0310/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2019-S1 Sucre, 28 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 26389-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 17/2018 de 12 de noviembre, cursante de fs. 728 a 739, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael y Héctor ambos Suarez Gutiérrez, contra María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, Magistradas de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Agroambiental Plurinacional.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 15 ambos de octubre de 2018 cursantes de fs. 622 a 631;y, fs. 634 a 638, los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El predio denominado "Villa Neysa" de 141.5000 ha, según tradición y 142.7301 según titulación, fue de propiedad de su extinta hermana Adela Suarez Gutiérrez cumpliendo la función social con la actividad agrícola hasta el momento de su deceso el 28 de enero de 2007, derecho propietario que se encuentra debidamente inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.10.0.00.0000666; no existiendo herederos forzosos, por Resolución judicial de 14 de febrero de 2007 fueron declarados herederos por "Juez Primero de Instrucción Mixto de Montero del referido departamento y en cumplimiento del mandato legal contenido en el art. 1007 del Código Civil (CC), tramitaron la formalidad de la posesión judicial al gozar de la calidad de simples herederos legales, habiendo presentado oposición Vicente López Condori y Juana Godoy de López -hoy terceros interesados- quienes con documentación fraguada y contradictoria, convirtieron dicha solicitud de posesión en un proceso contencioso, obteniendo una sentencia a su favor el 6 de marzo de 2010, que declaró probada la demanda de mejor derecho propietario e ineficacia de títulos hereditarios de los prenombrados terceros interesados, ordenándose a su favor la inscripción en DD.RR. de dos fracciones del predio "Villa Neysa" ubicada en Montero del referido departamento; motivo por el cual, los hoy impetrantes de tutela fueron desalojados de la señalada propiedad. Asimismo, con la citada Sentencia, el año 2012 sus adversarios se apersonaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) solicitando el saneamiento de dicho predio mediante un documento de fusión de fracciones, según consta en el documento público 209/2011; sin embargo, la Sentencia fue anulada por el mismo Juez mediante Auto motivado de 6 de abril de 2015, en virtud al incidente de nulidad interpuesto de su parte, retrotrayendo el proceso, para posteriormente emitirse una segunda sentencia el 3 de mayo de 2016, que declaró probada su demanda de derecho a suceder la posesión en la superficie de "29 hectáreas" del señalado predio "Villa Neysa", e improbada en parte la oposición de los terceros interesados, quienes conscientes de la falsedad de las mencionadas ventas de fracciones de terrenos, presentaron dicha documentación ante el INRA en el trámite de saneamiento en contradicción con la declaración voluntaria de posesión desde 1987, "...según consta en la carpeta de saneamiento y en la documentación presentada en la contestación a la demandada de nulidad..." (sic), contradicción de la que deriva el fraude de acreditación de posesión, que indujo en error a la autoridad administrativa, constituyendo ello un vicio de nulidad del Título Ejecutorial PPD-NAL-366848; por lo que, conforme a la normativa aplicable, corresponde su nulidad.

Remitiéndose al momento procesal donde se produjo la anulación de la Sentencia de 6 de marzo de 2010, refieren que mientras sostenían el proceso judicial, Vicente López Condori y Juana Godoy de López se presentaron ante el INRA dentro un trámite de saneamiento en calidad de subadquirientes del predio "Villa Neysa", por fusión de fracciones, ambos supuestamente comprados de su fallecida hermana; sin embargo, con la suscripción de la "declaración voluntaria" se presentaron como poseedores directos desde el año 1987 de tierras fiscales, sin tradición en la posesión y/o propiedad; empero, en antecedentes del proceso, consta un certificado emitido por el Notario de Fe Pública 5 de Montero del departamento de Santa Cruz de 5 de octubre de 2016, que certifica que en el referido Protocolo Notarial 139/1998 de 15 de mayo, corresponde a la transferencia de un vehículo motorizado en el que intervienen otras personas, que además no contiene las firmas del vendedor y comprador, de donde se infiere la falsedad de la citada documentación, extremos que eran de conocimiento de los esposos López Godoy, quienes optaron por aparentar una posesión directa del predio, acto calificado como fraude en la acreditación de la posesión y sancionado por el art. 268 del "...reglamento aprobado por el DS.29215..." (sic) y que a los efectos de la demanda de nulidad son calificados como causales de esta según previene el art. 50 parágrafo I.1 incisos a) y c) de la -Ley del Servicio Nacional de reforma Agraria Ley 1715-; con el estatus legal falso, contenido en la declaración voluntaria de posesión directa desde 1987 que cursa en la carpeta de saneamiento, los terceros interesados generaron error en la autoridad administrativa del INRA, quien los califica como poseedores directos, obteniendo así la RA-SS 0867/2013 de 14 de mayo, que constituye el respaldo para la emisión del Título Ejecutorial PPD-NAL-366848 de 29 de agosto de 2014, asignándoles la calidad de propietarios del predio "Villa Neysa" ubicada en Montero del referido departamento; en una superficie de 142.7301 ha, con inscripción en DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 7.10.0.10.0000014, emitido mediante error esencial provocado en la autoridad administrativa calificado como un vicio de nulidad absoluta según dispone el art. 50 parágrafo I.1 incisos a) y c) de la Ley del Servicio Nacional de reforma Agraria -Ley 1715-, aspecto que no fue advertido por las autoridades ahora demandadas por la superficialidad en la compulsa de las pruebas, omisión de algunas, además de erróneos entendimientos del marco jurídico del régimen del instituto de la posesión legal en saneamiento y titulación.

Con esos antecedentes, señalan que en la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sª 2ª 009/2018 de 3 de abril, existe una arbitraria fundamentación y motivación, ya que encubre los vicios de nulidad descritos precedentemente; así en la parte in fine del Considerando III expresa una especie de premisa mayor, al referir que; "...en esta materia los documentos de propiedad o posesiones, no necesariamente son determinantes, sino el cumplimiento de la FS o FES, según corresponda ... las pruebas la constituyen los antecedentes del proceso agrario de saneamiento, salvo que fueran presentadas en instancia administrativa, pero que no hubieran sido consideradas en su momento..." (sic), afirmación que estaría dirigida a desvalorizar la contradicción contenida en la documentación presentada en la demanda al Tribunal Agroambiental Plurinacional, donde abundantemente explicaron el por qué se evidencia un fraude en la acreditación de la posesión por parte de los beneficiarios del citado Título de propiedad, sobrevalorando su supuesta actividad ganadera de la cual no existe constancia, sólo un "registro de marca" del año 2012, como acreditación del cumplimiento de una Función Social como elemento determinante, razonamiento contrapuesto con el instituto de la posesión y sus presupuestos para ser considerada legal, conforme establece la "...ley 1715, 3545, DS.29215..." (sic); disposiciones que determinan que la regulación de la posesión en saneamiento de tierras, para ser considerada legal debe reunir ciertos requisitos de cuyo cumplimiento dependerá la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la referida posesión, en este punto, las autoridades demandadas, adoptan un entendimiento reducido y confuso dando a entender que independientemente de la documentación de los interesados con la sola acreditación de la Función Social es suficiente para ser considerado poseedor legal, entendimiento errado que se aleja de los marcos de razonabilidad, debido a que la normativa legal señalada establece que la posesión no debe afectar derechos legalmente adquiridos "por terceros", debiendo además demostrar que la posesión se ejerce de forma pacífica y continuada desde antes del 18 de octubre de 1996.

Por otra parte, se tiene el Informe en Conclusiones de 20 de noviembre de 2012, emitido por el INRA en el trámite de saneamiento de oficio SAN-SIM, que fue la base de la Resolución de saneamiento RA-SS 867/2013 de 14 de mayo y del Título Ejecutorial PPD-NAL-366848 de 29 de agosto de 2014, "...que reconoce la declaración voluntaria de posesión directa de Vicente López Condori y Juana Godoy de López con una fecha sin respaldo alguno de 1987 presupuesto erróneo y contradicho con la misma documentación presentada por ellos al INRA en la que figuran como sub adquirientes..." (sic) de fracciones de terrenos de supuestas compras realizadas a su hermana, quien recién tiene a su nombre el predio "Villa Neysa" el año 1991, aspecto que no fue considerado por las autoridades demandadas, quienes no valoraron de forma individualizada los medios de prueba presentados por las partes; además, la prueba presentada de su parte en la réplica, fue desestimada con el argumento de que no fue de conocimiento de la autoridad administrativa.

La Sentencia Agroambiental Plurinacional Sª 2ª 009/2018 de 3 de abril, después de hacer referencia a los antecedentes del trámite de saneamiento del polígono 119 SAN-SIM de Oficio, cita el art. 1279 del Código Civil (CC), refiriendo que: "...el descuido o dejadez de los actores no constituye argumento o reclamo u observación al proceso de saneamiento, debió efectuarse en el momento procesal propicio para el efecto, al no hacerse así, dejo precluir ese derecho franqueado por ley, en consecuencia inatendible en esta instancia..." (sic); razonamiento impertinente para una acción de nulidad, fundamentando erróneamente como si se tratara de una acción contenciosa administrativa, lo que no sucede en este caso, pues un vicio de nulidad absoluto de Título Ejecutorial es un cuestionamiento de fondo que afecta al origen y validez del mismo; y, no puede ser convalidado por decisión de las partes o el transcurso del tiempo, lo que evidencia que en la aludida Sentencia Agroambiental Plurinacional existió una fundamentación arbitraria alejada de los marcos de razonabilidad y equidad, debido a que citan un nexo de causalidad entre su pretensión y una norma legal inaplicable a una Acción de Nulidad de Título Ejecutorial, evidenciándose la vulneración a su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.

Respecto a la documental de la fusión de predios y el documento de compraventa de 8 de enero de 1998, las autoridades ahora demandadas, si bien hacen referencia a los documentos presentados por los "seudo poseedores", tanto el INRA como el Tribunal Agroambiental Plurinacional, no describen su contenido, menos los relacionan con la declaración jurada de poseedores directos desde 1987, al contrario, señalan que merecen pleno valor en base al principio de buena fe, citando al efecto los arts. 1311 y 1287 (entiéndase del Código Civil), sin vincular el contenido de la buena fe de los aludidos documentos de supuesta transferencia que contiene una diferencia sustantiva con el contenido de la declaración jurada de posesión, de esta manera, referirse a la contradicción de fondo consistente en el fraude en la acreditación de la posesión y posterior errónea calificación del INRA como posesión legal por parte de los ahora terceros interesados y que derivó en la emisión del Título Ejecutorial PPD-NAL-366848, pero la parte hoy demandada "soslaya" este aspecto con el pretexto de que la misma no tendría relevancia porque no existe un expediente agrario, incurriéndose en incumplimiento de valoración concreta de todos y cada uno de los medios probatorios producidos, sin considerar la posibilidad de la duda razonable; debido a que, el derecho propietario de las 141.5000 ha denominado Villa Neysa, adquirido por su hermana, cuenta con inscripción en DD.RR., y que sus personas al haber sido declarados herederos legales de su causante, tienen la legitimidad para reclamar la legalidad del Título Ejecutorial otorgado de forma viciosa a favor de los esposos López Godoy. Alegan que el acceso a la propiedad mediante la sucesión hereditaria se encuentra garantizado por los arts. "53 P.III" y 394.II de la Constitución Política del Estado (CPE), disposiciones que fueron lesionadas por las autoridades demandadas quienes desconocieron el mandato legal contenido en el art. 1007.II del CC, vulnerándose de este modo su derecho a la sucesión hereditaria.

Refieren, que la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sª 2ª 009/2018 de 3 de abril, también lesionó su derecho a la igualdad jurídica, contenido en los arts. 8.III, 119.I y 180.I de la CPE, al favorecer a los esposos López Godoy citando los arts. 1514 y 1279 del CC, de forma incorrecta, sin considerar lo establecido en el art. 1007 del mismo cuerpo legal, que señala el mandato legal que tienen en calidad de herederos legales y la acción voluntaria de posesión hereditaria que fue inviabilizada por los hoy terceros interesados, vulnerándose el principio de interdicción a la arbitrariedad, inserto en la garantía constitucional de igualdad jurídica.