0307/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2019-S2 Sucre, 29 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26725-2018-54-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 008/2018 de 30 de noviembre, cursante de fs. 234 a 255, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Roger Iván Cortes Michel y Eloy Calani Soto por sí y en representación legal de Herminia Soto Gutiérrez de Calani, Mario Mauro Calani Cuizara, Nilda Calani Soto contra Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de octubre y el 9 de noviembre de 2018; que cursan de fs. 19 a 39; y, 91 a 95, el accionante y representante legal, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpusieron demanda contencioso administrativa, impugnando la Resolución Administrativa (RA) RA-CS 0062/2017 de 4 de abril, emitida en el proceso de saneamiento integrado al catastro legal (CAT-SAN), del polígono 251, de los predios de la Comunidad Campesina "San Marcos", fundos "San Marcos" y "el Porvenir", ubicados en el municipio Rurrenabaque, provincia General José Ballivian del departamento del Beni, contra la Directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), solicitando se deje sin efecto la indicada Resolución, a cuyo efecto fue emitida la Sentencia Nacional Agroambiental S1a 31/2018 de 16 de julio, declarando improbada su demanda.

Añade que, su padre Mario Mauro Calani Cuiza, adquirió el predio "San Marcos" originalmente de dos parcelas identificado como el número 7 del núcleo 47. El 21 de mayo de 1990, conjuntamente otro dirigente de la Cooperativa Ganadera - lechera San Marcos, solicitaron dotación de tierra la Instituto Nacional de Colonización, en el lugar denominado Yucumo Núcleo 47, localidad San Borja, trámite identificado como expediente 667-B.

Posteriormente, adquirió la parcela número 6, por contrato de compra venta suscrito con los vendedores Leonardo y Edgar ambos Córdova el 2 de junio de 2002 (lote de terreno signado con el número 6, ubicado al interior de la Cooperativa "San Marcos"), ello a fin de ampliar los campos de pastoreo del ganado vacuno de la familia Calani-Soto; sin embargo, por el ingreso de otras personas a la cooperativa ésta se convirtió en comunidad originaria, con nuevo miembros que hicieron difícil la convivencia entre familias, situación que empeoró, a raíz de la persecución de la que es objeto su familia por parte de la comunidad San Marcos y los funcionarios del INRA, que en el proceso de saneamiento les redujo drásticamente la superficie de la propiedad ganadera San Marcos.

En el proceso de saneamiento, fue emitida la Resolución Final de Saneamiento RA-CS 0050/2010 de 3 de mayo, la cual fue impugnada por su padre en proceso contencioso administrativo, a cuyo efecto fue emitida la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 L. 71/2012, declarando probada su demanda, y nula la Resolución cuestionada, cuyo cumplimiento fue solicitado ante el INRA por memorial de 28 de noviembre de 2013.

Reencausado así el proceso de saneamiento, nuevamente fueron sucediendo varias irregularidades hasta el momento del informe en conclusiones, que también fue impugnado por su padre, sin éxito, para culminar con la RA RA-CS 0062/2017, mencionada inicialmente.

En la demanda contencioso administrativa, denunciaron las objeciones al proceso de saneamiento, en lo que se refiriere a las pericias de campo, trabajo de gabinete, entre otros, la marcada parcialización de los funcionarios del INRA, la ficha catastral levantada sobre la comunidad San Marcos, la supuesta sobrexposición del predio San Marcos, con la comunidad indígena San Marcos, valoración incorrecta de las pruebas presentadas, la falta de consideración de la Sentencia emitida por el Juez agrario, los que no fueron absueltos en su totalidad y los que fueron resueltos, no responden a una adecuada fundamentación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados