0305/2020-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga:

1. a)La nulidad del proceso hasta que se lo notifique con la denuncia y con todos los elementos de prueba ofrecidos por la denunciante;
2. b)Se le otorgue un plazo razonable para ofrecer y producir sus pruebas de descargo a objeto de ejercer plenamente su derecho a la defensa;
3. c)Su reincorporación a la docencia de la EMI "Mcal. Antonio José de Sucre", con la misma carga horaria y el mismo nivel salarial;
4. d)Se le cancelen sus haberes devengados en el primer semestre de 2019; es decir, desde que dejó de percibir los mismos hasta el presente; y,
5. e)Se condene en costas a los demandados, así como al resarcimiento de los daños y perjuicios de conformidad con lo previsto por el art. 113.I de la CPE.

El accionante, a través de su abogada, puntualizó los siguientes aspectos:

1. 1)Mediante Nota de Servicio 111/18, Mario Fernando Paz Rojas -codemandado- remitió al accionante una solicitud de informe a la Carrera en un plazo no mayor a veinticuatro horas, sobre un cobro de $us500.- que habría realizado el impetrante de tutela a una estudiante; dicha nota no contiene la identidad de la persona que había denunciado el supuesto cobro, no mencionaba cuál era el tipo al cual se adecuaba su conducta, constituyéndose en un acto arbitrario e ilegal, pues no se le hicieron conocer los elementos de prueba;
2. 2)En relación al derecho al trabajo, se tiene el precedente de la SCP 0177/2012 de 14 de mayo;
3. 3)La nota de servicio referida carecía de objetividad, por lo tanto, quien la emitió no podía dar garantías al ahora peticionante de tutela que se iba a llevar a cabo un procedimiento imparcial;
4. 4)Debido a que su separación de la docencia ha sido arbitraria, el prenombrado debe ser reincorporado a sus labores como docente, pues de no haberse llevado a cabo este proceso indebido, el mismo hubiera continuado prestando sus servicios como profesor, habiéndosele ocasionado daños consistentes en que dejó de percibir la remuneración que le correspondía en esa calidad, no solo se solicita su reincorporación, sino que sea con el mismo nivel salarial y con todas las prestaciones de las que gozaba cuando fue separado de su fuente laboral; y,
5. 5)En cuanto a las costas y gastos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que dichos conceptos están comprendidos en la reparación consagrada en el art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), pues toda la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia implica erogaciones que deben ser compensadas.

Julio César Narváez Tamayo, Julio David Aguilar Pérez, Gary Balderrama Balderrama, José Luis Macías Lovera, Jaime Rodrigo Paz Soldán Pinto, Víctor Hugo Solares Paiva, mediante informe presentado el 7 de agosto de 2019, cursante de fs. 116 a 122 vta., respondieron bajo los siguientes argumentos:

1. i)Mario Fernando Paz Rojas y Leopoldo Alejandro Ibáñez Hanssen ya no prestan sus servicios en la EMI "Mcal. Antonio José de Sucre", a quienes no se notificó de forma personal, sino a través de cedulón, pegado en el panel informativo ubicado dentro de las instalaciones de la EMI;
2. ii)El accionante refirió que los procesos disciplinarios son de única instancia, al respecto, corresponde aclarar que nunca fue procesado disciplinariamente; ya que la Resolución del Consejo Académico RCA UALP 048/2018 fue emitida a través del Consejo Académico y no así del Consejo de Disciplina de la Unidad Académica La Paz, instancia que actuó en cumplimiento al procedimiento definido por la normativa interna prevista en el Reglamento RAC-03; la parte resolutiva de dicha Resolución sugiere la separación del ahora peticionante de tutela porque habría incurrido en la falta contemplada en el art. 120 inc. g) del Reglamento señalado, no previniendo su remoción de la docencia, tampoco su carácter inapelable o inimpugnable;
3. iii)El art. 26 del Estatuto Orgánico de la institución define al Consejo Académico, como aquel Órgano de Dirección y Administración de la Unidad Académica y/o Tecnológico, encargado de formular y velar por el cumplimiento de la normativa y políticas de la EMI, estableciéndose entre sus atribuciones la de emitir Resoluciones Académicas que faciliten la administración de la Unidad Académica y elevar al Consejo Superior Académico los casos que no puedan ser resueltos en su nivel;
4. iv)Por su parte, el Consejo Superior Académico, como instancia superior del Consejo Académico, es el máximo órgano de dirección y gobierno de la EMI, siendo una de sus facultades emitir resoluciones que faciliten la Administración Académica, así se encuentra previsto en su art. 25 del Estatuto Orgánico que prevé "'Las resoluciones emitidas por el Consejo Superior Académico de la Escuela Militar de Ingeniería son INAPELABLES, por constituir esta instancia, el cuerpo colegiado del más alto nivel Académico y Disciplinario'" (sic), de igual forma dicho Estatuto señala que el Rector es la máxima autoridad académica, ejecutiva, representativa, administrativa y financiera y dispone de amplias facultades, entre ellas la de designar y remover al personal jerárquico, docente, etc., con sujeción a las normas vigentes;
5. v)La EMI está regulada por la Ley de Administración y Control Gubernamental así como el art. 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, señala que los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten sus derechos o intereses legítimos;
6. vi)Considerando que la Resolución del Consejo Académico RCA UALP 048/2018 fue notificada al accionante el 19 de febrero de 2019 y que ella tiene el carácter de acto administrativo, que existen instancias superiores al Consejo Académico, que el Estatuto Orgánico de la institución no determina que son inapelables las resoluciones emitidas por el Consejo Académico, el accionante pudiendo haber hecho uso de los recursos administrativos previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo no lo hizo; por lo tanto, es improcedente esta demanda, pues debió haber agotado la vía administrativa;
7. vii)En cuanto a la denuncia del impetrante de tutela con respecto a que nunca hubiera sido puesto en su conocimiento la denuncia ni su prueba, se advierte que, mediante nota de 9 de diciembre de 2018 con sello de recepción de la Carrera de Ingeniería Comercial de 10 de igual mes y año hizo uso de su derecho a la defensa, al responder negando el cobro de algún dinero y exponiendo que se trataba de un mal entendido; entonces, nunca estuvo en estado de indefensión, pues tomó conocimiento de la denuncia y asumió defensa al momento de contestar la misma;
8. viii)La EMI "Mcal. Antonio José de Sucre" efectúa sus procesos de contratación docente en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009-, en la modalidad de contratación menor, esta última prevista en su art. 13, en ese marco, el peticionante de tutela fue contratado por la EMI para impartir la asignatura de Gerencia de Proyectos en la Carrera de Ingeniería Comercial, suscribiéndose un contrato administrativo de prestación de servicios con vigencia desde el 20 de julio de 2018 al 14 de diciembre del mismo año, documento que no establece su tácita reconducción, habiendo prestado el servicio durante el tiempo previsto en su contrato de manera regular, es decir, que no es evidente que hubiera sido retirado de su fuente laboral; no puede alegar vulneración del derecho a la estabilidad laboral, debido a la forma de contratación docente en el marco del DS 0181;
9. ix)En ningún momento se realizó proceso disciplinario alguno contra el prenombrado, pues el Consejo de Disciplina considera vulneraciones cometidas por estudiantes en el marco del Reglamento "RAC-07", no encontrándose sujetos a dicho proceso los docentes;
10. x)Tomando en cuenta que la vinculación entre docente y la EMI se efectiviza, a través de un contrato administrativo, la reincorporación impetrada carece de sustento legal, pues el último contrato suscrito con el accionante culminó el 14 del mencionado año; por lo que, no existe relación contractual vigente; consiguientemente, tampoco le corresponde ningún pago; finalmente, como la EMI "Mcal. Antonio José de Sucre" es una institución pública descentralizada del Ministerio de Defensa, se encuentra impedida legalmente de cancelar costas u honorarios profesionales.

En audiencia, a efectos de complementar su informe y contestar a las preguntas de la Sala Constitucional, manifestaron que:

1. a)La Resolución emitida por el Consejo Académico es estrictamente académica y no disciplinaria;
2. b)En la parte resolutiva de la misma, se realizó una sugerencia de separación del accionante, pero no se determinó su separación;
3. c)No existe ninguna instrucción de prohibición al hoy impetrante de tutela para prestar servicios el año 2019 en la EMI, es más, la resolución emitida no le impide trabajar allí;
4. d)Ha sido emitido un informe por la Unidad de Evaluación y Acreditación adjuntado al presente informe escrito, que señala que el primer semestre del referido año, no se ha emitido ningún informe con relación a la contratación del accionante y en el segundo semestre se ha emitido una publicación en el periódico para la presentación de postulaciones a cátedras, que en su oportunidad fueron dictadas por el prenombrado, pero el mismo informe señala que no se ha tenido ninguna postulación de él;
5. e)La EMI no ha prohibido la contratación del accionante, entonces, él podía haber presentado su carpeta el presente semestre para que la unidad de evaluación y acreditación verifique si cumple con los requisitos;
6. f)El responsable de evaluación indicó que no cuenta con ninguna postulación del prenombrado; y,
7. g)En relación al art. 121 inc. f) del Estatuto Orgánico de la EMI, una de las funciones del Rector está la de remover al personal administrativo y docente, como lo prevé el art. 39 de dicho Estatuto, entonces para esos fines se pone a su conocimiento la Resolución emitida por el Consejo Académico, pero su Reglamento no establece plazos para ello.

Mario Fernando Paz Rojas, Jefe de Carrera de Ingeniería Comercial y Financiera del Consejo Académico de la Unidad Académica de La Paz de la EMI "Mcal. Antonio José de Sucre", mediante informe escrito de 7 de agosto de 2019, cursantes de fs. 127 a 128 señaló que:

1. 1)La Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI contrató al accionante para impartir la asignatura de Gerencia de Proyectos durante el segundo semestre de la gestión 2018, suscribiéndose un contrato administrativo de prestación de servicios con vigencia de 20 de julio de 2018 a 14 de diciembre del mismo año, documento que de ninguna manera establece su tácita reconducción, habiendo prestado el servicio durante el tiempo previsto de manera regular;
2. 2)La estudiante Estrella Pamela Fernández Flores, mediante oficio cursante en la carpeta del proceso académico, presentó denuncia contra el accionante por el supuesto cobro indebido de $us500.- para la realización de un trabajo de grado, acompañada de extractos de mensajes de WhatsApp y una grabación telefónica entre ambos;
3. 3)Habiendo tomado conocimiento de la denuncia y del supuesto hecho sancionable previsto en el inc. g) del art. 120 del Reglamento RAC-03, tipificado como falta grave considerada como causal de remoción, al haber realizado supuestamente un cobro a la referida estudiante, mediante Nota de Servicio 111/18, se solicitó al peticionante de tutela eleve un informe sobre la denuncia presentada en su contra, respondiendo a la misma, mediante nota de 9 de diciembre de 2018 y señalando que debió existir un mal entendido por parte de la estudiante; en ese marco, en su condición de Jefe de Carrera, dio aplicación y cumplimento a lo dispuesto por el art. 121 del Reglamento RAC-03 del Régimen Docente de Grado; y,
4. 4)Posteriormente, el Consejo Académico como ente colegiado del cual formó parte, habiendo tomado conocimiento y analizado los antecedentes, emitió la Resolución del Consejo Académico RCA-UALP 048/2018, que señalaba en su parte resolutiva, la sugerencia de la separación del accionante, porque habría incurrido en la falta contemplada en el art. 120 inc. g) del referido Reglamento, es decir, nunca se dispuso su destitución o se asumió alguna determinación que cause estado, sino que se emitió una sugerencia de separación, criterio que debió ser puesto a conocimiento del Consejo Superior Académico para su consideración, conforme Reglamento, desconociendo las acciones que habría asumido el impetrante de tutela ante el Consejo Superior Académico.