0303/2020-S1

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se declare nulo el Auto de Vista 235/2019, disponiendo que:

1. a)Los Vocales de la Sala Penal Primera, emitan un nuevo Auto de Vista, observando lo dispuesto por el art. 203 de la CPE en cuanto al carácter vinculante de la "SCP 039/2017-S3"; los principios de legalidad, tutela judicial efectiva, pro actione, presunción de inocencia y naturaleza de las medidas cautelares; valorando los nuevos elementos presentados con referencia al art. 233.1 y 2 del CPP, a efecto de dar una correcta aplicación del art. 239.1 del citado Código;
2. b)Se imponga daños y perjuicios a las autoridades demandadas que se apartaron de la jurisprudencia vinculante;
3. c)Se remita obrados al Ministerio Público, al haberse vulnerado la jurisprudencia vinculante y las normas legales expresas, a fin que se "aperture" causa contra los responsables de los delitos de incumplimiento de deberes, "resoluciones contrarias a las leyes" y prevaricato; y,
4. d)Sea con costas y costos.

La accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando los términos de su demanda, en audiencia señaló que:

1. 1)La detención preventiva data de hace cuatro años atrás; toda vez que las medidas cautelares son modificables, en sujeción del art. 239.1 del CPP, que establece que se puede presentar la solicitud de cesación en cualquier momento de la causa hasta antes de emitirse sentencia ejecutoriada, solicitó la cesación de su detención preventiva, ya que los elementos que le dieron origen, habrían desaparecido por los nuevos elementos aportados; por lo que deben pronunciarse sobre si estos desvirtúan o no los presupuestos requeridos para disponer la medida cautelar;
2. 2)Los argumentos que esgrimen los Vocales demandados es que en la etapa de juicio oral, estamos bajo el principio de inmediación, contradicción, "oralidad o dignidad"; en consecuencia, ya no se puede analizar nuevos elementos; asimismo, que en esta etapa procesal, ya no existe probabilidad de autoría, debido a que existe una acusación del Ministerio Público; argumentos que lesionan la presunción de inocencia;
3. 3)De igual manera, en cuanto a los riesgos procesales se solicitó la modificación de la medida cautelar, porque a su criterio desvirtuó lo previsto en el art. 235.1 y 2 del CPP; la cual fue rechazada, con el criterio de que ya están próximos a dictar sentencia; lo que significa una negación de justicia; ya que no se pronunciaron de manera motivada si el mismo se encuentra o no latente y en congruencia a su petición; y,
4. 4)El Tribunal Constitucional Plurinacional en la "SCP 0039/2017⁵" estableció que las autoridades que están obligadas a pronunciarse sobre la cesación de la detención preventiva, hagan referencia a los nuevos elementos por la provisionalidad de las medidas cautelares; en su caso dicen que no pueden analizar los nuevos elementos de prueba porque prejuzgaría, lo cual le impide esgrimir los instrumentos que la ley le da para revertir su detención.

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito, cursante a fs. 85 a 88, señalaron que:

1. i)La cita de Sentencias Constitucionales, resulta ser insuficiente, ya que se debe señalar cuál es la ratio decidendi y si la problemática resulta análoga al presente caso; por lo que, el peticionante de tutela no cumplió con su carga procesal de fundamentar su acción y realizar una correcta invocación de jurisprudencia constitucional;
2. ii)Con relación a la probabilidad de autoría -art. 233.1 del CPP-, la accionante no establece que el delito puede estar perfeccionado o consumado; por tal razón, no se requiere prueba plena, sino indicios, los cuales constan en la resolución de imputación formal y fueron debidamente valorados; considerando además que se emitió una acusación en su contra, lo que implica que existe una cuasi certeza de su participación en el hecho delictivo, por lo que será en el juicio oral cuando se determine el grado de participación y conforme a la prueba ofrecida;
3. iii)En cuanto al domicilio se evidenció la existencia de 2 numeraciones distintas, en consecuencia, no existe certeza del domicilio que podría habitar la impetrante de tutela; de igual modo, en cuanto a la actividad lícita existe una observación con respecto a la existencia jurídica de la fuente laboral, ya que su matrícula estaba vigente hasta el 31 de mayo de 2019;
4. iv)Con relación a los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.11 y 235.1 y 2 del CPP, la accionante no presentó ningún nuevo elemento de prueba que desvirtúe los motivos, por los que dichos riesgos procesales fueron fundados, no siendo prueba idónea ni pertinente la simple remisión de actuados del proceso como son las actas de juicio;
5. v)El principio de seguridad jurídica y de legalidad no pueden ser tutelados por la acción de amparo constitucional, la cual tiene por finalidad proteger derechos fundamentales y principios vinculados a los mismos, siendo que en el caso concreto, no se demostró la vinculación de tales principios al debido proceso;
6. vi)Con relación a la vulneración de la tutela judicial efectiva, debe considerarse que el recurso de apelación, no se encuentra orientado a revalorizar la prueba; por el contrario, la labor del Tribunal de apelación, es la de verificar si el iter lógico del juez se encuentra dentro de los márgenes de razonabilidad, labor que fue cumplida; y,
7. vii)No se vulneró los principios pro actione y de presunción de inocencia; por el contrario, su detención preventiva se encuentra fundada sobre motivos que hasta la fecha, la parte accionante no enervó; por lo que no puede sustraerse del art. 233 del CPP.

El representante del Ministerio Público, en audiencia señaló que:

1. a)La probabilidad de autoría, encontrándonos en juicio oral, se definirá en sentencia; toda vez que, una medida cautelar no causa estado, bajo el principio de instrumentalidad y proporcionalidad, debería rechazarse la tutela;
2. b)Considerando que en cualquier momento se puede pedir la cesación de la detención preventiva, podría la accionante desvirtuar la probabilidad de autoría, como los riesgos procesales, "pero no siendo fundamento que dos testigos señalen que no estaba el día del hecho y por tanto ya estaríamos desvirtuando esta probabilidad de autoría; y,
3. c)Los principios constitucionales no son tutelables en una acción de amparo constitucional.

Cándida Aguilar, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en la misma audiencia, manifestó que:

1. 1)Por el principio de legalidad, la competencia de los Tribunales y órganos jurisdiccionales, es el Tribunal de Sentencia, el llamado a valorar la prueba para determinar la probabilidad de autoría;
2. 2)Existiendo una acusación fiscal se ratifica la probabilidad de autoría, y se determinará la misma mediante Sentencia; por lo que no corresponde al Tribunal ingresar al fondo del proceso y valorar anticipadamente la prueba, para valorar si están o no vigente los riesgos procesales;
3. 3)Con relación al domicilio, se tiene certeza dónde pretende vivir la accionante; sin embargo, no se tiene seguridad por existir diferentes numeraciones y que los testigos no son vecinos del lugar;
4. 4)En el tema laboral, tampoco se demostró el lugar donde quiere trabajar; y,
5. 5)Respecto a otros riesgos procesales, no se presentó documentación suficiente que sirva para desvirtuar, considerando que tiene la carga de la prueba.