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TCP

0295/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0295/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 65904-2024-132-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 091/2024 de 16 de julio, cursante de fs. 69 a 75, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny García Rojas contra Griselda Irusta Rojas y Julio Cesar Antequera Balderrama.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de junio y 2 julio de 2024, cursante de fs. 1, 23 a 30 vta.; y, 40 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Según Testimonio 114/2024 de 25 de marzo, adquirió, mediante contrato de compraventa -a través del Poder Notarial 19/2024 de 12 de enero, otorgado por su anterior propietaria, Elba Teresa Rojas Vda. de García-, el inmueble ubicado en la calle Esteban Arce, zona sudeste, distrito 10, manzano 036, con una superficie total de 625,50 m², registrado en Derechos Reales (DD.RR.) de Cochabamba bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0013493, en el asiento A-6 de titularidad de dominio de 28 de marzo de 2024, sobre dicho inmueble se encuentra construida una galería denominada "Santa Teresa", compuesta por ocho locales comerciales, dos tiendas y baños públicos.

Conforme al antecedente descrito, tomó posesión del inmueble el mismo día de la transferencia, ocasión en la que la vendedora le entregó las llaves de los respectivos ambientes, constituyéndose desde entonces en el nuevo propietario; en ese contexto, con la finalidad de regularizar los contratos de arrendamiento existentes, suscribió un contrato de servicios de administración y alquiler de los baños públicos con Jhenny León Mollo, estableciéndose en dicho convenio que cualquier decisión relacionada con el inmueble sería asumida por su persona; asimismo, el 1 de abril de 2024, acordó la suscripción de contratos con los inquilinos Charly Vargas Herbas, Eliana Flores de Rodríguez, Borisca Ruth Sanca Patón y Judith Serrudo Calancha, quienes ya ocupaban, en calidad de arrendatarios, los ambientes comerciales del referido bien inmueble.

Ahora bien, el 12 de abril de 2024, aproximadamente a horas 13:00, su hermana materna, Griselda Irusta Rojas, y su pareja, Julio César Antequera -ahora demandados-, ingresaron sin autorización al inmueble antes referido, amedrentando a la administradora y empleando fuerza física para desalojar un ambiente ubicado en la parte posterior del bien, que anteriormente era utilizado como depósito, con la finalidad de instalarse y habitarlo; con ese propósito, trasladaron diversas pertenencias, entre ellas camas, muebles, televisores y otros objetos, asumiendo posesión del referido ambiente y manifestando a gritos que permanecerían en el inmueble por pertenecer a su madre; tales hechos habrían ocurrido de manera violenta, con agresiones dirigidas a los inquilinos, conforme se describe en el informe de 15 del mismo mes y año, emitido por la administradora del inmueble.

Posteriormente, en reiteradas oportunidades y de manera verbal, solicitó a los demandados que desocupen el inmueble, al no existir justificación para dicha ocupación ni documentación que acredite o evidencie la existencia de un contrato de arrendamiento o anticresis; sin embargo, estos respondieron que: "...no le da la gana de salir del bien inmueble..." (sic), situación que generó malestar e incertidumbre entre los inquilinos, quienes -según refiere- se vieron impedidos de ejercer una posesión tranquila de las galerías comerciales, siendo además amenazados para que las abandonen por no haber contratado con la demandada.

Finalmente, el 19 de junio de 2024, se constituyó en el inmueble junto a un Notario de Fe Pública, con el objeto de dejar constancia expresa, mediante acta notarial, de las vías de hecho violentas que considera ilegales y arbitrarias, por desconocer y prescindir de las instancias legales y de los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico (), presuntamente protagonizadas por su hermana; tales actos, a su criterio, vulneran su derecho a una posesión pacífica, así como las facultades de uso, goce y disposición del bien inmueble inherentes al derecho de propiedad, ocasionándole además un daño económico irreparable; del mismo modo, afectarían los derechos de los inquilinos con quienes mantiene relaciones contractuales de arrendamiento respecto de los ambientes comerciales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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