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TCP

0302/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0302/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0302/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 55408-2023-111-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 74 de 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 252 a 254 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mauro Cadima Guzmán, en representación legal de la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz Sociedad Anónima Mixta (FINDESA S.A.M.) en Liquidación contra Edil Robles Lijerón, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta; Sandra Aguada Romero y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera; Sergio Cardona Chávez y Freddy Larrea Melgar, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda; todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Mary Calderón Coca, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memoriales presentados el 14 y 26 de abril de 2023, cursantes de fs. 178 a 196; y, 204 a 206 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por Carlos Cruz Ignacio, por sí y en representación de Iris Noya Ortiz, Samuel Justiniano y Santiago Peñaranda Suárez -hoy terceros interesados- contra la Empresa Aserradero "MAKO" Ltda., en ejecución de sentencia, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), mediante memorial -de 24 de marzo de 2017- alegó la nulidad de obrados hasta las medidas previas para el remate, amparada en lo establecido por los arts. 105.II y 106.II del Código Procesal Civil (CPC), afirmando que si bien fue cierto que se desarrollaron esas medidas previas señaladas en el art. 536 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg); empero, no se ejecutaron por una serie de incidentes que fueron sustanciados; indicando que no se podía ejecutar la sentencia mientras no se aplique la nueva norma; es decir, el Código Procesal Civil; por lo que, pidió que se anule obrados hasta las medidas previas al remate y se aplique la Disposición Transitoria Quinta II de dicho Código. El incidente de nulidad fue rechazado por la Jueza hoy coaccionada, mediante Auto Interlocutorio 419 de 9 de noviembre de 2021; en el que, declaró la validez de todas las actuaciones procesales y dispuso la prosecución del proceso laboral, siendo que la ABT solo pidió la nulidad de obrados; sin embargo, dicha Jueza abrió el alcance de la parte dispositiva del referido Auto Interlocutorio a un tema que no trató el incidente, al señalar de manera ultra petita la validez de todas las actuaciones y la prosecución del proceso laboral, lo que no fue motivo de pronunciamiento solicitado por las partes. Contra ese Auto Interlocutorio FINDESA S.A.M. formuló recurso de apelación; por lo que, la actual Vocal y el entonces ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 90 de 8 de septiembre de 2022, sustentado en puras conjeturas e imaginaciones y no se refirió al objeto del citado recurso; es decir, no se circunscribió al pedido realizado en su recurso de apelación.

Luego, la Jueza hoy coaccionada, a pesar de encontrarse impugnadas las medidas previas al remate, señaló audiencia y remató el bien inmueble embargado, siendo adjudicado a María Luisa Rojas Frías -ahora tercera interesada- quien no estuvo presente en el acto, sino que actuó a través de otra persona que no se identificó; y aun así, el Martillero llevó adelante el remate. Dicha Jueza mediante Auto Interlocutorio 110 de 25 de febrero de 2022, dio por aprobado y adjudicado el bien inmueble en favor de María Luisa Rojas Frías hoy tercera interesada; el referido Auto Interlocutorio fue recurrido en apelación por FINDESA S.A.M., siendo resuelto a través del Auto de Vista 177 de 3 de enero de 2023, pronunciado por los Vocales ahora coaccionados, sin referirse sobre los puntos que fueron objeto de apelación, contraviniendo lo dispuesto por el art. 265.I del CPC.

La Jueza hoy coaccionada, vulneró sus derechos como acreedor, su derecho al debido proceso, los principios y valores constitucionales, al otorgar validez a las medidas previas al remate, tramitadas bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil abrogado, siendo que debieron estar reguladas conforme a las normas del Código Procesal Civil, tal como lo dispone su Disposición Transitoria Quinta II. al otorgar validez a las actuaciones procesales y ordenar la prosecución del proceso sin que se hubiese solicitado, y al no actualizar las medidas previas, se vulneró el "derecho de acreedor" de FINDESA S.A.M., al impedirle cobrar la obligación asumida por la Empresa Aserradero "MAKO" Ltda.

La actual Vocal y el entonces Vocal hoy accionados, emitieron el Auto de Vista 90 de 8 de septiembre de 2022, -sin motivación-; ya que, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que sustentan su recurso de apelación no indican que se debe encapsular a un avalúo desactualizado; sino que, corresponde su actualización incluso de oficio; puesto que, ante un avalúo de más de doce años -del bien inmueble embargado-, es lógico que subió de precio. Además, la actualización del avalúo tenía la finalidad de rematar ese inmueble en un precio correcto, actual y comercial, para no incurrir en daño contra alguna de las partes, y que se pague el total de la obligación para liberar al deudor, aspectos que fueron omitidos por el Tribunal de alzada, imponiendo su propio criterio y opinión personal. Asimismo, el Auto de Vista 90 de 8 de septiembre de 2022, incurre en motivación arbitraria, al encontrarse basado en conjeturas, al indicar que:

  1. a)FINDESA S.A.M. en calidad de recurrente, adquirió representación únicamente como tercero interesado y por ello no pudo alegar agravios sobre actos consentidos y aceptados. Al respecto, FINDESA S.A.M., al no ser parte del proceso laboral, no tenía facultad para solicitar medidas previas al remate; más aun, si recién se enteró del proceso laboral cuando fue notificado en su calidad de acreedor para la primera audiencia de remate; no siendo notificado con el avalúo o con todas las actuaciones como afirma el referido Auto de Vista. Y en el primer momento en que se enteró de que la Jueza hoy coaccionada dio validez a esas medidas previas y al avalúo, formuló oportunamente su reclamo;
  2. b)Dejó pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las que correspondía impugnar; ya que, los reclamos deben ser acusados de manera vertical y en el momento oportuno. Sobre esa alegación, no se indica qué etapas procesales se dejó pasar por alto;
  3. c)La Jueza ahora coaccionada en el Auto Interlocutorio 149 de 9 de noviembre de 2021, no observó ninguna de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales presentadas en el recurso de apelación, porque FINDESA S.A.M. no es quien interpuso la objeción, ni se adhirió a ella. Al respecto, el Tribunal de alzada basó su opinión en un supuesto; ya que, dicha Jueza resolvió un incidente de nulidad de obrados y no una objeción; por lo que, se falta a la verdad, a los datos y a los hechos que constan en el expediente; en razón a que, esa objeción no existe, siendo esa alegación ultra petita;
  4. d)FINDESA S.A.M. no realizó objeción alguna respecto a los avalúos ni a la ejecución de los mismos; por lo que, al sentirse agraviada con el citado Auto Interlocutorio no se podría considerar; ya que, no se demostró que dentro del término legal, no convalidaron dicha actuación. Sobre ese argumento, se tiene que no fue parte principal del proceso laboral; además, la actual Vocal y el entonces Vocal hoy accionados que emitieron el Auto de Vista 90 de 8 de septiembre de 2022, no dominan el procedimiento; ya que, el avalúo solo se corre en traslado a la parte demandada. Y FINDESA S.A.M. se enteró de dicha emisión cuando ya se encontraba aprobado y recién cuando fue notificado como acreedor con la primera audiencia de subasta y remate; por lo que, al señalar que FINDESA S.A.M. no presentó objeción alguna contra el avalúo, los Vocales supusieron esa situación; toda vez que, no revisaron los actuados y desconocieron el procedimiento aplicable en procesos laborales sobre cobro de beneficios sociales en ejecución de sentencia; y,
  5. e)Considerando que no interpuso ni solicitó la actualización y/o nulidad del avalúo, la parte demandante y ejecutante se encontró en estado de vulnerabilidad, por exigir sus derechos especiales protegidos por el Estado; sería atentatorio pretender dejar sin efecto la ejecución de la aprobación del avalúo pericial, el cual no fue oportunamente objetado; asimismo, implicaría dejar sin efecto la aprobación del remate de 25 de febrero de 2022. Al respecto, se advierte que la actual Vocal y el entonces Vocal hoy accionados se refirieron sobre supuestos grupos vulnerables; sin que ello, se hubiese solicitado; y de ser correcta su decisión de apoyar a esa clase de grupos, debería velar para que ese avalúo sea actualizado. Además, el recurso de apelación se presentó contra el Auto Interlocutorio 419 de 9 de noviembre de 2021, que dio validez a las actuaciones procesales, como las medidas previas al remate y ordenó la continuidad del proceso laboral; en ese sentido, dichas medidas previas al remate se encontraban impugnadas, entonces el Tribunal de alzada supo que se aprobó el remate; por lo que, se extraña esa opinión; ya que, el tema de la vulnerabilidad y la aprobación del remate no fueron referidos por la Jueza ahora coaccionada, ni fue objeto del recurso de apelación, lo que contraviene lo previsto por el art. 265.I del CPC.

El Auto de Vista 90 de 8 de septiembre de 2022, incurrió en motivación arbitraria al omitir la prueba; ya que, no se valoraron los avalúos de los años 2010 y 2021, omitiendo esa prueba. El recurso de apelación planteado ofreció y produjo prueba pericial, para que el Tribunal de alzada valore ambas y evidencie que la diferencia entre ellos, con relación al precio del bien inmueble es muy alto; de más de $us800 000.- (ochocientos mil dólares estadounidenses); sin embargo, el citado Auto de Vista no se refiere al tema de los avalúos; ya que, de hacerlo se hubiese dado cuenta de la urgencia de actualizar el avalúo y declarar la revocatoria total del Auto Interlocutorio 419 de 9 de noviembre de 2021. Asimismo, el citado Auto de Vista incurrió en motivación insuficiente; toda vez que, no se circunscribió a los puntos objeto de su recurso de apelación, tampoco se refirió a los avalúos y las diferencias entre ellos, ni valoró el carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que fundamentaron el recurso de apelación, tampoco se pronunció sobre el acto ultra petita ni sobre la prueba pericial producida.

Finalmente, se tiene que el Auto de Vista 90 de 8 de septiembre de 2022, vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; ya que, a pesar de identificar el punto que constituye el objeto del recurso de apelación extrañamente se apartó del mismo y no se pronunció al respecto, confirmando el Auto Interlocutorio 419 de 9 de noviembre de 2021, dejando válido un avalúo de 2010 que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional no tiene validez; en ese sentido, al no pronunciarse sobre el objeto de su apelación vulneró el principio de congruencia. Además, esa falta de valoración y resolución de los puntos objeto del recurso de apelación en la resolución del Tribunal de alzada contravino el principio de pertinencia, omitió el principio de razonabilidad y se alejó del valor justicia, generando inseguridad jurídica en las partes intervinientes, al confirmar el citado Auto Interlocutorio que otorgó validez a un avalúo desactualizado perjudicando a los interesados.

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