0307/2020-S1

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los extremos planteados en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos señaló que:

1. a)En el Acuerdo 109/2015 -no refiere fecha- se establecen los parámetros de cómo se debe llevar a cabo un proceso disciplinario, así en su art. 7 hizo alusión a la tipicidad; además, también se estipuló que, se prohíbe la analogía dentro de los procesos disciplinarios; y, que el bloque de constitucionalidad está por encima de cualquier otra disposición;
2. b)En relación a la admisión de la prueba, el juez disciplinario debe aceptar o rechazar la prueba de manera fundamentada; y, debe valorar la prueba de manera íntegra, conjunta y armónica; y, a tiempo de emitir una resolución tiene que aplicar el art. 105 del Acuerdo 109/2015, que hace referencia a las atenuantes o agravantes que se deben considerar al momento de imponer una sanción;
3. c)No se tomó en cuenta toda la prueba "de los cuerpos 2 y 3" del proceso disciplinario;
4. e)Al momento emitirse la Resolución Disciplinaria 2/2018, el Juez de primera instancia solamente mencionó que la prueba no demuestra nada;
5. f)Se pidió complementación y enmienda respecto a la valoración de las funciones de cada servidor judicial, a lo que el Juez Disciplinario solo señaló que esa figura no está contemplada en el Acuerdo 109/2015;
6. g)Con relación a las circunstancias del hecho y los resultados, se tiene que, su persona no perjudicó a nadie porque la denunciante se sometió a un proceso abreviado;
7. h)No hay responsabilidad solidaria en materia administrativa, debido a que las mismas son personales, y las funciones de cada servidor judicial están expresamente señaladas en la Ley del Órgano Judicial;
8. i)En la Resolución SP-AP 249/2018 se confirmó la Resolución Disciplinaria 2/2018, sin hacer referencia a la falta de valoración razonable de la prueba ni a las circunstancias de la comisión del hecho; además, hubo una inaplicación del Acuerdo 109/2015;
9. j)La Resolución SP-AP 249/2018 fue emitida el 28 de septiembre de 2018, cuando el Acuerdo 020/2018 estaba en vigencia -desde el 9 de abril del citado año-, el cual no fue aplicado por los Consejeros demandados; es decir, en segunda instancia, se debió resolver el caso, con el nuevo Acuerdo mencionado; y,
10. k)No se hizo una íntegra apreciación de la prueba.

En la réplica, la parte accionante refirió que:

1. 1)Hay una lesión al debido proceso, debido a la falta de valoración de la prueba y omisión indebida de los Acuerdos 109/2015 y 020/2018, pues las Resoluciones de primera instancia y de Sala Plena no se realizaron en el marco de dichos Acuerdos;
2. 2)El Acuerdo 109/2015 establece que la valoración de la prueba tiene que hacerse de manera íntegra; en tal sentido, revisados los actuados de primera instancia, se tiene que, no se cumplió con los requisitos del referido Acuerdo, pues solo se tomó en cuenta la existencia de antecedentes pero no así los otros dos requisitos respecto a las circunstancias sobre las cuales se dio la responsabilidad;
3. 3)En revisión, se debió aplicar los criterios establecidos en el Acuerdo 020/2018; toda vez que, el mismo estipula las atenuantes y agravantes a considerar; y, la resolución debe estar dentro del marco de si hubo o no responsabilidad anterior;
4. 4)Se debieron valorar las circunstancias del hecho y si hubo o no carga laboral debidamente acreditada; aspectos que no fueron considerados en la Resolución SP-AP 249/2018; por lo que, los Consejeros demandados no valoraron de acuerdo a lo establecido en el proceso disciplinario;
5. 5)Se le sancionó debido a que hubiese demorado en resolver un incidente que ingresó el 11 de agosto de "2018", corrido en traslado el 15 de mismo mes y "año, cuya diligencia de notificación al Ministerio Público, se "entrepapeló" en la oficina conforme señaló la Secretaria del Juzgado a su cargo, y recién ingresó a despacho el 31 de octubre de 2017, resuelto el 1 de noviembre de citado año;
6. 6)No se perjudicó en nada a la denunciante ni se paralizó el proceso; ya que una vez resuelto el incidente, fue en apelación a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; consecuentemente, la demora en la resolución del incidente no es atribuible a su persona, ya que fue la Secretaria que no lo ingresó a despacho, esto en apoyo del art. 94.14 de la LOJ;
7. 7)En la práctica, el plazo para que el juzgador se pronuncie, siempre corre a partir de que el expediente ingresa a su despacho; y,
8. 8)La Secretaria del Juzgado a su cargo, señaló que el incidente no ingresó a despacho y que fue descuido del personal subalterno; además que, se tiene doscientas treinta y ocho causas sin resolver.

Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejera, miembro de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mediante informe presentado el 11 de septiembre de 2019, cursante de fs. 106 a 112, señaló lo siguiente:

1. i)En la acción tutelar se indicó que la Resolución SP-AP 249/2018, se contradice respecto a las obligaciones de los secretario y la responsabilidad de la observancia del juzgador, pues en un primer momento refirió que el juez no es responsable de las actividades de los subalternos, pero luego manifestó que las autoridades judiciales tienen responsabilidad de la observancia de los plazos procesales; asimismo, indicó que la interpretación efectuada por los Consejeros demandados es ampliatoria de responsabilidades al juzgador, y que dicha actuación no se basa en norma expresa sino en la aplicación de principios referidos al proceso;
2. ii)La acción de amparo constitucional carece de una total falta de técnica recursiva, ya que el impetrante de tutela solo indicó los antecedentes que dieron lugar a la acción tutelar, mencionando la supuesta vulneración;
3. iii)Se pretende hacer uso de la acción de amparo constitucional como si se tratará de un recurso casacional, pretendiendo que se dé una resolución sobre el fondo, lo que está reservado para un tribunal casacional y no constitucional;
4. iv)El impetrante de tutela pretende eludir la responsabilidad disciplinaria impuesta, desnaturalizando la acción de defensa;
5. v)El accionante no cumplió con los requisitos exigidos para que la justicia constitucional ingrese a revisar la actividad interpretativa argumentativa realizada por el Consejo de la Magistratura, habida cuenta que la fundamentación y motivación aducida por la parte peticionante de tutela no resulta ser evidente;
6. vi)El impetrante de tutela manifestó que con la emisión de la Resolución SP-AP 249/2018, se le habrían vulnerado el derecho al debido proceso, a la razonabilidad de los fallos, y que en definitiva a que se dé un fundamento que aplique a la normativa, pretendiendo a través de la acción tutelar una revalorización de la prueba, realizada por instancia disciplinaria;
7. vii)El accionante se limitó a citar sentencias constitucionales sin explicar de manera clara su relación con el caso; asimismo, no demostró de ninguna manera que los agravios presentados dentro de su recurso de apelación no hubieran sido respondidos, pues como se puede apreciar dentro de la Resolución SP-AP 249/2018, "...en el CONSIDERANDO V, en los cinco (5) primeros párrafos..." (sic) se da respuesta de manera clara y detallada a cada uno de los agravios manifestados por el impetrante de tutela, respuestas basadas en las pruebas y en la verdad existente dentro de todo el cuaderno procesal; y,
8. viii)El peticionante de tutela realizó una simple relación de las pruebas que habrían sido indebidamente valoradas, pero sin cumplir con las exigencias antes mencionadas y más aun pretendiendo utilizar esta acción tutelar como casacional pretendiendo que se dé una resolución sobre el fondo.

La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución 74/19 de 11 de septiembre de 2019, cursante de fs. 848 a 853, concedió la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto la Resolución SP-AP 249/2018 debiendo en su lugar emitirse una nueva en el marco del debido proceso, con los siguientes fundamentos:

1. a)Uno de los reclamos en la presente acción de amparo constitucional, es la falta de valoración razonable de la prueba en ambas resoluciones (primera y segunda instancia); debido a que, se debió interpretar y valorar el contenido integral de los hechos, para llegar a la verdad histórica; en tal sentido, a efecto de entrar a analizar la vulneración denunciada, debe considerarse si dicho reclamo fue formulado en la apelación; por lo que, revisado el memorial del recurso de apelación, el accionante manifestó que en el expediente consta la prueba acumulada por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Pando del Consejo de la Magistratura; así como, el informe evacuado de Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del señalado departamento; además de la inspección realizada, mismos que no fueron valorados conforme a las reglas de la sana critica;
2. b)Al analizar el caso concreto, por un lado se tiene que, en primera instancia, mediante Resolución Disciplinaria 2/2018, se declaró probada la denuncia respecto a la falta inserta en el art. 187.14 de la LOJ, y se impuso una sanción de suspensión de un mes de funciones sin goce de haberes, ello considerando que el disciplinado -impetrante de tutela- no cuenta con antecedentes disciplinarios; por otro lado, apelado que fue la indicada determinación, en segunda instancia, a través de la Resolución SP-AP 249/2018 se confirmó la determinación de primera instancia;
3. c)El Consejo de la Magistratura, es un Tribunal de apelación, como tal tiene la facultad de corregir la incorrecta valoración de la prueba en primera instancia, en aplicación del principio de verdad material; no obstante, en el caso concreto no se subsanó la incorrecta valoración de la prueba en primera instancia, omitiendo dar cumplimiento a las normas legales que regulan la actividad probatoria; toda vez que, el principio de dirección del proceso no conlleva a que el Juez pueda dictar resoluciones en causas en que la Secretaria no le ingresó a despacho en el momento oportuno, conforme se evidencia de la abundante prueba de descargo, ya que no puede adivinar que causas pueden ingresar o no, ese control es responsabilidad del secretario de juzgado, de conformidad al art. 94.14 de la LOJ, responsabilidad que no se le puede atribuir al juzgador siendo la responsabilidad disciplinaria personal;
4. d)El accionante señaló que las autoridades demandadas no analizaron las disposiciones legales que citó en su apelación ni hicieron una valoración razonable de la prueba; en ese sentido, el Consejo de la Magistratura debió interpretar y valorar la prueba para llegar a la verdad histórica de los hechos, pues, entre los principios generales del Régimen Disciplinario, tanto en el Acuerdo 109/2015 como en el 020/2018, está la verdad material, en virtud de la cual la autoridades disciplinarias deben verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a su decisiones;
5. e)Se sostuvo reiteradamente que para comprobar el incumplimiento de los plazos, se debe considerar el momento en que el expediente ingresa a despacho del juzgador; en el caso concreto, esa es la prueba de que el Juez -accionante- cumplió con la emisión de la resolución en el plazo previsto en la ley;
6. f)La Resolución SP-AP 249/2018 no se encuentra adecuadamente fundamentada respecto de la valoración razonable de la prueba al confirmar la Resolución Disciplinaria 2/2018, y al no interpretar ni aplicar las normas pertinentes a la valoración razonable de la prueba se transgrede el derecho al debido proceso en su elemento valoración razonable de la prueba y se afecta la lógica y la congruencia; asimismo, se transgrede el art. 94.14 de la LOJ que regula las obligaciones de las o los secretarios de juzgado; en ese marco, no es correcto culpar al juez aplicando incorrectamente el principio de dirección del proceso, que no implica que la autoridad judicial deba tener el control de las obligaciones de la Secretaria conforme al citado artículo; en tal sentido, no hay forma de que el juez haga control del plazo para dictar sus resoluciones, si el secretario no ingresó el expediente con el cargo respectivo, es así que, no es razonable sancionar a la autoridad judicial porque el secretario no le ingresó a tiempo la causa; además, la sanción de suspensión de funciones por un mes, no tiene fundamentación en una valoración razonable de la prueba, y tampoco tiene una finalidad específica, ya que por el contrario perjudica el normal desarrollo de la actividad de la impartición de justicia;
7. g)El accionante planteó su acción de defensa considerando el principio de proporcionalidad como criterio definidor; al respecto, haciendo uso de dicho principio, se interpreta que la sanción emergente de una sentencia disciplinaria que vulneró el debido proceso, también transgredió el principio de proporcionalidad, en la aplicación de la Ley del Órgano Judicial, que regula el régimen de responsabilidades disciplinarias, y el procedimiento; y,
8. h)El principio de proporcionalidad entre la sanción fijada y la trascendencia social del derecho punible, se configura en suma como un límite al legislador y al juez como presupuesto de la sanción; en definitiva, la sanción determinada en la Resolución SP-AP 249/2018 resulta desproporcionada por no cumplir los principios de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto; sin embargo, como se señaló el control por la jurisdicción constitucional, se ciñe a comprobar si se produjo un sacrificio patente e innecesario; es decir, únicamente si hubo una desproporción absoluta, concurrencia de ese desequilibrio patente e irrazonable; lo que nos lleva a establecer que la aludida Resolución en concreto respecto a la sanción disciplinaria, es desproporcional y por lo tanto no es ajustada a la norma constitucional, vale decir que, transgrede el debido proceso.