Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 29 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26599-2018-54-AAC Departamento: Cochabamba Partes: Henry Gonzalo Rico García en representación legal de David Gonzáles Antezana contra Oscar Ivens Vera Espinoza y Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte, ex y actual Fiscal Departamental de Cochabamba; y, Gabriel García Rojas, Fabio Velasco Rojas, Ingrid Mónica Mercado Hinojosa y Ana María Sánchez López, todos Fiscales de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada está de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de todos los Fundamentos Jurídicos y con algunos términos dispositivos de la , que confirma la Resolución de 23 de noviembre de 2018, emitida por la Jueza de garantías; y en consecuencia: concede la tutela impetrada únicamente en cuanto al ex y actual Fiscal Departamental de Cochabamba, en referencia al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, deniega respecto a los Fiscales de Materia codemandados, así como con relación con el derecho de acceso a la justicia y los principios de seguridad jurídica y legalidad; sin embargo, manifiesta su desacuerdo con lo siguiente:
- a)Con la autolimitación que se realiza en dicha Sentencia, respecto al examen de la Resolución de primera instancia, que también fue impugnada por el accionante; debiendo haberse sometido a control de constitucionalidad tutelar tanto la Resolución de rechazo de 26 de abril de 2017 -presentada el 3 de mayo de igual año- emitida por los Fiscales de Materia demandados y la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 440/2017 de 20 de junio pronunciada por el ex Fiscal Departamental codemandado;
- b)Con el hecho de haberse omitido realizar un análisis exhaustivo sobre la lesión del derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y,
- c)Por denegar la tutela impetrada respecto a los principios de seguridad jurídica y legalidad, a pesar de su vinculación con los derechos lesionados, objeto de tutela de esta acción de amparo constitucional.
En todo caso, considero que debió: CONFIRMAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela solicitada conforme a los fundamentos y términos dispositivos de este Voto Disidente:
Asimismo, cabe aclarar que el expediente 26599-2018-54-AAC, correspondiente a la , que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho, en consecuencia, elaboré el proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con el mismo y formuló uno alterno que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori-; motivo por el cual, emito el presente Voto Disidente:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante alega que los demandados, no compulsaron la prueba presentada, tampoco fundamentaron ni motivaron sus razonamientos, más aún, en la Resolución Jerárquica; actuación que vulnera sus derechos de acceso a la justicia y debido proceso en relación a la fundamentación, motivación, falta de valoración de prueba, seguridad jurídica y legalidad; pidiendo se deje sin efecto las Resoluciones de rechazo de 26 de abril de 2017 y Jerárquica de 20 de junio de igual año.
En consecuencia, correspondía que la determine en revisión, si los extremos denunciados eran evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto debió desarrollar los siguientes temas:
- 1)El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia;
- 2)La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba;
- 3)Revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
- 4)Sobre la tutela judicial efectiva; y,
- 5)Análisis del caso concreto.
II.1. El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
- a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la 4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la 5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:
- i)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
- ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
- iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
- iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
- v)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la -6.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la como la , señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
- a)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
- b)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
- c)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
- d)Por la falta de coherencia del fallo, se da:
- d.1)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y,
- d.2)En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 7, así como en la 8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la 9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en la como en la citadas anteriormente fue modulada por la ; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Mostrando 23 de 113 parrafos.