Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0293/2026-RCA Sucre, 7 de julio de 2026
Expediente: 85379-2026-171-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 01/2026 de 17 de junio, cursante de fs. 202 a 203 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Percy Gregorio Escalante Hurtado contra Sandra Quiroga Solano, Contralora General del Estado.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 10 de junio de 2026, cursante de fs. 175 a 195, el accionante manifestó que mediante Nota con cite: GADT/DGD/FCRF 1733/2021 de 30 de julio, el Director a.i. de la Dirección General del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, solicitó formalmente una auditoria destinada a expresar una opinión independiente respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y, a establecer posibles indicios de responsabilidad por la función pública, dentro del proyecto "Construcción Atajados y Reservorios Comunidad Rosillas"; ante esa solicitud, el 14 de noviembre de 2023, se aprobó el Formulario de Inicio de Auditoria (F-1) correspondiente al código K4/EP18/N23.
Posteriormente, el 23 de agosto de 2024, se emitió el Informe de Auditoría K4/EP18/N23-R1; y, el 24 de febrero de 2026, el Informe Legal L8/XP756/D24; los cuales, sirvieron de base y sustento para determinar la presunta existencia de indicios de responsabilidad civil.
Finalmente, la Contraloría General del Estado emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-004/2026 de 25 de marzo, estableciendo indicios de responsabilidad civil solidaria en su contra, por la suma liquida y exigible de Bs. 1 548 604,01.- (un millón quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuatro 01/100 bolivianos) que devino de la indicada auditoría, la misma que vulnera su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de prueba y congruencia; ya que, no se analizaron los descargos ni la documentación que presentó; además, la atribución de responsabilidad indicada, es genérica y sin respaldo jurídico.
I.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
El accionante considera vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia, citando al efecto los arts. 115.I y II, 117 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.3. Petitorio
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