0301/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0301/2019-S1 Sucre, 28 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 26629-2018-54-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 10/2018 de 27 de noviembre, cursante de fs. 172 a 176 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oswaldo Fong Roca en representación legal de Edilberto Ferreira Soto contra Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Elva Terceros Cuéllar, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2018, cursante de fs. 80 a 95, el accionante a través de su representante legal, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Así, respecto al primer motivo de su demanda sustentó que el 27 de junio de 2005, meses antes a la emisión del Título Ejecutorial cuestionado, su persona en consideración al art. 147 del Decreto Supremo (DS) 25763 -de 5 de mayo de 2000-entonces Reglamento a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ahora abrogado por DS 29215 de 2 de agosto de 2007-, que faculta la posibilidad de acreditar el derecho propietario mientras dure el proceso de saneamiento, presentó ante el Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Pando, memorial solicitando la consideración de su derecho de propiedad sobre el predio denominado "El Paraíso", presentando al efecto la Sentencia 01/2005 de 15 de abril y el Auto 039/05 de 18 de junio de 2005, fallos emitidos dentro del proceso sumario de nulidad de documento privado seguido por los ahora terceros interesados contra su persona, a partir de los cuales se declaró firme y subsistente la venta de dicho predio que antes se denominaba "Monte Verde" realizado el 26 de agosto de 2003, documento de transferencia que demuestra que Farid Miguel Gonzales le transfirió la propiedad agraria referida con una extensión de 650 ha de terreno, literal que no fue considerada por los Magistrados ahora demandados que solo hicieron referencia al momento de presentación de su memorial de 27 de junio de 2005, indicando que el documento de transferencia al que se hizo referencia no se encontraba en el expediente de saneamiento remitido por el INRA, lo que da cuenta de que las mencionadas autoridades no valoraron la prueba esencial y transcendental que acreditaba su derecho propietario, manifestando únicamente que las etapas del proceso de saneamiento ya se encontraban cumplidas mucho antes de la presentación del memorial, de lo que se advierte la absoluta falta de argumentación y fundamentación de la Sentencia cuestionada; toda vez que, en el marco de lo previsto en el art. 147 de la DS 25763, debía establecerse si era o no posible tomar en cuenta lo referido en el memorial de 27 de junio de 2005, ello teniendo en cuenta que el argumento expuesto -de que las etapas del proceso de saneamiento ya habían cerrado- precisamente fue cuestionado sosteniendo que el proceso de saneamiento solo concluye con la emisión del título ejecutorial, aspecto sobre lo cual las autoridades tampoco se manifestaron, razonamiento a partir del cual era perfectamente entendible que la consideración de dicho memorial no solo era posible sino también legal, debiendo tenerse en cuenta también, que el señalado escrito fue presentado en la etapa de la Resolución Definitiva aproximadamente dos años antes de la emisión del título ejecutorial, y si bien tal presentación fue efectuada cuando la indicada Resolución se encontraba ejecutoriada, dicha ejecutoria se la establece respecto a quienes participaron del proceso de saneamiento y no así respecto a su persona, que se enteró del procedimiento realizado ante el INRA en la emisión del Informe Legal DGIG 301/2005 de 26 de octubre, que no fue notificado a su persona, asumiendo conocimiento del mismo a la entrega del cuestionado título ejecutorial a los ahora terceros interesados; por otra parte, contrariamente o lo establecido por las autoridades demandadas el documento privado de compra venta si cursaba dentro del proceso de saneamiento el cual también fue adjuntado en la demanda de nulidad presentada; por lo que, al no haber considerado la prueba adjuntada en contravención del art. 147 del DS 25763, también se vulneró su derecho a la propiedad privada aspecto por el cual demandó la nulidad del título ejecutorial en relación a la causal prevista en el art. 50.I.1.a de la LSNRA; es decir, porque la voluntad de la administración fue destruida por error esencial en la persona, concluyendo que las autoridades demandadas incurrieron en una incongruencia omisiva al no determinar pese a su planteamiento, si en el presente caso el proceso de saneamiento concluyó con la Resolución Final de saneamiento RA-SS 0267/04 de 11 de marzo de 2004 o con la emisión del título ejecutorial, a objeto de poder determinar en derecho si el memorial de "25" de junio de 2005 fue o no presentado oportunamente para su consideración.

Al margen de lo mencionado, dentro de este mismo punto, a partir de la respuesta otorgada por los Magistrados demandados, advierte que los mismos incurrieron a su vez en una incongruencia citra y extra petita; toda vez que, habiéndose demandado la nulidad del título ejecutorial en la causal contenida en el art. 50.I.1.a de la LSNRA, las autoridades demandadas a más de no pronunciarse al respecto, incurriendo en error en la consideración y aplicación del supuesto de derecho invocado para demandar la nulidad, pues se refirieron al supuesto legal previsto en el art. 50.I.1.c de la señalada Ley, el cual se refiere a la nulidad del título ejecutorial cuando la voluntad de la administración se ve viciada por simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real, aspecto que no fue demandado, lo que claramente evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia.

Sobre el segundo motivo de la demanda de nulidad, tiene que ver con el reconocimiento al predio "El Paraíso" de solo 50 ha, en contravención de lo determinado en los arts. 21 inc. a) de la LSNRA de 1953 y 238.III de su Reglamento, a partir de los que se establece que la unidad mínima de dotación por familia en los departamentos de Pando, provincia Vaca Diez, en Beni; y, el municipio de Ixiamas de la provincia Iturralde del departamento de La Paz, es de 500 ha; por lo que, considerando que el predio "El Paraíso" se encuentra en el cantón Bella Flor, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, legalmente no se podría reconocer al mismo una extensión superficial inferior a 500 ha, aspecto sobre lo cual los Magistrados demandados no se pronunciaron, menos aún determinaron si en la zona en la que está ubicado el predio, la unidad mínima de dotación por familia es de 500 ha, considerando que el predio fue calificado como propiedad agro ganadera, castañera, gomera y forestal, reuniendo todas las condiciones necesarias al efecto.

Asimismo, teniendo en cuenta que el predio en cuestión, fue calificado como pequeña propiedad, también denunció la inobservancia al carácter indivisible de la misma, constituyéndose en un patrimonio inembargable, aspecto concordante con el art. 41.I.2 de la LSNRA que establece que la pequeña propiedad es la fuente de los recursos de subsistencia del titular y su familia.

Por otra parte, para el establecimiento de la función económica social debió considerarse que tanto su persona como su familia, viven en dicho predio desde agosto de 2003, habiendo realizado cuantiosas mejoras, que fueron demostradas por la prueba documental adjunta y recolectada como emergencia de una inspección judicial realizada por el Juez Agroambiental de Pando, que no fueron consideradas menos valoradas por las autoridades demandadas, cuando lo que correspondía era que se determine cuál es la unidad mínima de dotación que comprende al predio sobre lo cual no existió pronunciamiento alguno a pesar de haber sido expuestos en la demanda de nulidad sustentada en la causal contenida en el art. 50.I.2.c de la LSNRA, haciendo de la Sentencia Agroambiental cuestionada, ilegal y arbitraria.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante legal considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, a la tutela judicial efectiva; así como la inobservancia de los principios de seguridad jurídica, legalidad y verdad material, citando al efecto los arts. 9.4, 13.I, 14.I, II, III y IV, 56, 110, 115.II, 117.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).