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TCP

0310/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0310/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de cumplimiento

Expediente: 73812-2025-148-ACU Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 02/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 142 vta. a 148, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Esteban Andrés Sánchez Murillo en representación legal de Julio Surate Durán contra José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante legal por memorial presentado el 6 de mayo de 2025, cursante de fs. 8 a 16 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 y 31 de marzo de 2025, fueron presentadas las Notas con Cite: AAMARC 13/2025 y AAMARC 15/2025, ante el ejecutivo ahora accionado, solicitándole el cumplimiento de la entrega mensual de la: "CANASTA ALIMENTARIA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA" (sic). y que se garantice la entrega de ese beneficio sin interrupciones, de conformidad con lo previsto por el art. 5 del Reglamento aprobado en el: "Decreto Regional 33" -lo correcto es: Disposición Normativa Regional 33-. En la última fecha señalada, el mencionado ejecutivo, a través de Nota G.A.R.G.CH./S.J.R./CITE. 321/2025 refirió que a pesar de estar consciente de los derechos del sector y del manejo desconcentrado del 45% de recursos conforme lo estipulado en el Estatuto Autonómico Regional, no podía garantizar que no sean afectados los recursos del 15% correspondiente a los municipios de Villa Montes y Caraparí, del departamento de Tarija, debido al cumplimiento de una Sentencia constitucional -Resolución 01/2025- que impuso nuevas restricciones en el uso de los recursos, generando controversias entre los representantes de la región, quienes consideran arbitrario e injusto el indicado fallo constitucional.

La Disposición Normativa Regional 33, fue aprobada por la Asamblea Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija y promulgada por el Órgano Ejecutivo del mismo ente, en diciembre de 2019, con el objeto de adecuar el programa de la canasta alimentaria para adultos mayores al nuevo marco institucional de la autonomía regional, descentralizando esa política social del nivel departamental y alineándola con el modelo de gestión de dicho Gobierno Autónomo Regional con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de las personas de la tercera edad beneficiarias y consolidar la autonomía regional a través del efectivo ejercicio de sus competencias; propósitos vinculados con las finalidades generales establecidas en el Estatuto Autonómico de la Región del Gran Chaco del mencionado departamento, como es el mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y asegurar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en su jurisdicción. La Constitución Política del Estado, reconoce la autonomía regional y los derechos de las personas adultas mayores, obligando a la adopción de políticas para su protección; asimismo, el art. 12.I.27 de las Competencias transferidas a la Autonomía Regional del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco del indicado departamento, reconoce como competencia exclusiva transferida desde el nivel departamental, la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para el adulto mayor, entre otros grupos vulnerables. El referido Estatuto en su art. 91 impone al nombrado ente regional, el deber específico de garantizar el pleno ejercicio de los derechos que tiene toda persona adulta mayor mediante la implementación de planes, políticas públicas, proyectos y programas. Además, la Ley Departamental 79 de 12 de abril de 2013, -Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño- formalizó la transferencia competencial exclusiva departamental, a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño, incluyendo las políticas sociales para el adulto mayor. Además, la citada Ley otorga al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del señalado departamento, la potestad para normar y ejecutar programas como el de la canasta alimentaria, y establece el marco financiero principal para el ejercicio de esas competencias, vinculándolo al 45% del total de los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas departamentales.

La Disposición Normativa Regional 33, fue emitida por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija; por lo que, su cumplimiento corresponde a la indicada entidad, a través del Órgano Ejecutivo Regional que se encuentra dirigido por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Regional. Esa entidad también es jurídicamente competente para asumir la obligación estipulada por el art. 5 de la nombrada Disposición Normativa Regional, que cumple con los requisitos establecidos en la , en la medida en que:

  1. a)Existe la obligación de entregar doce canastas alimentarias al año a los beneficiarios, tratándose de un deber explícito y comprensible;
  2. b)El mandato es concreto en cuanto a la cantidad -doce-, la periodicidad en general -mensualmente durante un año- y el objeto es material -canastas alimentarias-.La definición precisa de "beneficiarios" y el contenido de la "canasta" son elementos determinables, satisfaciendo el requisito de certeza;
  3. c)La mencionada Disposición Normativa Regional, se encuentra vigente y en su art. 5, no prevé plazos suspensivos ni condiciones previas; puesto que, el deber es exigible;
  4. d)El mandato es específico; entregar una cantidad de bienes -canastas- con una periodicidad definitiva; es decir, que no es una directriz genérica ni una declaración de principios abstracta;
  5. e)La obligación recae sobre una entidad pública claramente identificable como es el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, mediante su Órgano Ejecutivo. La citada entidad posee competencia constitucional, legal -Ley Departamental 79 - y estatutaria para ejecutar programas sociales; y,
  6. f)El mandato es de carácter imperativo y no facultativo al referirse en el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33, la frase: "serán entregadas"; asimismo, la intención normativa parece determinar una obligación de resultado para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento. En suma, el Ejecutivo Regional de dicha entidad tiene la obligación inobjetable de cumplir con la entrega de doce canastas alimentarias para los adultos mayores, sin que pueda incumplir su obligación debido a determinaciones presupuestarias o de otra índole. En consecuencia, el incumplimiento de la entrega de las doce canastas alimentarias para las personas adultas mayores, implica la vulneración de derechos de las personas adultas mayores a una vejez digna, a la alimentación, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad, contraviniendo; asimismo, el principio de no discriminación por edad y las obligaciones generales del Estado de proteger y garantizar los derechos. Además, el incumplimiento genera la lesión de las obligaciones internacionales del Estado boliviano bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
I.1.2. Norma constitucional o legal supuestamente incumplida

El accionante a través de su representante legal, alegó como norma no cumplida el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33; y, denunció la vulneración de los derechos a una vejez digna, a la alimentación, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad, contraviniendo asimismo el principio de no discriminación por edad; citando para el efecto a los arts. 9, 13, 14.II, 16, 18, 35 y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutelar; y en consecuencia se disponga:

  1. 1)Ordenar al Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija a garantizar la provisión de la canasta alimentaria para las personas adultas mayores durante doce meses, debiendo disponer los recursos necesarios con prioridad a cualquier deuda u obligación respecto al sector vulnerable que debe proteger; y,
  2. 2)Que el señalado Ejecutivo Regional asegure sin retrasos y de manera prioritaria la entrega de las doce canastas alimentarias para las personas adultas mayores de la Región Autónoma del Gran Chaco del citado departamento, dispuesta en el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 140 a 142 vta. se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante legal, ratificó de manera integra el contenido del memorial de acción de cumplimiento y ampliándolo manifestó que: La planilla extraída del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia es irrelevante; ya que, solo se está solicitando el cumplimiento de lo incumplido.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 21 de mayo de 2025, cursante de fs. 127 a 130 vta., manifestó lo que:

  1. i)El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento. Se encuentra en crisis institucional debido al déficit financiero por la baja de recursos económicos, lo que le obliga a racionalizar los gastos para financiar y sostener programas y proyectos propios de las administraciones de dicha entidad Regional, que son de su competencia conforme señala el art. 12 del Estatuto Autónomo Regional que ratifica las competencias exclusivas transferidas por el Gobierno Autónomo Departamental del citado departamento, mediante la Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño -Ley Departamental 79-; además, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del mencionado departamento. Ejerce competencias concurrentes a raíz de un convenio intergubernamental suscrito con el Gobierno Autónomo Departamental del referido departamento. Por su parte, la Ley de Modificación a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" -Ley 1198 de 18 de julio de 2019- otorga al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento, obligaciones de conformidad a las competencias concurrentes relativas al área de salud, lo que obliga a priorizar la ejecución de un hospital de tercer nivel en dicha Región. En su mayoría, el financiamiento de esas competencias se efectúa con el 45% proveniente de las regalías hidrocarburíferas, que están destinados específicamente al área de salud; por lo que, esos recursos son insuficientes para financiar todos los proyectos y programas de dicho Gobierno Autónomo Regional y para el cumplimiento de obligaciones de la deuda acumulada en gestiones anteriores y que deben ser cumplidas para evitar mayores perjuicios a la referida entidad;
  2. ii)Asimismo, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del ese departamento, debe cumplir la transferencia del 30% de las regalías hidrocarburíferas a los Gobiernos Autónomos Municipales de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí del nombrado departamento para financiar sus competencias, en cumplimiento a las Leyes 3038 de 29 de abril de 2005 y 3861 de 14 de mayo de 2008, lo que implica el quiebre del prenombrado Gobierno Autónomo Regional;
  3. iii)El 26 de febrero de 2025, fue interpuesta una acción de cumplimiento por parte del Alcalde ahora tercero interesado, demandando la transferencia de recursos en virtud de las señaladas Leyes 3038 y 3861, emitiéndose en consecuencia la Resolución 01/2015, que lo obligó a transferir al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, todo lo adeudado por concepto de las mencionadas Leyes, aspecto que inviabiliza el cumplimiento de la Disposición Normativa Regional; puesto que, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de dicho departamento, se encuentra efectuando trámites administrativos para cumplir con la Resolución 01/2015, lo cual no solo depende del Ejecutivo Regional sino que se encuentra sujeto a modificaciones presupuestarias que deben realizarse afectando programas sociales de las Direcciones Administrativas de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí para no ocasionar la insostenibilidad financiera del referido Gobierno Autónomo Regional;
  4. iv)Se cumplieron todos los programas sociales con la entrega de canastas alimentarias a los adultos mayores como a los discapacitados, efectuando una reingeniería institucional de los recursos económicos, lo que permitía asumir dichas obligaciones; sin embargo, en la gestión -2025- se vio en la obligación de financiar los programas y de cumplir con una obligación arbitraria que fue impuesta por la Resolución 01/2025; por consiguiente, no puede garantizar el cumplimiento de la Disposición Normativa Regional 33, sin que ello sea una renuencia de parte de su autoridad sino que se trata de una imposibilidad material en razón de la injusta Resolución -01/2025-; y,
  5. v)No corresponde plantear una acción de cumplimiento en el presente caso, porque la obligación impuesta por la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna -Ley Departamental 72 de 15 de febrero de 2013- y la señalada Disposición Normativa Regional, así como su Reglamento no son exigibles por las circunstancias precedentemente indicadas. Por otra parte, la presente acción tutelar no procede en razón a la previsión contenida por el art. 66.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, la demanda se señaló que el incumplimiento afecta directamente los derechos de las personas adultas mayores, por lo cual, el reconocimiento de esos derechos no puede ser tramitado vía acción de cumplimiento, siendo que la pretensión del accionante no solo es contradictoria y confusa sino lesiva a los intereses regionales; ya que, pagar el monto adeudado podría conllevar a una crisis institucional y tal vez al cierre de programas como la canasta alimentaria del adulto mayor, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, pide que se deniegue la tutela solicitada por falta de recursos económicos, y en razón al cumplimiento de dicha Resolución.

Asimismo, en audiencia, señaló que si bien la documentación -planilla del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia- es irrelevante; sin embargo, corrobora lo aseverado por su autoridad respecto a las modificaciones presupuestarias, por lo cual no pueden cumplir con los adultos mayores a cabalidad.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Carlos Eduardo Bru Cavero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2025, cursante de fs. 107 a 112, manifestó que:

  1. a)La presente acción de cumplimiento tiene como finalidad hacer incurrir en error a la jurisdicción constitucional para que otorgue legalidad a la falta de transferencias que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de ese departamento debe realizar a la referida entidad municipal;
  2. b)La Resolución 01/2025,ordenó al Ejecutivo Regional a cumplir con las Leyes 3038 y 3861 inherente a las transferencias del 10% destinados para la salud, 10% para la educación y 10% para el desarrollo productivo; empero, el ejecutivo hoy accionado no dio cumplimiento a mencionada Resolución ni a las indicadas Leyes, demostrando su renuencia, remitiéndose por ello los antecedentes al Ministerio Público contra el mencionado Ejecutivo , proceso penal que se encuentra en etapa de investigación. En ese orden, el mismo abogado patrocina el proceso penal al referido Ejecutivo y a los adultos mayores con deslealtad procesal y patrocinio infiel;
  3. c)La Nota G.A.R.G.CH./S.J.R./CITE 321/2025 puso en conocimiento de los adultos mayores que dicho Ejecutivo se encuentra imposibilitado de garantizar la no afectación de los recursos del 15% pertenecientes a Villa Montes y Caraparí del citado departamento, debido a la disposición de dicha Resolución, que considera arbitraria. Ese argumento no es evidente; ya que, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de ese departamento, no realizó ninguna transferencia en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, bajo el argumento de que esas Leyes, son preconstitucionales y no tienen temporalidad; que los recursos no son los mismos que en gestiones pasadas; y, otros alegatos sin base legal; sin embargo, la pretensión de los adultos mayores no se encuentra supeditada a los recursos obtenidos de las regalías hidrocarburíferas, porque dichas Leyes tienen la finalidad de transferir el 10% para salud, 10% para la educación y 10% para el desarrollo productivo, en cambio, la provisión de la canasta de alimentos para el adulto mayor, está inserta en el Plan Operativo Anual (POA) que es elaborado cada año por el Ejecutivo Regional; por lo que, su presupuesto no se encuentra supeditado a las transferencias que por ley se debe asignar al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba;
  4. d)El objeto de tutela de la acción de cumplimiento no se relaciona con los derechos subjetivos;
  5. e)Las Leyes 3038 y 3861, establecen que la antes llamada Prefectura del Departamento de Tarija, a través de la Subprefectura de Yacuiba y el Corregimiento Mayor de Villa Montes y Caraparí, debe transferir a los Gobiernos Autónomos Municipales el 10% de los recursos económicos de las regalías e impuesto directo a los hidrocarburos del 45% correspondiente a la provincia Gran Chaco; normas que no se encuentran sujetas a condiciones y establecen un deber concreto como es el de transferir los recursos económicos provenientes de las referidas le Leyes en favor de los Gobiernos Autónomos Municipales para salud, educación y desarrollo productivo; además, una vez que el Gobierno Autónomo Departamental del señalado departe maneto, perciba los recursos por concepto de regalías petroleras, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento, debe transferir al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba el 10% para salud, 10% para educación y 10% para desarrollo económico productivo. Normativa que fue incumplida por el señalado Gobierno Autónomo Regional. Finalmente, el Decreto Supremo (DS) 331 de 15 de octubre de 2009, en su art. 1 establece: "...el mecanismo de asignación directa a favor de la Provincia Gran Chaco del cuarenta y cinco por ciento (45%) del total de las Regalías Departamentales por Hidrocarburos que percibe la Prefectura del Departamento de Tarija...", dispuesto por el art. 5 de la Ley 3038. Para ello, autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con certificación del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, para transferir directamente dicho porcentaje en favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, para que se distribuya el 10% para salud, educación y desarrollo productivo a favor de los Gobiernos Autónomos Municipales de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes todos del señalado departamento; y,
  6. f)La presente acción de cumplimiento no se encuentra supeditada a las transferencias que debe cumplir el Ejecutivo hoy accionado en virtud a las Leyes 3038 y 3861, Decretos Supremos (DDSS) 331 y 29042 de 28 de febrero de 2007 y el art. 64 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, debido a que las transferencias que el Jefe Regional debe realizar están también normadas y se encuentran vigentes. En ese orden, las transferencias que debe realizar el nombrado en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del mencionado departamento, no se encuentran supeditadas al cumplimiento de otras obligaciones que tiene el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del referido departamento, con los adultos mayores del área rural de Caraparí. Asimismo, solicita la remisión de antecedentes ante el Colegio de Abogados de Yacuiba respecto al Abogado del accionante.

En audiencia, indicó que la autoridad accionada realiza transferencias de fondos con normalidad a los Gobiernos Autónomos Municipales de Caraparí y Villa Montes, y no así al municipio de Yacuiba, todos del departamento de Tarija, además, "...la gobernación menciona la imposibilidad sin embargo se evidencia de la página del ministerio de economía y finanzas y está garantizada la canasta alimentaria" (sic). En ese orden, el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del indicado departamento, menciona que las transferencias son independientes. y no afecta el presupuesto de los adultos mayores, porque el mismo se encuentra en el POA.

Carlos Pablo Ramírez Carbajal y Elizabeth Torrez Pacheco Vda. de Aguilar, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se adhirieron a la demanda planteada por el accionante e indicaron la existencia de un caso análogo en el que se concedió la tutela, argumentan también que, ante la situación actual del país la canasta alimentaria es un beneficio necesario para los adultos mayores.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Caraparí del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, por Resolución 02/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 142 vta. a 148, concedió la tutela solicitada, disponiendo que:

  1. 1)El Ejecutivo hoy accionado dé cumplimiento a la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, la Disposición Normativa Regional 33 y su Reglamento aprobado, priorizando y asegurando los recursos económicos necesarios para la dotación o entrega de la canasta alimentaria de los adultos mayores de la Región Autónoma del Gran Chaco del departamento de Tarija, debiendo efectuarse todas las gestiones administrativas y presupuestarias, considerando el art. 16 inc.f) de la Disposición Normativa Regional 33 y su Reglamento -art. 5-; y,
  2. 2)Se priorice la protección de los derechos de los adultos mayores como población de alto riesgo nutricional, considerando el art. 2 de dicha Disposición Normativa Regional, que el referido Ejecutivo es la MAE del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del citado departamento , con las atribuciones previstas por el art. 16 de la mencionada Disposición. Ello, bajo los siguientes fundamentos:
  3. i)Se vulneró la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, la nombrada Disposición Normativa Regional y su Reglamento aprobado, en las que determinan con claridad que se debe cumplir con la entrega mensual de la canasta alimentaria en los doce meses -del año- y que es el Ejecutivo Regional, quien debe asumir las previsiones administrativas para que la canasta alimentaria sea entregada de manera mensual, conforme lo señala el art. 16 de la Disposición Normativa Regional 33;
  4. ii)La Constitución Política del Estado, prevé los derechos de los adultos mayores y la mencionada Ley Departamental, ordena la entrega mensual de canastas alimentarias y la indicada Disposición Normativa Regional y su Reglamento estipula también la entrega de doce canastas alimentarias y el encargado de establecer las previsiones administrativas para la entrega de las mismas es el Ejecutivo Regional;
  5. iii)La referida Ley -Ley Departamental 72- y la Disposición Normativa Regional, tienen carácter imperativo e incondicional, su cumplimiento es obligatorio y no está sujeto a condicionamiento o controversia con otra ley. La señalada Ley Departamental, determina el deber de entregar la canasta alimentaria y la referida Disposición "...por doce meses y que no debe estar sujeta a que exista otra ley que le impida u otra obligación que le impida este cumplimiento" (sic);
  6. iv)Consta la nota que fue remitida al Ejecutivo hoy accionado, el cual manifestó que no puede cumplir con lo establecido en citada Ley Departamental, la Disposición Normativa Regional y su Reglamento; ya que, existen otras obligaciones que hacen imposible su cumplimiento;
  7. v)La Resolución constitucional presentada en audiencia se refiere a una acción de cumplimiento respecto a la canasta alimentaria en el indicado departamento, habiendo este fallo declarado que la referida Ley Departamental , debe cumplirse a cabalidad de acuerdo a lo previsto en dicha Ley. En la Resolución 01/2025, se hizo alusión al enfoque inter-seccional en favor del adulto mayor y el deber de establecer si existió algún tipo de violencia o maltrato identificado contra ese grupo vulnerable de la población para que el Estado le brinde una protección reforzada. En el presente caso, el Ejecutivo hoy accionado, indicó su impedimento para cumplir con lo determinado por la citada Disposición Normativa Regional, porque la Sentencia emitida en su contra -Resolución 01/2025- no lo permite, en ese sentido, el art. 16 de dicha Disposición determina con claridad que el Ejecutivo Regional, es quien debe asumir las previsiones administrativas pertinentes para que esa canasta se pueda otorgar por doce meses, observándose la prioridad del adulto mayor, frente a otros programas a ser desarrollados por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de mencionado departamento; puesto que, debe priorizarse la salud y la vida del adulto mayor, lo que debe ser considerado por la autoridad obligada el -Ejecutivo hoy accionado- a efectos que pueda priorizar los recursos para el cumplimiento de la entrega de la canasta alimentaria; y,
  8. vi)En cuanto al "art. 4 de la Ley o del Reglamento" referido al POA, la disminución de recursos es previsible y deben efectuarse programas o reprogramaciones de acuerdo a las posibilidades económicas de la entidad;
  9. vii)En cuanto a que una -Resolución 01/2025- no permitiría el desembolso de recursos "...ese tratamiento tiene muchas otras connotaciones O muchas otras formas de que la misma pueda ser tratada..." (sic), considerando que las Leyes 3038 y 3861 no fueron abrogadas o modificadas; empero, el Ejecutivo regional hoy accionado, debe considerar el principio de prioridad de los derechos de los adultos mayores a efectos del cumplimiento cabal de lo previsto en la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, la Disposición Normativa Regional 33 y su Reglamento.

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