Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2019-S1 Sucre, 28 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 26471-2018-53-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 571/2018 de 15 de noviembre, cursante de fs. 161 a 167, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eleuterio Quispe Huanca contra Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto del citado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 8 y 15 de octubre de 2018, cursantes de fs. 61 a 68 vta.; y, 71 a 72 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
De forma oportuna se apersonó ante el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, solicitando la revocatoria de la Resolución de incautación y consiguiente devolución de su motorizado marca Volvo, tipo FE, modelo 1993, color blanco, con placa de circulación 2279-EEX y demás características contenidas en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) señalando que tomó conocimiento que Estefa y Germán ambos de apellidos Huanca Quispe, habrían sido aprehendidos en la localidad de Desaguadero del señalado departamento, por la presunta comisión del delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oíl, siendo cautelados el 13 de agosto de 2017, dicha autoridad judicial también dispuso la incautación de su motorizado.
Señala que, el 13 de septiembre del indicado año, al amparo del art. 255 del Código de Procedimiento Penal (CPP) interpuso ante el Juez codemandado incidente sobre la calidad de los bienes, solicitando la revocatoria parcial del Auto Interlocutorio 357/2017 de 13 de agosto, con el fundamento de que no existe relación fáctica ni legal que involucre a su persona en algún hecho delictivo que demuestre su situación de imputado o sospechoso, deviniendo en el inicio de investigaciones, cuyo extremo demuestra la inexistencia de fundamento de hecho y de derecho para que se determine la incautación de su vehículo.
Respecto al incidente sobre la calidad de los bienes, el art. 255 del CPP "...establece tres supuestos básicos..." (sic) los cuales cumplió estrictamente, puesto que su vehículo no está sujeto a confiscación, lo adquirió hace más de siete años; es decir, el 2011; además de manera razonable se evidenció su pleno desconocimiento de los ilícitos que presuntamente habría cometido al no haber sido imputado ni investigado al respecto; en consecuencia, está liberado de cualquier responsabilidad conforme se desprende de las mismas pruebas cursantes en el cuaderno de control jurisdiccional, así como la norma desarrollada por el legislador en protección de los derechos de terceras personas que sean ajenos al proceso penal y sean propietarios de los bienes incautados, quienes pueden apersonarse ante el Juez que se encuentra a cargo del proceso para solicitar la devolución.
La aludida autoridad judicial, mediante Auto Interlocutorio 537/2017 de 1 de diciembre, declaró infundado su incidente sobre la calidad de los bienes bajo el argumento que su derecho a reclamar ya habría precluido, apoyando su decisión en varios fallos constitucionales entre ellos las Sentencias Constitucionales (SSCC) "1092/2005" y la 1179/2010-R de 6 de septiembre, sin considerar ni conocer la modulación de dichos dictámenes que tienen carácter obligatorio y vinculante; asimismo, "...SE OBSERVA UNA GRAVE OMISIÓN..." (sic) en las Sentencias 384/2017 de 25 de agosto y 442/2017 de 2 de octubre, dictadas dentro del referido proceso penal contra Estefa y Germán ambos de apellidos Huanca Quispe respectivamente, ya que en las mismas no se advierte sobre la situación jurídica y definitiva del bien incautado disponiendo -según sea el caso- su decomiso, confiscación, destrucción o devolución, siendo evidente la inobservancia de los arts. 260.I concordante con el 365 del CPP, y el cumplimiento de "rutilantes" fallos constitucionales que desarrollaron entendimientos precisos al respecto.
Sostiene que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 86/2018 de 4 de abril, "...confirmó la Resolución apelada..." (sic) con una actuación ultra e infra petita, ya que la misma adolece de motivación y fundamentación sobre los puntos claros y precisos que fueron los fundamentos del recurso de apelación; por el contrario, de manera incongruente e incomprensible argumentan sobre una supuesta omisión indicando que el Juez inferior habría omitido referir y fundamentar cual la interpretación que se realizó con relación a la Ley 100 de 4 de abril de 2011, la cual demuestra una actuación ultrapetita, pues dicho precepto legal jamás estuvo en controversia con la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999; toda vez que, la aplicación de la norma procesal penal referente a la calidad de bienes, se aplica de forma cotidiana para todos los bienes inmuebles que son de incautación; por lo tanto, no existe la supuesta colisión de leyes o confrontación "...de una ley especial -Ley No. 100 con la Ley general- ley 1970..." (sic). Alega que la Resolución cuestionada vulnera sus derechos y garantías constitucionales como el debido proceso en su triple dimensión, así como la seguridad jurídica, ya que para confirmar la Resolución de primera instancia, los Vocales demandados solo repitieron las "Sentencias Constitucionales Nos. 1092/2014, de 12 de septiembre y 1124/2014 de 10 de junio..." (sic), manifestando incoherentemente que las mismas no establecen lineamientos respecto a la aplicación de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, en relación al art. 255 del CPP, infiriéndose de manera tangible que nuevamente se hace ostensible una gravísima omisión de diversos fallos constitucionales desarrollados sobre la calidad de los bienes; pero además, debe observarse su vinculatoriedad y obligatoriedad, tal como se desarrolló en el "punto III.2" de la línea jurisprudencial de la , debiéndose asumir el razonamiento efectuado por el Tribunal Supremo de Justicia respecto a que si en la etapa de los incidentes no se hubiere opuesto la solicitud de devolución de los bienes incautados dicho petitorio procede en ejecución de sentencia.
El desconocimiento de la modulación de los fallos constitucionales, es el elemento fáctico que demuestra la vulneración del debido proceso plasmado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por consiguiente y producto de esta Resolución, también se vulneró los derechos a la propiedad privada y al trabajo que subyace en el art. 46 de la Norma Suprema, puesto que al no contar con una herramienta de trabajo, tomando en cuenta además que pertenece a la tercera edad, no es posible producir ni buscar el sustento alimenticio y económico para su familia.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
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