Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0301/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 59044-2023-119-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 01/2023 de 6 de octubre, cursante de fs. 374 a 378 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mónica Yanne Zeballos contra Marcelo Renzo Jiménez Córdova, Gerente General del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.); y, Jadiel Rodolfo Soza Figueroa y Gustavo Andrés Cabrera Camacho, miembros de la Comisión Disciplinaria Interna de la indicada entidad financiera.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 22 y 28 de agosto de 2023, cursantes de fs. 119 a 141 y 143 a 151 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 29 de marzo de 2023, en su condición de Oficial de Microcréditos Comerciales de la Agencia del Banco Unión S.A. Regional Guayaramerín del departamento de Beni, fue notificada vía correo electrónico con el Auto de Inicio de Proceso Disciplinario Interno PDI/LAPAZ/012/2023 de 27 de dicho mes, suscrito por Jadiel Rodolfo Soza Figueroa y Gustavo Andrés Cabrera Camacho, miembros de la Comisión Disciplinaria Interna de dicha entidad financiera -codemandados-; quienes posteriormente por Resolución de Proceso Disciplinario Interno PDI/BENI/006/2023 de 26 de abril, le impusieron la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales; ante ello, por memorial presentado el 3 de mayo de ese año, interpuso recurso de apelación, denunciando que:
- a)Se la sancionó por infracciones no señaladas en el citado Auto; y, el supuesto incumplimiento de normas genéricas e imprecisas como las contenidas en el Manual de Funciones inherente al cargo de Oficial de Microcréditos -comunes a todos los cargos-; lo que le impidió asumir defensa y quebrantó el principio de tipicidad;
- b)Fue sometida a un estado de incertidumbre e indefensión; dado que, no se le notificó con el Informe IN/NG/JRM/14/2023 de 15 de marzo -que constituye denuncia-; pese a que se indicó que se le enviaría otro correo electrónico a ese efecto;
- c)Se lesionó su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; y, los principios de legalidad y taxatividad, al establecer que cometió la falta muy grave prevista en el art. 90.12 inc. e) del citado Reglamento; empero, para tipificar y subsumir las infracciones se debió tomar en cuenta el elemento gravedad respecto al mayor o menor daño causado a la entidad financiera, lo cual permite diferenciar las infracciones leves de las muy graves; en el caso, se sostuvo que la devolución del dinero a la cliente subsanó la afectación a ella, pero no extinguió la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa interna, y generó riesgo "reputacional" a la entidad; sin embargo, la palabra "riesgo" alude un evento futuro e incierto que combina probabilidad y consecuencias negativas a diferencia de "daño" que es todo menoscabo material o moral actual y demostrable, en tal sentido, no se puede subsumir el hecho a una infracción muy grave;
- d)Por memorial presentado el 13 de abril del indicado año, dio a conocer el impedimento de acceder a su equipo de computación y poder asumir defensa amplia e irrestricta; por lo que, pidió ser notificada con veinticuatro horas de anticipación a su correo electrónico personal o al de su abogado defensor para asistir a la declaración de sus testigos; empero, dicho acto no fue puesto en su conocimiento; y, la Resolución de Proceso Disciplinario Interno PDI/BENI/006/2023, en su considerando 10, página 6, omitió pronunciarse respecto al citado memorial; y,
- e)Valoración defectuosa y subjetiva de la prueba; y, carencia de logicidad, razonabilidad, favorabilidad, fundamentación y motivación.
En sustanciación, por Resolución - GG/011/2023 de 19 de mayo -que le fue notificada el 25 de igual mes y año-, Marcelo Renzo Jiménez Córdova, Gerente General del Banco Unión S.A. -demandado-, confirmó totalmente la Resolución de Proceso Disciplinario Interno PDI/BENI/006/2023, sosteniendo que:
- 1)Fue notificada con el Informe IN/NG/JRM/14/2023, en el que se estableció la contravención de su conducta a la normativa interna -cuando dicha pieza nunca le fue remitida-, pese a que se le indicó que debido al tamaño de los documentos se le enviaría un segundo correo electrónico, además, en el Auto de Inicio de Proceso Disciplinario Interno PDI/LAPAZ/012/2023 no se consignó las faltas por la que fue sancionada y se realizó una descripción genérica e incongruente con el análisis normativo;
- 2)Los actos están justificados en una ley previa y que las conductas tipificadas generan certeza; empero, no basta con indicar que se incumplieron normas o el contrato para subsumir un hecho en una infracción administrativa muy grave, siendo necesario que se cumplan todos los elementos constitutivos de la infracción, en el caso el verbo nuclear del tipo infracción muy grave es causar mayor daño o perjuicio material y/o moral al banco, aspecto que no fue demostrado; pues, la Comisión demandada estableció que su actitud genera riesgo -acontecimiento futuro e incierto-;
- 3)Dentro del procedimiento administrativo no existe la figura de confesión judicial o extrajudicial, careo de testigos, de las partes o la posibilidad de realizar interrogatorio a los testigos; por lo que, no se consideran audiencias ni participación de las partes en la toma de declaraciones testificales; en tal sentido, no se puede considerar un elemento de nulidad o vulneración de derechos el hecho de no notificar con tal acto; omitiendo así, resolver lo cuestionado en cuanto a la incongruencia omisiva, ignorando el principio de jerarquía normativa y derechos constitucionales; pues, el debido proceso está vinculado a la realización de la justicia; y,
- 4)En cuanto a la valoración de la prueba cuestionada, se remitió a la efectuada por la Comisión demandada, cuando le correspondía analizarla en el marco del principio de favorabilidad.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de defensa, fundamentación, motivación, congruencia, igualdad de las partes; a la petición, a la presunción de inocencia; así como de los principios de legalidad, tipicidad, seguridad jurídica,; y, razonabilidad, proporcionalidad, y objetividad en la valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 8, 46.I.2, 48.I y II, 109, 115.I y II, 117.I, 119.I, 120, 178.I y 180.I y II de la CPE; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se:
- i)"REVOQUE TOTALMENTE" el proceso disciplinario seguido en su contra hasta la notificación del Auto de Inicio de Proceso Disciplinario Interno PDI/LAPAZ/012/2023 o en su caso hasta que se le permita producir prueba;
- ii)Deje sin efecto la Resolución de Proceso Disciplinario Interno PDI/BENI/006/2023, la Resolución-GG/011/2023; y, las emergentes como la Recodificación en el Módulo de Funciones del Sistema de Registro del Mercado Integrado;
- iii)Ordene la reincorporación inmediata a su fuente laboral, el pago de sus salarios devengados y demás derechos y beneficios sociales de forma retroactiva; y,
- iv)Disponga el pago de costas y costos.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
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