0310/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2023-S1 Sucre, 25 de abril de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 46430-2022-93-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 31 de 15 de marzo de 2022, cursante de fs. 121 a 124; y, Auto Complementario de fs. 124 vta. a 125, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosmery Belén Canaviri contra Wilfredo Barco Amazabel, Representante legal de Línea de Microbuses 8-11; y, Mario Guerrero Gonzales, Secretario Ejecutivo del Sindicato de Transportistas Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 8 y 10 de marzo, ambos del 2022, cursantes de fs. 48 a 52; y, 57 a 58 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que emergente de supuestos actos ilegales, que supuestamente hubieran cometido su persona como otra compañera, en su condición de asociadas de la Línea 8-11 de Colectivos y Micros, el 15 de junio de 2019 se emitió un voto resolutivo, que dispuso su expulsión de la mencionada línea y como no fueron objeto de un proceso justo, dicha determinación fue puesta a conocimiento del Tribunal de Honor del Sindicato de Transportistas "Santa Cruz", instancia que el 30 de septiembre del señalado año, luego de un proceso disciplinario, pronunció la Resolución 02/2019, que determinó su expulsión definitiva de su condición de afiliadas y socias de la referida Línea 8-11.

Dicha resolución, fue objeto de apelación por su persona, siendo resuelta por la Federación Sindical de Transportistas "16 de noviembre", a través de la Resolución 02/2020 de 13 de julio, que revocó en todas sus partes, tanto la Resolución 02/2019 como el Voto Resolutivo de 15 de junio, por no haberse adecuado a los procedimientos simples aplicables a falta de estatutos y reglamentos internos, disponiendo el restablecimiento de forma inmediata de todos sus derechos sindicales, siendo dicha resolución puesta a conocimiento del Sindicato de Transportistas y de los dirigentes de la Línea 8-11.

Es de esta manera, que mediante Oficio 10/21 de 14 de diciembre, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, les hizo conocer que la vía se encontraba agotada, confirmándose por el Oficio 1/2022 de 11 de enero emitido por la Federación de Transportistas "16 de noviembre" que también refirió que la instancia sindical se encontraba agotada.

Sin embargo de lo mencionado, el 3 de marzo de 2022, los miembros del Directorio de la Línea 8-11 le hicieron conocer, mediante oficio, que tenía quince días para transferir o vender la línea que le había sido asignada "Línea 15 con placa 712CFE", esto para dar cumplimiento al Voto Resolutivo de 15 de junio de 2019, sin considerar que dicho Voto había sido revocado por Resolución 02/2020 de 13 de julio, constituyendo dicha determinación en lesiva a sus derechos, pues estarían desconociendo disposiciones jerárquicas, cuando se supone que debe existir acatamiento de las reglas y disposiciones legales de toda autoridad sumariante, administrativa y judicial.

Debe considerarse que no tuvo la oportunidad de asumir defensa para impugnar el mencionado voto resolutivo, pues para su emisión debió necesariamente llevarse a cabo un sumario interno, y en la actualidad denuncia que estarían reiterando dichas lesiones al pretender que transfiera su derecho sindical de afiliada y obligarla a vender su derecho propietario sobre el interno 51 de la línea 8-11; y, de igual forma, al no dar cumplimiento a la determinación que revocó el mencionado voto resolutivo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela considera lesionados sus derechos fundamentales a la defensa, a la presunción de inocencia, al trabajo, al debido proceso, a la dignidad de mujer, al derecho propietario, a la libre asociación, y, al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 13, 46, 47, 56, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Oficio de 3 de marzo de 2022, se dé cumplimiento a la Resolución 02/2020 de 13 de julio que revocó en todas sus partes el Voto Resolutivo de 15 de junio de 2019 y la Resolución 02/2019, restableciendo sus derechos sindicales de asociada, sin restricciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 15 de marzo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 113 a 121, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

De igual forma, también refirió que existe una solicitud de cumplimiento de la resolución 02/2020 dirigida a Mario Guerrero, Secretario General del Sindicato de Transportistas de Santa Cruz, que no es cumplida hasta la fecha.

I.2.2. Informe de los demandados

Mario Guerrero Gonzales, Secretario General del Sindicato de Transportistas Santa Cruz, no se hizo presente en la audiencia de esta acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 63.

1.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.1. A través de Voto Resolutivo de Asamblea de 15 de junio de 2019, llevada a cabo por los integrantes de la Línea 8-11 de Santa Cruz, se dispuso la expulsión de Rosmery Belén Canaviri -ahora demandante de tutela- y otra, por traición, "...por el accionar de estas socias al parcializar su conducta contra la Línea 8-11, siendo evidente que son reincidentes con antecedentes en nuestra Línea..."(sic), determinación que sería puesta a conocimiento del Sindicato de Colectivos y Micros "Santa Cruz" y al Tribunal de Honor a objeto de homologar la decisión tomada el 1 de junio de 2019 (fs. 4 a 9).

II.2. A través de Resolución 02/2019 de 30 de septiembre, el Tribunal de Honor del Sindicato de Transportistas Santa Cruz, declaró probada la denuncia contra la impetrante de tutela y otra, sancionándola con la expulsión definitiva como afiliadas y socias de la Línea 8-11 (fs. 10 a 19).

II.3. Consta Resolución 02/2020 de 13 de julio, emitida por el Tribunal de Honor de la Federación Sindical de Transportistas "16 de noviembre"; por la cual, se revocó en todas sus partes la Resolución 02/2019 de 30 de septiembre por no adecuar procedimientos simples que por analogía son aplicables a falta e instrumentos válidos, revocándose también y de forma íntegra el Voto Resolutivo de la Línea 8-11 del 15 de junio, restableciendo de forma inmediata todos los derechos sindicales de la solicitante de tutela y otra (fs. 21 a 27).

II.4. Por nota de 24 de agosto de 2020, el Presidente del Tribunal de Honor y Disciplina de la Federación de Transportistas "16 de noviembre", hizo conocer al Secretario General del Sindicato de Transportistas "Santa Cruz" la Resolución 02/2020 (fs. 28).

II.5. Por Memorial cuya fecha de presentación de 1 de septiembre de 2020, Edmundo Montaño Angulo, en su calidad de Presidente de la Línea 8-11, formuló recurso de apelación contra la Resolución 02/2020 de 13 de julio, emitida por el Tribunal de Honor de la Federación Sindical de Transportistas "16 de noviembre" en favor de la peticionante de tutela y otra (fs. 74 a 77).

II.6. Consta, Cite con fecha de presentación de 13 de noviembre de 2020; a través del cual, el Presidente de la Línea 8-11, realizó un reclamo al Secretario General de la Federación de Transportistas "16 de noviembre" , en sentido de que habiendo presentado el 1 de septiembre de ese mismo año, un recurso de apelación ante el Tribunal de Honor de la Federación Sindical de Transportistas "16 de noviembre", hasta esa data, el mismo no había sido resuelto, habiendo transcurrido más de dos meses (fs. 78).

II.7. Mediante Cite de 7 de diciembre de 2020, el Presidente de la Línea 8-11, hizo conocer a Ismael Fernández, Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, retardación en la emisión de la resolución con relación a su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 02/2020 de 13 de julio, emitida por el Tribunal de Honor de la Federación Sindical de Transportistas "16 de noviembre" en favor de la demandante de tutela y otra, solicitando se conmine a dicho Tribunal para que proceda a dar curso y conceda el recurso que se interpuso el 1 de septiembre de 2020 (fs. 80).

II.8. A través de Nota con fecha de recepción de 5 noviembre de 2021, la impetrante de tutela solicitó al Secretario General del Sindicato de Transportistas "Santa Cruz" el cumplimiento de la Resolución 02/2020 emitida 02/2020 de 13 de julio, emitida por el Tribunal de Honor de la Federación Sindical de Transportistas "16 de noviembre", señalando que si bien su persona continua trabajando con su unidad vehicular no la estarían dejando participar de las asambleas, no siendo beneficiaria de nada, no teniendo derecho a vos ni voto, no siendo libre de emitir opinión alguna sobre ninguna actividad de la Línea (fs. 31).

II.9. Por Nota recepcionada el 7 de diciembre de 2021, el Presidente de la Línea 8-11, reclamó ante la Federación de Transportistas "16 de noviembre" que su Tribunal de Honor "...no ha dado curso a la apelación planteada (...) DEBE EMITIR RESPUESTA FUNDAMENTA A NUESTRO PETITORIO SI REMITIO LA APELACIÓN Y SI NO¿ EL MOTIVO LEGAL BAJO FUNDAMENTACION..."(sic) (fs. 81 a 82).

II.10. Mediante Cite: 10/21 de 14 de diciembre de 2021, el Secretario de Relaciones de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia puso a conocimiento de la solicitante de tutela que la determinación de su expulsión, fue en apelación revocada por el Tribunal de Honor de la Federación de Transportistas "16 de noviembre" de Santa Cruz, que ordenó el restablecimiento de sus derechos sindicales; en ese sentido, "...no existiendo Tribunal de Honor de la Confederación y habiendo agotado la instancia sindical, su persona tiene el derecho de asumir las acciones legales que el caso corresponda" (sic) (fs. 29).

II.11. Cursa Of.01/2022 de 11 de enero; a través del cual, el Secretario General de la Federación de Transporte "16 de noviembre" comunicó a la peticionante de tutela que no existía Tribunal de Honor en el Federación por temas del Coronavirus (COVID-19) y habiendo agotado la instancia sindical, por lo que su persona podía asumir las acciones legales que correspondan (fs. 30).

II.12. Cursa Nota de 3 de marzo de 2022, suscrita por el demandado junto a la Directiva de la Línea 8-11; mediante la cual, se hizo conocer a la demandante de tutela que tenía quince días hábiles para transferir o vender la línea que le fue asignada, ello, para dar cumplimiento al Voto Resolutivo de 15 de junio de 2019 (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos fundamentales a la defensa, a la presunción de inocencia, al trabajo, al debido proceso, a la dignidad de mujer, al derecho propietario, a la libre asociación, y, al principio de legalidad; toda vez que, tanto el Voto Resolutivo de 15 de junio de 2019 pronunciado en Asamblea de los miembros de la Línea 8-11 que dispuso su expulsión, como la confirmación de dicha determinación a través de la Resolución 02/2019 de 30 de septiembre, evacuada por el Tribunal de Honor del Sindicato de Transportistas "Santa Cruz", fueron revocados por la Resolución 02/2020 de 13 de julio, emitida por la Federación Sindical de Transportistas "16 de noviembre", instancia que además ordenó el restablecimiento de forma inmediata de todos sus derechos sindicales, disposición que hasta la fecha no es acatada por el demandado, y en su lugar el 3 de marzo de 2022 se le hizo conocer que tenía quince días para transferir o vender la línea que le había sido asignada, esto para dar cumplimiento al Voto Resolutivo de 15 de junio de 2019, sin considerar que dicho Voto había sido revocado constituyendo dicha determinación en lesiva, pues estarían desconociendo disposiciones jerárquicas y no el acatamiento a las reglas y disposiciones legales.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y el principio de subsidiariedad

El fundamento jurídico sobre este punto en particular fue desarrollado por el Tribunal Constitucional en la 0SCP 0817/2019-S2 de 4 de diciembre; que textualmente refiere lo siguiente:

La acción de amparo constitucional, establecida en el art. 128 de la CPE, procede: "...contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley". A su vez, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar tiene por objeto: "...garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir".

Corresponde precisar que la acción de amparo constitucional, se encuentra establecida en el art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual expresa que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental, la ley o la presente Convención; precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el art. 410 de la CPE, mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en el Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, estableció que el amparo constitucional:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural.

De donde se concluye, que esta acción constitucional se constituye en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no restablecieron el derecho lesionado. Acción tutelar que se rige por los principios de subsidiariedad e inmediatez, tal como señala el parágrafo I del art. 129 de la norma fundamental que esta acción "...se interpondrá (...) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados", toda vez que, no sustituye o reemplaza a los recursos o instancias preestablecidas en el ordenamiento jurídico; y, en atención al principio de inmediatez, corresponde a los accionantes cuidar que esta acción sea interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la supuesta vulneración o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme señala el art. 129.II de la CPE, que determina el plazo de seis meses computable a partir del conocimiento del hecho o producida la notificación con el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recursos o medios para impugnarlos o, si existieran, a partir del momento en que se agotó la última instancia.

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo1, refiriéndose a la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo constitucional, señaló que ésta se constituye en un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional en la 0SC 0374/2002-R de 2 de abril, refiriéndose a la subsidiariedad indicó que, debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda la acción de amparo constitucional. Asimismo, la 0SC 0492/2003-R de 15 de abril, sobre el mismo tema puntualizó que:

...el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo...

Con ese antecedente, corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional desarrolló reglas y subreglas de aplicación general que fueron determinadas por la 0SC 1337/2003-R de 15 de septiembre2, que señala cuándo esta acción tutelar será improcedente por subsidiariedad.

En esa línea, la 0SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, entendimiento que guarda relación con lo determinado en la SCP 0058/2015-S2 de 3 de febrero, que a su vez cita a la SCP 1311/2012 de 19 de septiembre, la cual señaló que la acción de amparo constitucional no procede si existen otros mecanismos procesales idóneos para atacar la lesión o amenaza.

De las normas y sentencias constitucionales citadas precedentemente, se concluye que la acción de amparo se activa siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, es decir, toda persona que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato esté previsto en la vía administrativa o judicial o ante la autoridad que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos pueda proporcionar protección inmediata, con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional, toda vez que, no es sustitutiva de otros medios o recursos legales.

No obstante de las características esenciales de inmediatez y subsidiariedad que son inherentes a la acción de amparo constitucional, corresponde puntualizar que la jurisprudencia constitucional estableció su procedencia excepcional, sin necesidad de agotar los medios idóneos, tomando en cuenta el posible daño irreparable e irremediable causado; derivando de ellos una situación especial que merece una tutela inmediata, dado que una protección tardía resultaría absolutamente ineficaz en desmedro de los derechos de las personas agraviadas, así también se otorga protección especial a grupos vulnerables, en el marco de tutela reforzada vinculada a los grupos de prioritaria atención.