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TCP

0308/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0308/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0308/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 58032-2023-117-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 110/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 301 a 303, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roldan Gonzales Quispe contra Lucio Enrique René Jiménez Vargas, Presidente, Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Permanentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 274 a 285, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra por la presunta comisión de la falta grave establecida en el art. 14.4 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, luego de sustanciarse el mismo con una serie de irregularidades e ilegalidades, el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, por Resolución Administrativa (RA) 14320062 de 2 de septiembre de 2020, resolvió sancionarlo con la baja definitiva de la referida institución policial sin derecho a reincorporación.

Contra dicha determinación, formuló recurso de apelación, ante lo cual, mediante Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 120/2022 de 5 de agosto -ahora cuestionada-, Lucio Enrique René Jiménez Vargas, Presidente, Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Permanentes, todos del referido Tribunal de la Policía Boliviana -hoy demandados-, declararon improbado el señalado medio de impugnación y confirmaron la decisión de primera instancia.

Dicha decisión lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, toda vez que, las autoridades demandadas no respondieron de manera fundamentada los agravios contenidos en su impugnación, pues, pese a que se repusieron documentos del cuaderno procesal, no existieron declaraciones testificales, tampoco informes y actas de audiencias; además, se determinó sancionarlo sin realizar una adecuada argumentación de hecho y de derecho respecto a la falta denunciada, tampoco se efectuó un análisis jurídico legal, ya que las autoridades demandadas se limitaron a valorar únicamente el informe en conclusiones de 13 de febrero de 2012 y la acusación fiscal policial para suspenderlo, sin justificar de manera coherente las razones por las cuales asumieron su baja definitiva de la institución policial, careciendo la decisión de razones coherentes y objetivas sobre la valoración de la prueba.

Por otra parte, la Resolución cuestionada no establece el nexo de causalidad entre la denuncia con la falta disciplinaria endilgada; al contrario, es casuística, ya que se limitaron a realizar una relación parcial de antecedentes, soslayando identificar las problemáticas del recurso de apelación -ocho agravios-, así como una exposición clara y sistemática de los hechos fácticos del caso, omitiendo considerar que la labor de los tribunales de alzada que resuelven un recurso de apelación es verificar -como instancia superior- si el fallo dictado fue correcto y apegado a la normativa jurídica vigente.

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