0294/2021-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada y:

1. a)Anular el Auto de 13 de agosto, y providencias de 19 de agosto y 25 de agosto, todos de 2020, ordenando a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, señale día y hora de reprogramación de audiencia de cesación a la detención preventiva de forma inmediata;
2. b)La calificación de daños y perjuicios, por el tiempo de la dilación procesal atribuible al juzgado cautelar accionado; y,
3. c)La remisión de antecedentes disciplinarios por constituir los actos lesivos, en falta grave prevista en el art. 187.7 de la Ley 025 del Órgano Judicial de -24 de junio de 2010-, y sea conforme al art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).

María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, presentó informe (fs. 72 a 73 vta.), señalando lo siguiente:

1. 1)El 23 de octubre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de José Luis Quispe Gonzales por el presunto delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, incurso en el art. 308 bis del CP, siendo víctima una menor a la que embarazó y le indujo a abortar con amenazas (conforme a la declaración de la víctima), habiéndosele impuesto detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por haber demostrado el Ministerio Público, los presupuestos y riesgos procesales previstos en el art. 233.1 y 2 del CPP, posteriormente el 8 de enero de 2020 se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, manteniéndose la medida extrema por no haber presentado elementos de convicción suficientes e idóneos para desvirtuar los riesgos procesales persistentes, resolución que fue recurrida en apelación, y el 28 de enero de 2020 la "Sala Penal Primera determinó declarar parcialmente procedente la apelación" (sic); finalmente, cambiando de abogado, el imputado nuevamente solicitó cesación a la detención preventiva, la cual fue señalada para otra fecha, y habiéndose instalado la misma se suspendió por cuanto no se encontraba la "Abogada de la Defensoría de la Niñez", habiéndose considerado su participación en resguardo de los derechos de la menor víctima;
2. 2)El 12 de agosto de 2020, el Ministerio Público presentó la acusación, siendo emitido el Auto de remisión del cuaderno de acusación, el 13 del mismo mes y año, en estricta aplicación del art. 325 del CPP, y en mérito de ese mandato tenía la obligación de remitir a la siguiente instancia la acusación fiscal, perdiendo competencia para cualquier actuación, bajo responsabilidad, tal como dispone la norma citada. Por otro lado, hace constar que el Auto de remisión del cuaderno de acusación fue emitido el 13 del citado mes y año, suspendiendo la audiencia de cesación a la detención preventiva para el día 17 del referido mes y año, y notificando a las partes; empero, el accionante presentó su memorial de corrección bajo responsabilidad, después de cinco días, sobrepasando el término de la radicatoria que según el art 340 CPP es en el día de recibida la acusación, y asimismo, se debe tomar en cuenta que la Ley 1173 establece que los Secretarios de los Juzgados en Materia Penal, pueden emitir decretos de mero trámite, que no sean pronunciados en audiencia, lo que se realizó al responder los memoriales presentados con carácter posterior a la remisión del cuaderno de acusación, además de que la juzgadora se encontraba en aislamiento por sospecha de la enfermedad de la pandemia (Covid-19); y,
3. 3)El accionante pretende confundir al fundamentar su acción en Sentencias Constitucionales que ya fueron moduladas, siendo que el art. 340 del actual CPP fue modificado, estableciendo que recibida la acusación ante el Juzgado o Tribunal competente, y radicada la causa en el día; siendo falso lo afirmado por el accionante, que se radicara en cuarenta y ocho horas, pudiendo denotarse además la falta de lealtad procesal de la defensa cuando refiere que no existe ningún riesgo procesal que mantenga su detención preventiva; por lo que, hace notar que la acción presentada se la realiza con total desconocimiento del procedimiento penal y de las labores que deben realizar las autoridades jurisdiccionales en turno; siendo que, el art. 16 de la Ley 025 establece que los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer las etapas concluidas, por lo que no existe ninguna violación a derechos y garantías del imputado, no existe un indebido proceso y tampoco se ha demostrado que sea indebidamente perseguido, procesado y privado de su libertad, sino que se ha dado cumplimiento a las leyes correspondientes al control jurisdiccional.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, por Resolución de 1 de septiembre de 2020, cursante de fs. 76 a 78 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo exhortar a la Jueza de Instrucción Cautelar Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba a cumplir en lo posterior con los fundamentos expuestos en esta resolución, sin costas y advirtiendo que la parte accionante puede acudir ante la autoridad jurisdiccional a solicitar la cesación a la detención preventiva, con los siguientes fundamentos:

1. i)El art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1173, establece la cesación a la detención preventiva en 6 incisos, y la parte final de dicha disposición legal señala que planteada la cesación en los numerales 1, 2, 5 y 6 deberá señalar audiencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; de la revisión de las documentales; se tiene que, la autoridad demandada no ha dado cabal cumplimiento a la parte final del art. 239 del CPP, es decir que los señalamientos de audiencias no fueron realizados dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas;
2. ii)En lo referente a la suspensión de audiencia por Auto de 13 de agosto de 2020, se tiene que dicha determinación asumida por la Jueza demandada, contraviene la jurisprudencia constitucional establecida en la 0Sentencia Constitucional Plurinacional 001/2018-S1 de 28 de febrero, que señala que cuando se trata de una solicitud de cesación a la detención preventiva, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún se haya presentado acusación fiscal, siendo que la pérdida de competencia de la autoridad jurisdiccional se da cuando se procede a la radicatoria ante el Juez o Tribunal, conforme lo establece el art. 340 del CPP; y,
3. iii)En el presente caso, se tiene que la causa hubiese sido sorteada al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba el 17 de agosto de 2020, y conforme la nota de remisión, se tiene que el expediente hubiese sido recepcionado por el mencionado Tribunal de Sentencia el 17 de agosto de 2020, es decir, que no consta que la causa remitida ante el Tribunal, hubiese merecido la radicatoria respectiva, según los antecedentes del cuadernillo cautelar, por lo que la autoridad demandada no podía disponer la suspensión de la audiencia programada para el 17 de agosto de 2020, sin la constancia expresa de la radicatoria, y bajo el principio de favorabilidad, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva y reprogramación de audiencia, debió desarrollar la audiencia respetiva, disponiendo lo que en derecho corresponda; por lo que, al desconocer su competencia, no ha dado cabal cumplimiento a la línea jurisprudencial señalada precedentemente. Sin embargo, la solicitud del solicitante de tutela de anular el Auto de 13 de agosto de 2020 y las providencias de 19 y 25 de agosto de 2020, para que se ordene señale día y hora de audiencia, resulta disfuncional, justamente en mérito a la SCP 0011/2018-S1, pues la autoridad jurisdiccional ha perdido competencia por cuanto ya se ha radicado la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento d Cochabamba, conforme copia que se ha adjuntado.