Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0307/2019-CA Sucre, 5 de diciembre de 2019
Expediente: 31930-2019-64-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Oruro
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Zenón Pizarro Garisto, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 10 del Decreto Supremo (DS) 27327 de 31 de enero de 2004; y, 5.II del DS 27375 de 17 de febrero del mismo año, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II, 13.I, 14.II, "41.1)", 46.I.1 y II, 49.II, 232, 321.III y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2019, cursante de fs. 16 a 21, el accionante manifiesta que, la forma y condiciones de contratación y designación de los consultores individuales en línea, del personal eventual y regular, están normados por el DS 0181 de 28 de junio de 2009 (Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios) y el DS 26115 de 16 de marzo de 2001 -Normas Básicas de Administración de Personal-. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en la nota "MEFP/CPCF/DGNGP/UADN/Nº 682/2019" y en el DS 26115, el personal eventual y regular, recorren el mismo curso legal para su reclutamiento, siendo la única diferencia según lo previsto por el art. 18.II inc. e) numeral 5 de este último Decreto Supremo, que respecto al personal eventual se lo ejecuta a través de un contrato, del personal regular por medio de memorándum de designación, y del personal designado mediante resolución.
En dicho mérito, afirma que el art. 6 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (EFP) es claro al señalar que los derechos y obligaciones del personal eventual se encuentran consagrados en sus contratos y el ordenamiento legal aplicable; sin embargo, el art. 10 del DS 27327, modificado por el art. 5.II del DS 27375, restringen la posibilidad de que puedan gozar de derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado como ser aguinaldo, bono de antigüedad, ropa de trabajo y otros, en virtud a que, según el art. 1 de la primera norma -que no fue modificada-, esta restricción no sería aplicable a los gobiernos autónomos municipales ni a las universidades, generando así un trato desigual y discriminatorio respecto del personal eventual de los mencionados gobiernos autónomos departamentales y específicamente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, donde existen más de doscientos trabajadores en dicha condición, por lo que infringe el derecho al trabajo digno sin discriminación y los principios de igualdad e "igualdad de oportunidades", al quitar la posibilidad de que los trabajadores eventuales de dicha Gobernación, puedan gozar de un aguinaldo y otros beneficios adicionales, en contravención a lo establecido en los arts. 8.II, 13.I, 14.II y 232 de la CPE.
Por otra parte, indica que, no obstante que las normas cuestionadas establecen que el personal eventual, no tiene derecho más que a la remuneración mensual, debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en sus Instructivos anuales sobre el pago del aguinaldo, disponen que se sujetarán a las previsiones de la Constitución Política del Estado y a las normas que rigen la Administración Pública; en ese sentido, de la revisión de los arts. 8.II, 13.I, 14.II, 49.II y 232 de la CPE, es evidente que la Norma Suprema orienta a que es procedente el pago del aguinaldo de navidad al personal eventual; es decir, goza de supremacía y jerarquía subordinante respecto de las disposiciones inferiores, máxime si se considera lo determinado por el art. 109.II de la Ley Fundamental; por lo tanto, la restricción de los derechos laborales solo puede ser regulada por ley, y en lo concerniente al pago de aguinaldos y otros beneficios sociales; el art. 6 del EFP instituye que los derechos y obligaciones del personal eventual, serán regulados en el respectivo contrato, dicho de otra manera, que no se advierte restricción expresa, contrariamente a lo expresado en los preceptos cuestionados; en consecuencia, infringen los principios-garantías de reserva de ley, supremacía de la Constitución y jerarquía normativa, previstos en los arts. 49.II y 410 de la CPE.
A su vez, refiere que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reconoce que el personal eventual tiene la condición de servidor público, gozando del derecho a la calificación de sus años servicios prestados y por consiguiente a su bono de antigüedad; sin embargo, dicha entidad sostiene que en aplicación de las disposiciones cuestionadas, la antigüedad del personal eventual calificada mediante Certificación de Calificación de Años de Servicio (CAS), no podrá ser utilizada mientras desempeñe funciones como tal, bajo la partida 12100, omitiendo considerar que, al igual que el personal regular, de planta o con ítem, éstos tienen que recorrer el mismo procedimiento para su ingreso a la entidad pública; por lo que, los artículos impugnados derivan en un trato discriminatorio respecto al pago del bono de antigüedad que genera la vulneración del derecho al trabajo digno sin discriminación, el valor "igualdad de oportunidades" y el principio de igualdad, previstos en los arts. 8.II, 13.I, 14.II, 46.I.1 y 232 de la CPE.
Finalmente, aludiendo a la , indica que la unidad de materia y anualidad son principios que regulan el Presupuesto General del Estado; es decir, que éste tiene vigencia solo por el periodo fiscal para el cual fue introducido al ordenamiento jurídico, así también lo instituye el art. 1 del DS 27375 cuando señala que, el objeto de esta norma es establecer los procedimientos para la aplicación de la Ley del Presupuesto General del Estado correspondiente a la gestión 2004; sin embargo, la normativa impugnada rebasa los límites temporales, al modificar una regla que es parte de una ley de carácter permanente, lesionando así los principios de jerarquía normativa y supremacía de la Ley Fundamental en sus arts. 321.III y 410 de la CPE. I.2. Petición
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