0307/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2022-S1 Sucre, 27 de mayo de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 40619-2021-82-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 056/2021 de 13 de mayo, cursante de fs. 140 a 143, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Willy de Jesús Murillo Cortéz contra Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 11 de noviembre y 4 de diciembre de 2020 y 13 de abril de 2021, cursantes de fs. 37 a 46, 49 a 51 y 60 a 64 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Roberto Carlos Flores Careaga, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en el cual funge como abogado del sindicado de conformidad a la iguala profesional suscrita entre ambos el 3 de agosto de 2020; en etapa de juicio oral, el 13 de octubre de 2020, planteó incidente de nulidad de notificación, mismo que la autoridad ahora accionada, a través de Resolución 27/2020 de 28 de octubre, determinó rechazar in límine, imponiéndole una sanción de dos salarios mínimos y la imposibilidad de participar como abogado del acusado, manifestando para tal, los siguientes fundamentos: que de conformidad a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, no sería necesario notificarse al procesado de forma personal con la acusación fiscal y particular; que en etapa de juicio lo único que puede plantearse son excepciones; que se trata de un delito de abuso sexual; que la acusación no sería una resolución definitiva y que solo la resolución de medidas cautelares deben notificarse de forma personal y que su persona no puede participar en el proceso como defensor técnico del acusado, mientras no empoce la suma de seis salarios mínimos.

Determinación asumida, sin justificar la misma y sin establecer criterio normativo, jurisprudencial o doctrinal que le faculte determinar dicha condicionante; generando en consecuencia una conculcación a su derecho al trabajo, puesto que sin existir previsión normativa, condicionó la participación de su persona en la defensa de Roberto Carlos Flores Careaga al pago de la multa pecuniaria, impidiéndole ejecutar cualquier actuado, situación que por ende, recae en la imposibilidad de que el mismo reciba la cancelación de honorarios, no pudiendo impedírsele ejecutar la defensa por la falta de cancelación previa de sanciones pecuniarias emitidas de forma desmedida e irracional por parte de la ahora demandada. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de su derecho al trabajo; señalando al efecto los arts. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el restablecimiento de su derecho al trabajo y se lo rehabilite para poder participar dentro del proceso penal seguido contra Roberto Carlos Flores Careaga, más la condenación de costas y daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 136 a 139, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Roberto Carlos Flores Careaga, apersonándose en audiencia señaló que, su persona hizo un contrato con el abogado por el monto de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), pero solo se le canceló la mitad del monto, puesto que no le dejaron participar en la audiencia, llevándose su proceso con una abogada de defensa pública.

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Iguala Profesional de 3 de agosto de 2020, suscrita entre el ahora accionante con Roberto Carlos Flores Careaga -sindicado-; cuyo objeto se establece en la prestación de servicios profesionales como abogado, para que éste asuma su defensa en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, que radicaría en el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

II.2. Cursa Resolución 27/2020 de 28 de octubre, a través de la cual la autoridad ahora accionada, sobre el punto en análisis estableció:

"Por tanto: La juez quinto de Sentencia en lo Penal de El Alto, dispone por nuevamente declarar INFUNDADO el incidente de nulidad de notificación cursante a fojas 149 de obrados, que corresponde a la notificación con acusación fiscal, particular y demás actuados puestos a conocimiento de la parte acusada, en consecuencia nuevamente al haberse declarado por infundado el incidente planteado por la defensa de Roberto Carlos Flores Careaga, se la rechaza nuevamente IN LIMINE, declarándolo manifiestamente dilatorio, malicioso y temerario, en consecuencia se ratifica que interrumpe los plazos de la prescripción de la acción penal, y de la duración máxima del proceso, debiendo computarse nuevamente en caso de pretender interponerse esta y conforme establece el art. 314 en su parágrafo III de la Ley 1173 que para el desarrollo de los procesos penales en esta etapa de incidentes y excepciones solamente está establecida y permitido interponer incidentes de duración máxima del proceso o prescripción de la acción penal tal como establece dicha normativa siendo sobrevinientes, no estableciendo que las partes puedan interponer otros incidentes, sin embargo no obstante que el derecho a la defensa es amplia e irrestricta, se ha permitido por la suscrita escuchar los incidente planteados por la defensa de la parte acusada. Asimismo habiéndose sancionado al abogado incidentista con la sanción pecuniaria equivalente a los 2 salarios mínimos nacionales, anteriormente, mismos que deben ser depositados en las cuentas del Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial y teniendo presente que la finalidad de la normativa, no es que se suspenda la audiencia de juicio oral, aun no lo vamos a apartar al abogado Willy de Jesús Murillo Cortéz del presente proceso, sin embargo si vamos a disponer conforme establece la Ley 1173 en su art. 113 y 339, aplicando el art. 105 del CPP al cual el mismo debe cumplir para continuar con su intervención en este proceso, ya que se le habla conminado reiteradamente a no presentar incidentes que han sido rechazados in limine conforme establece el art. 315 de la Ley 1173" (sic [fs. 131 a 135]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de su derecho al trabajo; toda vez que, fungiendo como abogado defensor de Roberto Carlos Flores Careaga, dentro del proceso penal seguido en contra del citado, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la autoridad ahora accionada, emitió la Resolución 27/2020 de 28 de octubre rechazando in límine el incidente de nulidad de notificación planteada e imponiéndole la sanción de dos salarios mínimos y la imposibilidad de participar como abogado del acusado hasta la cancelación de la multa pecuniaria; siendo esta, una determinación asumida sin justificación alguna y que no establece criterio normativo, jurisprudencial o doctrinal que condicione su participación a la cancelación de la multa.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (sic [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (sic [las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad..." (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. Medidas inherentes al poder ordenador y disciplinario de Jueces y Tribunales en materia penal

El poder ordenador y disciplinario debe ser entendido como la atribución jurisdiccional que se le otorga a los jueces o tribunales -quienes se constituyen en los directores de los procesos que se encuentran a su cargo- para asegurar por todos los medios legítimos a su alcance, que las diferentes actuaciones se realicen conforme lo ordena la ley, exigiendo la colaboración y el buen comportamiento de todos los sujetos procesales y partes intervinientes.

Es en ese entendido, esas facultades conferidas se encuentran expresadas en nuestro ordenamiento jurídico en el Código de Procedimiento de Penal instituyéndose en su art. 339 dos facultades propias, que posteriormente fueron modificadas por el art. 13 de la Ley 1173 de 8 de mayo de 2019, estableciendo al efecto:

"Artículo 339. (PODER ORDENADOR Y DISCIPLINARIO). La jueza, el juez o el presidente del tribunal, en ejercicio de su poder ordenador y disciplinario, deberá:

1. Adoptar las providencias necesarias para mantener el orden y adecuado desarrollo de la audiencia, imponiendo en su caso, las medidas disciplinarias que correspondan a las partes, abogados, defensores, funcionarios, testigos, peritos y personas ajenas al proceso. Tratándose de abogados intervinientes en la audiencia, podrá de forma gradual amonestar, imponer sanción pecuniaria de hasta el 20% de un salario mínimo o disponer su arresto por hasta ocho (8) horas, con la debida fundamentación, conforme a Reglamento;

2. Delimitar con precisión el objeto y finalidad de la audiencia, conforme el Artículo 113 del presente Código;

3. Limitar la intervención a dos (2) abogados cuando exista pluralidad de éstos de cada parte interviniente y establecer el tiempo a ser utilizado por cada uno de ellos en la audiencia, bajo el principio de igualdad;

4. Requerir el auxilio de la fuerza pública, para el cumplimiento de sus decisiones y suspender el debate cuando no sea posible restablecer el orden alterado o se produzca un incidente que impida su continuación;

5. Verificada la inasistencia del fiscal, solicitar su reemplazo al Fiscal Departamental, debiendo reanudar la audiencia en el día, pudiendo habilitar horas inhábiles; y,

6. Ante la inasistencia del abogado defensor, convocar a un defensor de oficio o estatal. La audiencia deberá reanudarse en el día, salvo solicitud expresa del abogado de diferir la audiencia por el plazo máximo de tres (3) días, pudiendo la jueza o el juez habilitar horas inhábiles" (las negrillas y el subrayado son agregados).

Disposición que posteriormente fue regulada con el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, que promueve la adecuada gestión de audiencias y la tutela judicial efectiva, a través de medidas disciplinarias y correctivas; determinándose al respecto: