La Paz hubiese admitido el apersonamiento de quien no acreditó su personería a efecto de actuar en un proceso penal, independientemente de las facultades que tiene la Procuraduría General del Estado;
10. 10)En relación a la afectación del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia interna, no puede cuestionarse dicho aspecto pues en ninguno de los dos procesos se tiene una decisión firme, en cuyo mérito se pueda concluir por la afectación de (la prohibición de) doble procesamiento, por lo que no existe mérito suficiente para tutelar este derecho;
11. 11)En relación al elemento de motivación, se entiende que es necesario y pertinente, que el Fiscal Departamental accionado asuma un criterio objetivo motivado respecto a si es evidente o no la aplicación retroactiva de la norma, concretamente la Ley 004, en el entendido de que si la misma puede ser aplicada a hechos generados en 1997 y 2010, teniendo presente la SCP "0770/2012" invocada por los accionante;
12. 12)Esta Sala no está introduciendo argumento alguno en los términos de la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020, al contrario, se advierte que a partir de la conclusión efectuada sobre la preeminencia del Informe UIF/DAFL/UAF2/276/2019, la autoridad accionada omitió explicar si es pertinente o no la aplicación de la Ley 004, a los hechos generados con anterioridad (a su vigencia), teniéndose en ese mérito por parte de esta Sala Constitucional que la autoridad Fiscal accionada incumplió con su deber de motivar y explicar de manera fundada si para el caso tomó la decisión de aplicar retroactivamente la norma, teniéndose una afectación al debido proceso en su elemento que hace a la motivación de las resoluciones administrativas;
13. 13)En relación a la afectación del debido proceso en su elemento de (derecho a la) igualdad, entiende esta Sala Constitucional que la autoridad Fiscal accionada al haber omitido pronunciarse al respecto, como se tiene de los "numerales 2) y 3)" de la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020, respecto a si se generó una aplicación retroactiva de la norma, vulneró este derecho; y,
14. 14)En relación al derecho a la defensa, esta Sala se ha referido a varios de los argumentos postulados en el memorial de respuesta a la objeción y otros que no generan relevancia constitucional, por lo que desestima otorgar tutela en relación a este derecho.

La parte accionante solicitó se aclare y complemente los siguientes trece puntos en el orden que sigue:

