0304/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela y se disponga:

1. a)La inmediata desocupación de las personas que se encuentran en su propiedad, sea con el auxilio de la fuerza pública, requiriendo al efecto que se libere el mandamiento de desalojo o desapoderamiento;
2. b)Se prohíba a los ahora demandados retornar a la propiedad, ni merodear la misma durante seis meses solicitando la orden de custodio policial a efectos de que se retorne la posesión física del predio; y,
3. c)Por la actitud dolosa de los demandados, se disponga el pago de daños y perjuicios, más costas.

La accionante, por intermedio de su abogado en audiencia ratificó los fundamentos expuestos en su acción tutelar y ante las interrogantes aclarativas de los Vocales Constitucionales, manifestó que:

1. 1)Al momento de la compra no había ninguna persona, cuya refacción del inmueble se hizo en presencia de la propietaria, en el ambiente que ocupa donde están sus pertenencias; sin embargo, no pudo acceder a ella porque se procedió a cambiar las chapas de ingreso; aspecto que pudo constatar a su retorno de la ciudad de Santa Cruz donde viajó por motivos de trabajo, aclarando que no recurrió a la junta de vecinos porque no cumplía con los requisitos de haber residido por lo menos entre seis u ocho meses;
2. 2)Era la única que tenía las llaves de la propiedad y al momento de la compra estaba vacía; con relación a la cancelación de las facturas de agua y luz, desde la mencionada fecha lo vienen cancelando los demandados Mónica Aida Sanjinez Deheza de Fortun, Oscar Arturo Fortun Sanjinez y Silvana Jesenia Fortun Sanjinez; y,
3. 3)Aclaró que no conocía a Gervacia Martínez Cruz y tampoco tenía conocimiento sobre de la demanda de desalojo que estaría extinguida por abandono.

Mónica Aida Sanjinez Deheza de Fortun, Oscar Arturo Fortun Sanjinez y Silvana Jesenia Fortun Sanjinez, a través de informe escrito cursante de fs. 109 a 113 vta. complementado en audiencia manifestaron que:

1. i)Sus personas viven en el inmueble ubicado en la Urbanización Libertad, Manzano C-8, Meseta Achumani, zona Sur de la ciudad de La Paz, desde el 2007 de manera pacífica e ininterrumpida, tal como consta en el contrato mixto del bien inmueble (anticresis y alquiler) de 15 de septiembre de citado año suscrito con el propietario, con la aclaración de que en el mencionado inmueble existen tres departamentos, de los cuales están en posesión de uno de ellos;
2. ii)El 22 de agosto de 2011, falleció el propietario del inmueble; por lo que, Peter Bazán Mendoza, se declaró heredero siendo que existía una concubina realizando el Reconocimiento Judicial de Unión Conyugal Libre o de hecho, cuyo nuevo propietario negó resolver el contrato alegando el desconocimiento del mismo, al efecto el 22 de agosto de 2013, planteó demanda de desalojo ante el actual Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Noveno de la Capital del mencionado departamento, el cual fue extinto por Auto Definitivo de 25 de septiembre de 2018; asimismo, se tiene facturas de luz y agua, desde la gestión 2015;
3. iii)De manera extraoficial y mediante la notificación con la presente acción tutelar conocieron que el prenombrado vendió el inmueble, aspecto que no fue comunicado a los anticresistas ahora demandados, siendo que la supuesta actual propietaria, nunca se contactó con ellos; por lo que, mal puede señalar que se estaría limitando su ingreso bajo amenazas de agresión física, aspectos que deberán ser plenamente acreditados, reservándose en caso contrario el derecho de iniciar las acciones legales, mismas que son solo vertidas como supuestos subjetivos a fin de forzar la figura de avasallamiento y habilitar la vía constitucional;
4. iv)La impetrante de tutela, cuenta con los medios legales a fin de hacer valer sus derechos, puesto que sus personas acreditan que habitan una parte del referido inmueble por más de trece años de forma pacífica e ininterrumpida sin haber ejercido ningún tipo de violencia; por lo que, si bien en enero de 2020, se contactaron con el Arquitecto Rubén Rodrigo Chávez Sánchez, el mismo no informó sobre la venta del inmueble, por el contrario señaló que Peter Bazán Mendoza, seguía siendo el propietario;
5. v)Se evidenció que la ahora accionante Adriana Isabel Salas Pérez, no agotó las acciones legales correspondientes al presente caso, a modo meramente ejemplificativo habrá que señalar que ni siquiera acudió a la vía de la conciliación incumpliendo así dicho precepto constitucional;
6. vi)El plazo para interponer la presente acción de defensa conforme al art. 129.II de la CPE es de seis meses, al efecto se incumplió dicho requisito puesto que de la Escritura Pública 0715/2019 de 7 de agosto, mediante la cual Peter Bazán Mendoza transfirió el inmueble en favor de la ahora impetrante de tutela quien debió ingresar en posesión del inmueble en la indicada fecha, en la cual mínimamente tomó conocimiento de que estaban habitando el inmueble de manera pacífica; por lo que, al plantear la presente demanda recién el 30 de julio de 2020, hizo que sobrepasara el plazo máximo, aclarando que se tiene posesión del año 2007, producto de ello se tiene un proceso de desalojo instaurada en la gestión 2013;
7. vii)La peticionante de tutela a fin de obtener la admisión de la presente acción forzó los argumentos únicamente con el objetivo de encontrarse dentro del plazo de seis meses a partir de la supuesta vulneración de derechos, fecha en la cual según la accionante, habría tratado de ingresar a su inmueble; esta aseveración es falsa e incongruente ya que la propietaria desde la supuesta adquisición no habitó el inmueble, siendo que los hechos con los cuales pretendió acreditar su posesión serían las mejoras y construcciones a través de un tercero (Arq. Rubén Rodrigo Chávez Sánchez) cuyas mejoras fueron realizadas sin ningún tipo de perturbación;
8. viii)La aseveración de que estarían actuado violentamente contra la propietaria es falsa, puesto que de ser evidentes las mismas, se habría actuado de la misma manera con el "Arq. Chávez"; empero, encontrándose la carga de prueba a cargo de la accionante, la misma es quien debió acreditar de manera ineludible que el avasallamiento se produjo con violencia el 22 de febrero de 2020;
9. ix)Conforme a las Sentencias Constitucionales 0944/2002-R, 0152/2001-R, 0489/2001-R; entre otras, se pudo evidenciar que no existió avasallamiento al bien inmueble, puesto que no se cumplió con el supuesto de acreditar no encontrase en posesión, y que la acción para tomar la posesión del bien inmueble debió ser ejercida con violencia, extremo que no fue debidamente comprobado ya que la posesión de nuestras personas nace de un contrato con el propietario del inmueble de ese entonces, tal como se podrá evidenciar del Folio Real con Matrícula 2.01.0.99.0167529;
10. x)Con relación a las vías de hecho o violencia ejercida para configurar el avasallamiento, se pudo evidenciar la incongruente y lacónica fundamentación de la ahora peticionante de tutela con relación a este punto, ya que en su primer escrito señala que de manera sorpresiva el 22 de febrero de 2020 a su retorno a la ciudad de La Paz, habría encontrado que su propiedad había sido avasallada por personas desconocidas, quienes de manera violenta procedieron a impedir su ingreso a la misma, perturbando su posesión con amedrentamientos y amenazas y que desde la fecha citada no permitirían el ingreso de ninguna persona;
11. xi)Sobre dichas aseveraciones incongruentes se advierte que la accionante no sabe ni conoce como supuestamente ingresaron a la propiedad; por lo que, no se acreditó ninguna vía de hecho o violencia para efectivizar el inexistente avasallamiento; asimismo, no refirió que tipo de violencia fue ejercida para impedir el ingreso al inmueble siendo que "a la fecha" no conocen a la dueña;
12. xii)Sobre la denuncia de que no se estaría permitiendo el ingreso de ninguna persona, lo cual se realizó sin ningún tipo de prueba que a su vez es contradictoria, siendo que el "Arq. Chávez" ingresó a la parte superior del bien inmueble, cuya afirmación acerca de la conducta de nuestras personas provocó una supuesta amenaza; sobre el particular, no señaló cual es la supuesta conducta que se configura en amenaza;
13. xiii)La impetrante de tutela realizó afirmaciones imprecisas señalando que se habría afectado el derecho a la propiedad por haber prohibido y limitado su ingreso; sin embargo, no demostró cómo nuestras personas con medidas de hecho llegarían a avasallar el inmueble, tampoco estableció ni demostró por ningún medio como se le habría prohibido o limitado el ingreso, adicionalmente cabe señalar que la prohibición y limitación son palabras contradictorias, pues la primera se refiere a una situación absoluta (prohibición), y la segunda es relativa, dando a entender que se habría otorgado ciertas condiciones para el ingreso (limites);
14. xiv)Ante la situación que atraviesa el mundo por la pandemia de COVID-19, existe la improcedencia de desalojo; ya que, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Excepción de Arrendamientos, la cual prohíbe realizar desalojos, hasta el 1 de enero de 2021 y mientras dure la emergencia sanitaria;
15. xv)En el presente caso existen hechos controvertidos, porque se tiene un contrato mixto de anticrético y alquiler de 15 de septiembre de 2007; por el cual, acreditan que viven en dicho inmueble por más de diecisiete años; y,
16. xvi)De la lectura de la acción tutelar se advirtió que la accionante se limitó en señalar la existencia de amenazas y amedrentamientos, sobre el cual no hizo una descripción concreta; es decir, que no existen fotos de rotura de chapas y ventanas, cambio de puertas, o una acción policial; por lo que, no se demostró el supuesto avasallamiento; además, tampoco existen certificados médicos en los cuales se mencionen las amenazas provocadas contrario a ello existen facturas desde la gestión 2015 que demuestran que el inmueble estaba en posesión mucho antes de lo que señala la ahora accionante.

Ante las interrogantes aclarativas de los Vocales constitucionales manifestó que:

1. a)El inmueble en el que habitan es un departamento independiente con entrada propia y salida al patio, el que mira hacia el callejón que existe en el inmueble;
2. b)El contrato de anticrético está pendiente; es decir, que no hicieron la devolución del dinero del mismo y el contrato de alquiler se mantuvo desde el 2007, respecto al cual no hubo una acción para la resolución del contrato;
3. c)Reiteraron que no conocían a la propietaria con quien tienen la intención de poder conversar; aclarando que el inmueble cuenta con los servicios de agua, luz, internet y cable; y,
4. d)No existe una relación de parentesco entre su familia y Gervacia Martínez Cruz, agregando que el arquitecto se presentó alegando que venía en nombre de su anterior propietario, al efecto reitera que desconocen la persona que haya cambiado la chapa de la otra puerta de ingreso.

Gervacia Martínez Cruz, a través de informe presentado en audiencia manifestó que:

1. 1)Los argumentos expresados por la parte accionante faltan a la verdad, siendo que era concubina de su "comprador" que vivía en el domicilio supuestamente avasallado por más de treinta y un años prueba de ello es la cédula de identidad obtenida el 2014 que señala como domicilio "Esq. 10 de mayo N° C-8 Urb. Libertad A Meseta" (sic);
2. 2)Por lo que, no se puede alegar que el 22 de febrero de 2020 se haya procedido a invadir el inmueble; más aún, si a raíz de la posesión que viene ejercitando se iniciaron una serie de acciones penales contra Peter Bazán Mendoza por la supuesta comisión del delito de violencia familiar que fue iniciado el 2019, en el que se tiene una imputación formal de 20 de agosto del mismo año;
3. 3)La referida imputación formal demuestra que el inmueble presumiblemente objeto de avasallamiento era su domicilio mucho antes; es decir, hace treinta y un años que se encontraba viviendo como concubina, cuya certificación emitida por el Presidente de la Urbanización referida al "Barrio El Periodista", señala claramente que su persona vive en ese domicilio por más de veinte años;
4. 4)Como una persona que estaba viviendo por tantos años, pudo cometer el ilícito de avasallamiento, siendo su propia morada donde tiene su residencia principal;
5. 5)Existen varios procesos contra Peter Bazán Mendoza que fue el vendedor de la peticionante de tutela que desmesuran que tiene su domicilio en ese inmueble; y,
6. 6)Los elementos de avasallamiento nunca se produjeron ya que la accionante pretendió sorprender, a efectos de poder obtener una resolución donde de alguna manera se "inculque" el derecho que tienen los actuales poseedores; ya que, se tiene un contrato de anticrético, que ahora en el afán de haber comprado el mismo se pretende hacer desocupar en forma arbitraria sorprendiendo la buena fe de la autoridades, al efecto solicitó que se deniegue la tutela.

Ante las interrogantes aclarativas de los Vocales constitucionales manifestó que:

1. i)La demanda de matrimonio de hecho salió improbada, lo cual tiene un resultado definitivo; asimismo, aclaró que no recibió ningún beneficio o seguro social de parte de su concubino;
2. ii)Al estar en posesión del inmueble, Peter Bazán Mendoza a su llegada de Argentina la agredió físicamente; razón por la cual, el nombrado tiene una imputación formal por violencia familiar y doméstica por no llegar a un acuerdo; al efecto, al no poder expulsarla manifestó que iba a vender el inmueble y el nuevo propietario la iba a votar o "sacar";
3. iii)Reiteró que actualmente vive en el domicilio ocupando prácticamente el "garzonier" a la edad de setenta y un años, aclarando que canceló las facturas de luz antes de enero de 2020, incluso tiene una factura de 2018 y un pago a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), de septiembre de 2020; y,
4. iv)En concubinato con Roy Bazán Mendoza no tuvo ningún hijo, cuya acusación de no haber permitido el ingreso es falso, afirmando que si se lo solicita de manera voluntaria le entregará las llaves, respecto al cual no tendría inconveniente.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, por Resolución de 123/2020 de 28 de septiembre, cursante de fs. 141 a 146 vta. denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La impetrante de tutela, refirió que personas ajenas ingresaron de la noche a la mañana a su inmueble, causando violencia, amedrentamiento y otros; por lo que, no le permiten usar, disfrutar y disponer de su propiedad, misma que está registrada en Derechos Reales y que la flexibilización a esta legitimación, hizo que la misma pueda ser demostrada con elementos probatorios y ciertos que en el caso fluye de las aclaraciones establecidas por este Tribunal;
2. b)Al admitir esta acción tutelar, se estableció en criterio propio de la evocación de la SC 395/2018⁴ S-1, en la cual se basó la pretensión de la parte accionante sobre estas medidas de hecho; por lo que, bajo esa confrontación, no quedó duda de que efectivamente la peticionante de tutela habría adquirido el bien inmueble bajo la Escritura Pública 0715/2019 el 7 de agosto;
3. c)No es cierto en relación a la pretensión que busca, que terceras personas de la noche a la mañana habrían irrumpido a su propiedad y no le permitirían el ingreso a la misma; al establecerse que, dicho inmueble con anterioridad fue ocupado y poseído por terceras personas, que en este caso serían Gervacia Martínez Cruz, quien fuera la concubina del primigenio propietario, hermano del vendedor de la parte demandada y de las ciudadanas Mónica Aida Sanjinez Deheza de Fortun y sus hijos Oscar Arturo Fortun Sanjinez y Silvana Jesenia Fortun Sanjinez, que serían ocupantes y poseedores del citado inmueble, bajo la modalidad de contrato de arrendamiento mixto;
4. d)No corresponde a la justicia constitucional definir si la misma es legal, autorizada, clandestina u otra, sino que se establece que mediante los mecanismos de activación de las autoridades que correspondan conocer, ellas puedan señalar, si la misma emerge conforme se tiene señalado, de una relación de concubinato, así como de una relación de contrato de anticresis mixto realizado con el primigenio dueño, extremo que no compete a este Tribunal;
5. e)Existen mecanismos propios que hacen a la subsidiariedad, no encontrándose en este caso la misma conforme las pruebas literales y las enviadas vía WhatsApp, como la existencia de una imputación penal, incoada por Gervacia Martínez Cruz contra Peter Bazán Mendoza; asimismo, el contrato de arrendamiento, las facturas de luz desde 2017, así como la existencia de una demanda de desalojo intentada por Peter Bazán Mendoza contra los ahora demandados Mónica Aida Sanjinez Deheza de Fortun y sus hijos Oscar Arturo Fortun Sanjinez y Silvana Jesenia Fortun Sanjinez); sin embargo, la misma fue extinguida;
6. f)Los aspectos señalados hicieron ver de manera cierta que en el inmueble evidentemente existió una ocupación de dichos ciudadanos y emergente de la relación de contrato de compra y venta de la parte accionante de la cual no venía a ser que los demandados ocupen la totalidad del inmueble, ya que en el mismo existen tres construcciones básicas; es decir, dos departamentos y un garzonier, este último era ocupado por la supuesta concubina, el otro departamento por la familia Sanjinez Fortun y la otra por la ahora compradora;
