0308/2022-S1

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga:

1. a)Que la Sub Alcaldía del Distrito 2 de El Alto, suspenda la tramitación del proceso administrativo de demolición que pesa sobre su propiedad; y,
2. b)Se aplique lo establecido en el art. 4 de la Ley 328, sustitución parcial de la Resolución 240/89, modificación correspondiente de la Resolución 240/89 -Resolución de aprobación de Planimetría- que señaló que su lote de terreno se registra como área de equipamiento, así como la modificación de la Ordenanza Municipal 114/2002, que homologó la Resolución 240/89, sea respecto a su lote de terreno, debiendo ser cumplido por la Alcaldesa del Municipio de El Alto.

Los solicitantes de tutela por intermedio de su abogado, ratificaron íntegramente el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola señalaron lo siguiente:

1. 1)Sus personas tienen registrado su derecho propietario desde el año 1985 adquirido legalmente, y que ya habían sufrido anteriormente un despojo por parte de particulares y funcionarios de la Alcaldía, pero no se pudo demostrar otro mejor derecho propietario que el suyo;
2. 2)Cuando fueron notificados en el mes de noviembre, se les dio un plazo de cinco días para presentarse o en su caso, se procedería a la demolición de su propiedad; por ello es que presentaron un memorial el 4 de diciembre de 2020, pero hasta la fecha no tienen respuesta alguna por parte de las autoridades ahora demandadas;
3. 3)La parte demandada, equivocó el procedimiento, pues cuando ganaron el interdicto, se les dijo que tenían expedita la vía ordinaria, pero no actuaron conforme a este procedimiento;
4. 4)Debe considerarse que nunca fueron notificados para aprobar la planimetría que fue en el año 2002; es decir, posterior al proceso que ganaron;
5. 5)"...nosotros hemos tenido la voluntad de iniciar un proceso administrativo pero hasta la fecha no se tiene una respuesta..."(sic), pues transcurrieron más de cinco meses sin tener respuesta a su requerimiento;
6. 6)Los demandados no podían iniciar un proceso administrativo, sin antes verificar en el inmueble que ahora señalan fuera área de equipamiento;
7. 7)Solicitan mediante esta vía, que se suspenda la demolición y se proceda a la aplicación de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley especial, la sustitución parcial de la Resolución 240/89, que corresponde a la resolución de aprobación de la planimetría que señaló que su terreno fuera área de equipamiento, así como la Ordenanza Municipal 114/2002 que homologó la Resolución referida; y,
8. 8)De también considerarse que las acciones tomadas, se constituyen en medidas de hecho, pues se hubiera iniciado un proceso sin antes realizar una verificación en el lugar y sin ser puesto a su conocimiento.

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa Municipal de la ciudad de El Alto, mediante Informe de 27 de abril de 2021, cursante de fs. 69 a 72 vta., a través, de su representación legal, sostuvo lo que a continuación se detalla:

1. i)A lo señalado por la parte solicitante de tutela, respecto a que por interdicto de adquirir la posesión en el Juzgado Séptimo de Instrucción Civil, con oposición de la Alcaldía de El Alto, hubiera concluido por Resolución 612/97, y que con ello, existiría cosa juzgada, se debe considerar que los interdictos de adquirir la posesión no causan estado por cuanto la misma autoridad que emitió la referida resolución, salvó los derechos del perdidoso para recurrir a la vía ordinaria;
2. ii)La notificación realizada a los accionantes fue al amparo de las facultades de fiscalización establecida en la Resolución Administrativa 097/2015 elevada a Ley Municipal 299 -RESGUARDO DE BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO-, en el entendido que el lote donde los impetrantes de tutela realizaron sus construcciones, constituiría propiedad municipal;
3. iii)Debe tenerse claramente establecido que la notificación realizada el 25 de noviembre de 2021 a los solicitantes de tutela, se la realizó únicamente con fines de fiscalización, pues la misma no constituyó un Auto de inicio de proceso de demolición, como afirmó esta parte, no siendo evidente lo que se reclama en la interposición de la presente acción;
4. iv)Una vez realizada la notificación a la parte accionante, Carminia Luisa Quispia Muñoz, se presentó a la Sub Alcaldía Distrito 2, con fotocopias simples y de manera posterior, el 4 de diciembre de 2020, también se apersonaron los demás impetrantes de tutela, asumiendo defensa; es decir, aperturando la vía administrativa en la Sub Alcaldía Distrito 2, "...al haber trámite administrativo pendiente la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL incoada por los ahora accionantes NO CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD en atención a que no agotaron la instancia administrativa aperturada por ellos mismos" (sic); consecuentemente, no observaron el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), pues no concluyeron el trámite administrativo en la Sub Alcaldía Distrito 2, y tampoco corresponde una excepción al principio de subsidiariedad, pues no acreditaron una protección tardía, como tampoco la inminencia de un daño irremediable o irreparable a producirse; y,
5. v)Los solicitantes de tutela no probaron la violación o lesión a la propiedad privada y menos al debido proceso, pues, reitera, la notificación realizada solo fue con el fin de fiscalización.

Eva Copa Murga, actual Alcaldesa Municipal de la ciudad de El Alto, mediante Memorial de 26 de mayo, cursante de fs. 136 a 137, solo se apersonó a la causa a través de sus representantes legales; sin embargo, interviniendo en el desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, sostuvo lo que sigue:

1. a)Con relación a la supuesta lesión al derecho propietario, los accionantes pretenden hacer valer una resolución emanada en un interdicto, sin tomar en cuenta que esto no genera cosa juzgada, pues la vía ordinaria les faculta a oponerse a ese supuesto derecho;
2. b)Resulta una aseveración falsa referir que existe un proceso de demolición, pues, lo que se está realizando es un proceso de fiscalización amparado en la Resolución Administrativa 97/2015 elevada a rango de Ley, que ampara a los servidores públicos de la Sub Alcaldía del Distrito 2, a resguardar los bienes municipales; por ello, se procedió a verificar la existencia de áreas verdes y de equipamiento como lo establece el art. 9; es decir, que se inicia con un aviso de fiscalización para lo cual los impetrantes de tutela pueden acudir y presentar documentación, demostrando si cuentan con derecho propietario, pero ahora la vía administrativa se encuentra abierta;
3. c)No existe ninguna Resolución Administrativa 114 pero si una Ordenanza Municipal 114/2009, misma que homologó una planimetría de la Urbanización Villa Bolívar, y quienes la solicitaron fueron los miembros de su Junta Vecinal; y,
4. d)El memorial de 4 de diciembre de 2020, cuenta con respuesta mediante hoja de ruta 1215/2020; de tal manera, que no existió lesión al derecho a la petición.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, por Resolución 063/"2020" de 26 de mayo de 2021, cursante de fs. 145 a 148, determinó denegar la tutela solicitada. Dicha decisión fue tomada sobre la base de los siguientes argumentos:

1. 1)Del escrutinio de la demanda de la acción de amparo constitucional presentada, no se ha podido identificar cual es el acto presuntamente ilegal o indebid que se atribuye a la Alcaldesa Municipal de El Alto, como al Sub Alcalde del Distrito 2, y de los funcionarios municipales demandados; la parte accionante indicó que se hubiere generado una orden de demolición de su bien inmueble, mientras que las autoridades ediles del GAMEA han sido enfáticas al advertir que lo que se ha generado es un proceso de fiscalización, vinculado la verificación de bienes inmuebles de propiedad municipal;
2. 2)El presunto acto que hubiera generado alguna afectación de derechos, sería la Resolución 114/2022; sin embargo, la parte accionante no les hizo conocer si tal resolución -u ordenanza municipal- puede ser atribuible a la Alcaldesa de El Alto, al Sub Alcalde o a los servidores públicos ahora demandados;
3. 3)No se ha identificado cual fue la omisión de carácter ilegal o indebido, que se atribuye a las autoridades ediles y funcionarios municipales demandados, como tampoco se ha identificado el "acto presuntamente lesionado" (sic), más allá de una alegación genérica respecto a los derechos presuntamente vulnerados, no se advierte una relación de causalidad para la presente petición de tutela, pues por un lado no se identificó el acto o la omisión indebida, atribuida a los demandados, por lo que resulta difícil el poder escrutar si las autoridades demandadas han generado una afectación al derecho de la propiedad privada, al debido proceso, o si desconocieron los principios de verdad material, certeza jurídica y cosa juzgada; y,
4. 4)Se advierte que la petición no guarda congruencia con el argumento postulado, pues se solicita parar un proceso de demolición, que se hubiere generado en contra de los accionantes, pero de la revisión de los antecedentes, no se ha evidenciado que el municipio alteño hubiere generado algún acto vinculado a algún procedo de demolición; también se pidió que se modifique la aprobación de planimetría que hubiera identificado el lote de terreno de los accionantes como área de equipamiento, así como la modificación de la Ordenanza Municipal 114/2002, mismas que no se encuentran vinculadas en el contexto del art. 33.8 y el art. 57 de la Ley 254 (CPCo); por lo que, se considera que no se cumplieron con los requisitos esenciales de admisión de esta acción tutelar, por lo que no debió de admitirse la misma, correspondiendo denegar la tutela impetrada, sin ingresar un análisis de fondo de la problemática planteada.

II.7. Mediante Memorial de 4 de diciembre de 2020, los solicitantes de tutela ofrecieron prueba de su derecho propietario y por ende respondieron negativamente a la notificación realizada, solicitando los siguientes puntos:

1. i)Se les señale el fundamento y sustento legal para la notificación con el Cite: "SADM-2/AU/FFCT/...2018" (sic);
2. ii)Sean proporcionadas las copias simples y legalizadas de todo cuanto tendría como fundamentos y sustento legal de la Ordenanza Municipal 114/2002 de 24 de octubre, los funcionarios que participaron para generar dicha ordenanza;
3. iii)Señalar si existe proceso administrativo contra sus personas, de ser así, facilitarle copias simples; y,
4. iv)Referir porque la notificación que realizó la Sub Alcaldía y que parámetros fueron tomados en cuenta (fs.26 a 28).

II.9. Por Informe Cite: SADM-2/ALT/EPC/016/2021 de 26 de abril, Erika Pabón Chuquimia, Asesora Legal Técnica S.A.D.M-2 -ahora demandada- solicitó e informó al Director General de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, entre otros, los siguientes puntos:

1. a)"La Urbanización Villa Bolívar B, tiene observaciones latentes en tanto y en cuanto no se realice la SUSTITUCIÓN DE PLANIMETRIA" (sic);
2. b)Solo se realizó el proceso administrativo de fiscalización en atención a la planimetría repuesta pero en ningún momento emitió un Auto de inicio de proceso de demolición y mucho menos una Resolución Administrativa Municipal de la Sub Alcaldía; y,
3. c)Sin embargo de lo mencionado, el lote mencionado, estaría destinado a una escuela; es decir, pertenecería al Municipio de El Alto (fs.66 a 68 vta.).

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son o no evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada por la parte accionante; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas:

1. i)Sobre el derecho de petición; y,
2. ii)Análisis del caso concreto.

En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición:

1. a)Contenido esencial;
2. b)Requisitos de procedencia;
3. c)Legitimación activa;
4. d)Legitimación pasiva; y,
5. e)Plazo para emitir respuesta.

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 20011 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta:

1. 1)Pronta y oportuna2; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional;
2. 2)Formal3; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. 3)Material4, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. 4)Argumentada5; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.