1. i)Por qué la Sala Constitucional consideró los fundamentos sobre el derecho a la defensa de los terceros interesados;
2. ii)Por qué los argumentos expuestos por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado sobre la impugnación fueron considerados como relevantes por este Tribunal, siendo que el citado Viceministerio presentó su impugnación fuera de plazo y el representante de la Procuraduría General del Estado no acreditó su legitimación procesal correspondiente;
3. iii)Si al Fiscal Departamental accionado, a tiempo de emitir nueva Resolución, le corresponde realizar un pronunciamiento expreso respecto a qué sustenta la participación del citado Viceministerio y la Procuraduría General del Estado en el presente caso;
4. iv)Si se consideró de acuerdo a la "...ley de bancos N° 2298..." (sic) y el Decreto Supremo (DS) 2068 de 30 de julio de 2014, que le corresponde única y exclusivamente a la ASFI constituirse en víctima y querellante en los casos que tiene relación con la liquidación de entidades financieras, dando cumplimiento al art. 14 de la Ley 004;
5. v)Si de conformidad con dicho articulado, solo le corresponde a la ASFI constituirse como querellante y víctima;
6. vi)Si el Fiscal Departamental accionado a tiempo de emitir nueva Resolución deberá manifestar un pronunciamiento amplio respecto de la prohibición de doble procesamiento, al existir un Caso de Corte en curso seguido por la ASFI contra los exaccionistas y exejecutivos del Banco BIDESA S.A., caso en el cual el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado se encuentran apersonados en calidad de coadyuvantes;
7. vii)Si el Fiscal Departamental accionado a tiempo de emitir nueva Resolución deberá manifestar un pronunciamiento amplio, respecto a la falta de legitimación activa de la Procuraduría General del Estado como coadyuvante, para cuestionar resoluciones emitidas el 2014, es decir, cinco años antes de su apersonamiento en el mes de abril de 2019, realizando una debida fundamentación de manera concordante a la prohibición de retrotraer el procedimiento;
8. viii)Si alguna institución del Estado se ha constituido como víctima o querellante, dentro del presente proceso acreditando haber sufrido algún daño económico con la documentación correspondiente y a cuánto asciende el citado daño;
9. ix)Si el Fiscal Departamental accionado a tiempo de emitir nueva Resolución deberá manifestar un pronunciamiento respecto a las previsiones del art. 14 de la Ley 004, y su expresa concordancia con los arts. 304.4 del CPP, y artículo adicional primero del DS 2068, mismo que señala que le corresponde única y exclusivamente a la ASFI representar los intereses del Tesoro General de la Nación (TGN), en los procesos seguidos por hechos relativos a los bancos en liquidación;
10. x)Si el Fiscal Departamental accionado a tiempo de emitir nueva Resolución deberá manifestar un pronunciamiento conforme a los derechos tutelados en la acción de amparo constitucional, referir las diferencias existentes entre el Caso de Corte y la investigación que se viene realizando en el presente caso sobre el contrato de préstamo de liquidez de 18 de noviembre de 1997, que sobre un mismo hecho permitan perseguir penalmente por delitos del Código Penal a los exaccionistas del Banco BIDESA S.A. y al mismo tiempo, perseguir penalmente a estos exaccionistas por delitos de corrupción previstos en la Ley 004, fundamentando su Resolución al amparo de las previsiones del art. 123 de la CPE, a fin de establecer si existe doble procesamiento;
11. xi)Si en relación a la "...sentencia constitucional, toda vez que el Ministerio de Transparencia, presenta denuncia penal por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas (...) y enriquecimiento Ilícito..." (sic);
12. xii)Si este crédito de liquidez cuyo monto fue de $us5 000 000.- (cinco millones de dólares estadounidenses) fueron administrados exclusivamente por la Gerencia Financiera del Banco Central, de acuerdo al contrato de liquidez de 18 de noviembre de 1997, y por su parte, si el Banco BIDESA S.A. en liquidación, después de seis meses devolvió la suma de siete millones y medio de dólares estadounidenses, correspondiendo cinco millones al capital, y dos millones y medio de dólares a intereses, no existiendo en consecuencia ningún daño económico al Banco Central de Bolivia; y,
13. xiii)Si en el presente caso, de conformidad al art. 279 del CPP, el Ministerio Publico actuó siempre bajo control jurisdiccional, teniendo en cuenta que el proceso tiene una duración de seis años y siete meses. En mérito a esta extensa solicitud de trece puntos que la parte accionante pide se aclare y complemente, la Sala Constitucional resolvió de la siguiente manera:
14. a)Al primero, sin lugar a considerar pedido alguno; toda vez que, no fue objeto de análisis el derecho a la defensa que asiste a las entidades que intervinieron en calidad de terceros interesados;
15. b)Al segundo, aclara que esta Sala Constitucional en modo alguno consideró los argumentos expuestos por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en base a la aclaración de la Fiscalía Departamental de La Paz de que la objeción planteada por dicha entidad fue extemporánea; y, la autoridad accionada deberá explicar en el nuevo fallo a ser emitido, si el abogado Fabio Joffre Calasich acreditó o no su personería;
16. c)Al tercero, se complementa la Resolución, debiendo la autoridad Fiscal accionada a tiempo de emitir su pronunciamiento determinar cuál la calidad de intervención de la Procuraduría General del Estado, ello a tiempo de referirse a la condición en la que se admitió la impugnación presentada por el ya referido abogado;
17. d)Al cuarto, quinto y noveno, se complementa la Resolución disponiendo que la autoridad accionada absuelva los cuestionamientos respecto a cuál la interpretación o consideración que merece el DS 2068 en la sustanciación de las investigaciones;
18. e)Al sexto y décimo, sin lugar la aclaración y complementación solicitada; toda vez que, se concluyó no ser evidente la lesión de la garantía de non bis in idem, pues la autoridad Fiscal accionada expuso diferentes hechos y al no existir resolución definitiva en ninguno de los dos casos;
19. f)Al séptimo, se complementa la Resolución, debiendo la autoridad accionada a tiempo de salvar lo dispuesto respecto al punto segundo y tercero del presente Auto, aclarar si la Procuraduría General del Estado cuenta con la legitimación procesal activa para cuestionar actos emitidos en 2014, explicando con la suficiente motivación, cuál el soporte normativo que habilite dicho accionar;
20. g)Al octavo, sin lugar el pedido de complementación; toda vez que, esta Sala Constitucional no es regente del cuaderno de investigaciones, menos del cuaderno de control jurisdiccional, debiendo los accionantes acudir a la instancia pertinente;
21. h)Al décimo primero y décimo segundo, sin lugar a la aclaración solicitada, pues tales antecedentes no fueron analizados en la Resolución emitida; e,
22. i)Al décimo tercero, sin lugar a lo solicitado, aclarándose sin embargo, que los accionantes cuentan con la vía expedita a efectos de recabar la información que se requiere, reiterándose que esta Sala Constitucional no es la competente para expedir la referida información. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Al no haber obtenido consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente a fin de dirimir con su voto el caso en análisis; por lo que, el pronunciamiento de la presente Resolución, se encuentra dentro de plazo.

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, a la legalidad penal e irretroactividad de ley, a la igualdad en la aplicación de la ley, a la defensa, a la congruencia de las resoluciones, a la no persecución penal múltiple y a la motivación, así como al principio de seguridad jurídica, debido a que el Fiscal Departamental accionado de forma indebida emitió la Resolución FDLP/MACV/R-207/2020, que dispuso revocar la Resolución de Rechazo 010/2014 en su favor, por cuanto:

1. 1)Es incongruente al omitir pronunciamiento con relación a que las dos objeciones que la motivaron eran inadmisibles al ser una de ellas, presentada de forma extemporánea, y la otra, presentada sin acreditación de la personería del representante de la Procuraduría General del Estado, misma que se apersonó al proceso años después de emitida la citada Resolución de Rechazo que objetó;
2. 2)No se pronunció sobre la legitimidad de las entidades coadyuvantes dentro del proceso penal, cuando es otra entidad estatal a quien le correspondía apersonarse en la causa y constituirse en parte del mismo;
3. 3)De manera incongruente y sin la debida motivación y fundamentación, no consideró que no podría investigárseles en base a tipificación penal vigente desde fecha posterior a la comisión de los supuestos hechos investigados, por lo que dio lugar a que se aplique retroactivamente la Ley 004; y,
4. 4)De forma errónea y arbitraria sostuvo que el análisis de la concurrencia del principio non bis in idem es un aspecto eminentemente jurisdiccional que no puede ser determinado por el Ministerio Público, como si el mismo se encontraría eximido de analizar y precautelar los derechos y garantías constitucionales.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso. Jurisprudencia reiterada Al respecto la SCP 0495/2019-S4 de 12 de julio estableció lo siguiente: "Resulta relevante recordar que sobre el contenido esencial del derecho al debido proceso, en su elemento de debida fundamentación y motivación, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló las siguientes cuatro finalidades implícitas:

1. 1)El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada no solo por su texto escrito sino también, por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad, en el que este último, se encuentra en sumisión al primero; '...2) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
2. 3)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y,
3. 4)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...' Posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero², se sumó un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: '...5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo', que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad se expresa en una decisión:
4. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
5. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
6. iii)Con motivación insuficiente, cuando no da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
7. iv)Por falta de coherencia del fallo, que se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, pues la resolución debe guardar correspondenia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen como antecedentes a las Sentencias Constitucionales 0863/2003-R de 25 de junio y 0358/2010-R de 22 de junio. Respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada, fue ampliada mediante la SCP 0005/2019 de 19 de febrero, que complementó lo anteriormente señalado: '...a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones...', lo que significa que corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, el análisis de la incidencia del acto acusado como ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional, respecto al fondo de lo resuelto, de manera que si no tiene efecto modificatorio, la tutela que podría concederse tendría como efecto que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; con dicho entendimiento, corresponderá denegar la tutela cuando la arbitraria o insuficiente motivación de las resoluciones aunque sea reconocida, no tenga efecto modificatorio respecto al fondo de lo decidido pues no existiría vulneración del derecho. La Resolución constitucional citada, aclaró que ese '...entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna...'" (las negrillas nos pertenecen). En el mismo sentido, considerando el entendimiento jurisprudencial reiterado por el que se establece la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los Fiscales, a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, este Tribunal razonó: "...toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas" (énfasis añadido).