0295/2022-S1

Bajo esos antecedentes, las autoridades jurisdiccionales accionadas al dictar el 0AS 800/2020 vulneraron su derecho fundamental al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y aplicación objetiva de la ley; toda vez que:

1. a)Resolvieron la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada con el escueto argumento de carecer de competencia para resolver incidentes y excepciones cuando este mecanismo de defensa instituido en favor del justiciable se halla establecido para que lo conozca y resuelva el juez o tribunal que esté en conocimiento del mismo o donde esté radicada la causa; en este entendido, los citados Magistrados se limitaron a indicar en el párrafo V del Auto Supremo cuestionado, lo siguiente: "...La regulación de la actividad procesal penal en Bolivia a partir de la promulgación de la Ley 1970, atravesó dos importantes modificación, ambas de manera coincidente con el fin de optimizar el sistema judicial penal, así como establecer medidas tendientes a la reducción de espacios que generen retardación o mora judicial; en tal sentido, la Ley 586, introduce variaciones a la ley 314 del CPP..." (sic) y a continuación transcriben el precepto citado; más adelante hacen lo propio respecto a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolecentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, para en definitiva alegar que "la norma procesal no reconoce un tiempo posterior a esas fases, en las que -dice- la autoridad jurisdiccional pueda habilitar un procedimiento transversal al tema principal, así se concluye de la lectura del art. 314, así como los arts. 301 y 326 parágrafo l y art. 327 todos del CPP....Por tanto que en el caso debió promover la excepción de extinción de la acción por prescripción hasta antes de la vigencia de la Ley 1173..." (sic); de ahí que el razonamiento inmotivado e infundado de las autoridades accionadas se intensifica pues dichos preceptos no tienen ninguna vinculación al trámite que se debe imprimir respecto a los incidentes y excepciones, menos aún a la excepción de extinción de la acción por prescripción, extremo que ya fue motivo de reclamo al solicitarse la explicación y enmienda señalada precedentemente que obviamente no mereció una respuesta coherente, dejando sin la menor posibilidad de conocer el razonamiento preciso y claro del Tribunal hoy demandado;
2. b)Inobservaron el art. 203 de la CPE al no aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos en la SC 1061/2015-S2 de 26 de octubre que reconduce la línea jurisprudencial respecto a la autoridad competente para conocer y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción; así como su propia doctrina legal aplicable desarrollada en los Autos Supremos 554/2016 de 15 de julio y 352/2018 de 21 de mayo;
3. c)El Auto Supremo denunciado es incongruente porque no ingresa a responder el fondo de la excepción planteada; es más se confunde la extinción de la acción por prescripción con la operada por duración máxima del proceso cuando señala "...En consecuencia, a efectos de considerar el incidente de excepción de extinción penal por duración máxima del proceso, pues dicho contexto debió efectivizarse hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1173,que data de 4 de noviembre de 2019,por lo tanto al promover excepción de extinción de la acción penal por prescripción, activa un mecanismo procesal en tiempo no oportuno, habida cuenta que, por disposición expresa de los arts. 308 y 314 de la Ley Adjetiva Penal, el tiempo límite para tal ejercicio no debe superar la etapa de juicio, situación que en el presente caso ha sido sobreabundantemente rebasada..." (sic); en este entendido, el fallo no es claro; ni expone los razonamientos empleados justificado con la cita legal respectiva y fundamentalmente carece de congruencia entre los hechos y el derecho; puesto que se acreditó que su persona fue denunciada penalmente el 8 de septiembre de 2016 por un hecho presuntamente acaecido el 31 de diciembre de 2010; por otro lado, la investigación, la imputación y la acusación se centró en el tipo penal previsto por el art. 342 del CP -engaño a persona incapaz- donde fue declarada absuelta pero condenada por el delito de estafa quedándose en suspenso la competencia del Tribunal de Sentencia Penal precisamente por la emisión de la Sentencia y el recurso de apelación restringida; en consecuencia no era posible plantear el incidente de extinción de la acción en esa instancia procesal en estricto apego precisamente al entendimiento de la SC 1061/2015-S2 y los AASS 554/2016² y 352/2018⁴ de aplicación inexcusable por mandato del art. 203 de la CPE que regula el planteamiento de la excepción donde radica la causa principal que para el caso que nos ocupa es la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; y,
4. d)Se vulneró el debido proceso en su vertiente al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva debido a que las autoridades jurisdiccionales accionadas al emitir el 0AS 800/2020 y no responder el fondo de la excepción de prescripción planteada evidencia una clara conducta omisiva frente a un planeamiento basado en los arts. 115.II, 123, 178 y 180.II de la CPE; 6.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDP); y, 28 con relación a los arts. 27.8 y 308. 4 del CPP.

