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TCP

0295/2021-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de agosto de 2021SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0295/2021-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2021-S1 Sucre, 2 de agosto de 2021

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 35273-2020-71-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 12/2020 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Mariaca Riveros en representación sin mandato de Marioly Contreras Camargo contra Cinthia Del Carmen Banegas, Jueza Pública de Familia Catorce de la Capital del Departamento de Santa Cruz, y Michael Javier Castillo Añez.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2020, cursante a fs. 2 y vta., la accionante a través de su representante, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que ha sido y es víctima de violencia familiar y doméstica, motivo por el cual inició una acción penal en contra de Michael Javier Castillo Añez, debido al abandono luego de su embarazo; posteriormente, se vio obligada a iniciar una demanda de asistencia familiar en su contra, debido a que el progenitor se negó a cubrir los gastos de su hija, misma que se encuentra radicada en el Juzgado Público de Familia Decimocuarto.

Asimismo, hace conocer que la referida Juez, en audiencia dictó Sentencia de fecha 4 de junio, dispuso que el obligado le otorgara una asistencia familiar a favor de su hija Zoe Luciana Castillo Contreras, en la suma de Bs1 200.- (Un mil doscientos 00/100 bolivianos); sin embargo, el obligado nuevamente ha incumplido con su deber de pagar la asistencia familiar dispuesta por la referida autoridad jurisdiccional, habiendo transcurrido ya seis meses, por lo que, la accionante señala que a la fecha de presentación de esta acción tutelar no tiene dinero suficiente para la subsistencia de su hija, ni para cancelar los gastos de salud de la misma, todo ello debido a la omisión del obligado, por lo que la vida y la salud de su hija están en riesgo, más aún si se toma en cuenta que los niños merecen atención prioritaria, lo cual no puede brindarle por falta de recursos económicos dirigidos a la subsistencia, salud y alimentación.

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