Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0303/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 77050-2025-155-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 368/2025 de 3 de septiembre, cursante de fs. 84 a 85, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Augusto Vargas Romay contra Carlos Eduardo Ortega Sivila y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2025, cursante a fs. 1 y 76 a 81 el accionante manifestó que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la excepción de la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, emitiéndose en consecuencia el , con el que fue notificado el 12 de febrero de 2025 vía electrónica; el indicado Auto Supremo es ilegal y contradictorio, debido a que pretenden obligar a la defensa probar hechos y circunstancias que nunca se realizó y que tampoco cursan en el cuaderno procesal, menos corresponde que la defensa pruebe el hecho de que no hubiese presentado incidentes ni excepciones dilatorias, cuando ese rol corresponde a los Magistrados demandados al tener bajo su cargo todo el legajo procesal a efectos de que puedan verificar, revisar y constatar los hechos y peticiones que incumban a la excepción planteada, teniendo la obligación de valorar revisar la integridad de los medios probatorios.
Continua refiriendo que, en el no se tiene un estudio integral tampoco una evaluación sobre la conducta del procesado respecto a los mecanismos de defensa desplegados durante el proceso penal, tampoco se cumplió con la labor jurisdiccional de realizar el estudio integral, evaluación y necesidad de verificar, ni se tiene una valoración respecto a las autoridades judiciales que conocieron el proceso y el cumplimiento de los plazos procesales en cada etapa del proceso, ya que se tiene una dilación injustificada por más de cuatro años y seis meses que el proceso penal estuvo paralizada.
I.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia y defensa; citando al efecto el art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el y en consecuencia se emita uno nuevo, bajo los parámetros establecidos en la norma sustantiva, la doctrina legal y la jurisprudencia ordinaria y constitucional vigentes respecto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca -con la aclaración que se convocó a la Vocal de su similar Primera- por Resolución 368/2025 de 3 de septiembre, cursante de fs. 84 a 85, declaró la improcedencia la acción de defensa, por inmediatez fundamentando que el accionante fue notificado el 12 de febrero de 2025 con el , por cuanto el plazo de los seis meses para interponer la presente acción de defensa comenzó a correr a partir de esa fecha; y siendo que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 1 de septiembre de igual año; es decir, a los seis meses y veinte días después de la notificación con el acto lesivo denunciado, resulta evidente que el accionante no acudió de manera oportuna a la jurisdicción constitucional para solicitar la tutela a sus derechos configurando la extemporaneidad en su interposición.
Resolución que fue notificada al impetrante de tutela el 4 de septiembre de 2025 (fs. 86), e impugnada mediante memorial presentado vía buzón judicial el 8 de igual mes y año (fs. 87 a 92), dentro del plazo previsto por el art. 30.I.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
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