7. g)De las aclaraciones realizadas, se estableció que el inmueble tiene acceso por dos partes y que en ninguna de ellas se pudo evidenciar que la puerta de ingreso haya sido violentada o pueda denotar que fue forzada para proceder al cambio de chapas restringiendo el ingreso; por el contrario, la parte demandada señaló que en el caso de que soliciten la entrega de una copia de llaves, estarían dispuestos a entregarles, siempre y cuando lo soliciten de manera directa, no siendo los responsables del cambio de chapa realizado;
8. h)Lo señalado hizo ver que no existieron medidas de hecho, sino concurre el principio de la subsidiariedad previsto en los arts. 129 de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuando a través de ellas se señala que cuando activamos una acción tutelar se debe exigir que no deben existir otras vías por las cuales pretendan hacer valer sus derechos, al efecto invoca la SCP 0169/2018-S3 de 18 de abril, que hace mención a otras sentencias constitucionales, entre ellas la SC 1337/2003 de 15 de septiembre;
9. i)El principio de subsidiariedad, es un mecanismo propio a la que las partes de manera previa debieron hacer valer su pretensión respecto a la posesión de la propiedad, si es consentida, legal, clandestina u otra, siendo que en forma certera fue aclarada por las partes en el momento de la transacción, así como en el presunto avasallamiento, "supuestamente la ciudadana accionante habría tenido que ausentarse a la ciudad de Santa Cruz..." (sic), se tendría que el servicio de energía eléctrica venia consumiéndose, ya que según la factura la deuda mensual asciende a la suma de Bs233.20.- (doscientos treinta y tres 20/100 bolivianos), lo cual hizo ver que el inmueble no se encontraba vacío, sino ocupada por los que ahora detentan la posesión;
10. j)Conforme los contratos presentados, se tiene que la dirección del domicilio es el que ahora se pretende -bajo la presente acción tutelar- el desalojo, de ahí que la pretensión primigenia de la parte accionante a momento de interponer la misma llevó a este Tribunal, bajo medidas de hecho, admitir y señalar día y hora, de audiencia, cuando se tenía de que terceras personas, a las que inclusive no conocía, ingresaron a su propiedad, no permitiéndole ingresar bajo actos de hostigamiento, amenazas y violencia, cuando en realidad la accionante lo que pretende es recuperar los otros predios del inmueble; es decir, el garzonier de la concubina (Gervacia Martínez Cruz concubina del hermano fallecido del vendedor) y el departamento ocupado por la familia Sanjinez Fortun; y,
11. k)"Este Tribunal" en la forma expuesta de los hechos en la pretensión primigenia de medidas de hecho no es factible, sino a otra acción legal ordinaria, en la cual debe ser dilucidada mediante la activación de mecanismos de carácter legal ante las autoridades llamadas por ley; por lo que, bajo el principio de la subsidiariedad, corresponde denegar esta acción tutelar.

En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas:

1. 1)Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho; y,
2. 2)Análisis del caso en concreto.

1. 1)Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.

1. 2)Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas.

1. 3)El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos.

1. 4)En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive" (las negrillas fueron adicionadas)

1. i)La excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad; es decir, que el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias, de forma directa, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa2.
2. ii)El accionante tiene la carga probatoria para acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos3. La Sentencia Constitucional Plurinacional citada, luego de señalar dicha sub regla, también aclaró que esa carga probatoria no puede concernir hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria4. Finalmente, especificó cuál es la carga probatoria cuando se denuncie la vulneración del derecho de propiedad como consecuencia de avasallamientos5, disponiendo que al efecto se debía demostrar el registro de propiedad, en base al cual es posible oponerlo frente a terceros.