Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2019-S1 Sucre, 28 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 26454-2018-53-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución AC-12/2018 de 15 de noviembre, cursante de fs. 769 a 772 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gumercindo Nina Mullisaca y Mónica Nina Poma contra Ernesto Macuchapi Laguna y Jacqueline Cecilia Rada Arana, Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 25 de octubre de 2018, cursantes de fs. 533 a 537 vta.; y, el de subsanación de 6 de noviembre de igual año, corriente de fs. 540 a 541 vta., la parte accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En 1998 mediante contrato de compra venta adquirieron un bien inmueble, ubicado en la Urbanización Villa Yunguyo, Río Seco de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, con una superficie de 450 m2 "...2 lote No. 600 Mza. C 7..." (sic) registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula 2.01.4.010190324, en el cual, el 13 de febrero de 2015, Antonio Chávez Quispe y Pinola Adelaida Cussy de Chávez -ahora terceros interesados- de forma abrupta y arbitraria avasallaron la referida propiedad, cambiando las chapas y ocupando la construcción que realizaron en dicho predio.
Ante lo ocurrido, interpusieron una demanda de interdicto de recobrar la posesión que en primera instancia fue declarada probada, pero en apelación fue anulada; por lo que, el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 238/2017 de 20 de septiembre, bajo los mismos términos que la anterior; misma que también fue recurrida mereciendo la "Resolución" 102/2018 de 6 de marzo -siendo lo correcto Auto de Vista- emitida por los Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, revocando la Resolución del Juez de la causa, incurriendo en las siguientes arbitrariedades:
- a)Otorgan validez a la documentación presentada por los demandados, haciendo una interpretación a favor de ellos por la confesión provocada que realizaron, interpretación ultra extra petita ya que este aspecto no se encuentra identificado como agravio del recurso de apelación, siendo más bien que el ad quem se refirió a las confesiones provocadas de su parte donde se entiende que el bien se encontraba en construcción por tal razón no habitaban el mismo, pero que de ninguna manera dejaron de ejercer actos de dominio "...por lo que este fallo trasgrede derechos y garantías fundamentales, plasmados en el art. 51 del Cod- Pro. Const., 128 del cuerpo supra legal conc. Con el art. 115 de la CPE..." (sic);
- b)De oficio y en contradicción al art. 236 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.), las autoridades demandadas incurren en un exceso de poder al pronunciarse sobre la confesión provocada que no mencionan los impugnantes siendo que la evaluación de las pruebas es tarea jurisdiccional del ad quo, vulnerándose así el art. 227 del citado Código, así como la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y al debido proceso; asimismo, esa actuación implica también lesión del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto las citadas autoridades no tendrían competencia para dilucidar ni compulsar la prueba en segunda instancia ante el agravio inexistente que no puede ser suplida por actuaciones oficiosas de hecho y de derecho de las mencionadas autoridades judiciales hoy demandadas.
Agregó que el principio de subsidiariedad no opera en su caso, porque los cuestionamientos de las partes en controversia, emergen de un exceso de poder arbitrario y ultra petita que realizaron los Vocales hoy recurridos.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Los accionantes estiman lesionados sus derechos al debido proceso, defensa, motivación arbitraria e incongruente, igualdad de partes, "seguridad jurídica" y "legalidad", citando al efecto los arts. 115, 122 y 180 de la CPE.
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