Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0306/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 80476-2026-161-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 196/25 de 17 de diciembre de 2025, cursante de fs. 82 vta. a 86 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Lozada Quinteros por sí y en representación de AA, contra Freddy Pérez Chavarría y Silvia Jaqueline Martínez Blacutt, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2025, cursante de fs. 40 a 45, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso extraordinario de desalojo con número de registro judicial (NUREJ) 70392888-1, seguido por Eduardo Gamal, Bladimir Ilich y Lisset Susana, todos de apellido Rocha Guiteras; así como, por Karla Andrea y Joao Sebastián, ambos Rocha Añez -terceros interesados en su condición de herederos de René Rocha Rioja- en su contra, sustanciado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, se emitió la Sentencia Definitiva de 26 de julio de 2024, declarando probada la demanda.
Contra dicha Resolución, interpuso recurso de apelación, resuelto por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que mediante Auto de Vista 208 de 2 de julio de 2025, confirmó la sentencia impugnada.
El conflicto tiene como antecedente, el contrato de alquiler celebrado en noviembre de 2017 con René Rocha Rioja, sobre el inmueble objeto del proceso, por un canon mensual inicialmente fijado en Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos); sin embargo, ante la falta de emisión de facturas, se acordó reducirlo a Bs3 000.- (tres mil bolivianos); tras el fallecimiento de su hija Elizabeth Lozada Quinteros el 6 de marzo de 2019, se quedó al cuidado de su nieto AA -coaccionante-; posteriormente, ante el fallecimiento de René Rocha Rioja, a través de acuerdos verbales con Marlene Añez Vaca para continuar ocupando el inmueble, se acordó desde marzo de 2021 un nuevo canon de Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos), vigente hasta mayo de 2022.
No obstante, el 15 de junio de 2022 se vio sorprendida con una carta notariada; mediante la cual, se le conminó a la entrega y desocupación del inmueble, además del pago de cánones devengados, situación que derivó en la instauración del referido proceso extraordinario de desalojo.
Dentro de dicho proceso, interpuso excepciones de falta de legitimación y demanda defectuosa, alegando su condición de persona adulta mayor, de tener bajo su cuidado a un menor y no contar con otro lugar donde habitar; sin embargo, dichas excepciones fueron declaradas improbadas por la Juez de la causa.
Contra dicha determinación formuló recurso de apelación, resuelto mediante el Auto de Vista 208, acto que vulnera el debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; además, de incurrir en una equivocada interpretación de la ley y valoración de la prueba, que amenaza a los derechos a la educación, a la vida, a la integridad física y psicológica, a la dignidad humana y a su estado de salud que se encuentra deteriorado.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la dignidad humana, a la salud, a la educación, así como al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; citando al efecto, los arts. 15, 21, 56, 115, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 4, 6, 8 y 12 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- y arts. 2, 6 y 15 "de la Ley General para Personas con Discapacidad 233 de 2 de marzo de 2012.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:
- a)Se instruya al Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la suspensión de la ejecución de cualquier pretensión de desalojo en su contra y la del menor AA, sea por vía jurisdiccional, policial y/o administrativa que vulnere o amenace sus derechos; y,
- b)Se revoque y/o corrija el Auto de Vista 208, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a efectos de que emitan un nuevo pronunciamiento, exponiendo suficientes y razonables fundamentos jurídicos que justifiquen su determinación, con apego a la validez constitucional y convencional que exige su condición como persona de la tercera edad con artritis y chagas, que tiene a su cargo su nieto menor de edad sin lugar para mudarse. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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