Solicita se conceda la tutela impetrada; en consecuencia se disponga:

1. 1)Dejar sin efecto el Auto Supremo 800/2020 de 24 de noviembre; y,
2. 2)Pronuncien una nueva resolución con la debida motivación, fundamentación y en estricto apego a las normas y jurisprudencia desarrollada.

Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Del análisis del citado 0Auto Supremo 800/2020 se advierte que no se encuentra debidamente fundamentado porque ese deber no solo se satisface con la cita del art. 314 del CPP y las modificaciones introducidas por las Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal- y 1173 sin explicar de qué manera el texto de esta última permite obviar la vinculatoriedad de los razonamientos desarrollados por la SCP 1061/2016-S2 que realizando una interpretación extensiva de los derechos desde y conforme la Constitución estableció que dicha excepción puede ser planteada inclusive en casación; consiguientemente, las manifestaciones en sentido de que dicha excepción para ser considerada debió ser presentada antes de la vigencia de la Ley 1173 o que el plazo límite para su interposición es antes de la conclusión del juicio, resultan arbitrarias;
2. ii)De forma arbitraria se sostiene que la jurisprudencia constitucional -contenida en la SCP 1061/2015-S2- que se constituye en fuente directa del derecho perdió vinculatoriedad por las modificaciones introducidas por la Ley 1173 sin que el efecto se haya expuesto los razonamientos jurídicos debiéndose tener en cuenta que los entendimientos asumidos por el máximo intérprete de la Constitución en relación a la posibilidad de presentar la excepción de prescripción inclusive en casación, se sustenta en los principios del pro actione y la materialización de los derechos sustanciales constituyéndose en el estándar más alto; el cual, no fue tomado en cuenta por los Magistrados demandados para el análisis y resolución de la problemática planteada por la ahora accionante, y por el contrario, exponiendo argumentos regresivos sobre nuevos supuestos incorporados por la Ley 1173 al texto del art. 314 del CPP para presentar la referida excepción sólo en etapa preparatoria o juicio oral; y,
3. iii)Si resultase evidente lo manifestado por los Magistrados demandados, en sentido de que la norma incorporó modificaciones que no permiten aplicar los razonamientos constitucionales expresados en la jurisprudencia citada; debieron haber realizado un análisis de aquellas modificaciones en el marco del principio de la realización progresiva de los derechos teniendo en cuenta que existe la prohibición de regresividad; consecuentemente, al no haber obrado de aquel modo, resulta evidente la indebida fundamentación y como efecto de esa falta de sustento racional, la motivación arbitraria porque el análisis de la oportunidad para presentar la excepción y la consiguiente justificación para rechazar la consideración de fondo, se lo realiza en base a parámetros normativos superados e inaplicables al caso.

La parte accionante considera la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, legalidad y congruencia; a la defensa y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, las autoridades demandadas al dictar el Auto Supremo 800/2020 de 24 de noviembre:

1. a)No resolvieron el fondo de la excepción planteada con el escueto argumento de carecer de competencia por la modificación del art. 314 del CPP efectuado por las Leyes 586 y 1173 que no reconocen la posibilidad de su interposición luego de la etapa preparatoria o juicio oral del proceso penal; y, a) Inobservaron el art. 203 de la CPE al no aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos en la SC 1061/2015-S2 de 26 de octubre; así como su propia doctrina legal aplicable desarrollada en los AASS 554/2016² de y 352/2018; por lo que, solicita se conceda la tutela en consecuencia se disponga:
2. 1)Dejar sin efecto el Auto Supremo 800/2020 de 24 de noviembre; y,
3. 2)Pronuncien una nueva resolución con la debida motivación, fundamentación y en estricto apego a las normas y jurisprudencia desarrollada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizaran los siguientes temas:

1. i)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
2. ii)El planteamiento de los incidentes de extinción de la acción penal; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, e) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. 1)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. 2)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. 3)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. 4)Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes.