0297/2022-S1

La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 88/2021 de 21 de julio, cursante de fs. 73 a 78, concedió la tutela solicitada, en consecuencia dispuso dejar sin efecto la Resolución 072/2020 de 2 de diciembre y su complementaria de 20 de enero de 2021, asimismo determinó que la autoridad demandada emita una nueva resolución, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La Resolución Jerárquica no condice con lo establecido como prueba de la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 121.18 de la Ley 260;
2. b)La segunda parte del numeral 18 del art. 121, dice que: "con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes"; es decir la exigencia de establecer ese beneficio o perjuicio es para las partes dentro el proceso penal, en cambio en un proceso disciplinario es precisamente ese elemento el que debe probarse, estableciendo de manera concluyente el hecho de haberse beneficiado o perjudicado, se debe determinar a cuál de las partes pero en el marco del debido proceso;
3. c)No existe denuncia de que se hubiere causado o no perjuicio a alguna de las partes, sino que es la propia autoridad que realizó la inspección, que señala que la resolución de imputación causó perjuicio al proceso, sin embargo no existe coherencia con lo establecido con la falta disciplinaria descrita, porque la misma señala "con el fin de beneficiar o perjudicar a las partes que en el marco de una denuncia penal ante el Ministerio Público son los denunciantes, denunciado y otros establecidos por ley" (sic), que se encuentran bajo control jurisdiccional;
4. d)Se vulnera el principio de taxatividad de la norma, lo que conlleva que el Fiscal General del Estado deba efectuar conforme sus atribuciones, una revisión prolija de los antecedentes y en su mérito establecer si existe una responsabilidad sustentada en elementos configurativos de la responsabilidad, señalando los elementos probatorios, el no hacerlo deviene en la emisión de una resolución vulneradora de derechos, de modo que se evidencia una insuficiencia de motivación y fundamentación;
5. e)En cuanto al punto 4.3 de la Resolución Jerárquica, se debe señalar que una resolución que en el marco del debido proceso no esté adecuadamente fundada y/o motivada, no puede ser considerada contraria a la ley en sí misma, porque si así fuera toda resolución judicial o administrativa que adolezca de insuficiencia de motivación o fundamentación sería contraria a la Ley, no es la finalidad perseguida en la denuncia de la vulneración a derechos y garantías constitucionales referidas al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, sino su reparación y corrección;
6. f)Respecto a la falta disciplinaria muy grave prevista en el art. 121.18 de la Ley 260, debe estar acreditado, por cuanto el solo sustento de aducir una verdad material, basada en la existencia de una resolución de imputación que incurra en una falta de fundamentación, no configura de manera inmediata la falta disciplinaria; y,
7. g)Se evidencia ausencia de motivación y fundamentación respecto a determinar y señalar que se ha beneficiado o perjudicado a una de las partes, lo que cobra relevancia constitucional por cuanto del análisis de estos elementos que configuran la falta disciplinaria atribuida al accionante se corrobora que la resolución jerárquica carece de adecuada fundamentación y motivación.

II.1. Mediante Resolución Sumarial 3/2020 de 10 de noviembre, caso 41/2019, la autoridad sumariante de Chuquisaca-Potosí S.L del Ministerio Público de la Fiscalía General, con relación a las faltas disciplinarias objeto del sumario, declaró al Fiscal de Materia Julio César Sandoval Sandoval:

1. 1)No responsable de la comisión de la falta disciplinaria señalada en el art. 120.3 de la Ley 260; y,
2. 2)Responsable de la comisión de la falta disciplinaria señalada en el art. 121.18 de la Ley 260 disponiendo su destitución y retiro de la carrera fiscal, si formara parte de ella (fs. 15 a 22).

II.2. Cursa Recurso Jerárquico de 18 de noviembre de 2020, interpuesto por Julio César Sandoval Sandoval en contra de la Resolución Sumarial 3/2020, emitida por la autoridad sumariante de Chuquisaca y Potosí S.L., bajo los siguientes argumentos:

1. i)La autoridad sumariante señalada consideró el tiempo de sus vacaciones, el tiempo de entrega de cuadernillos investigativos al Fiscal Alaca, y estableció un cómputo de plazo no evidente, conculcando su derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la seguridad jurídica;
2. ii)Hubo errónea interpretación y aplicación de la falta prevista en el numeral 18 del art. 121 de la LOMP, lo que vulneró el debido proceso en la vertiente del principio de legalidad y del derecho a la debida fundamentación de las resoluciones; el mencionado artículo señala que: "...Dictar resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas, con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes...", dicha falta disciplinaria establece que tenga el fin de perjudicar o de beneficiar a una de las partes del proceso penal; consiguientemente, para que la conducta del fiscal sumariado se adecue a dicha falta, la misma debe tener una intencionalidad específica como la de favorecer o perjudicar a una de las partes del proceso.

La Norma aludida utiliza la conjunción disyuntiva "O" señalando una alternativa entre ambas opciones, es decir una alternativa entre favorecer o perjudicar a una de las partes; empero, la autoridad sumariante estableció ambas circunstancias simultáneamente;

1. iii)No se explicó cuáles serían los elementos y criterios que hicieron concluir a la autoridad sumariante que su conducta hubiera tenido la intención manifiesta de favorecer o perjudicar a una de las partes;
2. iv)Un simple fundamento general y sin elemento probatorio objetivo pretende dar por acreditado un elemento subjetivo importante de la falta señalada, incurriendo en errónea tipificación o adecuación de los hechos a la falta disciplinaria señalada;
3. v)La imputación que su persona habría emitido en el proceso penal que fue anulado por la autoridad judicial, no es medio probatorio suficiente o idóneo para acreditar esa supuesta intención de beneficiar o perjudicar a una de las partes, por cuanto bajo esa lógica todos los fiscales cuya resolución de imputación o acusación sea anulada o dejada sin efecto por los jueces, serían justificación suficiente para destituir a la autoridad fiscal de sus cargos, criterio y lógica irrazonable que no condice con la realidad, toda vez que las resoluciones fiscales o judiciales son susceptibles de ser anuladas o dejadas sin efecto sin que eso implique intención de beneficiar o favorecer; y,
4. vi)Ninguna de las partes supuestamente perjudicada inició el proceso disciplinario o denunció alguna inconducta de su parte. Por lo que pide se dicte Resolución declarando a su persona no responsable de la falta disciplinaria descrita por el art. 121.18 de la LOMP o en su caso según su mejor parecer declarar nula y sin valor la Resolución Sumarial 3/2020 de 10 de noviembre, por la infracción al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la ley (fs. 9 a 14).

II.3. Mediante Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 072/2020 de 2 de diciembre, el Fiscal General del Estado, resolvió confirmar la Resolución Sumarial 3/2020 de 10 de noviembre; dicha determinación se dio bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Los datos de días hábiles del probable incumplimiento de plazos, como elementos constitutivos del tipo disciplinario tampoco debieran ser cuestionados, por no tener relevancia jurídica, tomando en cuenta que el recurrente fue declarado no responsable de la falta disciplinaria grave descrita en el art. 120.3 de la LOMP;
2. b)El impugnante no tuvo restricción ni limitación alguna de asumir defensa técnica y material, además de la presentación de pruebas de descargo en el periodo probatorio;
3. c)Se sostuvo que se conculcaron sus derechos y garantías constitucionales; sin embargo, se denotó ausencia argumentativa y los medios probatorios que acreditan dichos extremos, constituyendo ello solo una disconformidad genérica y referencial de la decisión adoptada;
4. d)Sobre la errónea interpretación y aplicación de la falta muy grave descrita en el art. 121.18 de la LOMP, se advirtió ausencia de argumentos legales y pruebas que corroboren dicho cuestionamiento, es decir, no se desarrolló ni explicó de qué manera se vulneró el debido proceso en sus vertientes del principio de legalidad y debida fundamentación de resoluciones, que puntos esenciales de relevancia jurídica fueron desacertados en su pronunciamiento; también señaló que aspectos fundamentales debieron merecer motivación de hecho y de derecho, para su consideración en la resolución jerárquica y finalmente no se señaló con objetividad que pruebas fueron omitidas y/o tuvieron una defectuosa valoración para revertir la decisión asumida;
5. e)El Auto de 13 de junio de 2019, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero sobre el incidente de falta de fundamentación de la imputación formal, señaló que se vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de falta de fundamentación, falta de valoración razonable de la prueba; el derecho a la igualdad; y el derecho a la defensa, y ordenó la nulidad de la imputación formal;
6. f)El Auto aludido, ocasionó un perjuicio inminente a uno de los imputados, tomando en cuenta que es la misma autoridad judicial quien estableció que se vulneró el derecho al debido proceso, al no pronunciarse el Fiscal procesado de manera positiva o negativa respecto a la prueba que presentó la defensa;
7. g)Implícitamente la parte denunciante se vio favorecida con la imputación formal emitida, misma que con posterioridad fue declarada nula;
8. h)El recurrente de manera forzada pretende utilizar a ultranza la conjunción disyuntiva "o", cuando el control jurisdiccional fue quien estableció vulneración del derecho al debido proceso, principalmente en perjuicio de uno de los imputados, como es el incidentista; por lo que se desvirtúa que fuere una interpretación literal, gramatical y teleológica errónea con el afán de sancionarle de manera injusta e ilegal como sostiene el recurrente;
9. i)El proceso disciplinario se sustanció observando los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, porque hubo pronunciamiento expreso del control jurisdiccional respecto a la emisión de la imputación formal cuestionada por ser insuficientemente fundamentada, con el fin de perjudicar a una de las partes, además se garantizó el derecho de la presunción;
10. j)La Resolución de imputación formal, fue calificada de insuficientemente fundada con el fin de perjudicar a una de las partes, teniendo como respaldo al Auto de 13 de junio de 2019, extrañando cuales serían las pruebas de descargo con relevancia jurídica para desvirtuar la falta muy grave descrita en el art. 121.18 del LOMP;
11. k)Si la autoridad sumariante advierte que la emisión de una resolución por parte del Fiscal de Materia procesado es manifiestamente contraria a la ley y contradictoria, no requiere contar con una determinación previa de autoridad competente;
12. l)La autoridad sumariante en la parte considerativa en el subtítulo "en cuanto a la intencionalidad de la Resolución, como fundamento jurídico explicativo refirió que las resoluciones emitidas por los Fiscales son pronunciamientos que se constituyen en actos jurídicos los cuales se caracterizan porque en ellos interviene la voluntad y quien las emite asume plena responsabilidad, constituyendo ello una debida motivación. Situación distinta es pretender incorporar como un nuevo elemento constitutivo 'con la intención de'" (sic) que no amerita mayor consideración, al no ser considerado como presupuesto requerido de la falta disciplinaria procesada. Tampoco resulta exigible discurrir con los fundamentos jurídicos pertinentes y la debida motivación respecto al elemento subjetivo del dolo por no formar parte de la configuración del tipo disciplinario;
13. m)No todas las resoluciones anuladas por la autoridad judicial se constituyen en prueba documental para destituir a fiscales;
14. n)El inicio del proceso tuvo como respaldo el art. 126 de la LOMP concordante con el art. 1.1, 2 y 35 del RRD y no se identificó vicios procedimentales insubsanables que hubieran implicado indefensión; y,
15. o)Hubo observancia del principio de taxatividad porque la conducta del servidor público está catalogada como falta disciplinaria muy grave con la sanción de la destitución definitiva del cargo y retiro de la carrera fiscal, no se afectó derechos y garantías constitucionales (fs. 5 a 8).

En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizaran los siguientes temas:

1. 1)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso:
2. 2)El debido proceso en el ejercicio de la actividad sancionadora del Estado; y,
3. 3)El análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. e)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. 1)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. 2)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. 3)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. 4)Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En ese sentido, la Corte IDH, realizó el siguiente desarrollo jurisprudencial:

1. 1)La función jurisdiccional no solamente compete al Órgano Judicial, sino, a todos los órganos o autoridades que ejerzan junciones de carácter materialmente jurisdiccional, ya sea en el ámbito administrativo, legislativo o judicial; cuyas resoluciones que determinen derechos, sanciones y obligaciones, deben estar apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del art. 8 de la CADH11;
2. 2)El debido proceso legal conformado por las garantías judiciales reconocidas en el art. 8 de la CADH, constituyen el conjunto de requisitos que deben observarse en las diferentes instancias procesales tanto del proceso administrativo sancionatorio como en aquellos procesos desarrollados en el Órgano Judicial; debiendo tomarse en cuenta, que esta actividad estatal no es discrecional, sino, encuentra límites en el respeto de los derechos humanos12;
3. 3)Las autoridades que emiten resoluciones administrativas sancionatorias no pueden reducir discrecionalmente las garantías del debido proceso, argumentando que solo son aplicables a los procesos penales; pues, de lo que se trata es buscar el valor justicia también en los procesos disciplinarios13;
4. 4)La inobservancia de cualquiera de las garantías que aseguren el debido proceso, conlleva una violación de dicha disposición convencional14; y,
5. 5)El art. 8.2 de la CADH, adicionalmente desarrolla las garantías mínimas del debido proceso, que deben estar aseguradas por los Estados Partes a efectos de lograr decisiones justas; las mismas, también deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro -disciplinario- cuya decisión pueda afectar los derechos de la persona, aclarando que, el procesado tiene derecho en general al debido proceso que se aplica en el materia penal, a efectos de no emitirse una determinación arbitraria15.

1. 1)El ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, en el ámbito disciplinario, permite a la administración pública en sus distintos órganos e instituciones del nivel central y de las diferentes entidades territoriales autónomas imponer sanciones a sus servidoras y servidores públicos para garantizar que se cumplan los fines y funciones esenciales del Estado previstos en la Constitución y la ley conforme refiere el art. 9 de la CPE, siendo ese su fundamento. En efecto, son la Constitución, la legislación y reglamentación del nivel central y de las entidades territoriales autónomas que en ese cometido le confieren a la administración pública la potestad y facultad de aplicar, en vía disciplinaria, diversos tipos de sanciones a sus servidoras y servidores públicos.

1. 2)Ahora bien, el ejercicio de la potestad de las entidades públicas de imponer sanciones disciplinarias a sus propios servidores públicos, está subordinado y limitado al respeto de determinadas garantías mínimas, entre ellas, la garantía del debido proceso, por cuanto ello controla y limita el campo de acción de la potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que se torne en ilícita. Ello, en aras de la búsqueda de la materialización de los valores, en los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural (art. 8.II de la CPE), que en lo conducente, al ámbito sancionador disciplinario, principalmente son el de justicia y armonía.